jueves, 20 de mayo de 2010

Chiquilicuatre. Por Hermann Tertsch

LA cosa sería graciosa si no fuera tan reveladora de nuestra actual situación. La cosa tendría coña si no fuera tan patética y peligrosa la deriva.

Resulta que nos llega un chquilicuatre boliviano iletrado, vendido y comprado, inepto y siniestro a España, un tal Evo Morales, y acusa aquí, en España, al partido principal de la oposición de organizar algo así como un golpe de Estado en su país. Y lo hace aquí, insisto, en España. Son muchos los chiquilicuatres que nos insultan desde hace unos años desde los países más fracasados de Latinoamérica porque consideran, y ahí probablemente lleven razón, que en este país no pueden recibir respuesta de esos políticos que tienen enfrente, es decir aquí, es decir en La Moncloa y en el Palacio de Santacruz.

Llevamos seis años mostrando ojos tiernos a lo peor de aquel subcontinente, haciendo «lobby» y presentándonos como amiguetes de las peores miserias populistas, indigenistas, racistas, protonazis y comunistas de allí. Hemos hecho el ridículo más total porque estadistas dignos, entre ellos -mala suerte ministro Moratinos- una señora que nació y vivió en un régimen comunista y sabe lo que la gentuza es capaz de hacer. Es Angela Merkel, quien, como tantos otros responsables europeos siente cada vez mayor desprecio por quienes dirigen la política exterior española, empezando por supuesto por nuestro Gran Timonel. Por su ignorancia y su profunda falta de principios. Pero también porque supone un auténtico atentado contra los intereses de nuestro país y de Europa a medio y largo plazo.

Que un individuo como Evo Morales venga aquí a insultarnos en los foros públicos es un escándalo mayúsculo. Pero, por supuesto, aquí no pasa nada. Dictadorzuelos de medio pelo llegan a España a dar consejos como ese iletrado que es Evo Morales, presidente de Bolivia por gracia de Hugo Chávez, ese milico golpista, otro iletrado en Venezuela. Y los Castro, unos dictadores asesinos en Cuba. Nos da lecciones la peor chusma del mapa mundi.

Nos llama el gran mandarín de la dictadura china para darnos lecciones de economía. Nos amenazan e insultan, un día sí y otro también, personajes como la impresentable presidenta de Argentina con su consorte. Que opinan sobre nuestro Tribunal Supremo durante una visita oficial a España. ¡Cómo es posible todo esto! ¿Cómo hemos caído tan bajo como para que no haya una respuesta masiva a este insulto de una señora tan dudosa en todo como doña Kirchner agitando, durante una visita oficial en España, contra la máxima magistratura española? Que Barack Obama y Angela Merkel asuman el control de la economía española no es hoy por hoy signo de alarma sino de tranquilidad. Porque nos protegerán de nuestros gobernantes actuales. Pero la humillación que suponen todos esos don nadies de la Cumbre -que no ha sido nada- opinando sobre nuestra justicia, nuestros derechos, nuestra historia y nuestros partidos y electores deberían haber generado una ola de furia. No pasa nada.

Dinos con quién andas y sabremos quién eres. Nunca hubo mejor fórmula con la que explicar la miseria moral, el desbarajuste total, el caos, la ideologización y, peor aún, la insolvencia profunda de nuestra política exterior. Eso sí, estamos cosechando lo sembrado. Nuestra política exterior, de debilidad, entreguismo, oportunismo y tantos errores como han podido cometer Zapatero, Moratinos y la inefable vicepresidenta De la Vega tiene su precio. En África nos chantajean. Nuestro vecino marroquí se parte de risa y exige territorio español, los chinos nos regañan, los norteamericanos nos avisan ellos de que nuestros socios europeos están de nosotros hasta los tirabuzones. Tan hartos de nosotros que le encargan al propio Obama que nos lo comunique. En fin, señoras y señores, sabía que teníamos un Gobierno de incapaces. Lo que no quería reconocer es que los hemos convertido en un país de incapaces para el mundo.


ABC - Opinión

Baile de máscaras. Por Cristina Losada

Han creído los de Rajoy que pueden competir en populismo con los socialistas y están a punto de dejar a Izquierda Unida a su derecha. Ya puestos, que hagan unidad de acción con la CGT y monten unas jornadas a la griega.

