martes, 21 de diciembre de 2010

Crisis. ¿Qué nos ocultan sobre las cajas de ahorros?. Por Emilio J. González

Aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas.

Estos días hay bastantes nervios en el Ministerio de Economía y en el Banco de España a causa de las cajas de ahorros. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de ampliar el FROB, el fondo de rescate de entidades financieras, más allá de su vencimiento el próximo 31 de diciembre, o la agobiante insistencia del supervisor bancario de que las cajas culminen sus procesos de fusión antes de Nochebuena. ¿Por qué tantas prisas? ¿Por qué seguir manteniendo el instrumento de salvación financiera de las cajas si, por lo que parecía, ya nadie lo necesitaba? "Algo huele a podrido en Dinamarca", como diría Hamlet, solo que en España.

Ahora a todo el mundo le entran las prisas para que culminen las fusiones de cajas de ahorros que ya estaban en marcha. Es más, el Banco de España está urgiendo a las entidades embarcadas en este tipo de proyectos, en especial a todas aquellas –la mayoría– embarcadas en las llamadas fusiones frías, a que adelanten en varios años –o sea, a que lo hagan ya–, la puesta en común de sus resultados, que es lo que debe servir para que las pérdidas de unas sean absorbidas por los beneficios de otras. En consecuencia, algo ha cambiado en el escenario para que haya que adelantar, y tanto, lo que estaba planificado para un periodo de tiempo más largo. En parte, la causa reside en los anuncios que empiezan a hacer las agencias de calificación acerca de una nueva rebaja del ‘rating’ de España. Y es que por mucho que Zapatero se empeñe en ampliar la edad de jubilación, la cuestión de las pensiones es el problema presupuestario de mañana, no el de hoy, el cual sigue sin atajarse. Si esa degradación de la nota de nuestra deuda pública se produce, las cajas, como los bancos y las empresas, pagarán las consecuencias porque su financiación será más cara y tendrán más dificultades para obtener recursos en los mercados. Al final, el desgobierno de nuestra economía va a terminar por hundir a todos.


No obstante, lo de la rebaja del rating no es suficiente para explicar los nervios que, de repente, les han entrado a unos y a otros en relación con las cajas de ahorros y sus fusiones. Aunque haya empezado a manifestarse en las últimas semanas, lo de la nueva rebaja del ‘rating’ a España es algo que ya viene de lejos, porque las agencias de calificación dejaron la puerta abierta en este sentido y porque en la política española contra la crisis, ajuste presupuestario incluido, no ha cambiado nada sustancial. Así es que esto es algo que no debe de coger por sorpresa a nadie, lo cual lleva a pensar que hay algo más detrás en todo este feo asunto de las cajas.

Lo que se empieza a comentar es que los agujeros que muchas de ellas tienen dentro son mucho más importantes de lo que, en principio, se había estimado y ahora empiezan a salir a la luz, justo en vísperas de que las cajas de ahorros tengan que refinanciar una cantidad muy importante de la deuda que han emitido en los últimos años. Y la pregunta es cómo ha podido pasar esto. Porque se supone que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía están encima de ellas para evitar su crisis y, por tanto, hace tiempo que deberían de haber sabido cuál es su verdadera situación. Sin embargo, parece que les ha cogido por sorpresa, lo cual resulta bastante inexplicable excepto si los dirigentes de las entidades en dificultades no han dicho toda la verdad acerca de las mismas y ahora ya no les queda más remedio que comenzar a aflorar toda la podredumbre que han atesorado en los últimos años.

Dadas las circunstancias, aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas. No debería de ser así porque si las cosas están peor de lo que se ha dicho, el crédito a empresas y familias se va a restringir todavía más y, con ello, cualquier atisbo de recuperación económica se va a cortar en seco. El Gobierno decía recientemente que la situación de España no tiene nada que ver con la de Irlanda. Ahora hay que empezar a dudarlo.


