domingo, 27 de junio de 2010

El caballo de González. Por M. Martín Ferrand

González, que ya ha superado el acné de las ideologías, considera chapucera la reforma laboral de su sucesor.

«¿QUIÉN es el más sabio de los hombres?», le preguntaron a Voltaire, maestro en la lucha contra el fanatismo y la intolerancia, al poco de su ingreso en la Académie. «Aquel —respondió— que tarda menos tiempo en rectificar sus errores». Tan original procedimiento evaluador nos obliga a contemplar la siempre polémica figura de Felipe González. El ex presidente del Gobierno y gran santón del socialismo español, tan devaluado por sus líderes de turno, ha dicho, en alarde de buen sentido, que una reforma laboral con ambiciones transformadoras y de progreso debe vincular «al menos dos terceras partes» de la retribución de los trabajadores a la productividad. En menos de tres lustros, y veinte años son nada, el sevillano ha visto la luz y ha dejado de ser progre, una postura, para ingresar en las filas del progresismo auténtico, el que trata de crear riqueza con anterioridad al debate sobre su reparto.

La experiencia, eso que tan poco se valora por estos pagos, es una maestra eficaz. Por eso González, que ya ha superado el acné de las ideologías y está en el pragmatismo de los resultados, considera alicorta y chapucera la reforma laboral de su sucesor, que no alumno, en la cabeza del PSOE y dice, para escándalo de sus conmilitones, que «no se pueden permitir sueldos iguales para todos» porque ese procedimiento, aparentemente social, convierte «a quien trabaja más con la misma retribución en el más tonto de la pandilla».

Los comunicólogos de guardia en La Moncloa y en Ferraz, un tropel, han intentado sofocar los ecos de la intervención de González en la Asamblea de Extremadura en la que, atrapado por la lucidez, llegó a defender la figura de los patronos porque «son mucho más importantes que el empleo, ellos lo generan». Supongo que tampoco en los cuarteles del PP habrán saludado con alborozo esta silenciada y renovada plática del veterano socialista. Los complejos electoreros del partido de la derecha mantienen a sus líderes en una constante desviación socialdemócrata y no será por ese camino por el que encontremos la solución para nuestros problemas colectivos.

En sincrónica coincidencia, el líder de IU, Cayo Lara, que vive la impotencia de reconstruir una formación a la izquierda del PSOE verdaderamente nacional, no mistificada con aromas centrífugos, ha dicho que «Zapatero no lo puede hacer peor». Para hacerlo mejor tendría, como González, que caerse del caballo, tal que San Pablo camino de Damasco, y anteponer la eficacia y el bienestar de los ciudadanos a los rencores históricos y a la naftalina ideológica. Voltaire no le incluiría en su lista de sabios.


ABC - Opinión

Utopía de coalición. Por Ignacio Camacho

Si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo.

EL Gobierno de coalición, o de concentración, es un bucle melancólico que permanece vivo en la memoria de la política española desde los tiempos de la Transición a la democracia, pese a que también en aquella época se convirtió en un mantra abstracto que nunca acabó de tomar cuerpo, ni siquiera en los momentos de deriva más dramática. La unidad de los partidos, al menos de los dos grandes, frente a las situaciones de emergencia nacional o de crisis profunda constituye un desiderátum de muchos ciudadanos que jamás ha sido escuchado por los agentes decisivos de la escena pública, enfrascados en una confrontación a cara de perro con el poder como objetivo fundamental y casi único de la acción política. Tampoco ahora parecen existir condiciones o elementos objetivos para que cuaje esta bienintencionada aspiración colectiva, toda vez que el enconado enfrentamiento partidista impide incluso la más elemental fórmula de los pactos de Estado. Seis años de zapaterismo no sólo han roto los frágiles puentes que unían las dos orillas de nuestra partitocracia, sino que han consagrado el divisionismo como estrategia de marketing electoral y ahondado las diferencias entre derecha e izquierda a base de una intensa demagogia retórica.

La sugerencia efectuada por Javier Arenas en las páginas de ABC parece más bien fruto de una lucubración voluntarista, una reflexión teórica sobre la necesidad de volver a un entendimiento juicioso basado en el interés general tras el fracaso del sectarismo zapaterista. El propio Rajoy se apresuró a aclarar que la figura misma del presidente bloquea en la actualidad cualquier hipótesis de acercamiento. Como no hay en el seno del Partido Socialista, pese a los recelos que ya despierta Zapatero en su dirigencia más sensata, voluntad alguna de revocar su liderazgo, la posibilidad de un Gabinete de convergencia anticrisis no pasa de ser una mera cavilación contemplativa, un escenario intelectual, un ejercicio de especulación utópica. Ya sería un paso adelante, un auténtico salto cualitativo, la avenencia parcial parcial de PSOE y PP en torno a algunos de los problemas inmediatos —energía, sector financiero, pensiones— que acucian a la política española en una delicada coyuntura de amenazas de desequilibrio social y quiebra del Estado.
Ni siquiera existen indicios de probabilidad para una coalición entre la socialdemocracia y el nacionalismo catalán, alianza que en varias ocasiones históricas ha estado a punto de tomar cuerpo para acabar descarrilada por unas u otras razones. Zapatero está solo, aislado, preso de sus errores y de su vacuo dogmatismo, y en esa soledad tendrá que transitar por lo que quede de legislatura. Por conveniente que pudiera resultar para una gobernanza razonable, si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo... ganando previamente las elecciones.