Unos señores del FMI han pasado por aquí y se han llevado una sorpresa. Así, han podido constatar el rechazo que suscita el mini plan de reducción del gasto público anunciado por el Gobierno. Los partidos de la llamada oposición están en contra, incluidos los nacionalistas que apoyaron gustosísimos la política de gasto sin fronteras. Por no haber, no hay garantías de que el presidente se vaya a enmendar la plana a sí mismo. Asegura, de puertas afuera, que hará el ajuste, pero se resiste a poner negro sobre blanco la letra pequeña. La duda está justificada: el valor de su palabra es conocido. Recuérdese la efímera vida del plan que retrasaba la edad de jubilación. Las propuestas sensatas del Gobierno mueren antes que una mosca en presencia de Obama.

El primero que se halla en desacuerdo consigo mismo es el partido gubernamental. El PSOE tiembla ante el espectro de una pérdida de votos si toca los sueldos de los funcionarios y las pensiones y suprime los regalitos con los que engatusaba a su base electoral. De ahí que, tras el miércoles de ceniza, las huestes de Zapatero se hayan encarrilado hacia un nuevo carnaval. Inquietas porque se han quedado sin "discurso de izquierdas", ansían colocarse, ¡otra vez!, su máscara favorita. Quieren jugar a la persecución de banqueros, ricos y curas, cual una banda antisistema. Justo lo que faltaba en una España en quiebra: una propagandística operación de acoso a la "oligarquía financiera" y a los "capitalistas", típica de regímenes del extrarradio, como los de Chávez, Morales y compañía.

Mientras el PSOE incuba la idea de atizar la confrontación social, el PP recoge las banderas de la izquierda que van cayendo. Tras respaldar con críticas, pero sin condiciones, algunos parches que fue poniendo el Gobierno, ahora no quiere saber nada del ajuste. Y eso que certifica que cuanto pronosticaba era cierto y cuanto reclamaba, cabal. Puede el PP proclamar que tenía razón y debía de exigir reformas y más recortes. Pero han creído los de Rajoy que pueden competir en populismo con los socialistas y están a punto de dejar a Izquierda Unida a su derecha. Ya puestos, que hagan unidad de acción con la CGT y monten unas jornadas a la griega. ¡Viva lo social y abajo las imposiciones extranjeras!


Libertad Digital - Opinión

El tributazo. Por Ignacio Camacho

TRAS el tijeretazo viene el tributazo. Cualquier posible duda sobre una próxima subida de impuestos quedó disipada el martes con el desmentido de Elena Salgado; todo el mundo la dio automáticamente por cierta.

En este Gobierno las vicepresidencias son una forma ilustre de irrelevancia, una modalidad jerárquica de la nada. A veces da la sensación de que Zapatero nombra vicepresidentas para mostrar su poder desautorizándolas. Quizá por eso Chaves, que tiene más recorrido a las espaldas y menos competencias en las manos -menos es un eufemismo, no tiene ninguna- haya optado por un quietismo que cuadra con su estilo hierático y le evita de paso malas posturas. Sus compañeras de rango, obligadas a moverse, tienen peor suerte en las fotos. Si De la Vega firma un convenio salarial con los funcionarios, el presidente más coherente de la democracia les baja los sueldos; si Salgado descarta un incremento fiscal, su jefe lo anuncia justo al día siguiente. Las decisiones reales se toman en un minigabinete de pretorianos formado en torno al líder en Moncloa, un estrecho círculo de poder en el que sólo hay dos alternativas: ser primo o hacerlo.

Ese reducido cinturón de confianza será probablemente el que, reunido alrededor de un montón de encuestas y sondeos, decida cómo, cuánto y a quién les van a subir los impuestos. Bueno, a quién está claro: a los únicos que los pagan, que desde luego en España no son los ricos propiamente dichos. En la lógica fiscal convencional deberían ser las cuentas de ingresos y gastos el factor determinante de esta clase de medidas, pero en la lógica zapateril impera sólo el dominio de las emociones políticas, que son las que se escrutan en los estudios de opinión pública. Importa el enunciado, no el contenido. Si el Gobierno, o con más exactitud el presidente, pone en su agenda un aumento tributario «a las rentas altas» no es tanto porque lo necesite para equilibrar sus mermados balances financieros sino los políticos. La impopularidad del recorte requiere inmediatos guiños compensatorios de populismo socialdemócrata. Se buscan chivos expiatorios de la improvisación que ha triturado la popularidad gubernamental, y la cúpula del PSOE ha señalado tres objetivos con mantras rituales que sus dirigentes van a repetir como una jaculatoria: los ricos, los bancos y la Iglesia. A por ellos van a ir para disimular las evidencias de un ajuste diseñado por imperativo del protectorado europeo. Se van a enterar.