Libertad Digital - Opinión

¿Será posible acabar con el régimen socialista andaluz?. Por Federico Quevedo

Desde hace meses, distintos sondeos de opinión vienen apuntando un importante cambio de tendencia en la elección de los ciudadanos andaluces de cara a los próximos comicios autonómicos, a celebrar, en principio, en marzo de 2012. Ayer, sin embargo, fue la encuesta del IESA, algo así como el CIS andaluz -es decir, un instituto oficial- el que ofreció unos datos muy reveladores, según los cuales si hoy hubiera elecciones anticipadas en Andalucía el PP las ganaría con una distancia sobre el PSOE de más de 9 puntos, y se quedaría muy cerca de la mayoría absoluta. Es verdad que se trata de un sondeo, y hay que darle el valor que tiene: el de marcar una tendencia que luego puede verse reflejada en las urnas, o no. Pero también lo es que el estudio ofrece algunos aspectos interesantes más allá del mero hecho de adelantar un posible escenario post electoral. Aspectos como el de que más de un 70% de los andaluces quieren que se produzca un cambio de Gobierno, y que son más los andaluces que quieren que gane el PP que los que quieren que gane el PSOE. Pero aún más significativo es el hecho de que más de siete de cada diez andaluces consideran muy negativa la situación de su comunidad, porcentaje que se eleva a más del 80% cuando se les pregunta de manera específica por la situación económica. Así, no es extraño que siete de cada diez andaluces desapruebe la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Esos son los datos, fríos, objetivos e incuestionables. Ahora cabe hacer la oportuna reflexión, en la que ustedes podrán estar o no de acuerdo, pero creo que es un hecho bastante evidente que, en primer lugar, el sondeo coincide con la percepción global de que en las próximas citas electorales se puede producir un tsunami de cambio a favor del Partido Popular. Un cambio que lleve al Partido Socialista a perder el poder en feudos tan tradicionales y arraigados como son Andalucía o el municipio de Barcelona. ¿Por qué? Es evidente que la situación general de España le está pasando una factura muy importante al PSOE, y ese es el temor que ahora mismo invade a los principales barones socialistas los cuales, tras lo ocurrido en Cataluña, están poniendo sus barbas a remojar. Ahora bien, ¿se trata solo de un castigo por la situación económica? Yo creo que no, y esto sí que es una opinión subjetiva, pero tengo la impresión de que, además de la influencia que tiene en la opinión del ciudadano la negativa situación económica, también influye un hartazgo considerable de los modos y maneras de gobernar del partido socialista y, en definitiva, los ciudadanos quieren abrir algunas ventanas para que entre un poco de aire fresco en sus vidas. Y en el caso de Andalucía esto es especialmente sintomático, porque allí el PSOE ha gobernado como si fuera su particular cortijo, con una prepotencia y un abuso de poder muy notables, con un sectarismo que roza la intransigencia, y con un mecanismo de compra de votos -el PER- que en cualquier democracia que se precie no pasaría la prueba del algodón del Estado de Derecho.
«Todo apunta a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para los socialistas, dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.»
Los ‘no críticos’ con el régimen socialista andaluz se agarran a que casi ninguna de las denuncias que se han hecho sobre la corrupción en aquella comunidad ha fructificado. Y es cierto. Pero también lo es que eso ha sido posible gracias a un entramado perfectamente dirigido y diseñado para evitar que las denuncias prosperen, y que hasta el poder judicial forma parte del sistema. Es incomprensible, por ejemplo, que la justicia haya archivado las denuncias sobre el trato de favor a la empresa de la que era empleada la hija de Manuel Chaves. Ejemplos de una justicia entregada al poder político tenemos para dar y tomar, y ayer mismo el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, y la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, denunciaron ante el CGPJ a la juez que quiso llevar a prisión a Soria con un asunto que resultó ser todo un montaje de principio a fin, del que la magistrada formó parte esencial. El hecho, por tanto, de que la corrupción socialista en Andalucía no aflore no significa, en absoluto, que no exista: la gente de allí lo sabe, lo vive como algo cotidiano, pero ha llegado un momento en el que incluso hasta quienes lo toleraban ahora lo rechazan. ¿Por qué? En eso si tiene que ver, y mucho, la crisis económica, porque hace que el trapicheo, el despilfarro y la corrupción brillen con luz propia como agravio comparativo para quienes se han quedado sin su puesto de trabajo y no tienen qué llevarse a la boca para comer.

