lunes, 22 de febrero de 2010

Inseguridad aérea. Por Pilar Villanueva

He seguido las noticias que han aparecido últimamente sobre los controladores aéreos. En un principio, me hacía gracia el ministro José Blanco en su papel de Robin Hood. Sin embargo, el progresivo ensañamiento de su campaña contra ese colectivo me hacía suponer que estaba preparando el terreno para otros intereses.

Por fin, el pasado día 5, el ministro enseñó lo que ha estado celosamente preparando: en un real decreto con trámite de urgencia se ha decretado la liberalización del control de tráfico aéreo. Tal hecho me parece mucho más preocupante, pues no estamos hablando de un servicio público cualquiera, sino de un servicio en el que debe primar la seguridad por encima de todo. Es obvio que el único objetivo de toda empresa privada son los beneficios. Es suficiente con recurrir a la hemeroteca para comprobar los problemas que ha habido en los tres o cuatro países europeos en los que se ha privatizado el control aéreo: basta recordar los intermitentes apagones en todo el sistema de control de Reino Unido y sus correspondientes caos por falta de inversiones en equipos, o que la última colisión en vuelo de aeronaves fue en Suiza por insuficiencia de personal.

En España, el ministro de Fomento ha decidido echar a los controladores de las torres de control. Va a empezar por las nueve que tienen menos vuelos. Los controladores van a ser sustituidos por personal no cualificado sin estudios superiores a los que se va a formar durante dos meses, en lugar de los dos años de aquéllos, y que además no han pasado por ningún proceso de selección, pues, sospechosamente, el plazo de presentación de solicitudes fue de un día y se presentaron tantos como vacantes. Curiosamente, todos ellos han suspendido la prueba de nivel de inglés, y la mitad el examen final de aptitudes, lo que no ha impedido el aprobado general y que, por tanto, lleguen a dar servicio de información, ¡que no de control!

Estos seudocontroladores han sido escogidos y formados por una empresa privada, Ineco; admitámoslo, así funciona la empresa privada. No entro a valorar si los sueldos de los controladores son merecidos, pero estoy convencida de que ese trabajo exige mucha responsabilidad y lo debe realizar alguien que haya pasado por un duro y estricto proceso de selección y que tiene la preparación y el temple necesarios.

Sólo pido un poco de cordura a AENA y al colectivo de controladores para que lleguen a una solución negociada al conflicto, y también a la manipulada opinión pública para que no permita que el Gobierno privatice la seguridad aérea. Como habitual pasajera de avión, me estoy empezando a asustar.


El País

Autonomías taurinas. Por Andrés Amorós

El comienzo de los festejos taurinos no debe hacernos olvidar la ofensiva contra la Fiesta en Cataluña, que comienza ya a extenderse a Galicia: una comunidad con menos afición histórica, a pesar de Ferias tan importantes como La Coruña y Pontevedra.

Tampoco comparto el optimismo de muchos: si los votos del tripartito y CiU imponen el doblaje en catalán, ¿por qué no van a apoyar la prohibición de algo tan español como los toros?

En esta España de las autonomías, deben hacer oír su voz las que están claramente a favor de la Fiesta. Ya han comenzado. En algunas, gobierna el PSOE: en Andalucía, el presidente Griñán ha recibido a una comisión de profesionales; en Castilla-La Mancha, la abundancia de toros en la televisión autonómica, rebajada ahora por la crisis económica, es el más claro testimonio de apoyo. En otras, como Castilla y León, gobierna el PP. Varias se han reunido en el Senado con representantes de la afición francesa.


Sería hora de que los dos grandes partidos se unieran en el apoyo decidido a los toros. No parece difícil conseguirlo en Comunidades como Madrid, Valencia, el País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra, Aragón... Podría ser un gesto simbólico de su presidente o una declaración formal de su parlamento. Y, si Zapatero parece poco aficionado, Rajoy podría también aquí apuntarse un tanto.
No tiene sentido, además, la proliferación de Reglamentos taurinos autonómicos, que llevarían al absurdo de que los matadores viajaran con su abogado y su biblioteca portátil: un disparate más de esta España... Los profesionales taurinos, con la imprescindible unidad, deben centrarse en estos terrenos. Si no, la piel de toro que siempre ha sido España puede quedar hecha jirones. Eso, más que tratar bien al animal, es lo que algunos buscan.


ABC - Opinión

El PP sin ideología. Por Agapito Maestre

Arenas, usted puede jugar al centrismo, al andalucismo y, por supuesto, a todo lo que le apetezca, pero, de verdad, si renuncia a ser el gran líder de la derecha democrática, está despidiéndose del poder.

