sábado, 17 de julio de 2010

ZP, presidente de Cataluña. Por Edurne Uriarte

Está dispuesto a sortear una sentencia con el fin de contentar a una minoría, los nacionalistas catalanes, ampliados con los dirigentes del PSC.

Zapatero parecía el presidente de Cataluña y no el presidente de todos los españoles, resumió un oyente de Punto Radio el debate del Estado de la Nación. Resumen muy atinado al que añadiría un matiz. Zapatero parecía el presidente de los nacionalistas catalanes, ni siquiera de Cataluña.

Es la otra cara de la insumisión socialista a la sentencia del Constitucional. La que da una idea más clara aún de la grave degradación de nuestro sistema democrático en manos de este presidente. No sólo está dispuesto a encontrar maneras de sortear una sentencia. Pretende hacerlo, además, con el fin de contentar a una minoría de españoles, los nacionalistas catalanes, ahora ampliados con los dirigentes del PSC. Con lo que el gobierno de las mayorías, esencia de la democracia, se convierte en gobierno de las minorías. Y no en la protección de los derechos de las minorías, propia también de una democracia, sino en imposición a las mayorías de las exigencias de las minorías.


El fondo del asunto, una gobernación nacional condicionada por los nacionalistas, no es un problema nuevo de nuestra democracia. Pero sí es nuevo que un presidente asuma como mensaje político central en el debate sobre el Estado de la Nación una oferta a los nacionalistas catalanes para darles aquello que les ha negado una sentencia del Constitucional. De espaldas y en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Y en un abierto fomento de la insumisión a toda nueva sentencia del Constitucional. ¿Por qué no van a poder burlar una sentencia los demás españoles si el presidente fomenta que lo hagan los nacionalistas catalanes?

No contento con todo esto, Zapatero remata la maniobra con un disparate político y constitucional asegurando que Cataluña es una nación política, exactamente lo que es España y únicamente puede ser España. Una profunda ignorancia corona la insumisión y la desfachatez.


ABC - Opinión

Cajas. Un problema de credibilidad. Por Emilio J. González

La confianza es la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad de nuestra economía.

Si en tiempos de crisis el Gobierno no se puede andar con jueguecitos, mucho menos aún debe hacerlo cuando se trata del sistema financiero porque si el crédito no circula con fluidez, la crisis se agrava. Esto es lo que le está sucediendo en estos momentos a la economía española: nuestros bancos y cajas de ahorros no tienen liquidez porque el mercado les ha cerrado el grifo. En principio, se podría pensar que ello se debe a la mala situación de nuestro sistema crediticio, que, en buena medida, lo es ya que se estima que los bancos y cajas necesitan entre 35.000 y 50.000 millones para sanear sus cuentas. No obstante, si bien hay algunas entidades con problemas, en especial algunas cajas de ahorros, hay otras harto solventes, como ha reconocido esta semana Standard & Poor’s al Santander y al BBVA; pero, aún así, el mercado no discrimina entre buenos y malos y la sequía de recursos es la misma para todos, aunque sea injusto.

El problema es que el mercado no se fía de España, y buena parte de la culpa la tiene el Gobierno por querer tapar como sea las vergüenzas de unos y otros, en lugar de dejar que quiebre quien tiene que quebrar. Este es el quid de la cuestión. Los responsables de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha se están marchando de rositas mientras el Banco de España ha tenido que enterrar allí miles de millones de euros para salvar la cara a los socialistas, en vez de permitir, como hubiera sido lo lógico, la quiebra de CCM. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mucho más dinero para repetir la operación y se ha dedicado a promover fusiones de cajas de ahorros que han levantado aún más dudas. Los mercados contemplan los SIP como simple ingeniería financiera para maquillar las cuentas de quienes participan en ellos, en vez de verlos como una verdadera fusión, y, por tanto, dudan de lo que haya dentro de esas operaciones. Básicamente lo que dicen es que reunir varios agujeros hace un agujero más grande. Y, en otros casos, como la insistencia de los gobiernos regionales de Galicia y Andalucía, de no permitir fusiones interregionales de cajas para preservar intactos sus cotos de poder financiero, o el de la Junta de Castilla y León queriendo impedir a cualquier precio que Caja Ávila y Caja Segovia se unan al SIP encabezado por Caja Madrid, que es su salida natural, y los mercados sospechan que, además, pretenden esconder algo.