Al factor rechazo hay que sumar una oposición que, por fin, ha encontrado su camino en el complejo cruce de vías andaluz. El PP ha pasado por todo y por toda clase de manos en Andalucía, pero nunca conseguía librarse de las etiquetas de partido de señoritos y de ‘fachas’ que les había colgado la izquierda con mucho éxito… Hasta que Javier Arenas se ha puesto manos a la obra y, junto a Antonio Sanz, han hecho un trabajo memorable por llevar el mensaje del PP a cada rincón de Andalucía, y se ha notado. Vaya si se ha notado. Arenas ha conseguido conjurar el factor rechazo que hasta impedía a su partido romper su techo electoral, al menos en las encuestas, y ya veremos en las próximas municipales si también lo ha conseguido en las urnas, pero todo apunta a que sí y a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para las aspiraciones socialistas dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.

Es difícil saber si lo que anuncian las encuestas se va a cumplir. Puede ser que mucha gente ‘castigue’ a los socialistas en las encuestas pero luego no lo hagan en el momento de depositar el voto y ocurra lo mismo que ocurrió en 1996 -a eso aspira el PSOE-, y puede ser también que haya todavía más gente que no diga en las encuestas lo que de verdad piensa hacer en el momento de ir a votar, y pase lo mismo que en el año 2000 -eso espera el PP- e incluso se vaya más allá. Lo que si es cierto, y eso no es una opinión sino la constatación de la realidad, es que el PSOE está acumulando unos niveles de rechazo desconocidos hasta ahora en estos treinta años de democracia, y no es fácil hacer una lectura de lo que finalmente puede suponer eso en un resultado electoral. Hoy, por de pronto, anuncia una debacle.


El Confidencial - Opinión

Propaganda. La reforma socialdemócrata de las pensiones. Por Guillermo Dupuy

No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema que padecemos.

Algunos podrán ridiculizar al secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, por defender como "medida socialdemócrata" la propuesta de retrasar la edad de jubilación y la de reducir el importe medio de las pensiones mediante una ampliación del periodo de contribución para el cálculo de las mismas. También algunos podrán criticar al PSOE, en general, por telefonear a sus tertulianos afines para que "vendan" la necesidad de acometer dichas reformas y para que hagan "pedagogía" a favor de ellas.

Sin embargo, nada debería tener de extraño que, en una democracia –sistema que se basa consustancialmente en la opinión pública–, los políticos socialdemócratas salgan en defensa de un modelo esencialmente socialdemócrata, como es el sistema colectivista y estatalizado de reparto que nos ocupa, ni tampoco que traten de que los ciudadanos asuman como necesarios los enormes perjuicios a los que, ciertamente, nos obliga su sostenibilidad. Y es que, por mucho que el introductor de este ineficiente y liberticida sistema de previsión para la vejez fuera Bismarck –en España fue Franco–, en tiempos en que la esperanza de vida apenas superaba los 65 años de edad, este sistema se adecua a esos modelos de planificación centralizada característicos de los "socialistas de todos los partidos", que diría Hayek.


Lo que no tiene, desde luego, sentido alguno es que formaciones supuestamente liberales, como el PP, se muestren partidarias de un sistema de pensiones que nada tiene de liberal, y cuya única forma de evitar la quiebra total es la introducir progresivas quiebras parciales, que se disfrazan como reformas, pero que no son otra cosa que paulatinos perjuicios en contra de los supuestos beneficiarios del sistema. Y eso, en el mejor de los casos, porque no faltan en el PP quienes, al igual que los sindicatos, se instalan en el más irresponsable de los inmovilismos.

La auténtica disyuntiva, sin embargo, no debería consistir entre no hacer nada o hacer reformas que no tienen más objetivo que hacer sostenible una estafa en perjuicio de los ciudadanos. La auténtica alternativa debería ser transitar a un sistema de capitalización individual, en el que los ciudadanos tuvieran soberanía sobre su retiro del mercado laboral y sobre esa parte de su renta que les confisca la Seguridad Social; un sistema en el que ellos pudieran tener la libertad de elegir como y donde se invierte sus ahorros. El objetivo, pues, no debería ser la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino la posibilidad de huir de él.

Sin embargo, ni la derecha política ni incluso la mediática se atreven a abogar por un cambio auténticamente sostenible y beneficioso para los pensionistas como sería el sistema de capitalización privado. Son muy pocos los medios de comunicación que, como libertad digital, hacen auténtica pedagogía y se atreven a denunciar "las mentiras de la reforma de las pensiones".

