domingo, 31 de octubre de 2010

Stalingrado. Por Gemán Yanke

ETA no está dispuesta a disolverse y aún menos reconociendo su responsabilidad criminal y los perniciosos efectos de tan larga trayectoria terrorista. Batasuna no está dispuesta a salir del entramado de la banda y aún menos a enfrentarse a ella. Lo que ETA busca es un triunfo y un relato favorable para «ir más lejos» de la tregua. Un triunfo que sería, con Batasuna en las instituciones, el inicio del «proceso» que siempre ha pretendido y un relato que le sirva de aterrizaje recompensado. Batasuna busca en la manipulación del lenguaje una fórmula para seguir siendo lo mismo. Sin perder el paraguas de ETA ni la condescendencia de quienes desean acompañarla en una estrambótica «acumulación de fuerzas nacionalistas». De otro modo, ¿por qué ETA no se disuelve y renuncia a la violencia? ¿Por qué Batasuna no la condena y se integra en la legalidad sin exigir lo que otros no exigen? Necesitan tiempo, se oye decir. Pues que se lo tomen mientras se sostiene el desprecio general y el imperio de la ley.

Los «movimientos» y las simulaciones que tanto fascinan a algunos no son consecuencia de una reflexión ética o política. Erkizia, menos dotado que otros para el cinismo eficaz, lo ha explicado muy bien: el problema de la violencia no es su carácter injustificable sino las actuales «condiciones objetivas». Vladimir Jankelevitch escribió muy atinadamente que «la rectificación del nazismo se llama Stalingrado». La situación actual de ETA y de Batasuna, lo que está pasando «en ese mundo», se llama Guardia Civil y Policía, cooperación internacional y firmeza del Estado de Derecho. Y solo en la medida en que se siga por el camino del rigor y de la derrota de la banda se llegará a una Batasuna sometida a la ley.

Si la especulación sobre ETA es cansina, tampoco se trata de convertir el éxito de la lucha contra el terrorismo en materia de discusión. O de rectificación. Nada peor que hacer realidad aquella sátira de Malcom Mudderidge en la que un ejército gana la batalla y en el momento más glorioso alza la bandera blanca.


ABC - Opinión

Casualidad. Por Alfonso Ussía

No hay que ser enredador y suspicaz. Es antipatriótico. Cuando Rajoy, enredador y suspicaz, anunció la crisis económica, Zapatero negó el vaticinio y le llamó antipatriota. Nada me apetece ser tildado de antiespañol por sospechar mejunjes y guateques entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Casual encuentro. Resulta perfectamente factible que un mediodía de jueves, con un puente laboral por delante, cada uno por su lado y sin acordar previamente una cita, Rubalcaba, magistrados y jueces y algún fiscal coincidan en el restaurante «Currito». Es lógico y normal porque en «Currito» se come muy bien y los jueves su comedor acostumbra a estar muy animado y concurrido.

Es más; seguro estoy de que cada uno de los que coincidieron casualmente en «Currito», comieron en mesas diferentes e incluso, alejadas las unas de las otras. En una estaba Rubalcaba acompañado del Secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho. Que un ministro almuerce con su inmediato subalterno carece de importancia. Y no es de recibo poner en duda el normal transcurso de esa reunión privada. Y en otras mesas, por aquello de la buena cocina de «Currito» se sentaron el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, don Javier Gómez Bermúdez, el magistrado don Fernando Grande-Marlaska, el juez don Santiago Pedraz, y los fiscales don Javier Zaragoza, don Ángel Juanes y don Vicente González Mota. Insisto en la casual circunstancia del encuentro, porque cada uno de ellos comió en soledad y en mesas muy alejadas, porque de lo contrario, si hubieran comido todos ellos en la misma mesa e invitados por el Vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, don Alfredo Pérez-Rubalcaba, se podría haber interpretado ese ágape como una reunión viciada por la política, las conversaciones con ETA y Batasuna, la liberación de presos terroristas y la posible solicitud de Rubalcaba de «flexibilidad y buena disposición» en jueces y fiscales para no entorpecer «el camino hacia la paz» que sueñan simultáneamente el Presidente Zapatero y Arnaldo Otegui. De haber comido juntos, la sospecha y la suspicacia son legítimas, pero insisto en que todo se debió a una casualidad socialmente inoportuna. Llegaron por separado y se marcharon de la misma manera, aunque, capricho del azar, tanto al entrar en «Currito» como al salir, lo hicieron todos en un espacio de tiempo de cinco minutos, lo que dice mucho y bien de la profesionalidad del personal de «Currito», que sirve a todos los clientes con la misma celeridad. De haberse reunido todos ellos a comer, que no fue así, y no sean suspicaces, estaríamos hablando de un posible intento por parte del Gobierno de influir en jueces y fiscales, pero conociendo a Rubalcaba, esa intención se me antoja imposible. Para mí –ese dato es fácil de averiguar–, que era el «cumple» de todos, y cada uno lo celebró a su manera. Porque –insisto–, sería inimaginable que Rubalcaba hubiese pretendido convencer a jueces y fiscales para que éstos colaboren en el proceso de legitimar a Batasuna, entre otras razones, porque ello significaría un intento de quebrar la independencia judicial y destrozar un pilar del sistema democrático, lo cual, en don Alfredo Pérez-Rubalcaba, es imposible de creer.