Para complicar más las cosas, el ajuste del sector inmobiliario sigue sin producirse porque el Gobierno ha intervenido de forma equivocada. Trató de salvar a las inmobiliarias y a los bancos y cajas comprometidos con ellas y con el crédito hipotecario y lo único que ha conseguido ha sido crear una rueda de refinanciaciones que agrava más la situación, tanto del acreedor como de la entidad crediticia. Los mercados, atentos como están a todo cuanto implique una pérdida potencial de dinero, contemplan con temor lo que puede pasar en el futuro el día que al sistema financiero español le falte la financiación privilegiada del Banco Central Europeo. Saben que, entonces, esa bola creciente que están creando entre unos y otros va a estallar y, como es lógico, no quieren que les coja la explosión. Y para evitarse males mayores no prestan a las entidades crediticias españolas. Esto pasa porque el Gobierno, en su empeño de que no quebraran ni cajas de ahorros ni inmobiliarias, intervino de forma equivocada y aquellos lodos trajeron estos polvos.

Ahora el Ejecutivo trata por todos los medios de limpiar la imagen del sistema crediticio español pidiendo insistentemente que se publiquen los test de resistencia del sector en la Unión Europea, con el fin de que, con la comparación, se pueda aliviar la presión que hoy sufren los bancos y cajas españoles y se vuelva a abrir el grifo del crédito para ellos. Porque lo que padecen muchos de ellos no es un problema de solvencia, sino de liquidez. Sin embargo, es posible que no baste con ello, ni con la intención del Gobierno de comprar a bancos y cajas activos sanos para facilitarles liquidez, con cargo al FROB, entre otras cosas porque el FROB se financia con emisiones de deuda pública y España, en este terreno, se encuentra cerca de ese punto en el que se disparan todas las alarmas respecto a la capacidad de pago del Estado, sobre todo como se confirmen los presagios de una nueva desaceleración mundial provocada por una nueva caída de Estados Unidos en la recesión, y como nuestro país siga sin crear empleo.

La estrategia del Gabinete, por tanto, ha de ser la de restaurar la confianza en nuestro sistema financiero, lo que, en gran medida, equivale a decir en la economía española. Lo cual implica un ajuste presupuestario drástico, una verdadera reforma laboral y otras medidas que el Gobierno se resiste a tomar. Igualmente, el Ejecutivo debe arrojar luz sobre el verdadero estado del sistema crediticio y sus compromisos relacionados con el sector inmobiliario, dejando que quiebre quien tenga que hacerlo para que se acabe de una vez todo este lío de refinanciaciones y permitiendo que se produzca el verdadero ajuste del sector inmobiliario, con el fin de que salga a la superficie la verdadera realidad del mismo y, de paso, se pueda empezar a reactivar el sector de la construcción. Es la confianza, por tanto, la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan hoy por hoy no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad en nuestra economía y su sistema financiero.


Libertad Digital - Opinión

Terroristas sufragados. Por Hermann Tertsch

Venezuela, Nicaragua y Cuba sirven de bases operativas para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos.

Hugo Chávez se ha enfadado con Colombia. Ha llamado a consultas a su embajador en protesta porque Bogotá ha hecho públicas imágenes y fotografías que demuestran una vez más, la presencia de terroristas de las FARC en Venezuela. En su día ya tuvimos pruebas concluyentes de que las FARC también cuentan con bases en Ecuador, otro aliado de Chavez en el llamado Socialismo del Siglo XXI. Tan rimbombante nombre solo soslaya precariamente un proyecto del izquierdismo totalitario que, como es evidente, se sirve del terrorismo allá donde puede. Habrá quien piense que eso no nos afecta. Para salir del error recomiendo la lectura del libro «Las conexiones de ETA en America Latina» de Florencio Domínguez, presentado hace unos días en Bilbao. El territorio de Venezuela, Nicaragua y Cuba ha servido y sirven de bases operativas y puntos de repliegue para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos. Al Gobierno español no parece importarle. Al Gobierno de Colombia sí. Por fuertes razones. El próximo día 7 de agosto asume la presidencia José Manuel Santos que releva al que sin duda ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia. Con su firmeza democrática ha librado una guerra inteligente contra el terrorismo de las FARC y el ELN al que infligido serias derrotas. Santos era el ministro de defensa de Uribe. Su solidez política queda reflejada en el más de 65% de los votos que logró en las pasadas elecciones. Cierto, Santos ha hablado de su voluntad de limar asperezas y evitar una escalada de la tensión con su vecina Venezuela. Para que esto sea posible ciertas «anomalías» han de corregirse de inmediato. La principal está en el apoyo estratégico y logístico de Venezolano al terrorismo colombiano. Y su cooperación en el narcotráfico tan útil para financiar armas y favores. Es probable por tanto que, antes de mejorar, las relaciones empeoren. Esperemos que no demasiado.