Movidos por el prejuicio de la "medicina amarga", la mayoría de los medios de comunicación creen que su sentido de la responsabilidad pasa por defender unas perjudiciales reformas dentro del sistema que nos abocan, en el mejor de los casos, a un retraso forzoso de la jubilación a los 70 años y cobrando un 30 por ciento menos. No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a los trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema de reparto que padecemos.


Libertad Digital - Opinión

La servidumbre de la delación. Por Hermann Tertsch

Aquellos que confiaronque con Zapatero llegaba el fin de la alternancia han quemado mucha nave.

EN todas las dictaduras son un elemento fundamental, tan imprescindible como el dictador o el aparato de represión del mismo. También lo son para todas las ideologías enemigas de la libertad y que valoran a la persona por su cercanía o lealtad a la causa. Los necesitan para identificar a los individuos que no están dispuestos a someterse, a los abiertamente rebeldes y a quienes dudan. Pero son aún más necesarios para difundir el miedo. Para generar ese clima generalizado de miedo que impide a las personas expresar su opinión libremente. Son los delatores, los que a cambio de mayor o menor prebenda denuncian ante el poder a quienes son o pudieran serle desleales. El chivato, el delator, el eterno, «denunziant» bajo los nazis y los comunistas pero también de aparatos supuestamente democráticos que tachan de enemigo al discrepante y tienen por ello clara vocación totalitaria. Ahora que la crisis general, la incapacidad e ineptitud propias, su desenmascaramiento en el exterior y el fracaso de su soberbia e impostura convierten al Partido Socialista en una maqueta del paisaje general en que han convertido España, es decir, en una escombrera, el aparato ya no atina a disimular. Y recurre sin pudor a sus instrumentos más felones. Y por supuesto ahí está la figura del chivato. Los tienen activos en todas las profesiones. Véase en la Policía, donde las camarillas políticas del Ministro para Todo imponen el silencio y el miedo en lo que se antoja una «omertá al Faisán» general. O entre los jueces o los diplomáticos. O en esas universidades donde sistemáticamente mandan los peores en una implacable selección negativa que se impuso primero en el PSOE y ahora parece ser ley en la administración del Estado. Chivatos y obedientes arriba, los independientes o meramente críticos al sótano. No existe ya otro criterio en esa tropa de sectarios acosados por la realidad y sus propias mentiras.

Pero incluso entre los profesionales de la delación y la mentira por encargo hay categorías. En el mundo periodístico se ven cosas muy graciosas si nos instalamos, como parece tocar, en el humor negro. Los más hiperactivos propagadores del argumentario del Gran Timonel —respuestas y posiciones que reciben diariamente los fieles contertulios para que sepan que contestar lealmente— están confundidos. Aquellos que confiaron que con Zapatero llegaba el fin de la alternancia —Pacto el Tinell general y definitivo— y que el Partido Popular no volvería al poder, han quemado mucha nave. Tendrán dificultades para volver a ser implacables críticos contra la oposición. Y denunciantes de colegas, incansables fustigadores del periodismo crítico con sus amos. Muchos han logrado estar siempre con el que manda, ser adulador de González, después de Mayor Oreja y ahora mamporrero del zapaterismo. Algunos lo conseguirán. Hay quien pide ahora a Rubalcaba que imponga su contrato a empresas que no lo quieren. Como antes lograron anular su despido gracias a la Moncloa. Otros creen que han sido lo suficientemente melifluos como para caer en gracia al nuevo Gobierno. Hay quien lleva haciéndolo desde Franco. Pero también están ahí los delatores vocacionales. Los de la barricada. Alguno tiene insólita guarida en un periódico otrora serio. Allí ha instalado una sección igual que la que firma en el diario proetarra Gara una «Maite Soroa». Ésta se dedica desde hace años a señalar los objetivos periodísticos a etarras y simpatizantes. Éste tiene clientela más amplia y señala a los periodistas críticos a los que todo progresista debe odiar e insultar. Si a alguno le pasara algo, lo suyo es como lo de su hermano Wyoming, todo humor y desenfado.