La vida es mucho más sencilla de lo que algunos piensan. –Hoy me apetece comer en «Currito»–, dijeron en sus casas. Y allí coincidieron. Sospechar otra cosa es de antipatriotas.


La Razón - Opinión

El Frankenstein vasco. Por José María Carrascal

Sólo a una mente mezquina puede ocurrírsele legitimar a quienes venían siendo cantera de la banda terrorista.

QUE ETA está en mala situación, lo sabemos todos. Pero eso no debe llevarnos a hacerle el favor de legitimar el que hasta ahora ha sido su brazo político. Más bien lo contrario: si la política actual está debilitando a ETA y su entorno hasta el punto de pedir árnica, lo que hay que hacer es continuarla, no aflojarla. Esto es lo primero que debe dejarse claro en el asunto. Porque cada vez son más los que piden dar una oportunidad a los «arrepentidos» y los dispuestos a aceptar en la escena política una izquierda abertzale que «rechace la violencia y se comprometa con las vías exclusivamente democráticas».

Lo que me parece una majadería o una tomadura de pelo. Rechazar la violencia y comprometerse con las vías democráticas no es una concesión ni un mérito. Es un requerimiento imprescindible para actuar en un marco constitucional. Un demócrata tiene no sólo que rechazar la violencia en todas sus formas, sino también combatirla con todos sus medios. Un comunicado más o menos pomposo que se limite a distanciarse de la misma es insuficiente, sobre todo si no va acompañado de la condena explicita de lo que podríamos llamar la «violencia inmanente» en el País Vasco, como es el chantaje a los empresarios y la kale borroka, que vienen envenenando aquella atmósfera desde hace años.


Otegui y cuantos buscan un encaje en el marco democrático a los que hasta ahora no han hecho otra cosa que intentar dinamitarlo, deben tener muy claro que los tiempos de las treguas más o menos adjetivadas han pasado. La misma palabra «tregua» tiene un sentido temporal que le da una provisionalidad inadmisible a estas alturas en la solución del problema vasco. Lo que se requiere ahora es el abandono definitivo de las armas con la entrega verificada de las mismas. Ya sabemos que habrá terroristas que no lo acepten. Pero ese es su problema. no el nuestro. Pues fueron ellos quienes crearon ese Frankenstein, al hacerle creer que él matando y ellos recogiendo sus frutos podían alcanzar la meta común de una Euskadi limpia, libre y próspera, cuando lo que han hecho es envilecerla y aherrojarla. Si no lo consiguen, el único camino que les queda es la ruptura total con la banda y la colaboración con la justicia y la policía para que desaparezca, como están haciendo todas las demás fuerzas democráticas.

Sólo a partir de ese vuelco en su actitud podrá empezar a hablarse de la incorporación a la vida democrática de los que hasta ahora pretendían hacer política con la violencia, la extorsión y la amenaza. Y sólo a una mente muy estrecha o muy mezquina puede ocurrírsele legitimar sin suficientes garantías a quienes venían siendo cantera, caldo de cultivo y refugio de la banda terrorista.


ABC - Opinión

Griñaninis. Por Ignacio Camacho

Los jóvenes guardias del PSOE se han saltado demasiados peldaños en su escalada. Se les ha atrofiado el sentido ético.

