viernes, 14 de mayo de 2010

Quiero estrellarme con Zapatero. Por Emilio Campmany

Si Zapatero quiere estrellarnos y los españoles lo elegimos para que lo haga y no se lo impedimos, tenemos todo el derecho del mundo a estamparnos contra lo que nos dé la gana.

¡Qué vergüenza! Vernos así, colonizados, amansados, envilecidos, adocenados, cabizbajos, postrados, obedientes y humillados. Obligados por potencias extranjeras a hacer lo que se supone que no queremos hacer, conminados a recortar lo que no queremos recortar, doblegada nuestra voluntad de gastar cuanto nos pete hasta que Dios y Obama quisieran sacarnos de la crisis. ¡Qué humillación! ¡Qué baldón! ¿Es este un país soberano? Sabíamos que no éramos serios y que nos fatigamos con facilidad, pero, para bien o para mal, siempre hicimos lo que nos salió.

Nunca me gustó la política económica de Zapatero por demagógica y errática, por populista y falsa, por ser dócil con los bancos y severa con la clase media, pero era la política económica de mi presidente, la del que habíamos elegido entre todos los españoles, incluso quienes no le votamos. Es más, fue presidente por prometer esa política. Si Zapatero quiere estrellarnos y los españoles lo elegimos para que lo haga y no se lo impedimos, tenemos todo el derecho del mundo a estamparnos contra lo que nos dé la gana. Y es obligación de nuestro presidente imponerse para que fuera nos dejen suicidarnos como queramos. Zapatero, por no tener grandeza, ni para conducirnos al desastre la tiene.


Desde los tiempos de los romanos no se hacía en España lo que ordenaba una capital extranjera. Ni siquiera en tiempos de la ocupación musulmana ocurrió una cosa así, pues el Emirato Independiente se proclamó al poco de la invasión. Ha tenido que llegar Zapatero para que veamos adoptar en el Consejo de Ministros acuerdos impuestos desde Washington, París, Berlín y quizá también Pekín, que al parecer aquí ya manda cualquiera que venga de fuera.

Se me dirá que el mundo de hoy está muy interrelacionado, que nadie puede todo sobre nadie, que la globalización no permite llevar una política económica independiente, que cualquier acontecimiento en cualquier parte del globo tiene repercusiones en muchos y muy remotos lugares. Bien, no lo niego. Pero al menos deberíamos disimular. Si nos van a obligar desde fuera a hacer lo que se supone que no queremos hacer, habría al menos que haber cambiado a la persona que lo va a hacer para aparentar que no nos gusta lo que hacía el anterior y que hemos elegido a otro para que haga algo diferente. Permitiendo que sea el mismo Zapatero el que sirva un día para una cosa y al siguiente para la contraria ponemos en evidencia que estamos a órdenes y que las obedecemos a toque de corneta dándonos con los talones en el trasero.

Y lo peor es que, encima de bajarnos los pantalones y dejar que nos mande hasta El Tato, a Zapatero le podrá su inclinación trilera y tratará de engañar a los nuevos amos de España en la letra pequeña de los reales decretos que tiene que aprobar. Se descubrirá el pastel, la bolsa se dará otro costalazo y a ver en qué estado llegamos a 2012, si llegamos. Para eso, más valdría que pusiera los brazos en jarras y les dijera a norteamericanos, franceses y alemanes que los españoles con nuestro dinero hacemos lo que nos sale y que si quieren bajarnos el rating, que nos lo bajen y que si nos arrojan a las fauces de los especuladores, que nos arrojen y que si nos quieren expulsar del euro, que nos expulsen y que con su pan se lo coman. Pero, este Zapatero ni para eso vale.


Libertad Digital - Opinión

La conjunción planetaria. Por José María Carrascal

Ante el agravarse de la situación griega y el ataque masivo al euro en las bolsas, los jefe de gobierno europeos deciden actuar conjuntamente, dejando que sus ministros de economía formulen el plan.

Sábado, 8. La respuesta no convence a los mercados, dadas las vacilaciones alemanas sobre su participación en el rescate, corriendo el rumor de que al abrirse el lunes las bolsas, sobrevendrá un desplome general.