ABC - Opinión

Rajoy en clave de Gobierno. Por Jesús Cacho

Un día importante en la vida de Mariano Rajoy Brey. Una jornada convertida en punto de inflexión en la carrera política del personaje. Seguramente muchos de los que acudieron el viernes a escuchar al líder de la derecha en el Hotel Ritz de Madrid, esperando asistir a la presentación en sociedad del programa de Gobierno del Partido Popular, salieron defraudados o complacidos solo a medias. Esa era sin duda una pretensión carente de sentido cuando aún quedan 21 meses, en el peor de los casos, para las próximas elecciones generales, si bien resulta casi imposible imaginar a José Luis Rodríguez Zapatero llegando vivo al solsticio de invierno de 2012. Pero lo importante no estaba el viernes en lo que Rajoy dijo, sino en el entorno, en el atrezzo, en el momento histórico y en la audiencia ante quien lo dijo. El espectáculo de la calle Antonio Maura atestada de berlinas de lujo, lo mismo que la Plaza de la Lealtad, chóferes y escoltas invadiendo las aceras, hablaba a las claras de que algo importante estaba a punto de ocurrir. “¿Pero qué pasa hoy aquí…?” se preguntaban los porteros de las fincas cercanas.

Pasaba que Mariano Rajoy, 55, se disponía a presentar ante el mundo económico y financiero las líneas maestras, la filosofía de acción de un partido capaz de sacar a España del atolladero. Y hacerlo en clave de Gobierno. Ese es el cambio que se ha producido en el país en las últimas semanas. Tras años de dudas y vacilaciones, casi todas resultado del trauma que supuso el dramático 11-M y la derrota electoral del 14 de marzo de 2004, Rajoy se ha convertido en el instrumento imprescindible para intentar volver a la senda del crecimiento, el único, además, de que disponen los españoles. “El mundo del dinero es hoy consciente de que necesita imperiosamente un cambio de Gobierno para salir a flote”, aseguraba el viernes en privado un destacado empresario. “Y cuanto antes mejor, porque esta etapa está agotada. Zapatero está liquidado y pocos dudan ya de que Rajoy será el próximo inquilino de Moncloa”. Para que ese cambio se haya producido ha sido necesaria una de las mayores crisis económicas de nuestra historia, que ha dejado sin empleo a más del 20% de la población activa, una conquista que ya figuraba en los anales del Partido Socialista a resultas de la crisis de primeros de los noventa. Dos tercios de esos 5 millones de parados no volverán a trabajar nunca, y el tercio restante no sabe ahora mismo donde podrá hacerlo.


«Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política».

Una crisis gestionada por el Gobierno Zapatero con una falta de solvencia difícil de hallar en lugar y tiempo alguno. El peor Gobierno para la peor crisis. Tras negarla durante años, no tuvo mejor idea que enfrentarla con el uso y abuso de un gasto público tan desbocado como improductivo. En solo dos años, los que van de finales de 2007 a finales de 2009, las cuentas públicas pasaron de un superávit del 2% a un déficit del 11,4%, más de 13 puntos del PIB consumidos en fuegos artificiales y en tiempo record. El Gobierno se defiende diciendo que el ratio de deuda es muy inferior al de otros países, naturalmente Grecia, pero aquí cabe la frase de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, según el cual “lo que mata de las balas no es el plomo, sino la velocidad”. España luce hoy el aspecto de un páramo esquilmado, con un endeudamiento (público y privado) gigantesco, un sistema financiero sobre cuya salud existen más que fundadas dudas, a pesar de esas “pruebas de esfuerzo” que tan contento han dejado a ZP (voces de distinto signo calculan en 200.000 millones las pérdidas que cajas y bancos mantienen represadas en sus balances), un mercado único cuarteado en 17 mercaditos al gusto de otras tantas Administraciones autonómicas, unos sindicatos convertidos en poderes fácticos que se niegan a ceder las ventajas heredadas de la legislación social del franquismo, una Justicia reducida a escombros, etc., etc. Un paisaje, en suma, que se pierde en un horizonte de años, demasiados, de bajo crecimiento y altas tasas de paro. Paisaje de inevitable empobrecimiento colectivo.

Crisis política de más difícil solución que la económica

Pero si en lo económico la situación es más que preocupante, no lo es menos en lo que a lo político e institucional atañe. Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política, crisis de agotamiento del sistema, que España arrastra desde al menos mediados de los noventa. Crisis de valores y orgía de corrupción. De modo que la tarea de un futuro Gobierno popular no será solo la de acometer, bisturí en mano, las reformas de fondo que la situación reclama (más allá de los parches Sor Virginia con que el Gobierno Zapatero nos está obsequiando), para abrir la vía a un nuevo patrón de crecimiento, sino la de abordar la gran reforma política y de saneamiento de las instituciones, de regeneración democrática -reformas a las que se niegan los beneficiarios del sistema de corrupción en que vivimos- imprescindible para, de la mano del crecimiento económico, hacer de este país un proyecto de futuro capaz de convertirse en ilusionante casa común de castellanos, catalanes y vascos, capaz de dar trabajo a las nuevas generaciones y volver a situar a España como un player respetado en la aldea global. La herencia Zapatero no solo es desastrosa en lo económico: es aún más grave, más trascendente, de más difícil solución, en lo que a la política, la vertebración de España, se refiere. El problema de Cataluña ha adquirido dimensiones insospechadas hace unos años, por culpa de la irresponsable conducta del personaje al que una mayoría de españoles entregó el poder en 2004.