UNO de los problemas que amenazan al postzapaterismo es la ausencia de una nomenclatura socialista de refresco. En la última década Zapatero ha entregado el control del partido a una generación de jóvenes tan ambiciosos como poco preparados que han aterrizado en la política directamente sobre los cargos públicos, sin pasar —como el propio líder— por ningún otro ámbito de formación ni de trabajo; carentes incluso del idealismo elemental que suele impulsar las aspiraciones de entrar en la vida pública. Por eso en cuanto las cosas se han puesto realmente feas el presidente ha tenido que llamar en su socorro a veteranos como Rubalcaba, Jáuregui o Iglesias: también auténticos profesionales del poder pero dotados al menos de la graduación de la experiencia. Detrás del zapaterismo no hay nada; sólo una pléyade de dirigentes sin madurar apalancados sobre el aparato y asimilados antes a los viejos vicios políticos que a las virtudes renovadoras.

A José Antonio Griñán le ha estallado en la cara, a las primeras de cambio, su apuesta por esa generación de jóvenes guardias a la que encargó la liquidación de la anquilosada dirigencia chavista. La dimisión forzosa de su número dos, Rafael Velasco, ante el escándalo de los fondos de formación —740.000 euros— entregados por la Junta a la academia de su mujer, ha desbaratado de golpe la estructura de poder orgánico sobre la que pretendía asentarse el presidente andaluz tras heredar el virreinato de un Chaves con el que ya se ha distanciado. Los griñaninis —ni estudios ni trabajo: copyright del implacable y mordaz Paco Robles— se han salido de la pista a los pocos metros de carrera y han puesto de manifiesto la insolvencia de ese estilo agresivo y talibán que oculta la carencia de principios en una patrimonialización de la política. La crisis deja el liderazgo de Griñán muy desairado y desprotegido; ni funciona su cadena de confianza ni se entera de lo que sucede en su entorno. Pésimo escenario para un dirigente poseído por un altísimo concepto de sí mismo.

Pero más allá del fallido ojo clínico del presidente de la Junta, el episodio interroga sobre la aptitud de una hornada dirigente —no sólo del PSOE, ojo— que se ha saltado demasiado peldaños en su escalada. Esta gente ha crecido en la idea de que la política es un territorio de ambiciones, un campo para una carrera personal en la que resulta fácil acortar el trayecto del mérito o del esfuerzo por los atajos de la maniobra sectaria o la obediencia bien administrada. Y se les ha atrofiado el sentido del servicio público y de la ética civil, hasta provocarles un cortocircuito intelectual y moral del que sólo pueden salir achicharrados. Porque lo peor es que el tal Velasco acaso no entienda aún por qué ha tenido que irse de mala manera. Cabe esperar que al menos Griñán, que es de otro tiempo, sí lo sepa, aunque le cueste admitirlo.


ABC - Opinión

Peligro: un canon para el ADSL. Por Antonio José Chinchetru

En su constante deterioro en términos de popularidad, los "de la ceja" y compañía pueden permitirse exigir a Zapatero casi cualquier cosa a cambio de su apoyo público.

Los tribunales comunitarios han venido a fastidiarles parte del chollo que tenían en España. Tras tratar de engañar a los ciudadanos diciendo que la ya famosa sentencia les daba la razón, las entidades de gestión pasaron a presentarse como víctimas y a anunciar que no devolverán ni un céntimo del dinero que la justicia europea considera que han cobrado de forma abusiva. Ahora habrá que esperar a la respuesta de los jueces españoles ante las reclamaciones que pueden llegar de empresas y administraciones varias para recuperar parte de lo pagado. Por fortuna para los ciudadanos, la impunidad judicial de la que gozaban hace unos años la SGAE y similares parece haber pasado a la historia.

Los amigos del dinero ajeno a través de cánones con la excusa de los derechos de autor necesitan ahora nuevos ingresos para compensar la bajada de su capacidad recaudatoria. Y qué mejor para ello que recuperar viejas y "buenas" (pésimas para los ciudadanos y el sentido común) ideas. Ha sido un directivo de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Fernando González, el encargado de insinuar por donde van a ir ahora los del canon. Como viene siendo ya tradicional entre muchos miembros de estas organizaciones y cineastas de distinta fortuna, González ha atacado a los proveedores de acceso a internet de banda ancha. Según él, se trata de "gente que cobra a los piratas" y "están encantados porque a ellos si les pagan".


Más claro imposible. Las entidades de gestión quieren que se imponga un canon a las conexiones a internet. La idea viene de lejos: han pasado ocho años desde que se propusiera en voz alta por primera vez, y hasta la actual ministra de Cultura se mostraba como una firme partidaria de ella cuando todavía no estaba obligada a disimular al menos un poco. En todo este tiempo, la propuesta en cuestión y los ataques a los proveedores de banda ancha han ido reapareciendo de forma constante. Sin embargo, ahora podríamos estar ante una ofensiva en toda regla para lograr el objetivo.