De momento convendría, sin embargo, que se enterasen también las dos vicepresidentas, para no tener que retratarse en escorzo y pilladas a contrapié. Sería imperdonable que el gabinete de consignas vuelva a olvidar enviarles el argumentario a sus blackberrys. Aunque ya deberían haber aprendido que en el lenguaje de Zapatero las palabras nunca y siempre se refieren sólo a un breve margen de horas.


ABC - Opinión

La Pasionaria de Serrano. Por José García Domínguez

Cuando Zapatero amagaba con darle una oportunidad al sentido común y otra al rigor intelectual, irrumpen en escena los peronistas de todos los partidos prestos a representar el muy castizo espectáculo del bombero torero.

Teníamos a los comisarios del Partido Proletario, con el camarada González Pons a la cabeza, exigiendo todo el poder para los soviets de funcionarios y pensionistas; a Soraya, la Pasionaria de Serrano, rugiendo "¡No pasarán!" ante la mirada atónita de los cuatro bolcheviques reumáticos que aún habitan Izquierda Unida; a Feijóo repudiando, airado, los recortes impuestos por las potencias extranjeras a un Gobierno títere y cipayo; al subcomandante Arenas, vindicando igual la juerga presupuestaria frente al mezquino capital foráneo; y al de Pontevedra, ataviado para la ocasión con la boina de Largo Caballero, desbordando por la izquierda al mismísimo lucero del alba.

Sólo nos faltaba Curro Jiménez, navaja al cinto y trabuco en ristre, prometiendo sacarles el parné a los ricachones con tal de entregárselo al pueblo. Y en eso parece que anda ahora mismo el otro, según cuentan en los papeles. En fin, ya lo advirtió Larra, aquí, todo el año es Carnaval. Y todavía habrá quien continúe dándole vueltas a la matraca de que el Ejecutivo yace secuestrado por los sindicatos. Que se lo expliquen a esa legación del FMI, la que acaba de abandonan Madrid alucinada, aún sin discernir si se han reunido con el Polit Bureau de la Cuarta Internacional o con unos señores de traje y corbata que en su día cumplieran con las premisas de Maastricht. Así, cuando Zapatero amagaba con darle una oportunidad al sentido común y otra al rigor intelectual, irrumpen en escena los peronistas de todos los partidos prestos a representar el muy castizo espectáculo del bombero torero.

Los unos, armados con el ungüento amarillo de las finanzas, sencillas y milagrosas fórmulas para acometer el ajuste fiscal sin que contribuyente ninguno padezca el más mínimo dolor ni quebranto. Los otros, emulando las arengas de Evita a los descamisados en la Plaza de Mayo contra los "recortes de derechos democráticos". Los de más allá, revelándonos la nueva de que, en España, los servidores vitalicios del Leviatán resultan ser "los más débiles"... Camina el país al borde del precipicio y ellos, ajenos, persisten en lo de siempre, en sus pequeñas tretas de pícaros y el eterno tacticismo de vía estrecha, absortos en los juegos de salón del politiqueo capitalino. Sentido de Estado se llama la figura.


Libertad Digital - Opinión

Un Gobierno sin palabra

EL anuncio de una nueva subida de impuestos, esta vez para «los que realmente tienen más», es el último golpe de efecto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para amortiguar el malestar de la opinión pública por el recorte de gastos sociales y salarios públicos.

Hace una semana anunció estas medidas como consecuencia de las presiones internacionales. Nada dijo de subir impuestos, aunque estaba sobreentendido que podría haber una vuelta de tuerca fiscal en cualquier momento, porque el déficit público es crítico y porque no es posible fiarse de este Gobierno. De hecho, la subida fiscal anunciada por Zapatero desautoriza sin paliativos a la ministra de Economía, Elena Salgado. Un país en crisis extrema, cuyo Gobierno anuncia unas medidas duras e impopulares, no puede permitirse la frivolidad de no contar en el Gobierno con un equipo económico que transmita un mínimo de seguridad y profesionalidad. La gestión de esta crisis se ha convertido en un mano a mano de Zapatero y José Blanco, con una traducción política evidente a efectos internos del PSOE y de la propia jerarquía en el seno del Gobierno.