«La desafección a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.»

En este sentido, Mariano Rajoy es seguramente la última oportunidad de abordar una reforma desde dentro del Sistema. Última oportunidad para liderar un cambio en profundidad de la Constitución de 1978, capaz de corregir el desafuero del “café para todos” con la vista puesta en mantener la unidad de la nación, una tarea para la que ineludiblemente tendría que contar con la anuencia de un PSOE con otro líder al frente. Asunto que reclamará también una revisión a fondo de los planteamientos del propio PP en relación a Cataluña. No queda mucho espacio para el equívoco. No hay tiempo que perder. En El Ascenso del Dinero, el profesor de Harvard Niall Ferguson asegura que “los mercados han derribado más gobiernos que las derrotas militares”. Los mercados, en julio, y los PGE para 2011 a partir de septiembre. Fracasado este último tren reformista, todo lo que venga después tendrá forma de aluvión capaz de llevarse por delante siglos de Historia compartida. Y sin necesidad de que sea el nacionalismo catalán quien actúe como mecha de la implosión. La desafección a la vieja casa común, a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.

Un político lejos de periodistas y banqueros

¿Demasiada tarea para los hombros de un Rajoy sobre quien tantos chuzos de punta han caído en estos años? En mayo de 2004 escribí en este diario a propósito del PP que “para poder resucitar en el cielo monclovita, tal vez sea necesario morir antes. Tal vez sea necesario que todo se pudra, para que del desastre pueda germinar un partido de derecha liberal de nuevo cuño, sin la menor adherencia de la vieja AP de Aznar”. Y un mes después sostuve que “el PP debe dar por definitivamente superado el trauma del 14-M y ponerse a trabajar en serio cara al futuro. Sin renunciar a embarcarse en un proceso de renovación necesario tras la ocurrido, Rajoy está obligado a desaznarizar el PP a toda velocidad y convertirse, con nuevas gentes y nuevas ilusiones, en el partido de las reformas liberales capaz de hacer realidad esa España abierta, más próspera, más solidaria, pero también más convencida de la importancia de su papel en el mundo actual”. Habiendo admirado siempre en él esa especie de elegante desapego hacia el poder que transmite su figura (el de Pontevedra es quizá el único político conocido que no parece llevar marcado en la frente la determinación de matar por el poder), es evidente que no soy lo que se dice un rajoyista. A menudo sus vacilaciones y, en particular, su capacidad para desaparecer de la escena política durante días cual misterioso Guadiana me han sacado de quicio. Menos aún he podido soportar su, a mi juicio, falta de contundencia a la hora de condenar con energía la corrupción en las filas de su partido y obrar en consecuencia, por citar algunas diferencias con el personaje.

Pero está claro que el líder del PP tiene su personal manera de hacer las cosas y su propia forma de medir los tiempos en política. Desde luego parece claro que para hacer una cosa o su contraria no necesita en absoluto de las prédicas de los periodistas. Muy lejos del apasionado romance que Zapatero vive con cierto célebre saltimbanqui del periodismo y con el banquero más importante de aquestos Reynos, el de Génova pasa de periodistas y no se le conocen servidumbres con la gran banca. Muy al contrario, ha sido capaz de poner en su sitio al correveidile y firme se mantiene, sin importarle el precio a pagar por ello. En realidad, con Rajoy podríamos asistir al milagro de un político que llega a Moncloa sin el apoyo de ningún gran grupo de comunicación –desde luego en contra de todas las grandes cadenas de tv- y sin el respaldo expreso de la gran banca. Como tampoco es hombre que se haya dejado seducir por “lo social” y mucho menos por el olor a sobaco que despide la aristocracia del dinero capitalina, ese madrileñeo bobalicón de las fincas de caza, los jets privados y los yates en Baleares, todos ahora en discreta retirada por culpa de la crisis, habrá que concluir que Mariano Rajoy es un político sin lastres, un tipo independiente a quien la Historia podría encomendar muy pronto la hercúlea tarea de insuflar vida nueva a ese moribundo que llamamos España.


El Confidencial - Opinión

¿Gobierno de coalición?. Por José maría Carrascal

En el PSOE, todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras.