ABC - Opinión

Estatut. Rajoy se escapa. Por Maite Nolla

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.

¿Sabían ustedes que en tevetrés al Debate sobre el Estado de la Nación lo llaman el "debate de política general"? Y ¿saben por qué? Pues para evitar utilizar el término "nación" referido a España. Es decir, la televisión pública resulta que tiene línea editorial; eso sí, inconstitucional, nacionalista y minoritaria. Urge una casilla junto a la de la Iglesia Católica, sin descartar otras medidas de fomento del ahorro. Tevetrés, la tele favorita de Alicia Sánchez Camacho, por si se les había olvidado.

La verdad es que la fórmula nacionalista pagada tiene parte de razón. Es cierto que de política general no se ha hablado nada y también lo es que de la única nación de la que se HA hablado ha sido de la catalana. El debate era previsible en todo y así sucedió. Zapatero nos atizó un discurso que ni entiende, ni sabe de qué va, ni le importa. Luego llegó el club de los ofendidos, insultando al prójimo en general y al PP en particular. Zapatero les dio la razón, declarándose también insumiso de la Constitución, porque éste es su estatuto; aunque segundos antes había prometido cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y la escapada de Rajoy dejó el campo libre a Rosa Díez. Por cierto, alguien le tendrá que decir a Zapatero que Rosa Díez se presenta a las elecciones y los del editorial conjunto a lo único que se presentan es a la convocatoria de subvenciones.

Volviendo al tema, el PSOE es coherente: aprobó el estatuto y lo defiende. Seguramente Zapatero acabará engañando a Montilla y se saltará la sentencia con Mas o con Duran; lo que más le convenga. Pero el PP no. El PP obtuvo más de diez millones de votos, consiguió cuatro millones de firmas y presentó el recurso. Ahora que la sentencia deja las cosas como estaban, desaparecen. Decía una oyente de esRadio que si lo llega a saber no hubiera pasado frío pidiendo firmas. Y es que ésa es la nueva postura: "No vamos a dar batalla", "deje eso en paz", "¡cuidado con el Estatut!" o "¡sólo fútbol!". Pero aceptando que a sus señorías no les queda otra que someterse al líder, bajo el riesgo y la amenaza de que su nombre se suprima de las listas, me pregunto si a los señores diputados del PP les molesta o no que Durán, Ridao o Joan Herrera insulten al PP por presentar el recurso y nadie les conteste.

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.


Libertad Digital - Opinión

El artista de la engañifa. Por M. Martín Ferrand

Es evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción, y los pardillos somos quienes entramos al trapo.

NO diré yo que José Luis Rodríguez Zapatero es el mayor engañabobos del Reino porque el título se lo disputan, y con mérito, unas cuantas docenas de aspirantes; pero puede afirmarse, con toda justicia, que es de los mejores capacitados para merecerlo. No hay más que fijarse en su proceder. En circunstancias que debieran resultarle difíciles, como el Debate sobre el estado de la Nación, no solo consigue trasladarle a los demás responsabilidades que son exclusivamente suyas, sino que las aprovecha para sembrar nuevas inquietudes capaces de distraernos de los asuntos fundamentales. Nadie como él en el arte de la engañifa y la distracción.