ABC - Opinión

Cataluña. El derecho a decidir. Por José García Domínguez

Si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto?

"¿A qué demócrata le da miedo el derecho a decidir?", acaba de preguntarse Artur Mas justo antes de anunciar que, de grado o a la fuerza, todos los púberes catalanes irán derechitos a la inmersión preceptiva tal como acontecía con el difunto tripartito. A ese propósito, el del libre albedrío nacional, alguna otra vez se ha insistido aquí en lo errado de creer que el catalanismo canónico pretenda la independencia de Cataluña. Muy al contrario, lo que en verdad postula no es la independencia sino el independentismo, que, en el fondo, viene a ser la condición necesaria y suficiente con tal de que la efectiva secesión real no se llegue a consumar nunca.

A fin de cuentas, una Cataluña separada de España supondría, de entrada, la ruina económica cierta para sus filantrópicos promotores. Eventual quebranto metafísico del que la recua de Garibaldis de salón que rodea a Mas resulta ser perfectamente consciente. Pues, aunque en ocasiones semeje cosa distinta, la condición de probo nacionalista ni mucho menos lleva asociada la tara de la idiocia. Así las cosas, al catalanismo ortodoxo solo le resta continuar recitando ad aeternum la dichosa copla del derecho a decidir. De ahí, por cierto, la rutinaria solemnidad con que Mas se ha aprestado a seguir dándole vueltas a la noria de la "transición nacional" durante el discurso de investidura.

Tediosa tautología, ésa del derecho presunto a decidir, que, una vez desnuda de la quincalla retórica al uso, remite a un bucle semántico. A saber, el puro absurdo de que a Cataluña le asiste la prerrogativa de verse soberana porque es una nación. Y es que si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto? ¿O acaso el etéreo espectro que responde por Cataluña dejaría de constituir una nación solo porque los vulgares mortales llamados a consulta optasen por mantenerla unida al resto de España, tal como hicieron al ratificar la Constitución de 1978? En fin, collonadas bizantinas al margen, sépase que a día de hoy el titular único del derecho a decidir no es otro que el Partido Popular, en cuyas manos reside la coronación del hereu. Poncio Pilatos, entonces, tiene la palabra.




Libertad Digital - Opinión

El terremoto andaluz. Por Ignacio Camacho

Con los resultados de Cataluña y las perspectivas de Andalucía, Rajoy tiene franco el camino de La Moncloa.

CUANDO Aznar ganó por mayoría absoluta, en el año 2000, el PP no logró superar al PSOE en Andalucía. Ahora que le saca nueve puntos en una encuesta semioficial y que en Cataluña es la tercera fuerza política, Rajoy sólo puede perder las elecciones si se enreda en una conspiración contra sí mismo. La sideral distancia de los actuales sondeos se acabará estrechando a medida que se aproximen las urnas, pero los socialistas van a llegar tarde a la remontada incluso aunque cambien de candidato. El vuelco que pronostica la demoscopia ya no es una tendencia sino un estado de opinión consolidado y constante.

Para el socialismo andaluz, el peligro no viene tanto de la intención de voto, siempre sujeta a la cocina de la proyección de resultados, como de un dato demoledor que cuestiona la larga hegemonía de su principal feudo autonómico: el setenta por ciento de los ciudadanos desea un cambio de gobierno al cabo de treinta años monocolores. Ésa es la fotografía del hartazgo, el retrato de un régimen cuarteado que se desmorona por la sensación de fracaso del zapaterismo y el cansancio de largos años de inmovilismo histórico. La maniobra de sustituir a Chaves por Griñán no funciona porque ha coincidido con el desmoronamiento de la imagen de Zapatero y ha dejado a la izquierda sin referente. La única posibilidad del presidente de la Junta pasa por evitar in extremis la mayoría absoluta de un Javier Arenas que en menos de dos años ha transformado diez puntos en contra en nueve a favor. Es decir: pasa por echarse en brazos de Izquierda Unida para compartir un poder que siempre ha considerado patrimonio propio. Eso sí, al lado del presidente de la nación, Griñán es todavía el rey del mambo: sólolo suspende un 40 por ciento de los andaluces, por el 68 largo que desaprueba al jefe del Gobierno.