Domingo, 9. Ahora ya no se teme sólo el contagio de Grecia a otras economías europeas, sino el del euro al dólar. Obama telefonea a Merkel, pidiéndola un esfuerzo extra alemán. La cancillera le dice que Alemania sola no puede salvar el euro si otros países, España el más grande de ellos, no colaboran en la operación rescate. Obama le asegura que intervendrá personalmente para que España coopere.

Madrugada del lunes 10. Los ministros de Economía europea crean un fondo de 750.000 euros para apuntalar las economías más débiles. España dice que colaborará, sin especificar todavía detalles.

Martes, 11. Obama telefonea a Zapatero para decirle que España necesita adoptar medidas decisivas para que sus problemas no se extiendan a la zona euro, haciendo peligrar el plan de rescate.

Martes, 12. Zapatero anuncia un recorte histórico del gasto público, incluyendo el social, desdiciéndose de cuanto había dicho hasta entonces.


Esta ha sido la «conjunción planetaria» anunciada por Leire Pajín: el planeta grande se come al pequeño. Llámenle ustedes como quieran: salto cuántico, caída del caballo, bajada de pantalones, huida hacia delante, el caso es que el paladín social se ha convertido en ogro neoliberal. Sin excusarse ni reconocerlo, desde luego. Pero eso sí que iría contra su naturaleza.

Pero lo peor no es eso, a fin de cuentas se trata sólo del destino de un hombre. Lo peor es que tanta rectificación, tanto dolor y tanta amargura pueden no alcanzar sus objetivos. Los recortes anunciados son medidas de choque, como el torniquete para cortar la hemorragia. Pero no cauteriza el foco de la misma, Zapatero no ha dicho ni hecho nada sobre la recuperación, sobre los problemas de fondo de la economía española, sobre el paro, la productividad, la competitividad, sobre la reforma del mercado laboral, sin la que no volverá a crearse empleo. Y sin la creación de empleo, nunca disminuirá el déficit, porque los gastos continuarán mientras los ingresos no crecen. Como sin el aumento de la productividad nunca volveremos a ser competitivos.

¿Tendrán que ser también Bruselas y Obama quienes nos señalen el camino de la recuperación económica? Si no lo hacen ellos, lo hará la realidad. La realidad, sí, eso que ese hombre que nos gobierna, mejor dicho, no nos gobierna, nunca se ha tomado en serio, montado en su frivolidad, su demagogia, su autismo, su sectarismo, su irresponsabilidad y en la buena estrella que cree tener. Un cóctel peligroso siempre, pero sobre todo al frente de un país. Su estrella ha sido devorada por otra mayor. Aunque Zapatero no se ha estrellado por eso sólo. Se ha estrellado, y nos ha estrellado, por su ignorancia. Algo que puede tolerarse en un político cualquiera. No en un jefe de gobierno.

Por lo que habrá que empezar a preguntarse si con su última pirueta, no habrá puesto fin a su carrera política. Si su último salto mortal no habrá sido mortal de verdad. Un político está autorizado a mentir a los demás, a traicionar a los rivales. Se toma incluso como muestra de su destreza. Pero ningún político está autorizado a traicionar a los suyos, a sus votantes. Y esto precisamente es lo que ha hecho Zapatero. Por orden de Bruselas o de Obama, desde luego. Pero lo ha hecho, inflingiendo con ello una de las primeras normas de la política. En cualquier país, estaría acabado. En el nuestro le queda sólo aquello de «Spain is different».


ABC - Opinión

Por fin estalló. Por Florentino Portero

¿Se imaginan el escenario en el que nos encontraríamos si estuviéramos fuera del euro? Podemos optar entre el despotismo alemán en el seno del Eurogrupo o el peronismo de vuelta a la peseta.

Lo reconozco. Entre mis virtudes, porque alguna tengo, no está la paciencia. Hacía demasiado tiempo que sabía que tanto el euro como la solvencia española estaban condenados a la crisis y se me hacía interminable la espera. Para mí ha sido una liberación ver al Eurogrupo teniendo que sacar adelante el Plan de Rescate y a nuestro presidente, quintaesencia de la irresponsabilidad y la osadía, reconociendo, por la vía de los hechos, que su política era una autopista hacia la ruina.

Se ha repetido y sé que no voy a ser original, pero es evidente que ni el Plan de Rescate ni las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero van a resolver nada. Son primeros pasos, pero lo fundamental serán las reformas que pronto habrá que afrontar.