En un momento de graves problemas sociales y económicos y frente a dificultades que parecen insalvables y comprometen el futuro de la Nación, la maña de Zapatero consiste en sortear los unos y las otras para ponernos a todos a hablar sobre asuntos marginales capaces de excitar la pasión de las partes implicadas en ellos y, por eso mismo, lo suficientemente ruidosos y mediáticos. Supo, por ejemplo, aprovechar el Debate para sugerir que deben «eliminarse» los anuncios de prostitución en los medios informativos. A mayor abundamiento, y con la parvedad intelectual que le define, razonó el presidente: «Mientras sigan existiendo anuncios de contactos, se estará contribuyendo a la normalización de la explotación sexual».

Parece ser que en el Código de Hammurabi, en el siglo XVIII antes de Cristo, ya se reconocían determinados derechos a las prostitutas. Ese es, como afirma el tópico, el oficio más antiguo de la humanidad. Podrá estarse a favor o en contra de su legalización y control, pero nada más falaz que centrar el problema en su publicidad. El razonamiento de Zapatero podría compararse, por reducción al absurdo, con la propuesta de eliminar las esquelas mortuorias de los diarios para que de ese modo se reduzca el número de difuntos.

Parece evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción y los pardillos somos quienes entramos al trapo y amplificamos un problema que, siendo real, es mínimo en la tabla de las inquietudes ciudadanas. Si se quiere abordar la cuestión, mejor sería hacerlo sin andarse por las ramas. La publicidad de las artes de tan viejo oficio deberá ser consecuencia de su reconocimiento, definición legal, protección sanitaria y cuantas consideraciones enjundiosas son del caso. Utilizarlo para darle un pellizco de castigo a las cuentas de explotación de los diarios es ridículo, además de mezquino, en un país en el que no faltan televisiones generalistas que exhiben juguetes sexuales en horario infantil.


ABC - Opinión

Ofrecimiento. Por Alfonso Ussía

Ofrezco mi verdad al Tribunal Supremo. A pesar de encontrarme fuera de Madrid me pongo, faltaría más, a disposición de la Justicia. No deseo que mi silencio pueda causar perjuicio a una tercera persona, en el caso que me ocupa y preocupa, el futuro del ex juez Baltasar Garzón. Y considero conveniente que otros españoles sigan mi ejemplo con el fin de silenciar chismes y rumores a todas luces injustos.

Creo que he contado mi trayectoria empresarial. En la actualidad soy el presidente de una Sociedad Limitada que está al corriente del día, del pago y de todo lo demás gracias al director de mi agencia bancaria, don Antonio, que me recomienda y cuida, y de mi asesor fiscal. En caso contrario, mi Sociedad Limitada sólo tendría un límite seguro. La bancarrota.


En mi segunda juventud, un ciudadano francés de heroica osadía, Edmond Marcel Ferrié Granier, convenció a sus socios ingleses de un «broker» de Reaseguros domiciliado en España, de mi enorme influencia y penetración social. Fui nombrado presidente de «Ferrie & Rowbothan», que suena fenomenal. Franceses e ingleses nunca se han entendido, y mi labor consistía en apagar fuegos verbales y asistir en septiembre, como flamante presidente, a la cita de los reaseguradores de todo el mundo que se celebra en Montecarlo. Se conoce a ese coñazo como el «Rendez-Vous de Montecarlo», y no se lo recomiendo a nadie medianamente normal. Gracias a mis gestiones, la empresa experimentó una peligrosa senda hacia la quiebra, hasta que al fin la quiebra se produjo.

Previamente, mi inolvidable amigo Juan Garrigues Walker, al que tantísimo debo por su confianza en mi persona, me designó presidente de una sociedad cuya razón social era «Arte y Diseño S.A.». Aquella sociedad no creó arte alguno ni diseñó nada que mereciera la pena, e incluso, que no la mereciera. Hasta aquí mi impresionante trayectoria empresarial, de la que me siento moderadamente orgulloso.

Pues bien. Ni como Presidente de mi actual Sociedad Limitada, ni como máximo responsable en el internacional «broker» de reaseguros «Ferrie & Rowbothan», ni como presidente de pega de «Arte y Diseño S.A.», he recibido peticiones de don Baltasar Garzón Real para financiar sus cursos en Nueva York. Y tengo un gran amigo, filatélico, y presidente de una próspera sociedad dedicada a la compraventa de elegidas colecciones de sellos, y cuya identidad me reservo hasta contar con su permiso de revelación, que en cuarenta años, desde que fue licenciado del Servicio Militar como sargento del Cuerpo de Intendencia, hasta el día de hoy, tampoco ha sido receptor de sablazo alguno por parte de nuestro juez-magistrado de la Audiencia Nacional en lamentable situación confusa.