ESA idea de Javier Arenas de PSOE y PP formando gobierno sin Zapatero no es nada descabellada. La crisis tiene una profundidad mayor de la que nadie imaginó, España se halla en una situación de emergencia que requiere el esfuerzo de todos y Zapatero se ha equivocado tanto y engañado a tantos que no inspira la confianza necesaria para salir del atolladero. Sólo hay un inconveniente: que Zapatero no está dispuesto no ya a dimitir, sino a remodelar su gobierno, que sería una crisis simbólica de su política. Pero ni siquiera eso. Sigue pensando que puede capear el temporal, sigue confiando en su suerte, sigue viendo luz al fondo del túnel, sigue creyendo en los milagros. Y sigue, naturalmente, equivocándose, incluso cuando acierta, como con las medidas de ajuste que le han impuesto desde fuera, que las dilaciones, correcciones, discusiones y recelos están desactivando antes incluso de entrar en vigor.

Pensar, por otra parte, en una rebelión interna dentro del PSOE, con una delegación de prohombres socialistas dirigiéndose a la Moncloa a decir a su inquilino que tiene que retirarse por el bien del partido y del país, como hicieron los republicanos norteamericanos con Nixon cuando el asunto Watergate se había puesto imposible, es soñar despierto, por la composición piramidal de los partidos españoles, muy especialmente del PSOE, donde todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras, que desaparecerían en el momento que desapareciese aquél. Así que olvidémonos de ello.

La única solución sería la que tomó el presidente Johnson cuando se percató del fracaso de su política en Vietnam, que estaba dejando a su país dividido, frustrado, amargado e impotente: anunciar que no se presentaría a las próximas elecciones porque iba dedicar todos sus esfuerzos a solucionar aquella guerra. Zapatero podría hacer lo mismo con la crisis económica. Sería la única forma de que recuperase su credibilidad, de que confiásemos en él, de que no pensáramos que estaba de nuevo engañándonos, condición indispensable para que sus medidas surtiesen el efecto apetecido, ya que en economía el factor psicológico interpreta un papel casi tan importante como el monetario. Pero para eso se necesita ser un estadista y un patriota, ver más allá de las próximas elecciones y actuar según los intereses generales no personales. Algo que escasea en nuestro presidente.

Así que dispónganse a tener más de lo mismo en los próximos dos años, más paro, más parches, más trifulcas, más advertencias, más partidismo. Más Zapatero en suma. A no ser que, antes, la crisis se lleve a él. Y a nosotros.


ABC - Opinión

¿Es posible una derecha franca y sin complejos, señores del PP?. Por Antonio Casado

Ha dicho Mariano Rajoy que el Partido Popular está listo para tomar las riendas del Gobierno… Solo falta que haya elecciones generales y que las gane.

Lo normal será que así sea, porque se dan las circunstancias apropiadas y los sondeos anuncian ya una victoria del principal partido de la oposición. Y a estas alturas, y con la que está cayendo, es bastante difícil que esa tendencia cambie. En mi humilde opinión, además, creo que a la nefasta gestión de Rodríguez se ha unido durante este tiempo un modo de hacer oposición que al final ha acabado convenciendo a la gente, sobre todo a ese sector de la población situado en eso que llamamos centro político, que igual puede votar a su izquierda que a su derecha, y que aglutina alrededor de un millón de votantes que son los que, en definitiva, hacen oscilar la balanza electoral a un lado o al otro del arco parlamentario. Rajoy ha hecho una oposición moderada, alejada de estridencias, responsable… Y ahora lo que necesitan los ciudadanos es que esa alternativa se vaya concretando de aquí a las elecciones.

Es cierto que ya existe una compleja relación de medidas e iniciativas que el PP ha ido presentando en las Cortes durante todo este tiempo, y que cualquier persona interesada podría acceder a los documentos que más o menos recogen lo que podríamos calificar de programa alternativo de Gobierno, pero el PP tiene que dar un paso más. El viernes por la mañana el líder del PP lo hizo en el marco de un encuentro empresarial, y allí avanzo las líneas maestras de su alternativa económica -la pueden leer ustedes este fin de semana en casi todos los periódicos, luego me ahorro su transcripción- y, sobre todo, de lo que él entiende que debe ser el objetivo principal de un Gobierno del PP: un conjunto de reformas de urgente factura que vuelvan a hacer de España un país competitivo. Reformas que no solo afectan al área económica, sino también al terreno educativo, modelo de Estado, Justicia, etcétera. ¿Qué le falta, entonces, al PP para terminar de convertir esa alternativa en un mensaje esperanzador? Se lo diré: claridad, contundencia y ausencia de complejos.

Dicho de otro modo, que de una vez por todas destierre esa política de ‘no molestar’ que tanto gusta a algunos de los asesores que rodean a Rajoy. Hay quien le echa la culpa de esa actitud a Arriola, don Pedro, otros al propio Rajoy y a parte de su equipo… A mí me da la sensación de que esos complejos coexisten instalados en una buena parte del PP, y lo vemos por ejemplo en dirigentes de este partido tan notables como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre presto a satisfacer las demandas de la izquierda mediática, política y cultural. ¿Porqué les cuento esto? Pues porque esta semana hemos visto cómo cuando la derecha se quita la careta de los complejos, gana.