Tampoco yo tengo una gota de pesimismo, pero me preocupa la falta de pulso ideológico de Javier Arenas. Ayer estuvo "sembrao" en Ronda. Despotricó con desparpajo contra Zapatero y su gente. Mil razones le asistían. Fue comedido a la hora de valorar las encuestas que le dan ganador. Pero me sorprendieron sus débiles declaraciones de política de fondo, o sea, de discurso. No me preocupa que quiera captar "todos" los votos. Es la tendencia de los partidos de masas en las democracias occidentales. Menos todavía es relevante que abra el partido a todo tipo de personajes, incluidos los profesorcitos que vienen de la izquierda. Hasta hallo "simpático" que se declare seguidor de Blas Infante.

Pero no acabo de entender su insistencia acerca de que no se trata de un problema de derechas e izquierdas; incluso ayer llegó a decir, en Ronda, que no había en Andalucía un debate ideológico entre el PP y el PSOE. ¡Qué horror! Cómo un político tan avezado como Arenas puede mantener semejante filfa "ideológica". Yo pensaba que su fiebre de tecnócrata años sesenta ya la había superado en su etapa de ministro de Trabajo. Por desgracia, vuelve a caer en el mismo horror de su jefe: poca ideología y mucha paciencia. Ahora que está a punto de ganar, sí, está al borde de la mayoría absoluta, Arenas nos sale con un tipo de centrismo revenido, acomplejado y ñoño; o peor aún, dice que él es más andalucista que los andalucistas. Por favor, amigo, un poco de seriedad.

Una cosa es que usted necesite de la colaboración de todas las fuerzas políticas para gobernar, en el futuro, en las aguas sucias de un populismo atroz, pero otra muy distinta es que usted, antes de llegar al poder, entregue la iniciativa política de llevar a cabo otra ideología. Han pasado casi treinta años de socialismo. Porque el tejido institucional del sistema democrático está peor que podrido, muerto, el PP de Andalucía no puede en modo alguno mantener que no hay cuestión ideológica. Arenas, usted puede jugar al centrismo, al andalucismo y, por supuesto, a todo lo que le apetezca, pero, de verdad, si renuncia a ser el gran líder de la derecha democrática, está despidiéndose del poder.

Ojalá le salga bien la operación. Pero, por favor, no olvide que el centrismo melifluo en anteriores elecciones sólo sirvió para perder. Lejos de mí reprocharle al líder del PP que se autoperciba como el gran líder del centro y del andalucismo, tampoco criticaré su prudencia y moderación, sino simplemente le recordaré que su discurso está lleno de "ideología de la no ideología". No me gusta y, además, no tuvo éxito en el pasado. No es tiempo de "centrismo buenista" sino de criterios serios y contundentes. El barco político está a punto de hundirse, eso lo sabe la mayoría de los andaluces serios y preparados, precisamente porque, además del totalitarismo inherente a la "gobernabilidad" socialista, hay políticos que mantienen que no tienen importancia las diferencias ideológicas. Falso.


Libertad Digital - Opinión

Esperando a Rajoy. Por César Alonso de los Ríos

Mientras Antonio Basagoiti reclama un pacto entre el PP y el Gobierno, este sigue fortaleciendo sus relaciones con los nacionalismos periféricos.

En su estrategia tradicional. La que se puede traducir como coloquialmente como el ninguneo al PP. Incluso en el caso de que este siga subiendo puntos hasta poder ganar las elecciones con mayoría absoluta. O precisamente por ello.

Las encuestas no le están llevando a Rodríguez Zapatero a un cambio de posición. La pérdida de votos del PSOE que revelan aquellas, de forma invariable y de un modo creciente, sin desfallecimiento alguno, no está modificando la estrategia que viene manteniendo Zapatero desde los tiempos en los que era líder de la oposición hasta hoy. El pacto del Tinell fue la perfecta expresión de su política tanto en relación con los nacionalismos como en relación con el PP. Con los primeros por cuanto es el freno principal del nacional/ liberalismo del PP sin que su definitorio intervencionismo pueda suponer graves contradicciones con aquellos. Con los «populares» porque la soledad, a la que estaría destinado su gobierno en el caso de que pudiera acceder a él, terminaríá siendo un peligro a causa de la inestabilidad. En el caso que tenemos por delante, la victoria de Rajoy vendrá acompañada, además, por unas condiciones sociales y económicas que pondrán a prueba medidas populistas: es improbable que se haya provocado empleo, que sea tolerable el déficit, que aún queden márgenes a nuestra Deuda y que no haya estallado la conflictividad. Dicho de otra manera, los deberes que le está poniendo Zapatero a Rajoy para cuando gane las elecciones de 2012 ...o antes van a ser las menos ideales para una España confederal.