La Unión Económica y Monetaria, el marco jurídico sobre el que se sustenta la moneda común, se apoya en dos pilares: el Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El primero emite la moneda y trata de controlar su valor. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones que adoptan sus autoridades, pero parece indiscutible que actúan con profesionalidad y coherencia. El segundo hace referencia a un proceso político por el que los gobiernos que forman parte del Eurogrupo se comprometen a actuar dentro de unos márgenes aprobados de común acuerdo, para dotar así tanto a la moneda como al área económica de estabilidad y garantías de progreso ¿Puede sobrevivir en estas condiciones una divisa de referencia mundial? Hoy sabemos que la respuesta es no.

La moneda es una de las primeras competencias que adoptó el Estado moderno. La ceca, "casa donde se labra la moneda" según la Academia, era física y políticamente uno de los símbolos de la soberanía del Estado. ¿Puede una moneda ser el símbolo o representación de un conjunto de soberanías? Si, como es previsible, los intereses no son plenamente coincidentes, la respuesta vuelve a ser no. Si una moneda lo es de varios Estados, los intereses de unos tendrán que prevalecer sobre los de otros.

La primera lección de la presente crisis de solvencia de la zona euro es que no se puede confiar en un acuerdo entre gobiernos para asegurar la estabilidad. La segunda, bastante evidente, es que no se puede aceptar en el grupo a Estados con gobiernos irresponsables. En palabras de Marx "I would not join any club that would have someone like me for a member". El Eurogrupo se equivocó al primar criterios políticos a la hora de aceptar miembros. Estaban tan obsesionados con la idea de que estaban construyendo la nueva Europa Unida que se olvidaron de que la política monetaria requiere de exquisito rigor. Facilitaron el acceso a Estados como España, con las consecuencias que están a la vista. Los españoles son capaces de poner en manos de gente como Zapatero, Pajín, Blanco... el futuro de sus pensiones, de su sistema de salud o la educación de sus hijos y, consiguientemente, se merecen los más que previsibles resultados de tal opción. Pero eso no quiere decir que los alemanes, franceses u holandeses estén dispuestos a hipotecar su futuro compartiendo su destino con tan privilegiadas mentes.

El euro será viable si se abandona el Pacto, tal como está hoy definido, para avanzar hacia un "gobierno económico", lo que supondría mayor intervencionismo del Consejo sobre las políticas económicas nacionales. Al final tanto el Banco Central Europeo como "el gobierno económico" tendrán que supeditarse a unas prioridades y dudo mucho que en este terreno Alemania esté dispuesta a transigir. El futuro del euro será alemán o no será. Alemania es el país europeo que más seriamente ha afrontado el giro político aprobado en Maastricht, pero todo tiene un límite. Merkel va a jugar fuerte en este terreno, porque no tiene otra opción y eso va a tener consecuencias de trascendencia histórica, en uno u otro sentido. O abandonamos el euro, o se reduce el Eurogrupo o se avanza en el "gobierno económico".

En la nueva zona euro a la que vamos no tiene cabida el modelo de financiación español de las distintas administraciones. No sólo hay un problema jurídico-constitucional, además tenemos un problema de solvencia. No hay dinero para pagar ese derroche y no nos van a dejar que sigamos endeudándonos. Ha llegado el momento de ajustar el presupuesto. ¿Se imaginan el escenario en el que nos encontraríamos si estuviéramos fuera del euro? Podemos optar entre el despotismo alemán en el seno del Eurogrupo o el peronismo de vuelta a la peseta. No nos engañemos, porque no damos para mucho más y a los hechos me remito. Yo voto por lo primero.


Libertad Digital - Opinión

Efectos colaterales. Por M. Martín Ferrand

MARIANO Rajoy, como les ocurre a los turistas japoneses de visita en un tablao, tiene problemas para colocar el olé donde corresponde: sin romper la cadencia del cante, la emoción de la copla o el ritmo de los bailaores. Aplaude cuando no debe, como acaba de pasarle con Francisco Camps, y patea cuando no corresponde, como hizo con José Luis Rodríguez Zapatero en la solemne ocasión en que el líder planetario abdicó de sus ideas -y hasta de sí mismo- para repetir la sabia letanía que venía predicando el de la gaviota. Es una lástima porque un olé a destiempo, además de deslucir la actuación del artista, desacredita al insensato que lo lanza al aire sin mayor cautela.

