jueves, 10 de junio de 2010

El déficit eterno

La subida del precio de la luz debe acompañarse con un cambio a fondo en el mercado eléctrico

El Gobierno ha iniciado los trámites para subir la tarifa de la electricidad a partir del mes de julio, de forma que el recibo de la luz para casi 25 millones de hogares se encarecerá en torno al 4%. La subida de la electricidad (si se confirma, una de las más elevadas de los últimos 15 años) tiene una interpretación política inevitablemente conflictiva. Llega en un momento de pérdida generalizada de rentas en la población española, coincidirá además con una subida del IVA que una parte de los partidos políticos rechazan (sin demasiada lógica, por cierto) y tendrá efectos sobre el coste final de la producción española, aunque la electricidad para las empresas no aumente tanto como la doméstica. Es un recorte más en la renta familiar (el recibo de la luz ha subido más del 25% desde 2008) y se utilizará como un motivo añadido para criticar la escasa sensibilidad social del Ejecutivo.

Sin embargo, en términos económicos, la subida de la electricidad está plenamente justificada, en aplicación del principio básico de que todos los bienes y servicios deben ser pagados en función de su precio en el mercado. El precio de la electricidad empezó a convertirse en un grave problema para la economía española (otro más) cuando durante casi una década los Gobiernos del PP se negaron a arrostrar el coste político de repercutir el aumento de costes de producción en la tarifa eléctrica y adoptaron el truco de embalsar dichos costes convirtiéndolos en un déficit de tarifa para pagar en el futuro. El futuro ya está aquí y hay que pagar o financiar una deuda embalsada (con la que está cayendo en los mercados) que sigue creciendo año tras año. En 2009 el déficit de tarifa aumentó en más de 4.600 millones.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no han sido capaces de resolver con rapidez el problema del déficit de tarifa. Es más, en ciertos aspectos lo han empeorado. Han recargado las tarifas eléctricas con auténticos disparates (la financiación del carbón nacional que no se quema en las centrales eléctricas) y los costes de primas y subvenciones de algunas energías renovables de nula o escasa utilidad para la producción y distribución de electricidad. Las primas a las energías fotovoltaica y termosolar deberían ser reducidas al mínimo, porque hasta el momento no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos esperados y tan solo están alimentando con dinero público una burbuja en el mercado energético.

La subida de la luz se explica por razones económicas y así hay que aceptarla; pero, en justa contrapartida, hay que ofrecer a los consumidores expectativas de calidad en el suministro, un mercado eléctrico razonable que repercuta los costes y en el que los consumidores sepan qué es lo que están pagando y la minoración de los extracostes políticos que gravan el recibo de la luz y que convierten la tarifa eléctrica en insostenible a medio plazo. El mercado eléctrico necesita de borrón, cuenta nueva y un nuevo sistema de cálculo de fijación de tarifas. Y lo necesita ya.


El País - Editorial

Impuestos para encubrir el despilfarro

Ante esta subida de impuestos, no sabemos qué nos resulta más bochornoso: o que la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit o que lo hagan con algo tan demagógico como es la de afirmar que sólo va a afectar a los "ricos".

Está visto que, con la encomiable excepción de Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no están dispuestas a ninguna clase de ajuste en sus cuentas que no pase por una nueva subida de impuestos. Este miércoles, las Juntas de Extremadura y Andalucía se han sumado al aumento de la presión fiscal que, con la misma demagógica excusa de gravar más "a los más ricos", ya han llevado a cabo comunidades como Cataluña, Asturias o Baleares.

Si en el caso de la Generalitat, "los ricos" a los que hay que hay que dar una nueva vuelta de tuerca fiscal son los que perciben unas rentas superiores a los 120.000 euros anuales, en el caso de las Juntas de Extremadura y Andalucía este grupo ya lo integran quienes tengan unas retribuciones superiores a los 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. A esta subida del tipo marginal del IRPF en el tramo autonómico se sumarán una serie de nuevos impuestos y tasas que van desde los que gravan los depósitos bancarios hasta las bolsas de plástico, pasando, entre otros, por el que gravará la venta de determinados hidrocarburos.

Ante esta irresponsable subida fiscal, no sabemos qué nos parece más bochornoso: o que los socialistas la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit público o que lo hagan con algo tan demagógico como es afirmando que sólo va a afectar a los "ricos".

Al margen de que en Extremadura y Andalucía, como en el resto de España, "los que más tienen" ya pagaban mucho más, tanto en términos relativos como en absolutos, esta nueva presión fiscal lo que va a hacer es que muchos exitosos profesionales opten por votar con los pies hacia comunidades en las que prosperar no esté tan fiscalmente penalizado. Otro tanto se podría decir del Impuesto de los depósitos en las entidades de crédito andaluzas: al margen de otras consideraciones, como la doble imposición, este gravamen lo que va a incentivar es el desvío de dichos depósitos a otras comunidades en las que no se penalice tan irresponsablemente al ahorro. Y de ello quienes van a salir perjudicados son el conjunto de los andaluces.