La subida de impuestos «a los que más tienen» no pasa de ser una soflama de movilización de la izquierda. Si ayer era necesaria, también lo era el miércoles de la semana pasada, cuando Zapatero decidió que, por fin, había crisis en España y que había que hacer algo distinto a gastar dinero público a manos llenas. Es una soflama porque no se sabe quiénes son los que, a juicio de Zapatero, «más tienen», ni cómo va a aumentar su carga fiscal, ni desde cuándo. Incógnitas para sembrar más inquietud e inseguridad, mientras la Bolsa sigue cayendo y la colocación de la deuda pública española flaquea ostensiblemente, y dando muestras de que el Gobierno socialista es incapaz de abordar con rigor la gravedad de la situación.

Mientras esta ceremonia de confusión sobre el aumento fiscal se desarrollaba, José Blanco explicaba en el Congreso el recorte de inversiones en obra pública. Hasta hace un mes, los multimillonarios Planes «E» de obras locales eran imprescindibles, pero ahora se anuncia una especie de «ley seca» a la economía española, castigada con menos poder adquisitivo por el recorte de salarios y pensiones, con la retracción del consumo que provocará el aumento del IVA y con el cierre de la inversión productiva en infraestructuras. Sin embargo, ahí siguen miles de contratados a dedo en las administraciones públicas y ministerios irrelevantes para el interés general.


ABC - Editorial

Palo a los ricos y leña a los curas… ¡Vuelve ZP, el Vengador Justiciero!. Por Federico Quevedo

Si alguien pensaba que después del baño de realismo al que se vio obligado Rodríguez a instancias de Merkel y Obama la cosa iba a quedar ahí, estaba equivocado o no conoce a nuestro personaje: después de haberse tenido que tragar todos sus excesos demagógicos de seis años, por algún lado tenía que volver a salir ese espíritu vengador y justiciero que le acompaña.

Y como los suyos no le van a la zaga en lo que a feminismo, rojerío y anarcosindicalismo se refiere, se han puesto manos a la obra para contrarrestar el efecto negativo que para los intereses electorales del progresismo patrio tiene el mayor recorte del gasto social de la historia reciente, y no se les ha ocurrido mejor cosa que poner en su punto de mira a dos de los colectivos más denostados por la izquierda radical y resentida desde el principio de los tiempos: los curas y los ricos.

Palo al rico y leña al cura, o palo al cura y leña al rico, que tanto monta. La cuestión es volver a movilizar a ese electorado radical, extremista, antisistema y más rojo que Mao Tse Tung al que todavía no se le ha pasado el susto después de escuchar a Rodríguez el pasado miércoles: no os preocupéis, muchachos, tranquilos, que ahora vamos a ir a por los de la sotana y a por los ricos. Menos mal que por el momento solo han hablado de subir impuestos a unos y quitarles el dinero a los otros, y todavía no hemos escuchado nada de quemar iglesias y violar monjas. Aunque quién sabe, todo se puede andar…


De entrada, y como primera cuestión a analizar, habrá que saber qué entiende Rodríguez por ricos, porque si se dan ustedes cuenta a estas alturas de la película y después de todo lo que ha pasado, seguimos sin tener ni pajolera idea de lo que va a hacer el Gobierno, generalidades aparte. Cada día nos sorprenden con alguna declaración que corrige otra anterior hecha por ese mismo o por otro miembro del ausente Gabinete ministerial -¿ustedes son conscientes de que hay ministros de los que hace meses y meses y más meses que no sabemos nada?- que casi siempre coinciden en los nombres de Salgado-De La Vega-Chaves-Blanco y para de contar.

Que si uno dice que se suben los impuestos, la otra que no, y el tercero que ya se verá. Que si ella afirma que las pensiones van a subir, el otro que se congelan y el presidente acaba aclarando que todavía no tiene muy claro lo que va a hacer. Y así en un sempiterno reino de la improvisación y la desidia gubernamental. Es lógico que a pesar de lo dicho por Rodríguez en Europa sigan creyendo que no somos de fiar y los mercados continúen castigando la absoluta falta de credibilidad de nuestro Gobierno.