Acaso Arenas, a cuyo trabajo paciente y tenaz habrá que hacerle una justicia que le escatiman incluso algunos correligionarios que jamás se han enfrentado a un régimen tan sólido, acabe naufragando otra vez en la orilla de un éxito insuficiente, pero sus resultados son zancos para que Rajoy alcance La Moncloa. La clave estará en las tripas de las próximas elecciones locales, en el número de votos que incremente el PP en los municipios de la Andalucía profunda, el último granero socialista. Ahí es donde se está desmoronando una socialdemocracia que ya no tiene respuestas clientelares porque se ha acabado el dinero para repartir recursos. Esa geografía rural del Sur y el cinturón laboral e inmigrante de Barcelona son los ejes por los que se está partiendo el Partido Socialista, abierto como una falla ante un terremoto. Si continúa perdiendo respaldo en ellos nada podrá evitar no ya la derrota, sino el descalabro. Y de momento son una sangría.


ABC - Opinión

Pensiones y mercados

La OCDE ha irrumpido con fuerza en el debate español sobre las pensiones que enfrenta al Gobierno con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos. El diagnóstico del organismo internacional no difiere del de otras instituciones económicas, desde el FMI hasta el Banco de España, y se puede resumir en esta aseveración: el sistema público de pensiones quebrará inexorablemente si no se alarga la edad de jubilación al menos hasta los 67 años y no se amplía el periodo de cotización para calcular la percepción. En resumen, o se bajan las cuantías y se estira la vida laboral, o en quince años el sistema se colapsa. Así lo cree también el Gobierno de Zapatero, que ha reiterado su voluntad de empezar la reforma el 28 de enero, haya o no acuerdo del Pacto de Toledo. Por el contrario, los sindicatos y la izquierda se oponen frontalmente, hasta el punto de que amenazan con convocar otra huelga general. Como tampoco los partidos de centroderecha parecen dispuestos a avalar íntegramente la reforma, cabe preguntarse si se trata de un empecinamiento del Gobierno y si es tan urgente abordar un cambio que produce honda preocupación social. Es evidente que si los mercados y las instituciones internacionales no le hubieran presionado de manera implacable, el socialdemócrata Zapatero no se habría embarcado en un recorte social tan opuesto a la tradición socialista. Pero eso no quita, sino todo lo contrario, para que se le reconozca su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los pensionistas del futuro. A ningún gobernante, sea del color que sea, se le ocurriría meter la tijera en el avispero de las jubilaciones si no fuera de todo punto imprescindible. Y nos tememos que en España lo sea, además de urgente. Cuando todos los analistas y centros de investigación coinciden en que el aumento de la esperanza de vida, sumado a una incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo, condena a muerte el actual sistema de pensiones, lo responsable es adelantarse a la debacle y corregir el rumbo. Los partidos de centroderecha, empezando por el PP, están de acuerdo en el diagnóstico, pero discrepan de que sea necesario retrasar dos años la jubilación, pues bastaría con que se cumpliera estrictamente la edad de los 65 años, no menos. La propuesta es razonable, pero no es incompatible con la del Gobierno y parece más una excusa para no apoyar a Zapatero, por más que en el fondo compartan su reforma. Tampoco tienen razón los sindicatos cuando vinculan el alargamiento de la vida laboral a más paro juvenil, tesis que resulta poco verosímil cuando hoy el 43% de los jóvenes ya está desempleado. Si alguna censura merece el Gobierno es que se ha visto abocado a esta reforma por su propia debilidad y su nula fiabilidad. Si hubiera hecho antes las reformas profundas necesarias, como la del mercado de trabajo, la fiscal y la del gasto público, hoy no estaría España en el ojo del huracán y sus gobernantes asediados para que den más garantías de futuro a los mercados. Un Gobierno fuerte y con credibilidad habría gestionado sus propios tiempos, en vez de ir a rebufo de quienes desde el extranjero le dictan lo que tiene que hacer.

La Razón - Editorial

Reforma gradual

La propuesta del Gobierno sobre pensiones es más prudente que el cambio planteado por la OCDE.