Lo ha hecho Alicia Sánchez Camacho con su defensa de la prohibición del burka, iniciativa que ha robado el discurso a la izquierda provocando que ahora los portadores de las esencias del progresismo feminista estén que fumen en pipa, y eso que en su partido había serias reticencias a presentar esa iniciativa no sea que pudiera “molestar” a las comunidades musulmanas. Y lo ha hecho un dirigente político democristiano, no perteneciente al PP, pero que le ha dado al PP toda una lección de coherencia: Josep Antoni Duran i Lleida, que no ha tenido reparo alguno en criticar a la Generalitat de Cataluña a cuenta de su actitud en un asunto tan aparentemente delicado como es la homosexualidad.

Guías de educación sexual

Y viene todo esto a cuenta, también, de un asunto que me parece extraordinariamente grave y que requeriría un pronunciamiento de los dirigentes populares, sin complejos, porque se trata de algo que afecta directamente al papel de los padres en la educación de los hijos: me refiero a las guías de educación sexual, que lejos de ser eso, educación sexual, parecen manuales de prostitución infantil. Porque, fíjense, ni en un caso ni en el otro se trata de estar en contra ni de la convivencia social de los gays y lesbianas, ni de oponerse a una adecuada y seria educación de los niños en materia de sexualidad. De lo que se trata es de estar en contra de los excesos, y la izquierda tiene una tendencia natural al exceso en esto asuntos, hasta el punto de que como muy bien reflexiona el portavoz de CiU, aplaude cuando un heterosexual sale del armario para ponerse calzoncillos de cuero marcando paquete el Día del Orgullo, pero sanciona el hecho de que un homosexual quiera volver al armario porque se encuentra mejor allí dentro y busque la ayuda adecuada para hacerlo, y convierte la razonable orientación de los menores hacia una sexualidad sana y bien explicada en la exaltación del putiferio.

Y siendo esto importante, no es el único aspecto en el que al PP le sobran razones para pronunciarse sin complejos y, sin embargo, no lo hace. Es evidente, por ejemplo, que la crisis económica ha puesto sobre la mesa la necesidad de plantearse una reforma en profundidad tanto del modelo de Estado como de la Administración. Un partido con vocación de Gobierno, que pusiera el dedo en la llaga, por ejemplo, en algo que a todas luces es un anacronismo como la existencia de las Diputaciones, o que elevara la bandera de la reducción de altos cargos y de esos desorbitados parlamentos autonómicos, o que dijera claramente que es necesario que el Estado recupere algunas competencias que en manos de las Comunidades Autónomas han ido provocando un permanente agravio comparativo entre unas regiones y otras, seguramente despertaría mucho más entusiasmo entre sus posibles votantes que la simple complacencia con un status quo que a todas luces se está demostrando insoportable.

Son solo ejemplos, pero creo que se entiende lo que quiero decir: cuando ya es evidente que la demagogia y el populismo con el que ha actuado durante todo este tiempo la izquierda ha quedado al descubierto, ha llegado el momento de empezar a hablar claro y de llamar a algunas cosas -no digo que a todas porque la política exige a veces ciertos equilibrios, pero sí a muchas- por su nombre. Estoy seguro de que el ciudadano lo agradecerá.


El Confidencial - Opinión

Propuestas. Los silencios de Rajoy. Por Emilio J. González

Estaría bien si Rajoy pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte.

La música no suena mal, pero es como una canción en bruto a la que le faltan esos arreglos que le den la forma definitiva. Me refiero a la alternativa económica que acaba de presentar el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Lo que ha dicho el gallego que haría si llega a La Moncloa es sensato y marcha en la dirección correcta, pero hay puntos manifiestamente mejorables y otros tan importantes como el del futuro de las pensiones, o el suelo y la vivienda, de los que no habla. De la misma forma, parece que todo lo fía al momento en que el PP llegue al Gobierno cuando lo cierto es que Rajoy puede empezar ya a poner en práctica, en las autonomías en que gobierna su partido, mucho de eso que propugna.

Por ejemplo, en materia educativa, Rajoy habla de que el castellano sea la lengua vehicular mientras en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, hace todo lo posible por arrinconarlo. ¿No debería pararle los pies para ser coherente con lo que acaba de exponer ante la créme de la créme del mundillo económico? En este terreno también tendría que insistir en otros aspectos. Uno de ellos es el aprendizaje del inglés. Otro de ellos es hacer especial hincapié en el estudio de las ciencias puras, lo mismo que en el de la Historia de España. Y otro igualmente importante es el referente a la enseñanza universitaria, donde debería apostar abiertamente por que hubiera universidades españolas no sólo entre las más importantes y prestigiosas de Europa, sino del mundo.


En materia fiscal ocurre tres cuartos de lo mismo. Está muy bien que Rajoy se muestre en contra del impuesto sobre el ahorro y proponga recortes fiscales selectivos. Pero estaría mucho mejor si la Comunidad de Madrid no fuera la única de entre las que gobierna el PP que, efectivamente, está bajando los impuestos y, sobre todo, si pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte, como si de un político socialista cualquiera se tratase.

