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Los atormentados mercados financieros arrancaron ayer otra semana de infarto ante las señales de alarma que emite Grecia sobre su solvencia. La petición de auxilio lanzada por Atenas para que el FMI y el BCE liberen los 8.000 millones correspondientes al sexto tramo del rescate, so pena de no pagar en octubre las pensiones y los sueldos de los funcionarios, golpeó la cotización de la mayoría de los bancos europeos. Y todo apunta a que nos aguardan días aún más turbulentos. Será importante el informe que los inspectores comunitarios emitan tras la visita de mañana miércoles a Atenas, pues si confirman que el Gobierno de Papandreu está haciendo los deberes y obteniendo resultados, se relajará el clima de crispación, se continuará con el proceso de rescate y se habrá conjurado la quiebra del país, amén de otros riesgos subsiguientes para el euro, como el acoso de los inversores a la deuda española e italiana. Tanto Alemania como Bruselas confiaban ayer en que Grecia superará el trance porque seguirá apretando las clavijas a su desmedido déficit. En este sentido, se ha juzgado muy positiva la tasa inmobiliaria anunciada por el ministro de Economía griego para recaudar unos dos mil millones. Pero no sólo Grecia está en el ojo del huracán. También el déficit de España preocupa a Bruselas y, en especial, el de las comunidades autónomas. Es comprensible que nuestros socios europeos desconfíen de nuestras cuentas públicas porque hay casos muy ilustrativos de cómo se ha enmascarado un déficit astronómico y una deuda galopante. Ayer mismo, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha reveló que la deuda heredada por Cospedal del anterior Gobierno regional es superior a lo calculado inicialmente porque, y esto es lo más grave, se bloqueó selectivamente el programa de gestión y contabilidad para no registrar gastos sin acomodo presupuestario. Estas ocultaciones y triquiñuelas, que también han aflorado en otras comunidades a raíz de los cambios de gobierno, como es el caso de Cataluña, Baleares o Extremadura, son las que arruinan el crédito de España y merman credibilidad a sus políticas de austeridad. Y, en este caso, no puede acusarse solamente al Gobierno de la nación de no hacer bien las cosas, sino que es responsabilidad compartida con los gobernantes autonómicos. No es de recibo, por ejemplo, que la pasada semana algunos de estos gestores regionales reaccionaran ante el alto déficit de sus comunidades echándole la culpa a Madrid y asegurando que no cumplirían el objetivo fijado si el Estado no les daba más dinero. Como es natural, Bruselas no emite juicios de valor sobre la organización territorial y fiscal de España, simplemente se limita a constatar el hecho de que nuestro país no ofrece todas las garantías sobre la reducción del déficit acordado y que, por tanto, necesitará realizar ajustes adicionales en el gasto. Creer que estas recomendaciones sólo afectan al Gobierno de la nación o que se deben tomar a beneficio de inventario es un grave error. Los inversores y quienes pueden financiar nuestra deuda soberana son los que más atención prestan a los toques de atención de la CE y del BCE por razones obvias: suelen elevar la prima de riesgo.
La Razón – Editorial
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