Cuando Zapatero, apretado por las circunstancias y empujado por los líderes de medio mundo, cantó la palinodia y se tragó toda su doctrina previa sin que le temblaran las carnes, Rajoy perdió la oportunidad de oro para demostrar su condición de maestro y su voluntad patriótica. No se entiende su desmelenamiento ante el hecho, por tardío y escaso que resulte, de que su adversario y jefe del Ejecutivo se aviniera a sus propias razones y pasara por el aro de un plan de austeridad y recortes en el gasto público. El derecho al pataleo es inalienable; pero, como el olé, tiene su tiempo y sus modos. Patalear a destiempo es, en sus efectos, lo mismo que un aplauso y, en lo que respecta a la estética parlamentaria, un desafuero.

Según el establecido reparto de poderes en la parodia democrática española, a quienes les correspondía patear las propuestas del líder socialista es a los sindicatos, no al PP. Los inevitables recortes que anuncia el Gobierno, seguramente anticipo de otros mayores y fiscalmente más dolorosos, son la piedra de toque que demostrará la impostura sindical que padecemos. Su escasa representatividad, su encallecimiento funcionarial y la costumbre de la sopa boba presupuestaria han hecho de CC OO y UGT unos entes fantasmales que, hasta ahora, servían como terminal ejecutiva de la voluntad del PSOE. Uno de los efectos colaterales, con sus ventajas e inconvenientes, de la nueva política económica y social del Gobierno reside en el inevitable languidecimiento de quienes Baura definió como caciques obreros y que, en el último sexenio, revestidos como «agentes sociales» y con la voluntad de parapetar al Gobierno, han reforzado su caciquismo y olvidado su procedencia personal e histórica.


ABC - Opinión

Un sencillo plan para acabar con el déficit. Por Juan Ramón Rallo

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario.

El plan de Zapatero para acabar con el déficit público ha generado mucha polémica por recortar unos presuntos derechos sociales que, no deberíamos olvidarlo, fueron incrementos del insostenible Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.


Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

  • Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 19.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
  • Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
  • No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
  • Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
  • Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
  • Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
  • Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
  • Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
  • No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
  • Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
  • Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
  • Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
  • Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.
Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.


Libertad Digital

Ricino. Por Ignacio Camacho

ESTO va a acabar en una subida de impuestos.

Con la coherencia habitual, parte del Gobierno la descarta (Salgado) y otra parte la anuncia (Chaves y Blanco), síntoma nada extraño en un equipo tan coordinado que la mitad se enteró del tijeretazo al mismo tiempo que el resto de los españoles. Pero la lógica de la situación apunta a un incremento de la presión fiscal, y más de la directa que de la indirecta. Por un lado porque puede que el plan de ahorro resulte insuficiente para frenar el déficit, habida cuenta de que aún tienen que llegar los recortes del recorte; la congelación de las pensiones está protegida por el Pacto de Toledo y puede quedar sin efecto si Zapatero no encuentra apoyos para modificarlo, y además queda por ver si la resistencia sindical no termina surtiendo algún tipo de efecto en la rebaja salarial del funcionariado. Pero sobre todo, porque un presidente tan preocupado por su imagen no va a retratarse sólo metiendo mano en la cartera de los más débiles. La segunda parte del ajuste está por llegar e incluirá probablemente medidas que el zapaterismo pueda vender como progresistas; el mantra de los ricos y las rentas altas -es decir, la clase media- aún no ha aparecido y cuando lo haga será con toda la farfolla retórica al uso en los mítines mineros de Rodiezmo. La sedicente socialdemocracia no va a tragarse sin rechistar este ricino liberal recetado por Merkel y Obama. Necesita lucir el encogido músculo populista, marcarse guiños urgentes a la izquierda, recuperar las complicidades que han quedado rotas en medio de una crisis de desamor forzoso que compromete el romance ideológico y disipa con amarga rudeza el sueño indoloro de las proclamas proteccionistas tan recientes y tan enfáticas.