Tengo que reconocer que, en materia laboral, Rajoy se muestra valiente al coger por los cuernos a dos verdaderos vitorinos, esto es, la negociación colectiva y la clarificación de las causas para que una empresa se pueda acoger al despido de 20 días. Supone hablar sin complejos y dejarse en paz de tanto tabú que ha marcado de manera negativa a la política laboral española, lo cual es bueno, y demuestra valentía, porque pedir la descentralización de la negociación colectiva es ganarse a los sindicatos como enemigos de por vida y querer abaratar el despido es arriesgarse a ser tachado de antisocial, de enemigo de los trabajadores y demás zarandajas. Pero también es cierto que sólo así se podrá permitir que sobrevivan las empresas y los empleos que mantienen y que se generen esos puestos de trabajo tan necesarios para reducir drásticamente el paro y superar la crisis. Lo único que echo de menos en este terreno son referencias a la remuneración de los jóvenes sin experiencia laboral, al empleo temporal y a tiempo parcial, a las agencias privadas de empleo, a la movilidad geográfica y funcional y a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cuyo recorte es del todo punto imprescindible para crear empleo y recuperar competitividad.

También está muy bien eso de normas claras en lo referente a la morosidad, pero ¿y cuándo el moroso resulta ser una administración pública? De igual forma está bien su propuesta de utilizar todas las fuentes de energía, incluida la nuclear, pero debería decir si quiere promover la construcción de nuevas centrales nucleares o no y si va a seguir manteniendo las ayudas a las renovables, que tan caras son y tantos problemas a otro tipo de energías están generando, tal como denunciaba recientemente Endesa.

De la misma forma, suena muy bien todo eso de la unidad de mercado y la eliminación de las barreras que crean las distintas normativas autonómicas, así como la reforma de la administración y la devolución de las autonomías a esa disciplina presupuestaria que han perdido. Ahora bien, aquí estamos ya con palabras muy mayores porque para que Rajoy pueda hacer eso que dice, y hacerlo de verdad, va a tener que subirse las mangas y meterse en algo parecido a una reforma constitucional que devuelva al Estado los poderes en materia de política económica que le arrebató el Tribunal Constitucional a golpe de sentencia absurda, o que tuvo que ceder a los gobiernos regionales a cambio del apoyo de los nacionalistas al gobierno nacional de turno. Y para eso hace falta tener una idea clara de España y defenderla hasta sus últimas consecuencias, empezando por el propio partido, lo cual implica recortar poderes autonómicos a troche y moche. La cuestión es si un líder como Rajoy, que depende tanto de los barones regionales ‘populares’ que le apoyan, va a ser capaz de meterlos en cintura.

Dicho todo esto, a mí me gustaría saber qué va a hacer Rajoy con dos cuestiones fundamentales: las pensiones y la sanidad. Si la Seguridad Social ya estaba condenada al déficit a medio plazo y a la quiebra a largo, después de seis años de zapaterismo el sistema público de pensiones ya es casi insalvable y, además, con la crisis se ha adelantado y está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Con la sanidad ocurre tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, ni una ni otra forman parte de las siete reformas fundamentales de Rajoy, cuando se trata de dos temas de máximo interés y repercusión social y de dos cuestiones que afectan, y mucho, al crecimiento económico y al empleo.


Libertad Digital - Opinión

Un G-20 sombrío

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia.

EL presidente estadounidense ha logrado sacar adelante la legislación sobre las nuevas regulaciones del mercado bancario, lo que, a juzgar por la reacción de Wall Street, ha sido considerado como una victoria política de dimensiones parecidas a las de su reforma sanitaria. En la Unión Europea la señal que alimenta el optimismo en este campo ha sido la decisión de hacer públicas en las próximas semanas las «pruebas de esfuerzo» de los grandes bancos, con las que se espera contener las ofensivas especulativas en los mercanos de deuda soberana. Sin embargo, los líderes del G-8 acaban de terminar sus reuniones en Canadá con una declaración en la que añaden más señales de cautela y reiteran sus advertencias de que la recuperación es todavía demasiado frágil como para lanzar las campanas al vuelo. La reunión del G-20 empezó ayer con una clara división entre los que creen que deben mantenerse los estímulos públicos para apuntalar la recuperación, como es el caso de Barack Obama, y los partidarios de poner el acento en el refuerzo de la estabilidad presupuestaria, como la canciller alemana Angela Merkel y la mayoría de países europeos.

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia. Los dirigentes europeos se habían comprometido a mantener una posición común, porque es la única forma de hacerla creible, por lo que están obligados a defender, al menos, los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo, aun sabiendo que algunos, como la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, son prácticamente imposibles de aplicar.

ABC - Editorial

Víctimas, liderazgo moral

En más de medio siglo de actividad terrorista, el papel de las víctimas en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente. Por el camino se quedaron las vidas de 856 inocentes y muchas más familias destrozadas. La democracia contrajo una deuda con un colectivo que durante una gran parte de este tiempo fue olvidado, ninguneado y marginado. Poco a poco, los poderes públicos, en particular, y la sociedad, en general, han tomado conciencia de lo que suponían esos ciudadanos que lo habían dado todo por la libertad y la seguridad de los demás. En los últimos años la reparación y el reconocimiento públicos les han devuelto una parte de lo que ellos entregaron.