Escribo el presente texto en mi calidad de empresario. Cada día que pasa, sale a la luz una nueva empresa a la que el juez Garzón ha pedido algún tipo de mangoleta. El Banco Santander, Cepsa, Endesa, el BBVA, y ahora, Telefónica. La media de las mangoletas se establece en unos doscientos cincuenta mil dólares por entidad, lo cual no deja de ser sorprendente. Claro, que Nueva York es muy caro. Menudos son los taxis en Nueva York. Los taxistas de Nueva York se creen que todos los turistas van a Nueva York a divertirse, y no reparan en que hay personas importantes como el juez Garzón que viajan a Nueva York a dirigir cursos. El eterno desconocimiento neoyorquino de la realidad de España.

Por ello escribo en mi calidad de hombre de empresa. Ni Garzón me ha llamado, ni me ha pedido un euro, ni me he sentido presionado para financiar sus cursos. Y para que conste en el Tribunal Supremo, lo declaro y firmo en el día de hoy, sin reserva alguna por mi parte. ¡Ya está bien!


La Razón - Opinión

Estatut. Entre la prevaricación y el fraude de ley. Por Pablo Molina

La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles.

Supongamos que un concejal de urbanismo tiene la brillante idea de colocar un vertedero justo al lado de un colegio público. Es una barbaridad, claro, pero resulta que los dueños de esa empresa de tratamientos de basuras mandan mucho en el partido del concejal, y de su apoyo depende que en la próxima legislatura siga apareciendo en las listas electorales. El expediente para la construcción se inicia, los padres de los alumnos acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a un centro de enseñanza en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Los padres de los niños correrían al concejal a gorrazos por las calles del pueblo, el tipo no volvería a presentarse a las elecciones y aquí acabaría la historia.

Acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un concejal y un juzgado ordinario se trate de Zapatero y el Tribunal Constitucional, en cuyo caso se procede a cambiar la legislación todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada inicialmente ilegal, aunque la consecuencia sea la indefensión de todos los afectados.


La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles. Se trata, ni más ni menos, de que el presidente del Gobierno está dispuesto a cometer un enorme fraude de ley, por más que el juego de las mayorías parlamentarias avale el despropósito.

El deterioro de la imagen de España en el exterior no puede ser muy profundo porque ya está suficientemente dañada en todos los órdenes, pero es evidente que muy pocos inversores van a confiar su dinero a un país cuyo principal mandatario vulnera los principios constitucionales que ha jurado cumplir y hacer cumplir. Sin seguridad jurídica no hay confianza y sin ésta, pocas posibilidades de contar con dinero de fuera. A ver cómo consigue Zapatero, después de consumar su operación del Estatut, que nos llegue un solo euro a un precio no demasiado astronómico.


Libertad Digital - Opinión

El del bombo y el bombero. Por Tomás Cuesta)

La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos.

DETRÁS del torpe aliño indumentario que envuelve a la retórica de Rodríguez Zapatero hay más alevosía de lo que se supone y menos incuria de lo que parece. El presidente del Gobierno ha convertido la política en un rito incivil, en una migración perpetua, en un ir y venir continuo de la insignificancia a la delicuescencia. Su hábitat no es la «polis» —la ciudad construida sobre las normas y las leyes— sino el inabarcable desarraigo de la estepa. Zapatero es un nómada, un líder huidizo, un fortín sin cimientos. Es, dando curso a lo cursi a efectos de endulzar lo trascendente, una estrella fugaz (¿una furtiva lágrima?) que centellea en el hondón de las tinieblas. Aun así, ni se extingue ni flojea y, aunque le echen el alto con palabras gruesas, hasta la fecha nadie le ha parado los pies o le ha afeitado en seco. «Sólo lo fugitivo permanece y dura». En eso, aunque lo ignore, es un trasunto de Quevedo.