Para reconstruir siquiera un poco su maltrecho perfil de apóstol de los desheredados el presidente tiene que urdir gestos simbólicos significativos, y un apretón fiscal ofrece la oportunidad de desempolvar el discurso del reparto de los sacrificios. Si no son los impuestos, algo hará para arreglar el espejo cuarteado por la sacudida de su volantazo. El viraje ha sido tan abrupto que no sólo le crea a su autor serios problemas de identidad política, sino que ha causado estupor en unos sindicatos a los que se les ha quedado cara de amantes traicionados, como si su benéfico protector les hubiese puesto los cuernos con los especuladores. Ayer fueron a Moncloa con expresión de contrito desconcierto, en plan cómo-has-podido-hacernos esto-a-nosotros. Están perplejos y han caído en manos del subconsciente; su reacción de convocar un paro del sector público es un reflejo clientelar ante esos funcionarios que son el grueso de su fuerza activa. Porque de los pensionistas congelados, convertidos en paganos de la improvisación zapaterista, nadie se acuerda en este debate, y menos de los casi cinco millones de desempleados que no tienen trabajo del que declararse en huelga.

ABC - Opinión

El entierro de la sardina. Por Cristina Losada

Ahora que Zapatero va a dejar de ser de izquierdas, el peligro es que se nos haga de izquierdas la derecha. Porque una cosa es poner al presidente ante sus contradicciones y otra, dar por sentado que su política era social.

Gracias a las esquelas que anuncian el entierro de la política social de Zapatero, una se ha enterado de que existió (la política social, no Zapatero). ¿Cómo va a ser sosial una política que deja como herencia casi cinco millones de parados? Sin duda, se confunde lo social con lo estatal y se toma la pura propaganda por la impura realidad. El presidente, cierto, acaba de hacer lo que dijo que nunca haría. Juró y perjuró que se podía tirar del gasto público sin límite y creyó e hizo creer que había inventado la máquina del movimiento perpetuo. Pero siempre hay que pagar. A la izquierda eso no le gusta, pues sigue sin entender que en una economía de mercado no hay nada parecido a una cena gratis. Cual Robin Hood preescolar, cree que basta con quitarles a los ricos para que ya no haya pobres. Así lo repetía el amado líder hasta que los hechos que negaba con escapista tozudez le han puesto entre la espada de Merkel y la pared de Obama.

El muy parcial plan de ajuste anunciado in rigor mortis ha provocado un diluvio de lágrimas de cocodrilo en la Santa Compaña zapaterina. Los viejos espectros de la izquierda tienen estómago para encajar giros copernicanos. No ha mucho, pasaron sin sobresaltos de apoyar el Pacto Antiterrorista a respaldar el pacto con los terroristas. De modo que bien pueden asumir el tijeretazo con ayuda del digestivo adecuado. Y es que él no quería, oiga. Si por Zapatero fuera, el déficit nos seguiría importando un pimiento. Han sido los tiburones, los chacales, los lobos, los neoliberales o los marcianos. Se han confabulado contra un Gobierno de izquierdas. La historia habitual: los socialistas no fracasan por su culpa, sino porque sus enemigos se empeñan en fracasarlos.

Ahora que Zapatero va a dejar de ser de izquierdas, el peligro es que se nos haga de izquierdas la derecha. Porque una cosa es poner al presidente ante sus contradicciones y otra, dar por sentado que su política –el chavismo con hombreras y sonrisa– era social y sus cheques sin fondos para bebés sin futuro, un avance. No vaya a ser que la derecha denuncie ahora a Rodríguez por traicionar a Zapatero. Ayer, al fin, los socialistas enterraron la sardina. Se acabó el Carnaval y ha llegado la Cuaresma.


Libertad Digital - Opinión

Sindicatos en la encrucijada

LOS dirigentes de los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, se reunieron ayer en La Moncloa para recibir de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre las medidas anticrisis anunciadas el miércoles en el Congreso.

El encuentro fue precedido por una ronda de intervenciones de los dirigentes sindicales en la Prensa. Zapatero pudo saber así de antemano que CC.OO. y UGT estaban enfadados por las medidas de recorte, pero no iban a ponerle en un brete con declaraciones incendiarias ni con una convocatoria inmediata de huelga general. Sin embargo, la Federación de Servicios Públicos de UGT se descolgó con un paro general en la función pública el 2 de junio, probablemente para evitar que el sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSIF, se adelantara con una iniciativa similar. Esta huelga general de la función pública, convocada sin que los dos líderes sindicales dieran un expreso respaldo personal al paro porque su único objetivo era tratar de salvar la cara ante Zapatero, es la primera consecuencia social importante de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y rompe lo que hasta ahora había sido una ficticia «paz social». Sin embargo, las organizaciones sindicales dejan fuera de su respuesta los recortes en las pensiones y la dependencia, que tanto defendieron en su momento.