La SGAE y similares no sólo tienen que compensar la pérdida de ingresos que supondrá el no poder cobrar el canon digital de forma tan indiscriminada como hasta ahora. También deben de ser conscientes de que pocas veces en el futuro se encontrarán con un Gobierno tan dispuesto a ceder a sus deseos como el actual. Máxime cuando, en su constante deterioro en términos de popularidad, los "de la ceja" y compañía pueden permitirse exigir a Zapatero casi cualquier cosa a cambio de su apoyo su público. ZP estará tranquilo frente a la posible pérdida de votos que este nuevo regalo a los "culturetas" pueda suponerle. Siempre habrá muchas plumas y voces dispuestas a culpar en exclusiva a González-Sinde para proteger a su jefe. No sería la primera vez.


Libertad Digital - Opinión

La iglesia en España

La unidad entre la razón y la fe es la esencia del pensamiento de un Pontífice que combina la misión pastoral con la más alta calidad intelectual.

LA próxima visita a España de Benedicto XVI supone una gran oportunidad para reflexionar sobre la realidad de la Iglesia en una sociedad compleja y, con frecuencia, confusa. El arraigo histórico y sociológico de la fe católica en nuestro país es una evidencia reconocida de forma explícita por la Constitución, que ninguna política laicista consigue desvirtuar por mucho empeño que pongan en ciertos sectores radicales. Sin embargo, no siempre la voz de los creyentes se hace oír en la vida pública con la claridad y el rigor que exige la situación actual. Al margen de grupos y tendencias, debe prevalecer en la Iglesia una unidad profunda en la fe y en la fidelidad al mensaje evangélico, que se sitúan muy por encima de visiones particulares o intereses territoriales. El gran reto de la jerarquía eclesiástica consiste precisamente en conjugar la presencia unitaria de la Iglesia en el espacio público con ese pluralismo interno que enriquece a todos cuando se plantea como una suma de esfuerzos al servicio del proyecto común.

Tampoco debe extrañar que la Iglesia tenga que superar dificultades para culminar un proceso de adaptación a las nuevas realidades políticas y socioculturales que han alterado el curso de la historia en el último medio siglo. Otras muchas instituciones tienen también serios problemas para ofrecer una respuesta coherente ante los retos de la sociedad posmoderna. En este terreno, la Iglesia cuenta con la ventaja que le proporcionan unos principios éticos que van más allá de las coyunturas concretas y de una estructura organizativa que le permite adaptarse con éxito a la realidad cotidiana. Al margen de cualquier ideología, la labor social de entidades como Cáritas demuestra la capacidad para llegar hasta los sectores más desfavorecidos, ignorados con frecuencia por los poderes públicos. Benedicto XVI visitará Santiago de Compostela y Barcelona en un momento particularmente difícil para nuestro país. La unidad profunda entre la razón y la fe es el núcleo esencial del pensamiento de un Pontífice que combina la misión pastoral con la más alta calidad intelectual. Por esta vía, la Iglesia española puede encontrar el centro y el eje de su presencia activa en una sociedad dinámica, que busca orientación ante una crisis que —junto con el terreno económico— afecta decisivamente a los valores.

ABC - Editorial

España, laica pero católica

España se asienta en una fructifera tradición católica. No se entiende el pasado, el presente y el futuro sin la extraordinaria aportación de la Iglesia. El catolicismo, lejos de formar parte del pasado de nuestro país, goza de una óptima salud en el presente y se proyecta con fuerza en el futuro. Las cifras son elocuentes. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de los más de 46 millones de ciudadanos de nuestro país, un 73% se define como católico, lo que significa que son 33,6 millones de fieles. De ellos, un 14% afirma que acude regularmente a misa. El porcentaje puede parecer menor, pero no si se traduce en que son 6,5 millones de personas, una cifra que ningún ámbito político, social o cultural de España logra aglutinar. Estos números, que sin duda evidencian que existe una amplísima mayoría católica en España, son incompletos, puesto que estas estadísticas no recogen a los menores de 16 años, por lo que el número de católicos aumentaría sustancialmente.

Con ser determinante la importancia cuantitativa del catolicismo en España, ésta se agiganta si se tiene en cuenta su dimensión cualitativa. Al defender valores como la unidad, la familia y la solidaridad, los católicos y sus instituciones son un pilar vital del Estado. La labor social de la Iglesia –en materia educativa, sanitaria y asistencial– le ahorra cada año al erario público más de 30.000 millones de euros.