Apretón de tuercas a las familias y rentas medias

Pues bien, volviendo al asunto que nos ocupa, a día de hoy no sabemos a qué se refiere Rodríguez cuando habla de los ricos, pero si nos atenemos a declaraciones anteriores sobre el tema, el umbral se puso en una renta bruta anual de entre 30 y 35.000 euros. O sea, pura clase media, de esa a la que cada vez le cuesta más llegar a final de mes.

Suponiendo que sea ese el umbral o, incluso, un poco más alto, eso significa que la única opción que tiene Rodríguez para recaudar se llama IRPF, y dado que por prisas y falta de tiempo no parece que modificar la tarifa sea la solución más adecuada, todo indica que lo que nos van a tocar son los bemoles de la retención. Porque, seamos consecuentes con los antecedentes del personaje: yo no le veo subiendo la tributación de las SICAV a sus amigos del Sindicato de la Ceja, la verdad. Como mucho, es posible que toque el Impuesto de Sucesiones y recupere el de Patrimonio, pero dudo que eso sea suficiente para los planes de Ejecutivo, luego habrá que ponerse en lo peor, es decir, que serán las clases medias las que tengan que pagar los errores y los excesos de Rodríguez Zapatero, para que luego le aplaudan los Almodóvar, Bardem y compañía por haber sido firme con los ricos y generoso con los pobres, eso sí, sin haberles manoseado a ellos la cartera.

La realidad, sin embargo, es que cualquier medida en esa dirección, y ahora permítanme un poco de seriedad, es una auténtica barbaridad por más que en otros países se haya puesto también en práctica: subir impuestos a las clases medias, pequeños empresarios y autónomos no solo va a frenar la recuperación, sino que nos lleva de camino directo al abismo de una nueva recaída en la recesión.

Labor social de la Iglesia

Pero, siendo importante y atractivo para ese electorado extremista el apretón de tuercas a las familias y rentas medias, lo que de verdad les pone, lo que les produce orgasmos de satisfacción, es que el Gobierno la tome con los curas. ¡Oiga! Da igual que la Iglesia sea la primera ONG de este país, o que invierta cientos de millones en cuidar un patrimonio histórico artístico que es propiedad de todos independientemente de su credo o religión. No, lo importante es atizarles a los curas donde estos progres trasnochados y anclados en el Neandertal consideran que más les dueles, es decir, los cuartos.

No es nueva la estrategia, ya la puso en práctica un tal Mendizábal hace unos cuantos años. El problema es que hacer eso contradice el propio discurso de la izquierda, y más en tiempos de crisis. Me explico: la Iglesia recibe todos los años una cantidad de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes como aportación voluntaria, en base a unos acuerdos -Concordato- que por sí mismos son Jurisprudencia Internacional y no se pueden revocar así como así. Lo que hace el Gobierno es adelantarle a la Iglesia esa cantidad en aportaciones mensuales que se fijan en los Presupuestos -este años son unos 13 millones de euros mensuales- y al final del ejercicio ambas instituciones liquidan, es decir, que si se queda corto el Estado le paga a la Iglesia lo que le debe, y si se pasa la Iglesia lo devuelve.

¿Por qué se hace así? Sencillo, porque con ese dinero la Iglesia no solo sostiene parte de su labor pastoral, sino que, y sobre todo, dedica la mayor parte de esos fondos a la educación y a sus labores sociales, entre ellas la que pone en práctica a través de Cáritas y Manos Unidas, las dos principales ONGs de ayuda a los más desfavorecidos que hay en España. Y qué quieren los progres, ¿quitarle el dinero a la Iglesia para que ésta tenga que cerrar los comedores sociales, por poner un ejemplo?

Pues como muestra de esa sensibilidad social propia de la izquierda con la que tanto se ha llenado la boca este Gobierno durante estos seis años, acusando además al PP de ser el partido de los ricos y los poderosos -¡manda huevos!, que diría Trillo-, hacer esto resulta cuando menos ruin y despreciable, y con mayor abundancia en la ruindad en un momento en el que esa labor social de la Iglesia se está haciendo imprescindible para que mucha gente pueda, al menos, tener algo que llevarse a la boca y dar cobijo, alimento y vestido a quienes más sufren y padecen las consecuencias del peor Gobierno de nuestra Historia reciente y del peor presidente de la democracia. Ruin y mezquino.