Dicho lo cual —redicho si se quiere—, no hay que escamotear la paradoja impertinente. La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la completa ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos. No es demasiado probable que el presidente del Gobierno haya leído (leído de verdad, purgando el sudor del alma al que hace alusión Steiner) más allá de dos o tres libros completos en su no corta existencia. Y, de los que ha leído, no ha extraído lección alguna, ni en lo conceptual, ni en lo sintáctico, ni en lo estético. Pero puede que, en política, la inopia no sea un defecto. Al menos, en la política regida por el gran espectáculo de masas que es la de nuestro tiempo.

Atrincherado en el mostrenco empeño de sobrevivirse cueste lo que cueste, al necio le presta alas el torbellino identificador que los televisores vierten sobre la abotargada sensibilidad del ciudadano medio. Y es que, a fin de cuentas, la fuerza del resentimiento, que Nietzsche calibró como la maldición más degradante de la especie, se manifiesta en tales trapicheos: tener a un perfecto ignaro pavoneándose en la estratosfera, hace que nos sintamos un poco menos berzas de lo que nos sabemos: «¡pues, anda tú que ése…!»

Una vez más, el debate enfrentó al señorón solemne y al trilero risueño. Al pedernal adusto y al liviano zoquete. A la estrategia con las estratagemas. Y, una vez más, el escapista salió indemne. Evasión y victoria. De nuevo el señor Rajoy ha disparado a bulto (con postas, bien es cierto) y la pieza, de nuevo, ha vuelto a escabullirse como el agua de un cesto. Vamos, que, el otro día, ocurrió lo de siempre: que al vivo le faltó fuelle y que al muerto le sobró aliento. A Mariano el del Bombo —¡aúpa!— no le llovieron nueces y el Bombero Torero no perdió la cabeza. ¡Un catorce de julio! Mira que estaba a huevo.

No obstante, según los oidores de las berreas dialécticas, Rodríguez Zapatero ya es un púgil sonado, una titubeante marioneta. ¿Sonado? Pudiera ser. El son cubano, al menos, lo interpreta de muerte. Lo de la marioneta, en cambio, no cae por su propio peso. El títere, en este caso, es quien mueve los hilos del titiritero y el ventrílocuo ejerce de muñeco del muñeco. O sea, el «delirium tremens». Pero Pinocho ahí sigue, embaucando a Gepeto. Y ahí se las den todas. Y lo que te rondaré, morena.


ABC - Opinión

Cubanos en libertad

La España democrática debe apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres.

LAS decisiones que se obligan a tomar a una persona cuando ésta no goza de su entera libertad no pueden considerarse como expresiones genuinas de su voluntad, y aunque es mejor estar en un hotel de Vallecas —por modesto que sea— que en una cárcel castrista, es necesario subrayar que los disidentes cubanos que han sido traídos a España no están aquí por su propia iniciativa, sino como parte de un acuerdo en el que no han sido tenidos en cuenta. Antes de decidir cuál es el tratamiento administrativo que ha de aplicárseles, lo primero que tiene que hacer el Gobierno que ha asumido la responsabilidad de sacarlos de su país es preguntarles a ellos cuál es la opción que mejor se acomoda a sus intereses.

La España democrática tiene el deber de apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres. Lo que no sería aceptable es que el Ejecutivo se limite a instrumentalizar la salida forzosa de Cuba de los presos políticos como parte esencial de su estrategia para lograr el cambio de la posición común de la Unión Europea hacia el régimen cubano y se olvide de que se trata de seres humanos que fueron encarcelados injustamente y a los que se ha obligado a elegir entre el exilio o la cárcel.

Si hasta ahora han sido tratados como un elemento pasivo en las negociaciones entre el castrismo y la Iglesia cubana, es absolutamente necesario que el país que los acoge les conceda la libertad y la dignidad que les ha sido negada en el suyo, empezando por reconocer su condición de perseguidos por la defensa de la democracia y, sobre todo, escuchando su punto de vista antes de promover la errónea idea de que la dictadura cubana merece un premio por lo que les ha hecho.