La reforma del sistema español de pensiones vivió ayer un cruce intenso de propuestas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe completo sobre España en el que plantea una reforma radical. Propone que la edad de jubilación vaya dilatándose en función de la esperanza de vida de la población, lo cual equivale a situarla progresivamente más allá de los 67 años, y ampliar el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicaba la reforma más gradual que pretende el Gobierno: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar paulatinamente el plazo de cómputo de la pensión desde los 15 últimos años hasta los 20 años primero y después hasta los 25. Los sindicatos, a su vez, amenazaron con una segunda huelga general porque el retraso de la jubilación "marca la frontera entre el acuerdo y el desacuerdo".

Las posiciones en el debate necesitan una interpretación. La OCDE dibuja en el informe un futuro bastante probable en el que todos los servicios públicos (desde el agua hasta la sanidad) se pagan o aumentan de precio. En el caso de las pensiones, defiende la posición de un actuario de seguros; no otra cosa es aproximar lo percibido a lo cotizado. Así debe ser en los manuales, pero la gestión política tiene sus propias reglas. No es prudente pasar desde el sistema actual a otro que fije la edad de jubilación en función de la esperanza de vida sin correr el riesgo de una protesta social. Si de lo que se trata es de afianzar el sistema público, lo más sensato es corregir el sistema de cálculo de las cotizaciones en función de ese déficit e ir revisando periódicamente el balance del sistema en función del empleo, las cotizaciones y la población.


Poco hay que oponer a la OCDE en su reclamación de una reforma laboral que favorezca la creación de empleo cuando haya recuperación. Pero recomienda al Gobierno que suba impuestos para ayudar a corregir el déficit (señala con el dedo el IVA y los impuestos especiales) y pide que se reduzcan el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. Las subidas fiscales son la última carta de un Gobierno cuando han fallado todas las demás. Si según la propia OCDE, en 2010 y 2011 se cumplirán los objetivos de déficit, se entiende que el Gobierno prefiera esperar a que la subida de impuestos sea necesaria. La OCDE se sorprendería si supiera que el tipo efectivo que pagan las empresas por Sociedades en pocas ocasiones supera el 15%.

La obligación y la oportunidad política de los sindicatos es negociar; es decir, asegurar a sus afiliados que las reformas se hacen por razones válidas y cuidar de que se ejecuten de forma justa. Pero se han empeñado en una táctica de confrontación. No es eso lo que quieren sus afiliados; más les gustaría que sus representantes fuesen parte activa de la negociación. Resulta chocante que UGT y CC OO sugieran una segunda huelga general después de los magros resultados de la primera.


El País - Editorial

Pensiones, la agonía de un sistema insostenible

Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda.

Las vías de agua abiertas en el casco de nuestro sistema de pensiones son ya tantas que los políticos –principales interesados en que el barco no naufrague– no alcanzan a taponarlas todas. El modelo de reparto, implantado en España durante la dictadura de Franco hace más de cuatro décadas, ha llegado a su previsible conclusión. Por de pronto los españoles podemos ir descontando que, gracias a este sistema injusto, insolidario e ineficiente, tendremos que trabajar muchos más años y cobrar después una cantidad bastante menor.

Y no, no es una consecuencia de la crisis económica tal y como los políticos nos están intentado hacer ver, sino la lógica consecuencia de un modelo que, dejando su injusticia intrínseca al margen, sólo puede funcionar en un escenario de parámetros muy delimitados. Como en todo esquema de Ponzi, nombre técnico de los sistemas piramidales, para que los de arriba puedan obtener rentas, el número de los de abajo tiene que crecer eternamente. Un modelo semejante no puede funcionar a perpetuidad, ni aquí ni en ningún otro sitio.


El descenso en la tasa de natalidad que empezó a registrarse en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hacía prever que, más tarde o más temprano, el maná que alimentaba el sistema de pensiones se agotaría. Así ocurrió veinte años después, a mediados de los noventa, cuando por vez primera se atisbó la crisis final del sistema. Entonces se produjo una ola inmigratoria de dimensiones desconocidas. Cinco millones de cotizantes, casi todos muy jóvenes, han entrado en España a lo largo de los últimos diez años. Esta imprevista prórroga generó la ilusión de que, a pesar de todo, el sistema podría mantenerse sine die.