El Confidencial - Opinión

¿Habrá alguna vez sentencia sobre el Estatut?

El tiempo juega a favor de los impulsores del Estatut, que lo están desarrollando y llevando a la práctica en todos sus extremos al no impedírselo, ni siquiera un poco, nuestro inoperante y politizado Tribunal Constitucional.

Este miércoles hemos vivido un nuevo capítulo en la interminable y bochornosa historia de la redacción de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña: El sexto borrador de resolución, a cargo del magistrado Guillermo Jiménez, y que preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación restrictiva de otros tantos, ha sido retirado por su redactor antes de ser sometido a votación ante la previsible falta de los apoyos necesarios. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha asumido la ponencia de la sentencia anunciando al pleno su intención de presentar su propuesta "a la mayor brevedad posible".

Antes de hacer nuevas consideraciones, debemos destacar, una vez más, el patético espectáculo que supone el hecho de que el Tribunal todavía sea, cuatro años después, incapaz de emitir un fallo sobre un estatuto de tan clamorosa inconstitucionalidad que hasta uno de sus promotores, el ex presidente catalán Pasqual Maragall, terminó por reconocer que no tenía cabida sin "una reforma previa" de nuestra Carta Magna. Sólo la politización y falta de independencia de la Justicia, que los socialistas impulsaron al grito de "Montesquieu ha muerto" y que los populares no revocaron durante sus años de gobierno, explican este grave retraso.


El hecho de que la ponente del nuevo borrador vaya a ser la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no augura nada bueno: En primer lugar, Casas ha demostrado ser fiel a las tesis del Partido Socialista que la nombró, no ya sólo por su posicionamiento ante los borradores anteriores, sino por la bochornosa y servil forma en la que públicamente aguantó la reprimenda que le dirigió la vicepresidenta Fernández de la Vega durante el Desfile Militar de 2007. En segundo lugar, cabe también recordar que Casas está casada con Jesús Leguina, quien fue contratado y retribuido por la Generalidad de Cataluña para defender jurídicamente el estatuto que ella ahora tiene que juzgar. Y en tercer lugar, cabe señalar que, aunque Casas no sea el único miembro del Constitucional al que hace tiempo que se le caducó su mandato, esta circunstancia es mucho más lamentable en su caso ya que, en su condición de presidenta del Tribunal, goza de voto de calidad, es decir, de la facultad para que en caso de empate entre los 10 magistrados (5 a favor, 5 en contra) sea su voto el que haga posible un fallo sobre el Estatut.

Recordemos, así mismo, que el pasado 16 de abril la magistrada nombrada por el PSOE Elisa Pérez Vera presentó un borrador tan escandalosamente permisivo con el Estatuto –tan sólo anulaba una quincena de artículos y sometía a interpretación a otra veintena– que hasta un magistrado de "adscripción socialista" como Manuel Aragón votó en contra del mismo, junto a los cinco magistrados nombrados a propuesta del PP.

Parece, sin embargo, que Aragón esta vez no ha querido volver a romper esa "disciplina" ante el borrador de resolución redactado por el magistrado de "adscripción conservadora" Guillermo Jiménez, única razón que explicaría que este último lo haya retirado sin someterlo a votación. Al pasar a ser ahora Casas la encargada de redactar otro borrador, lo lógico es que esta se limite a retocar el permisivo borrador presentado en abril por Pérez Vera lo justo para que Aragón le dé su apoyo. De esta forma se generaría previsiblemente un empate a cinco, que permitiría a la presidenta ejercer su, nunca peor llamado, "voto de calidad".