Ésta, y no otra, es la realidad que se va a encontrar Benedicto XVI en su inminente visita a España. Una comunidad católica numerosa y espiritualmente sólida –que no teme echarse a la calle cuando se vulneran sus convicciones con leyes más que cuestionables como la del Aborto– que proyecta su fe y sus principios a todas las esferas, especialmente a aquellas que, en estos tiempos, sufren más los efectos de la crisis. A buen seguro que el Santo Padre, que no es ajeno a la proyección espiritual y social que tienen sus fieles en nuestro país, fortalecerá aún más el espíritu de una comunidad religiosa que, firme en sus convicciones, ha evitado dar pábulo a aquellos que, interesadamente, han criticado los gastos de la visita que va a costear el erario público sin tener en cuenta la cuantiosa inyección económica que su estancia va a procurar en Santiago de Compostela y en Barcelona.

Aunque algunos se empeñen en lo contrario, la Iglesia y los católicos no son un hecho anecdótico en España. Y no estaría de más que el actual Gobierno así lo entendiese en vez de empecinarse en obviar esa evidencia. Como bien subrayó el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el diálogo entre el Ejecutivo y la Iglesia debe ser fluido, además de mantener una estrecha colaboración. La visita del Papa también será un buen indicador para ver que, en ese sentido, se está en el buen camino lejos de desencuentros anteriores. Porque el Gobierno, que representa a todos los españoles, debe actuar con responsabilidad y ni puede ni debe olvidar que también lo es del 73% de los ciudadanos que se declaran católicos y que desean que las relaciones entre el Ejecutivo y la Santa Sede sean lo más fructíferas posible.


La Razón - Editorial

Recorte sanitario

La merma de ingresos dispara la deuda de los hospitales y amenaza a la calidad del sistema.

Un déficit de más de 11.000 millones de euros atenaza al sistema sanitario español. La crisis económica y el correspondiente descenso de ingresos públicos, que han venido a sumarse a los desequilibrios endémicos, está obligando a los centros sanitarios a hacer juegos malabares con las cuentas. Son juegos que están afectando en primer término a los proveedores (con un retraso considerable de los pagos) y, en segundo, a la gestión de personal. Las penurias económicas del sistema se están paliando con una menor contratación de empleados de sustitución e incluso con el cierre de servicios a la espera de que mejore la coyuntura.

La situación es crítica, como refleja el informe que hoy publica EL PAÍS, y empiezan a registrarse anécdotas penosas, como la supresión de las meriendas en algunos hospitales, que desmerecen de un sistema capaz de haber desarrollado una de las organizaciones de trasplantes de órganos más valoradas del mundo. El drama es que, además, ya hay indicios de que tal penuria puede terminar en una merma de la calidad asistencial. El sistema sanitario, considerado hasta ahora la joya de la corona de los servicios públicos en España, por su positiva relación calidad-precio, está al borde de la bancarrota, de forma que han empezado las restricciones, todavía de manera limitada, en algunas terapias y los cierres de quirófanos para evitar las costosas horas extraordinarias. Esta última medida repercutirá negativamente en las listas de espera, el gran talón de Aquiles de la red asistencial.


El envejecimiento de la población, la sofisticación de las tecnologías sanitarias, el pago subvencionado e indiscriminado de parte de los medicamentos (que se lleva el 32% de los recursos sanitarios) y un nivel de financiación pública per cápita que está muy por debajo del de Estados Unidos y los grandes países europeos son los causantes del desequilibrio crónico del sistema español. La crisis económica no ha hecho más que agudizar la situación; de ahí que el Consejo Interterritorial de Salud lograra en marzo pasado suscribir el único pacto que han sido capaces de firmar hasta ahora los dos grandes partidos nacionales para intentar recortar el gasto.

En ese pacto se aprobaron medidas tan importantes como la creación de una central de compras de las comunidades autónomas (gestoras del sistema) que otorgaría una mejor posición para negociar los precios con los proveedores o instalar la llamada unidosis para evitar el actual derroche de medicamentos. El camino elegido es el adecuado, pero a la luz de los datos es evidente que urge aplicar los acuerdos suscritos y sopesar nuevas medidas (ya analizadas) que alivien el sistema, como una mejora sustancial de la gestión a todos los niveles, la aplicación del copago (un cobro de cada acto médico que incluso puede ser reembolsado después) con el fin de disuadir a los que abusan del sistema o la reducción de subvenciones para rentas altas.


El País - Editorial