En el marco de esa determinación por lograr que el colectivo ocupe el lugar que se merece, el Congreso celebra hoy por primera vez el día de homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide con el 50 aniversario del que se considera el primer asesinato de ETA: la muerte de la niña Begoña Urroz, fallecida en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960. Un acto importante que simboliza el tributo de la nación hacia estas familias y que les otorga los honores que merecen.


En ese contexto, hay que celebrar que las dos principales fuerzas políticas hayan sido capaces de consensuar la esperada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, que está llamada a ser un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. La norma establece novedades esenciales como un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos, o su efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de ayudas. En defensa de su dignidad, el texto prohíbe de forma expresa la existencia en lugares públicos de monumentos, escudos, insignias o placas de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas, lo que supone, sobre todo, un acto de justicia.

Pese a todo, entendemos que el Estado de Derecho no ha saldado por completo la deuda contraída ni mucho menos. Esta misma semana conocíamos, gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y no a la Administración, que cerca de 300 asesinatos de ETA podrían no haber sido juzgados aún desde el año 1978, y que cerca de un centenar de ellos estaba a punto de prescribir. Que un crimen quede sin castigo y las víctimas no sean reparadas con un acto de justicia es inasumible. Que sean 300 resulta escandaloso.

Si asistimos a esta circunstancia insólita en el ámbito jurídico, en el político hay situaciones igualmente rechazables. El Gobierno y los partidos que en su día le apoyaron, que fueron todos menos el PP, están obligados a explicar a las víctimas por qué amparan aún la moción del Congreso que apoya y permite una negociación con la banda terrorista. La existencia de esa iniciativa supone una deslealtad.

El PSOE debe rectificar y perseverar en una política antiterrorista que ha dado resultados extraordinarios. Las víctimas constituyen lo mejor de nuestra sociedad, su liderazgo y autoridad morales son incuestionables, y los políticos tienen el deber de atenderlas y escucharlas. Se equivocarán mucho menos.


La Razón - Editorial

Demasiadas dudas

La reforma laboral es imprecisa en la negociación colectiva y en las causas de despido.

La reforma laboral contenida en el decreto ley aprobado la semana pasada debe resolver tres problemas graves del mercado de trabajo en España. El primer objetivo es acabar con la dualidad del sistema laboral que consagra, por una parte, un conjunto de trabajadores con contratos fijos con una elevada protección legal y, por otra, un gran número de trabajadores con contratos temporales de muy baja protección. El segundo motivo estratégico de la reforma es facilitar la contratación y, por lo tanto, la creación de empleo, desde el supuesto de que flexibilizar la negociación colectiva y acotar un poco mejor las causas de un despido por razones económicas, para que los jueces puedan decidir con más claridad los motivos de los ajustes de empleo, suscitará mayor confianza de los empresarios cuando lleguen los primeros indicios de recuperación económica. Hay dudas de que los medios dispuestos para obtener estos objetivos sean los adecuados; y queda además la incertidumbre sobre el contenido final de una reforma que queda al albur de una negociación política necesariamente prolongada.

El núcleo de la reforma no está, pues, en el abaratamiento del precio del despido (aunque es evidente que el coste de las indemnizaciones puede tener importancia en las cuentas de resultados en plena fase de recesión), sino en conceder a las empresas capacidad para que se descuelguen de los convenios sectoriales y territoriales, de forma que puedan negociar con sus empleados las condiciones salariales en caso de grave dificultad económica y en precisar las causas objetivas de deterioro económico que pueden argumentar las sociedades para solicitar los ajustes de empleo. En ambos puntos, el decreto es impreciso; incluso es más ambiguo que la propuesta de reforma presentada el viernes anterior por el propio Gobierno. De forma que lo más probable es que, tal como está redactada, contribuya bien poco a generar puestos de trabajo más estables. Y hay que temer que todavía sea más difícil si los cambios que se introducen, a causa de un prolijo intercambio de favores políticos y opiniones con los partidos de la oposición, no sirven para aclarar ambos puntos.

El Gobierno tampoco ha descendido a debatir una objeción anunciada por economistas y políticos, el gobernador del Banco de España entre otros: no son estos los mejores tiempos para castigar la contratación temporal ofreciendo a cambio incentivos para que se extienda un inflexible contrato de trabajo con 33 días de despido. La temporalidad debe ser combatida, pero el método mejor es construir un contrato fijo con un coste de indemnización variable en función del tiempo trabajado, de forma que la contratación precaria desaparezca por extinción. Como tampoco es una buena idea hilvanar cambios en el mercado de trabajo con incentivos que impliquen costes para el erario público.

Una buena reforma del mercado de trabajo requiere orientar mejor los instrumentos que propone en función de los objetivos que persigue. El debate político debería servir para eso, para aclarar diagnósticos y templar las medidas. Los precedentes no invitan al optimismo. Obsérvese además que por toda Europa, en Francia e Italia especialmente, se extienden las huelgas y la conflictividad social en contra de lo que se interpreta como recortes de los derechos sociales. Europa se enfrenta a un otoño caliente. El fondo de esta cuestión sigue siendo la contraposición entre la idea de que esta fase de la crisis solo se superará con políticas de ajuste drástico que reduzcan el déficit, defendida por Alemania, y la posición de quienes sostienen, como Barack Obama, que todavía es necesario dejar margen a las políticas de estímulo económico para favorecer la recuperación. Ambas posiciones llegarán probablemente hoy a una solución de compromiso en la cumbre del G-20 en Toronto.