En el caso de Basagoiti quizá llegue a resultar innecesario su apoyo al PSE. Quizá para entonces la izquierda abertzale haya sido admitida como fuerza electoral.


ABC - Opinión

La riada. Por Emilio Campmany

Lo más gracioso es que, si finalmente se conciertan fuerzas suficientes capaces de desatar una riada que se lleve democráticamente a Zapatero por delante, la misma fuerza arrastrará al pobre Rajoy, que, a fin de cuentas, no ha hecho nada.

Ha nacido una estrella. Pepiño, más conocido por don José, es su nombre. Todos los medios lo destacan. Han llegado a decir que la ausencia de María Teresa Fernández de la Vega en el equipo que tiene que negociar el pacto encubre una crisis de ministros que se materializará en julio. Y sin embargo, nadie parece darse cuenta de la paradoja que encierra el que sea José Blanco el que lleve el peso de una negociación donde lo que se supone que se van a acordar son medidas económicas. Puede que don José sea un egregio economista, pero, si es así, habrá que reconocerle una gran habilidad para ocultarlo.

Si, como es lo más probable, Blanco no sabe una palabra de Economía, es que la comisión tiene otra finalidad distinta de la de cerrar un pacto económico. Rajoy ha dado con la respuesta más obvia: su objetivo es ganar tiempo. Y todo apunta a que lo más probable es que sea ese su fin. Pero entonces, ¿por qué Zapatero se puso un plazo tan corto como es el de dos meses para llegar a un acuerdo? Mejor hubiera sido no fijarse ninguno y dejar que la comisión le proporcionara tanto margen como pudiera hasta que se hiciera obvio, a los dos o a los seis meses, que no es posible alcanzar ningún pacto. Debe de haber algo más.

Es obvio que Zapatero, con sus propuestas de aumentar la edad de jubilación y los años de cotización para el cálculo de la pensión, ha dado un giro a su política. Es un golpe de timón aparentemente forzado por los malos resultados de la economía española y las presiones de los mercados. Pero es igualmente obvio que ese giro no se ha dado de corazón, por convencimiento propio, sino que ha sido impuesto por alguien con fuerza para hacerlo. Lo demuestra desde luego que el encargado de acordar las medidas que nos saquen de la crisis sea José Blanco. Y lo corrobora el que hace un par de días, en Londres, Zapatero haya desmentido su voluntad de acuerdo diciendo que no se ocupará del déficit hasta que la economía se recupere. Es comodecirle a un enfermo que se le administrará la medicina cuando esté curado. La actitud es tan grotesca que El País llega a acusarle este domingo de "estar cada vez más empeñado en acreditar la caricatura simplista que sus enemigos han hecho de él".

Así que Zapatero quiere aparentar que se esfuerza en atacar la crisis con medidas canónicas, pero es evidente que no tiene intención real de hacerlo. ¿A quién está tratando de engañar esta vez? ¿A los mercados? La tramoya ha tenido que ser montada para engatusar a alguien más corpóreo que las bolsas. Pero la cuestión no es tanto saber quiénes son los que le están forzando la mano, como conocer qué ocurrirá cuando hayan transcurrido esos dos meses y nada de sustancia se haya pactado. Lo más probable es que no ocurra nada. Y no sólo es lo más probable, sino también lo más deseable. Veremos. Lo más gracioso es que, si finalmente se conciertan fuerzas suficientes capaces de desatar una riada que se lleve democráticamente a Zapatero por delante, la misma fuerza arrastrará al pobre Rajoy, que, a fin de cuentas, no ha hecho nada. Ni siquiera sabrá que precisamente ese habrá sido su pecado, no hacer nada.


Libertad Digital - Opinión

Costaleros. Por Ignacio Camacho

LOS pactos de la Moncloa no se firmaron porque peligrase la economía: lo que estaba en peligro era la democracia.