En lugar de buscar la reducción del déficit por la irresponsable vía de un aumento de impuestos (que bien pueden tener incluso efectos recaudatorios contraproducentes), lo que deberían hacer las comunidades autónomas, especialmente la andaluza, la catalana y la extremeña, es poner coto al despilfarro en el que siguen inmersas: recortar consejerías, deshacerse de televisiones tan sectarias como deficitarias, suprimir fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autonómicos que les han llevado a estar entre las autonomías con mayor déficit y endeudamiento de España. Si en Andalucía se encuentra el mayor número de funcionarios de nuestro país, en Extremadura, con una población mucho menor, hay un funcionario por cada tres asalariados.

La Comunidad de Madrid, en cambio, es el mejor ejemplo de que la reducción del déficit no pasa por un aumento de los impuestos sino más bien por todo lo contrario: habiendo, no ya mantenido, sino reducido el tramo autonómico del IRPF, y habiendo suprimido muchos otros impuestos, la comunidad que preside Esperanza Aguirre es la única de España que cumple los requisitos de déficit autonómico fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este estableció el tope en el 2% del PIB regional y mientras Madrid lo tiene situado en el 0,7%, Extremadura y Andalucía lo tienen en el 2,7% y 2,9%, respectivamente. Por no hablar del de Cataluña, el más alto de España, que se sitúa en el 3,8%.

Que la vía de la reducción del déficit pasa, especialmente en el caso de las autonomías, por la reducción del gasto, lo demuestra también elocuentemente el silenciado estudio El coste del Estado Autonómico, recientemente publicado por la Fundación Progreso y Democracia. Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir, un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.

A la vista, sin embargo, del pseudo plan de ajuste aprobado por el Gobierno, no es de esperar que Zapatero vaya a meter en cintura a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas. Lo que cabe esperar de él es que las siga en la demagogia y en la irresponsabilidad de elevar los impuestos.


Libertad Digital - Editorial

Juegos con la reforma laboral

LA reforma laboral ha sido, durante este segundo mandato de Rodríguez Zapatero, el señuelo lanzado a los agentes sociales, sindicatos y empresarios para contar con una excusa de su inactividad permanente en esta cuestión.

Con el eslogan de que no habría reforma laboral sin acuerdo social, el Gobierno se ha lavado las manos, mientras el paro crecía hasta llegar a un tasa del 20 por ciento y a cuatro millones y medio de desempleados. Una auténtica masacre de derechos sociales. Ahora hay una urgencia súbita en aprobar una reforma laboral que hace poco más de un mes no fue tema debatido en la Mesa de Zurbano, ni asunto tratado en la única reunión mantenida por Zapatero y Rajoy durante la crisis. El problema del Gobierno es que ha decidido aprobar la reforma laboral, con acuerdo social o sin él, en el momento de su mayor debilidad política y sin haber aprendido de los errores que cometió con el plan anticrisis impuesto por Bruselas. Nuevamente, Zapatero margina a Rajoy de un pacto de Estado, pidiendo adhesión ciega a una política sin rumbo. La pesada propaganda socialista de que el PP tiene que «arrimar el hombro» evidencia la impostura del Gobierno, más aún cuando apela cínicamente al modelo portugués de consenso entre el Gobierno y la oposición. Si Zapatero quiere el apoyo de Rajoy tendrá que ganárselo, y si desprecia la colaboración de la oposición tendrá que asumir la legitimidad de su voto en contra.

Hay prisas por la reforma laboral porque el Gobierno sabe que es una exigencia de Bruselas, del FMI y de los mercados. Pero la certeza de que habrá reforma -ayer volvió a resurgir una atmósfera de que el acuerdo es posible porque un «decretazo» sin consenso sería demoledor para el Ejecutivo- no garantiza que la fórmula elegida por el Gobierno sea beneficiosa. Por ahora, el recorte social de pensiones, dependencia y función pública no ha tenido efecto positivo alguno en la deuda soberana o en los mercados. En vez de asumir con realismo que esta reforma laboral, sin ser la panacea -y cuyos efectos se notarán a medio plazo-, era inevitable hace más de un año, el Gobierno se ha dedicado a una táctica de filtraciones, globos sonda y medias verdades, para desgastar a sus interlocutores sociales -más de lo que ya lo están, sobre todo unos fracasados sindicatos- y confundir a la opinión pública. Cuando un gobierno maneja de esta forma irresponsable cuestiones determinantes de la recuperación económica, lo menos que puede esperar es una reacción general de descrédito y desconfianza.

ABC - Editorial