Este cambio en la política económica del Gobierno va a obligar a los sindicatos a decidir qué papel quieren asumir ante la sociedad española y, sobre todo, qué contenido van a dar en lo sucesivo a su interlocución con el Gobierno, toda vez que la posibilidad de lograr una reforma laboral consensuada queda absolutamente en el aire. No se puede estar más de acuerdo con el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, en que no es momento para huelgas generales. Tampoco lo era cuando la economía española y el empleo iban viento en popa en junio de 2002, lo que no impidió una huelga general contra el Gobierno de José María Aznar. La prudencia sindical no parece haber sido hasta ahora una apuesta por la responsabilidad, sino un acto de complicidad ideológica con un Gobierno de izquierda que ha tenido que desmantelar buena parte de su política «social». La superación de la crisis exige el esfuerzo colectivo de ciudadanos, empresas, poderes públicos y sindicatos. Pero no hay que dejarse arrastrar por la fuerza retórica de las frases tópicas. La responsabilidad del Gobierno y, por supuesto, de los propios sindicatos por su parálisis ante la crisis es muy superior a la de los ciudadanos y, desde luego, a la del PP, que ve cómo ahora se toman medidas que hasta hace poco eran credenciales de antipatriotismo y capitalismo salvaje.

ABC - Editorial

Una huelga parcial para guardar las apariencias

Lo último que necesita este país es que la crisis económica degenere en una crisis social. Claro que el Gobierno que ha amplificado la debacle económica y ha recurrido a la crispación social no es el más legitimado para pedir prudencia a nadie.

Durante los últimos años, conforme el desempleo aumentaba desde los dos millones de parados hasta los cinco actuales, los sindicatos no han perdido ocasión para mostrar su cariño hacia el Gobierno socialista responsable de esa sangría. Quienes no tuvieron reparos en convocarle una huelga general a Aznar en tiempos de bonanza económica simplemente porque pretendía mejorar de manera muy tímida el mercado laboral, caen rendidos a los pies de Zapatero. Un doble rasero que sólo han podido justificar, más allá de por razones puramente crematísticas, apelando a la llamada "cohesión social": el país se desmoronaba, pero al menos el PSOE era lo bastante sensible como para que los más débiles no sufrieran sus efectos.

Por supuesto no se les ocurrió a los sindicatos –o, si se les ocurrió, las millonarias subvenciones que recibían tuvieron un inmediato efecto amnésico– que la mejor cohesión y política social de la que puede disfrutar una comunidad es que el Gobierno no obstaculice que los ciudadanos se ganen la vida, ya sea buscando y encontrando un puesto de trabajo o construyéndose un patrimonio del que ir extrayendo rentas.

Se trataba, sin duda, de un argumento retorcido que sólo podía convencer a la izquierda más radical y a la derecha más ingenua, pero que por desgracia seguía valiéndoles a demasiados. Sin embargo, tras el recorte del gasto practicado por Zapatero este miércoles, semejante justificación dejaba de ser de utilidad. De ahí que los sindicatos hayan tratado de aparentar una escalada en sus críticas al Gobierno, promoviendo incluso una huelga de funcionarios para el próximo día 2 de junio. Nada que ver, no obstante, con las protestas y disturbios (de huelga general para arriba) que habría padecido un Gobierno moderadamente liberal en caso de haber aplicado rebajas como las de Zapatero.

Y no es que estemos reclamando represalias sindicales en esa línea, sino que tan sólo constatamos algo que ya debería resultar evidente a todo el mundo: los sindicatos, lejos de defender a los trabajadores, sólo se preocupan por conservar sus prebendas aupando y manteniendo en el poder a partidos políticos cuyo reclamo electoral pasa precisamente por espolear las mismas consignas obreristas de las que beben esos sindicatos. Una relación de sinergia de la que suelen salir perjudicados, al final, el conjunto de los trabajadores.