ABC - Editorial

La Cataluña real

El Parlamento de Cataluña acogió ayer un pleno extraordinario sobre el Estatut, en el que los grupos del Tripartito y CiU apenas pudieron ponerse de acuerdo a última hora en presentar como resolución conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional el preámbulo de la norma estatutaria que define a Cataluña como nación. Sin embargo, el apaño no tapó el desencuentro que quedó patente el día anterior cuando la reunión de estos líderes catalanes fue la expresión de sus diferencias. El desacuerdo entre los avalistas de la norma estatutaria está marcado por el horizonte electoral, del mismo modo que la abrupta toma de posiciones es imposible interpretarla al margen de la cita con las urnas. Del pleno en el Parlament quedó claro que los grupos catalanes insisten, por una u otra vía, en la necesidad de cambiar las reglas de juego con el propósito de que el orden constitucional se adapte al Estatut y no al contrario. Suena a despropósito, porque lo es. José Montilla reclamó una reforma profunda de la Constitución que reconozca la pluralidad nacional de España y las reformas de las leyes necesarias para que el Estatut no se resienta, mientras que CiU aspira a un gran salto adelante soberanista y ERC proclama la ruptura y el independentismo. El objetivo es arañar votos o no perderlos. Montilla es muy libre de entender que lo mejor para los intereses de Cataluña sea realizar una catarsis constitucional, pero abrir ese melón es una temeridad que no compartimos y que nos parece injustificada. La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos.

Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español, mientras que, cuando se les pregunta qué significa España para ellos, la respuesta mayoritaria es la de que es su país. Tan sólo un ínfimo 7% siente a España como un «Estado ajeno». Ésa es la Cataluña real, la de la calle.

La consecuencia de ello es la desafección de la sociedad catalana hacia sus dirigentes. Es llamativo y censurable cómo los partidos no han dedicado el mínimo esfuerzo a interpretar la creciente abstención en las citas electorales en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el referéndum sobre el Estatut, por no citar el de las denominadas consultas soberanistas. Este desapego es peligroso. Las sociedades necesitan políticos responsables y sensatos, que solucionen problemas y no que los creen o los alimenten. Que PSOE y PSC, por ejemplo, hayan pactado hacer una «fuerte acción política» para desarrollar el Estatut no sólo supone desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional, sino que es el mensaje de que los intereses partidistas están muy por encima de los de las familias catalanas.


La Razón - Editorial

PP y PSOE ceden de nuevo al chantaje nacionalista

Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras libertades, debemos reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas.

Desde que el célebre "café para todos" inspirara la redacción de la Constitución y de los distintos estatutos de autonomía, la vertebración nacional de nuestro país ha consistido en una continua búsqueda del encaje de las "sensibilidades nacionalistas" dentro de España a través de una cesión permanente ante sus reivindicaciones. Se creía, de manera tremendamente ingenua, que si se satisfacían sus exigencias de mayor autogobierno, su insaciable apetito podría contentarse y todos, en última instancia, compartiríamos una cierta idea de España en torno a la cual convivir.

Sin embargo, tras 30 años de democracia, el error no ha podido mostrarse mayor. Desde luego, resultaba absurdo pensar que diluyendo la idea de España hasta volverla irreconocible se conseguiría agrupar a todos los ciudadanos y políticos en torno a ella. Pero el disparate convenció a unos mandatarios siempre dispuestos a traficar con los escaños del Congreso a cambio de seguir desmembrando lo que quedaba de España.


Pocos políticos, por no decir ninguno, se libraron de esta tentación de desarmar la nación a cambio de conservar el poder sobre sus escombros. El último, y probablemente el más escandaloso, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde un principio prometió a la casta política catalana otorgarle el estatuto de autonomía que aprobara el parlamento catalán, por muy abiertamente inconstitucional que éste fuera. Más tarde, atascadas las negociaciones en Cataluña, fue Zapatero quien se tomó la norma como un proyecto personal a impulsar de la mano de Artur Mas.

Una vez aprobado en las Cortes españolas un texto estatutario que socavaba la Constitución de la que éstas obtenían la legitimidad para aprobarlo, Zapatero se dedicó a presionar al Tribunal Constitucional para que simplemente cerrara sus ojos a la realidad y declarara conforme con nuestra Carta Magna la mayor parte del Estatut. Pero ni semejante concesión ha servido para contentar a la plutocracia nacionalista de Cataluña que, después de la manifestación del pasado sábado contra el Estado de Derecho, se dedicó el miércoles a exigir a Zapatero una ley orgánica para subvertir la sentencia del Constitucional y ayer viernes aprobó en el Parlamento catalán una resolución contra la soberanía nacional de los españoles y, por ende, contra las instituciones democráticas.

