sábado, 18 de junio de 2011

Deuda a excesiva velocidad

Los requerimientos de las instituciones internacionales, como el FMI, o nacionales, como el Banco de España, no surten el efecto deseado en el control financiero de las comunidades autónomas. La deuda de esas administraciones crece imparable y esa tendencia es un serio inconveniente para el proceso de estabilización de las cuentas públicas, no sólo por su volumen, sino por la velocidad a la que aumenta. El primer trimestre del año ha sido otro periodo de explosión de números rojos. La deuda autonómica aumentó un 26,4% hasta marzo y alcanzó los 121.420 millones de euros (el 11,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Los datos ponen en aprietos a buena parte de los gobiernos regionales. En relación con el ratio deuda/PIB, la Comunidad Valenciana encabeza la lista, con un volumen del 17,4%, seguida de Cataluña (17,2%), Castilla-La Mancha (16,9%) y Baleares (16,3%). La realidad es que el desequilibrio contable no ha parado de crecer a ritmo de récord pese al compromiso de estabilidad presupuestaria de los gobernantes autonómicos, que no parecen dispuestos a cumplir. Pero estos resultados reflejan también el fracaso del Gobierno de la nación en alcanzar el objetivo de que las autonomías cierren el grifo para embridar el déficit público. El Ejecutivo frustró la posibilidad de una respuesta eficiente y real de estas administraciones cuando se les permitieron nuevas emisiones para reestructurar su deuda y hacer caja sin exigirles condiciones tajantes decisivas. El futuro no ofrece mejores perspectivas, pues, con un crecimiento ralentizado como el previsto, habrá menos ingresos y, por tanto, un mayor déficit y más endeudamiento si no existe la determinación de acabar con esta especie de tormenta perfecta de números rojos en que se han transformado las administraciones autonómicas. El discurso de los gobiernos de que carecen de fuentes de financiación para sostener los servicios transferidos y que ello los fuerza a endeudarse tiene parte de razón, pero no puede ser una excusa permanente para no afrontar los ajustes y sacrificios necesarios en una economía de supervivencia. Es preciso demostrar una voluntad férrea de cambiar el guión que nos ha conducido ante la encrucijada actual al convencimiento de que el camino elegido no conduce a salida alguna. Los gobiernos tienen un margen de ajuste suficiente en unos presupuestos excesivos y una desproporcionada estructura administrativa, con múltiples empresas y organismos con su correspondiente volumen de funcionarios y elementos de designación política. Los mercados cuestionan la solvencia española y el descontrol autonómico es un factor que alimenta la desconfianza. España está obligada a tomar decisiones que fortalezcan su credibilidad, pues con una prima de riesgo alta se hace casi imposible la recuperación económica. El Gobierno haría bien en aceptar las propuestas del PP y de Europa, y recuperar los controles que estableció Aznar en 2001 en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suprimidos por el PSOE. Fijar por ley un techo de gasto y limitar el déficit y la deuda autonómicos también por ley es ya condición necesaria.

La Razón - Editorial

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