El País - Editorial

Su adversario es el viento

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón alguna para cambiar de Gobierno.

Las últimas declaraciones de altos representantes del Partido Popular asegurando que su enemigo es la crisis y no el PSOE, tienen por fuerza que sumir en la perplejidad a sus simpatizantes, la inmensa mayoría de los cuales es partidaria de derrotar al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como paso previo para solucionar la crisis no sólo económica, sino constitucional, social y ética a que las dos legislaturas del leonés nos han abocado.

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón para cambiar de Gobierno, y eso es algo que difícilmente pueden compartir los diez millones de votantes del partido al que representan.

Parece que en las altas esferas del PP se está empezando a padecer de vértigo electoral ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que en breve plazo pueda volver al Gobierno de la nación derrotando previamente al PSOE en algunos de los principales feudos socialistas como Andalucía. Es la única razón que explicaría que, en lugar de presentarse como alternativa en contraposición a la gestión nefasta del socialismo denunciando sus múltiples tropelías, el partido de Mariano Rajoy prefiera ofrecerse al electorado como un simple equipo de tecnócratas capaz de gestionar mejor los asuntos económicos que el actual consejo de ministros.


El Partido Popular sigue sin aprender la lección del Prestige, la guerra de Irak y, sobre todo, del 11-M. Con un país que estaba a punto de alcanzar el pleno empleo, unas finanzas saneadas, la Seguridad Social con superávit después de haberla rescatado de la hecatombe felipista y con un papel cada vez más relevante en la escena internacional, los socialistas consiguieron derrotar al partido apelando a la demagogia política y al radicalismo social.

Rajoy, en cambio, prefiere seguir el dictado ideológico del PSOE sin hacer demasiado ruido como demuestran las declaraciones de Arenas y Gallardón. Cualquier cosa antes de que tachen a su partido de “crispador”. Pero así, la derecha española sólo podrá aspirar al usufructo de un poder cuyo titular, por renuncia expresa de los dirigentes del PP, siempre pertenecerá por derecho propio al principal partido de izquierdas.

La derecha sociológica, más que colocar a los políticos que la dirigen en los centros de poder, quiere que el partido al que vota defienda los principios y valores que siempre la han caracterizado, más para eso, lo primero es identificar correctamente al adversario. Y es que, hasta donde sabemos, las crisis no se presentan a las elecciones.


Libertad Digital - Editorial

La ruina de la «agenda social»

Las cuentas públicas están en déficit porque el Gobierno ha vaciado las arcas con una política «social» que ha consistido en gastar y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas.

LAS prestaciones por desempleo, cuando esta variable llega al 20 por ciento, provocan inevitablemente una hemorragia en los presupuestos del Estado. Entre lo que cuestan y lo que se deja de recaudar —menos renta, menos consumo, menos actividad—, los números rojos se hacen con las cuentas públicas. Esta es la explicación que el Gobierno exhibe como argumento oficial al déficit actual del Estado. Lo presenta como una consecuencia lógica del esfuerzo «social» que está haciendo para paliar las consecuencias de la crisis, incluso como una virtud del Estado del bienestar, capaz de dar prestaciones a tantos millones de parados. Claro que este discurso ha hecho crisis también, porque no hay dinero para pagar tantos compromisos. En el caso español, además, las causas del déficit del Estado no se reducen al incremento del desempleo. La coartada del Gobierno es imperfecta porque pretende enmascarar su propia responsabilidad en el agravamiento de la crisis en España y, de esta manera, disuadir a la opinión pública de pensar que la economía ha estado torpemente dirigida. Lo cierto es que las cuentas públicas están en déficit, entre otras razones, porque el Gobierno socialista se ha encargado de vaciar unas arcas que recibió en 2004 saneadas y llenas. Su política «social» consistió en gastar, asumir compromisos y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas. Por eso aprobó el «cheque bebé» por 2.500 euros para cada nacimiento, regaló indiscriminadamente a todos los españoles una deducción de 400 euros en el impuesto de la renta y decidió una ayuda suplementaria de 420 euros para los parados a los que se les hubiera agotado la prestación por desempleo. Todo esto se hizo despreciando los avisos de la crisis, que eran innegables en 2008 y suficientes en 2007. Y, aunque no los hubiera habido, fue un dispendio irresponsable.

Por eso nuestro déficit es tan alto. Porque el dinero público ha estado mal administrado y se ha empleado en la demagogia del bienestar, en hacer creer a los ciudadanos que sus necesidades económicas siempre tienen satisfacción con cargo al Estado y, además, gratuitamente. Pero gratis no hay nada, y aquellos polvos han traído los lodos de los recortes en pensiones, dependencia y maternidad; en la subida de impuestos y en la reducción de salarios públicos. Claro que la crisis tiene causas ajenas a la gestión del Gobierno, pero este ha añadido otras propias que la están haciendo más grave, profunda y duradera, y de las que solo el Ejecutivo socialista es responsable. La agenda «social» de Zapatero ha sido un desastre económico.

ABC - Editorial