Pero no, el flujo migratorio se ha detenido, no así el creciente envejecimiento de la población. Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes menor. La natalidad, por su parte, no ha aumentado, sino todo lo contrario. España tiene una de las tasas de hijos por mujer más bajas de todo el mundo. En un futuro próximo las pensiones serán tan gravosas que los cotizantes dedicarán una parte considerable de su renta a mantener pensionistas con la esperanza puesta en que, llegado el momento, otros trabajen para mantenerlos a ellos.

Es un circulo vicioso insostenible. En lugar de ahorrar para nuestra vejez, nos obligan a dilapidar en ese mismo momento la riqueza recién creada convirtiéndonos en esclavos de un sistema que nos empobrece hoy, nos impide capitalizar las rentas de nuestro trabajo y, para colmo, nos hace dependientes del Estado y de los caprichos de los políticos durante la última etapa de nuestra vida. Entretanto ellos, los políticos, viven separados del sistema con el que nos hacen comulgar al resto. Muy ilustrativo sin duda.

Ante tal estado de cosas, a los artífices del sistema y principales beneficiarios del mismo, sólo les queda estirar tanto como puedan la ficción de una jubilación segura y bien remunerada. En esas están en estos momentos. El hecho es que, aún con eso, llegará un momento en que, rendidos ante la realidad, nos veremos obligados a efectuar la transición del actual sistema de reparto a uno de capitalización, camino que ya han transitado –a la fuerza– otros países como Alemania, donde el tránsito se produjo parcialmente hace diez años pilotado por el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Quedarán entonces varios millones de españoles atrapados por edad en la trampa del reparto mientras otros, más jóvenes y afortunados, podrán ser dueños de su retiro desde los inicios de su carrera profesional. Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían incesantemente sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda. Esta misma reforma podría haberse hecho hace una década, cuando la entrada de cinco millones de nuevos trabajadores hubiese amortiguado y hecho más llevadera la transición, pero no, los que gobernaban entonces se empeñaron en mantener con vida y acrecentar un modelo del que ya sabían que tenía fecha de caducidad.


Libertad Digital - Editorial

Seis años de fracaso

Zapatero ofreció expectativas de seguridad a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada, pretenciosa e ineficaz.

LA imparable cascada de homicidios y asesinatos de mujeres va a convertir 2010 en un año negro por la violencia de género, que contabiliza más de setenta casos. Más allá de las campañas gestuales y simbólicas del extinto Ministerio de Igualdad, es necesario afrontar el fracaso de la política del Gobierno en esta materia, fracaso que no implica, en modo alguno, la responsabilidad del Ejecutivo por estas muertes, porque ningún Gobierno es responsable de tales delitos. Es el fracaso de un discurso político que, enarbolado como vanguardia de la agenda social del nuevo socialismo de Zapatero, ofreció expectativas de seguridad y protección a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada y pretenciosa, pero poco eficaz. No basta con colocar en el BOE una ley pluscuamperfecta para atajar conflictos de raíz mucho más compleja que la mera ausencia de una respuesta legal, que, además, se apoya en una discriminación punitiva por razón de sexo, salvada in extremis por el Constitucional, pero con amplio escepticismo entre muchos de los jueces que la aplican.

Al final, en España hay tantas o más mujeres muertas que cuando no había ley integral, y las denuncias de maltrato aumentan constantemente, lo que el Gobierno valora como un éxito, cuando lo que demuestra es que no ha podido aplicar políticas de prevención. Porque no hay que engañarse: cuando un juez interviene, suele ser tarde. Además, tampoco ha habido una dotación de medios y personas en grado suficiente para hacer efectivas las ambiciosas previsiones de la ley. Los avances que se han conseguido están en el haber del encomiable esfuerzo de jueces, fiscales y policías, que han suplido las carencias materiales con una dedicación ejemplar. Pero la acción judicial y policial no puede llegar a las raíces del problema, que no se limitan sólo al machismo que se presume a toda agresión contra la mujer. No siempre hay un problema de desigualdad en el origen de esta violencia. Faltan formación en valores y respeto, consideración a la dignidad humana y estabilidad de las relaciones de pareja. Por supuesto, alguien debería responder políticamente por estos años de propaganda incesante, que sólo ha puesto el acento en medidas penales y en ideología de género. Una responsabilidad que debe estar a la altura de las promesas socialistas a las mujeres maltratadas y amenazadas.

ABC - Editorial