En este caso, la huelga parcial de los funcionarios es una muestra más de cómo la propaganda cortoplacista y frentista que emplean las centrales sindicales puede terminar causando importantes daños al conjunto de los españoles. No negaremos que la gravedad de la situación actual sea en su mayor parte responsabilidad directa de Zapatero, o que al mismo tiempo que insta a otros ciudadanos a apretarse el cinturón, mantiene gastos cuya única utilidad es reconfortar sus dogmas progres. Pero tampoco podemos olvidar que España necesita de un fuerte ajuste colectivo del que debemos responsabilizarnos todos. Cinco millones de personas ya lo han hecho perdiendo su empleo y no pudiendo volverlo a encontrar por los bloqueos sindicales a la reforma laboral. Los empleados públicos no deberían ser una excepción a ese correctivo colectivo por mucho que su salario lo fije el Estado al margen de las condiciones del mercado; no en vano, sus retribuciones aumentaron un 3% en 2009 aun cuando el año vino marcado por una ligera deflación.

Lo anterior adquiere particular importancia en el caso de los funcionarios, cuyo empleo está garantizado incluso en coyunturas tan adversas como la actual. Esa seguridad es una retribución no monetaria que perciben estos trabajadores y de la que no deberían olvidarse cuando protestan por ganar menos que en puestos equivalentes en el sector privado. El sacrificio que les ha impuesto Zapatero no es tan sustancial como para que amenacen al resto de la sociedad con ir a una huelga y, de hecho, es bastante posible que en el futuro sea necesario algún recorte adicional si es que el PSOE no adopta ahora mismo muchas otras medidas de contención del gasto.

Lo último que necesita este país es que la crisis económica degenere en una crisis social. Claro que el Gobierno que ha amplificado la debacle económica y ha empleado la crispación social para alcanzar el poder no es el más legitimado para pedir prudencia a nadie. Ese sí que sería un buen motivo por el que empleados públicos y los sindicatos podrían protestar y con toda la razón del mundo. El problema es que los primeros parecen no comprender la gravedad de la situación actual y los segundos prefieren ver quebrar al país antes de renunciar a su muy cómodo y subvencionado estilo de vida.


Libertad Digital - Opinión

Situación excepcional. Por Fernando Fernández Méndez de Andrés

José Luis Rodríguez Zapatero presentó el miércoles el mayor programa de ajuste fiscal de la democracia española. Nunca antes se había reducido el sueldo a más de tres millones de trabajadores ni se habían congelado las pensiones incumpliendo el pacto de Toledo.

Para un presidente que ha hecho de los derechos sociales el núcleo central de su programa y que una semana antes se comprometía solemnemente a que nunca haría un ajuste fiscal rápido ni drástico, supone un giro verdaderamente planetario hecho a espaldas de todos los agentes sociales y políticos. Empieza una nueva legislatura, haya o no elecciones anticipadas, porque ha surgido en el escenario político Zapatero II el reformista y es obvio que ha de cambiar sus apoyos parlamentarios. Se entiende la reacción de la oposición, que se siente una vez más engañada y tiene razón cuando insiste en que el empecinamiento del presidente en negar la realidad les va a costar a los españoles sangre, sudor y lágrimas innecesarias. El ajuste fiscal no es, como la nube volcánica, un suceso natural inevitable. La crisis de la economía española, su completa pérdida de credibilidad internacional y la urgencia de un programa de estabilización no son un accidente, son responsabilidad directa, por acción y omisión, de una gestión económica lamentable, lastrada por prejuicios ideológicos, carente de dirección, presa de un activismo sin sustancia y víctima de las ocurrencias presidenciales. Pero es la hora de la grandeza, de la visión de Estado, porque estamos en una situación excepcional.

La Unión Monetaria estuvo a punto de romperse la semana pasada, literalmente. Y estuvo a punto de romperse por España. Fue la convicción de las autoridades europeas -autoridades políticas, económicas y monetarias- de que España se encaminaba a una suspensión de pagos la que hizo saltar todas las alarmas y provocó un arriesgado salto cualitativo en la construcción europea. Tan arriesgado que ha consolidado definitivamente las dos Europas; la de la Unión Monetaria que avanza inevitablemente a la Unión política y la de la Unión Económica, Comercial y Aduanera. España corrió el riesgo de quedarse una vez más aislada de Europa por la incapacidad de sus actuales gobernantes, que estuvieron a punto de echar al traste con cuarenta años de esfuerzo nacional por derribar los Pirineos mentales. Como consecuencia de sus errores, tuvo que aceptar un protectorado fiscal que el Gobierno intenta disimular como un reforzamiento de la disciplina presupuestaria europea. Es comprensible, pero no es importante. Lo relevante es que España, como Grecia, Portugal e Irlanda, está a todos los efectos como si tuviese en vigor un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Zapatero no quiso convocar unos nuevos Pactos de la Moncloa y ha tenido que aceptar una segunda edición del programa de estabilización de 1958. Con la misma dependencia y subordinación al amigo americano.