La respuesta del PSOE a esta escalada en el desafío no es que haya sido timorata, sino que en todo momento ha tratado de legitimarla e impulsarla. Zapatero, de este modo, vuelve a situarse deliberadamente fuera de la Constitución; motivo más que suficiente para que, si tuviéramos una democracia que se respeta a sí misma y que, sobre todo, respeta a los ciudadanos, se instara y aprobara de inmediato una moción de censura que lo apartara del poder.

Debería ser el PP quien, al margen de la gravísima crisis económica, liderara esta iniciativa, así como la oposición frontal a las amenazas soberanistas de Cataluña, en la que no debería rechazarse ninguna opción, incluyendo el recurso al artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, como en tantos otros asuntos, en buena medida el PP no es parte de la solución, sino del problema. Después de la loable iniciativa de promover la inconstitucionalidad del Estatut recabando millones de firmas entre los españoles, el PP ha eliminado de su discurso la denuncia de la flagrante incompatibilidad del texto con las instituciones democráticas. Parece que Rajoy, al igual que hiciera Zapatero, busca llegar a La Moncloa –o a lo que quede de ella– a hombros del nacionalismo catalán y ello implica pagar ciertos peajes demasiado onerosos para el conjunto de los españoles.

Nuestra democracia no resistirá mucho más el proceso de balcanización que los nacionalistas llevan impulsando desde hace tres décadas. Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras instituciones y nuestras libertades, ha llegado el momento de reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas y oportunistas de todos los partidos. El problema es que ni el PP ni el PSOE parecen ni dipuestos ni capacitados para hacerlo.


Libertad Digital - Editorial

Montilla se echa al monte

Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

EL discurso de ruptura y confrontación que pronunció ayer el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, abre una brecha en el socialismo español y pone a Rodríguez Zapatero en la disyuntiva de apoyar la deriva soberanista de los socialistas catalanes o de rechazarla con el riesgo de un cisma. Lo que Montilla propuso ayer en el Parlamento catalán es una estrategia de pura insumisión anticonstitucional, basada en la contradicción de amenazar al Estado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y afirmar a continuación que «el Estatuto sigue plenamente operativo». En todo caso, su compromiso de acatar la sentencia es una declaración engañosa, porque no va seguida del compromiso realmente importante, que es el de cumplirla. Por lo pronto, Montilla ha decidido no darse por enterado sobre la interpretación del Estatuto en materia de competencias y del uso del castellano en la enseñanza. La fórmula de «se acata, pero no se cumple» es inaceptable en un Estado de Derecho que tiene en la Constitución el fundamento único del ordenamiento jurídico e institucional. En definitiva, Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

La inminencia de las elecciones autonómicas no disculpa estos mensajes extremistas en quien ostenta la máxima representación del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni los reduce a un exabrupto pasajero. Por el contrario, suponen la concreción de una posición política con pretensión de liderazgo, con vocación frentista y cuyo resultado sería el afianzamiento de un régimen de monopolio soberanista. Además, Montilla no tiene duda sobre el alcance inconstitucional de su discurso nacional, porque pidió incluso la reforma de la Constitución para que sea ésta la que se ajuste al Estatuto revisado por el TC.

La indolencia del Gobierno central ante estas embestidas desleales del tripartito catalán y del nacionalismo, bajo la insólita batuta de un socialista, no debería provocar equívocos sobre la trascendencia de lo que está sucediendo. Zapatero se fijó como objetivo hacer que «Cataluña se sienta cómoda en España» y transigió sobre el orden constitucional para impulsar un Estado confederal, que ahora, mal que bien, el TC ha frenado. Quien dijo llegar al Gobierno para traer la paz territorial, alcanza la mitad de su segundo mandato con la crisis autonómica más grave de la democracia, y con el agravante de que no es un partido nacionalista, sino uno socialista el que lidera, agita y empuja el enfrentamiento de Cataluña con el resto de España.


ABC - Editorial