miércoles, 7 de septiembre de 2011

Doble ataque de contrariedad de los nacionalistas de CiU. Por Antonio Casado

Quisieron traficar políticamente con su eventual incorporación al reciente consenso para reformar la Constitución, que finalmente no fue posible, y ahora sobreactúan en el debate sobre la llamada inmersión lingüística. De nuevo la invención del agravio como palanca negociadora. Alguna vez habrá que empezar a decir que los partidos nacionalistas no son una especie protegida en el régimen democrático alumbrado en 1978. Están tan expuestos como los demás a las vicisitudes del juego político. Unas veces se gana y otras se pierde. Con las mismas reglas para todos, incluida la canalización de la voluntad popular a través de los partidos políticos y la formación de mayorías.

Aplíquense el cuento los dirigentes de CiU (Convergencia y Unió), en funciones institucionales después de haber ganado en las urnas el democrático derecho a ejercer el gobierno de la Generalitat. Calificar de antidemocrática la reforma constitucional pactada por los dos grandes partidos nacionales (por innecesaria, redundante o inútil que a muchos nos pueda parecer) o interpretar como un ataque a Cataluña las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre el uso de la lengua catalana en la enseñanza, es sacar las cosas de quicio.


El quicio de todo lo que ocurre en un Estado de Derecho es el imperio de la ley como expresión de la soberanía nacional y la obligación de los poderes públicos de cumplirla y hacerla cumplir. Eso parece haberlo olvidado el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien hace un par de días advertía de que se mantendrá firme en la defensa de la identidad catalana. ¿Y eso porque los más altos tribunales del Estado del que también forma parte la Generalitat han sentenciado que las dos lenguas oficiales de Cataluña, el catalán y el castellano, son vehiculares en los planes educativos?

Lo nuevo es el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a no demorar en más de dos meses la aplicación de las sucesivas sentencias del Constitucional (junio 2010) y el Supremo (diciembre 2010). La consejera de Educación del Gobierno de Cataluña, Irene Rigau, ha anunciado la intención de recurrir el auto. Lo que no puede recurrir es la doctrina del Tribunal Constitucional y la última palabra jurisdiccional del Tribunal Supremo. Por respeto y lealtad al ordenamiento jurídico-político que nos hemos otorgado el conjunto de los españoles, incluidos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas.

“Ellos se lo guisaron, ellos se lo comerán” decía la semana pasada un airado Durán i Lleida, portavoz parlamentario de CiU, porque su partido no fue invitado a cocinar el pacto para convertir el equilibrio presupuestario en mandato constitucional. “Ellos”, como dice Durán en alusión a PSOE-PP, representan el 83,8% de los votos y el 92% de los escaños. Y aún así, los dirigentes de los dos grandes mostraron una casi obsesiva voluntad de incorporar al acuerdo a un partido nacionalista periférico que representa el 3 % de los votos y los escaños.

A escala nacional, claro. “Lo que ustedes llaman nacional”, dijo Durán la semana pasada en el Congreso. Esa forma de expresar su ataque de contrariedad lo explica todo. Todo menos la obsesión de los partidos centrales de seguir tratando a los nacionalistas como si fueran urogallos en peligro de extinción.


El Confidencial – Opinión

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