Un programa de estabilización es mucho más que un ajuste fiscal; requiere de reformas estructurales que posibiliten el crecimiento. El objetivo es recuperar la competitividad perdida, en nuestro caso sin poder devaluar. Se puede hacer si hay suficiente voluntad política -siempre un interrogante con este presidente que nunca ha creído en la economía de mercado- y consenso social. En contra de lo que puede pensar el líder del Ejecutivo, el miércoles hizo la parte más fácil, aplicar una sin duda dolorosa tijera a los presupuestos. Pero no se modificó la estructura de los mismos; aquella que los hace intrínsecamente vulnerables al ciclo económico y que no es otra que el clientelismo político y un Estado de las Autonomías que ha crecido de manera anárquica. Porque la reducción del gasto en medio punto del PIB este año y un punto el que viene no es suficiente para evitar la quiebra fiscal del Estado ni para recuperar una trayectoria sostenible de la deuda pública. Lo sabe el Gobierno, aunque calla su coste y amaga con subidas de impuestos. Habrá concesiones a su electorado en los tramos altos del IRPF, pero eso no rinde fiscalmente y habrá que volver a subir el IVA, tabaco y gasolina. A menos que el Gobierno socialista haya abandonado sus obsesiones y se atreva, según el modelo sueco, a buscar servicios públicos justos y eficientes mediante la introducción de mecanismos de copago y la participación de entidades privadas en su gestión. Subir impuestos o reducir gasto sin perder servicios se convertirá en el centro de la discusión fiscal.

El presidente citó expresamente en el debate los otros dos ámbitos de reforma urgente, la financiera y la laboral, aunque les dio un tratamiento diferente. La primera la considera en marcha, en esto aún no ha recuperado el sentido de la realidad ni la más mínima sensibilidad económica, aunque hay que decir inmediatamente en su descargo que no se diferencia mucho de la oposición. Las fusiones de Cajas de Ahorros avanzan inexorablemente hacia las fusiones intrarregionales tras el precedente catalán. Es una receta segura para el desastre económico, tendremos una crisis mucho más larga y eventualmente habrá que rescatarlas de nuevo con dinero público, y para el desastre político, porque una vez más el Gobierno central quedará desnudo ante los gobiernos autonómicos que mantendrán su instrumento financiero con el que eludir las consecuencias del ajuste del gasto público. Es además difícil imaginar cómo podrán las Cajas en esas condiciones aumentar su capital propio para adaptarse a las nuevas exigencias internacionales.

Pero es en la reforma laboral, y en la energética y en una nueva trasposición de la directiva de servicios, donde verdaderamente España se la juega. Porque lo que está verdaderamente en discusión en nuestro caso es si podremos volver a recuperar tasas de crecimiento razonables sin salirnos del euro. Modificar la negociación colectiva, avanzar hacia el contrato único, reducir el coste del despido, evitar que el seguro de desempleo desincentive la búsqueda de empleo, desjudicializar las relaciones laborales, eliminar la ultraactividad de los convenios y sobre todo fomentar la movilidad funcional y geográfica no crea por sí solo empleos. Pero todo ello es condición necesaria para que se puedan crear. Para progresar habrá que romper con los sindicatos, o al menos que vean enfrente a un Gobierno que ha renunciado a ponerse a sus pies. ¿Habrá llegado a tanto la conversión reformista de Zapatero? Lo sabremos en los próximos días. Y las consecuencias también, porque quien quiera que le haya convencido en su camino a Damasco seguirá vigilando.

El presidente ha abandonado el país de las maravillas. Una democracia madura le exigiría elecciones anticipadas. Una economía en situación de emergencia requeriría un gran consenso nacional y probablemente un Gobierno de gran coalición. No habrá probablemente ninguna de las dos, porque el presidente insiste en que son las circunstancias y no él las que han cambiado. Su irresponsabilidad no exime del deber de grandeza a la oposición ni de la altura de miras suficiente para acompañarle en esta increíble conversión a la racionalidad económica.


ABC - Opinión