De no producirse así las cosas, estaríamos abocados a un indefinido estancamiento de la sentencia: una circunstancia que también supone un lamentable dilema a los magistrados que permanecen fieles a la letra y al espíritu de la Constitución del 78. Por una parte, esa fidelidad les aboca a un enquistamiento que impide que se dicte sentencia, tiempo que juega a favor de los impulsores del Estatut, que lo están desarrollando y llevando a la práctica en todos sus extremos al no impedírselo, ni siquiera un poco, nuestro inoperante Tribunal Constitucional. Pero transigir en pro de que haya una sentencia que al menos limite el desarrollo de ese mamotreto soberanista en sus más clamorosos extremos, abocaría también a estos magistrados a dar por "buenos" muchos artículos cuya inconstitucionalidad tampoco ignoran. Aquí el famoso "lo mejor es enemigo de lo bueno" se trocaría por un "lo malo es enemigo de lo peor". Claro que esto son consideraciones más tácticas que jurídicas. Sin embargo, a este bochornoso escenario nos han llevado quienes, al grito de "Montesquieu ha muerto", nos hacen correr ahora el riesgo de ver enterrada a nuestra nación como Estado de Derecho.


Libertad Digital - Editorial

Crisis del sistema. Por José María Carrascal

Con el 20 por ciento de parados, suena a broma macabra decir que la crisis económica abre interesantes posibilidades. Pero es así, recordándonos que lo bueno y lo malo andan entremezclados en este mundo, tal vez por ser uno el contrapunto del otro.

Pero dejémonos de filosofías baratas para ir al grano, pues no están los tiempos para lucubraciones. La crisis, decía, lleva en sus entrañas posibilidades que, de aprovecharse, pueden conducir no sólo a superarla, sino también a mejorar la situación anterior, que sin duda era mejorable a la vista de adónde nos ha conducido. Y la primera virtud de la crisis es hacernos ver una realidad que antes no veíamos o no queríamos ver, sacándonos del ensueño en que vivíamos. El reconocimiento de la realidad es la primera condición para superarla. Sin ello, lo único que haríamos sería continuar en el ensueño que hemos vivido durante los dos últimos años, y hundirnos cada vez más en la crisis. Finalmente, tanto Gobierno como ciudadanía se han dado cuenta de su magnitud.

Pero hay otros signos esperanzadores, otros «brotes verdes» que nada tienen que ver con los que anunciaba el Gobierno. Me refiero al despertar de la Justicia española o, si lo quieren, a la «revolución de los jueces», que de un tiempo a esta parte no hay quien los conozca. De ser meros instrumentos del poder político, de estar encasillados como animales domésticos en «progresistas» y «conservadores», de resultar tan predecibles sus decisiones como las de las cámaras y de considerarles un apéndice de los partidos, un número importante de ellos ha roto amarras de quienes creían poseerlos y comenzado a tomar decisiones que poco o nada tienen que ver con su ideología personal, para atenerse únicamente a la ley que han jurado respetar y aplicar.


Lo que es una gran noticia. Para mí, la mejor noticia en muchos, muchos años, puede que la mejor noticia de esta joven democracia española, pues una democracia sin jueces independientes incluso de sí mismos no es democracia, sino otra forma de dictadura, en nuestro caso, la dictadura de los partidos políticos. Si la crisis económica tiene algo que ver con la «rebelión de los jueces» no lo sé, aunque la crisis está afectando a todas las instituciones del Estado. Pero la atribuiría más bien al hartazgo de los jueces de ser considerados meros juguetes de una clase política impresentable. Algunos de ellos han crecido sobre sus convicciones ideológicas e, indiferentes a los colores políticos y a la charanga mediática, se han puesto a tomar decisiones sólo acordes con la más estricta legalidad. Demostrando de una tacada, primero, que aquello de la «solidaridad de cuerpo», tan arraigada en este país, no iba con ellos, y segundo, que se han sacudido la contaminación política, aún más arraigada. Como digo, una gran noticia.

Pero no definitiva. Porque si esta rebelión se limitara a los jueces -y no a todos ellos-, habríamos adelantado muy poco. Es necesario que se extienda a todos los sectores de la sociedad, si queremos que ésta se regenere. Más de una vez me habrán oído decir en estas páginas de ABC que no estamos ante una mera crisis económica, sino ante una crisis del sistema, ante una crisis de valores, que le impide funcionar correctamente y le ha llevado a la situación actual. La clase política es la primera que debería hacer examen de conciencia ante el hecho gravísimo de ser la peor considerada por la ciudadanía. Pero ante los casos frecuentes de individuos que entran en la política para enriquecerse, de «servidores públicos» que más bien toman al público como servidor, de la corrupción que no distingue ideologías, conviene a los partidos, por su propio bien, antes de que empiece a considerárseles una variedad de la mafia o la «cosa nostra», hacer limpieza dentro de sus filas, en vez de limitarse a apuntar a las manzanas podridas del bando contrario, como hasta ahora vienen haciendo. Pues por ese camino sólo conseguirán convertir España en un lodazal y que vuelva a alzarse el clamor por un «cirujano de hierro» que acabe con tanta inmundicia.

Aunque la sociedad tampoco es inocente en el proceso. Los españoles nos hemos tomado a la ligera la democracia -creyendo que en ella había sólo derechos, no deberes- y tragándonos la milonga de que, tras superar a Italia, íbamos a superar a Francia, etc., etc. Y, en efecto, las hemos superado. Pero en déficit, en parados, en fracaso escolar y otros terrenos bien poco recomendables. Es verdad que prácticamente todos los países de nuestra área están teniendo dificultades. Pero la inmensa mayoría vienen tomando desde hace tiempo medidas para superarlas, por lo que su situación no es tan grave como la nuestra. Y en cualquier caso, si Ángela Merkel ha dicho a sus conciudadanos que están viviendo por encima de sus posibilidades, ¿qué habría que decirnos a nosotros, con una capacidad industrial, una productividad y unos recursos muy inferiores a los suyos? Sencillamente, nuestra economía no da para irnos de vacaciones o minivacaciones dos o tres veces al año, para los famosos «puentes», para las fiestas a todo tren y de todo tipo, para que cada ciudad tenga su orquesta sinfónica, su palacio de deportes, su centro de congresos, su aeropuerto, su AVE, a no ser que los paguen los usuarios. Ni el Estado español puede presumir de dadivoso mundo adelante ni los españoles podemos presumir de vivir mejor que los alemanes o los norteamericanos, como venimos viviendo; se lo asegura alguien que lo comprueba en cada visita a ambos países. Nuestra relación trabajo/ocio, eso que los sociólogos progres llaman «calidad de vida», es superior a la alemana o la norteamericana. Eso está muy bien cuando se tiene un potencial económico detrás que lo respalde, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos el euro, una moneda fuerte. Pero el euro ya no es lo que era, entre otras cosas, por nuestros dispendios. De ahí el aviso que nos han enviado nuestros socios. La fiesta se acabó, y sólo hay dos caminos: el de ajustarnos a nuestros medios, como están haciendo las naciones serias, o querer seguir viviendo a costa de los demás, cuando los demás han dicho «basta». El camino de los alemanes, que llevan dos años apretándose el cinturón, o el griego, con las calles ardiendo. No hay otra alternativa.

Porque no hay más cera que la que arde, y en España ha ardido ya casi toda. O los españoles empezamos a comportarnos como adultos o nos tratarán como a niños, como ya han empezado a tratarnos desde Bruselas y Washington. Es en buena parte consecuencia de haber puesto nuestro destino en manos de un indocumentado, pero tampoco puede echársele toda la culpa, pues en su primer mandato tuvimos abundantes muestras de sus limitaciones, que permitían predecir cómo íbamos a acabar. Sin embargo, le reelegimos. Hoy es precisamente su Gobierno, que tachaba de alarmistas y antipatriotas a quienes advertían de los riesgos, el que nos describe la situación con los tintes más negros, para justificar un reajuste durísimo, que nunca se creyó obligado a hacer. Y, esto es lo más grave, que es dudoso hará, pues la incompetencia que le caracteriza, el sectarismo que le embarga y la desconfianza que inspira ponen un gran interrogante sobre si logrará hacer lo que hasta ahora había dicho que nunca haría.

Dicho esto, conviene advertir que, bueno o malo, es el único Gobierno que tenemos, y sería suicida no apoyarle si realmente se decide a hacerlo. A la fuerza ahorcan, dice el refrán, aunque en este caso se trata más bien de evitar que nos ahorquen o que nos ahorquemos, a la postre lo mismo. Algo que ocurriría si nos pusiésemos a discutir quién tiene la culpa, los especuladores, el Gobierno, la oposición o el pueblo español. Las crisis crean la psicosis del «¡sálvese quien pueda!», haciendo olvidar que todos están en el mismo bote.

Porque la opción es clara: o hacemos lo que los jueces, desprendiéndonos de nuestros prejuicios ideológicos, para cumplir cada cual con su deber, o nos vamos por la cañería.


ABC - Opinión