El padre de todos los pactos, el origen del consenso que luego se prolongó en la Constitución y acabó germinando como un bucle melancólico en el imaginario político español, fructificó porque una galopante inflación amenazaba la eficacia de la libertad recién estrenada; se trataba de un riesgo primordial, sistémico, mucho más inquietante que la crisis económica en sí misma. Algo parecido ha hecho germinar el reciente acuerdo en el País Vasco, donde socialistas y populares han suscrito, para acabar con una larga excepcionalidad, un acuerdo que de hecho es casi una coalición de víctimas. Pero en circunstancias de normal estabilidad democrática, los pactos de Estado han de limitarse a aspectos esenciales de la gobernanza que necesitan una cierta continuidad de desarrollo: política exterior, lucha antiterrorista, modelo territorial. Y en ninguno de ellos el actual Gobierno ha permitido ni deseado ni favorecido un acercamiento a la oposición; más bien al contrario, ha procurado aislarla en beneficio de alianzas con fuerzas minoritarias, cuando no radicales.

Una recesión que provoca cuatro millones de parados podría sin duda encajar en un supuesto de emergencia, pero el discurso zapaterista minimiza con insistencia su gravedad y promete una pronta recuperación que, de creer al presidente, ya habría comenzado. ¿Qué sentido tiene, pues, reclamar un acuerdo sobre un problema que el Gobierno dice estar a punto de resolver? La contradicción es manifiesta: si el poder no admite la quiebra social ni la bancarrota financiera carece de coherencia que pida ayuda para afrontarlas. Zapatero no ha ofrecido consenso sobre el Estatuto de Cataluña -modelo de Estado-, ni sobre la política energética -modelo estratégico-, ni sobre la subida de impuestos -modelo fiscal-, ni sobre la ampliación del aborto -derechos fundamentales-; y ha roto con la Ley de Memoria Histórica el propio consenso básico de la Transición, que era el de la reconciliación nacional. Incluso sobre la propia recesión dejó pasar unos meses cruciales negándose al elemental consenso de reconocerla, y luego estableció contundentes barreras ideológicas sobre el modo de combatirla. ¿Ahora necesita unidad? ¿Ahora pide cirineos o costaleros sin fe que «arrimen el hombro» en la Cuaresma de su mandato? ¿Por qué y para qué? ¿No se bastaba solo para cargar esa cruz con su modelo socialdemócrata?

El consenso tiene buena prensa, sobre todo cuando está tan roto como en esta España de bronca y garrote. Pero si no ha ocurrido nada que no sepamos -pongamos que una alarma descomunal que el Gobierno oculte-, esta insistente llamada al acuerdo es un doble juego ventajista. O falta transparencia o falta sinceridad. O sobra mala fe para manipular la legítima aspiración ciudadana a un esfuerzo compartido.


ABC - opinión

El rescate. Por José García Domínguez

A nadie se debería impedir que, si así le place, practique el triple mortal con tirabuzón. Igual que nadie debiera esperar del prójimo que, en tal caso, le costeara la red.

De ser cierto lo que gritaba la portada dominical de El Mundo, repatriar –con perdón– a los alterturistas apresados en territorio de guerra bajo control de Al Qaeda costará al erario del Estado español el equivalente a cinco lanzas indígenas, como ésa que adorna el comedor del domicilio particular de Carod en Tarragona. Por cierto, ¿bajo qué discretas faldas debe andar escondido el gallardo canciller de Liliput estos días? Y sus decenas de flamantes embajadores esparcidos a lo largo y ancho del universo mundo, ¿qué se fizieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención como truxieron? ¿O acaso, honorable vicepresident, sólo somos una nación cuando de pasar al cobro por caja se trata?

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Libertad Digital - Opinión

Patriotas de nuevo cuño. Por José María Carrascal

EL último burladero en que se ha refugiado el equipo gubernamental frente a la crisis es el patriotismo.

O para ser exactos: el antipatriotismo del PP. Oigan a Pajín, a Alonso, a Blanco, a Salgado, a Zapatero acusando a Rajoy de «no arrimar el hombro», de «no tirar del carro», de «poner palos en las ruedas», y me dirán si no tengo razón.

¡Quién nos lo iba a decir! Los que habían conseguido que el patriotismo sonara rancio, los que incluían la quema de la bandera en la libertad de expresión, los que prometían a los nacionalistas darles lo que quisieran, los que preguntados por la nación española respondían que el concepto nación era discutido y discutible, convertidos en unos patriotazas de tomo y lomo, envueltos en la bandera hasta para irse a dormir.


No lo critico, no. Una nación es un conjunto de voluntades, cuanto más unidas, mejor. Lo que pasa es que no me lo creo. Hay un patriotismo pasivo, que se contenta con considerar el lugar donde nacimos el mejor del mundo, por lo que no necesita ningún cambio. Y hay un patriotismo activo que, partiendo de ese amor, reconoce los defectos de esa tierra y trata de corregirlos. El patriotismo de los españolistas de nuevo cuño no es de una clase ni de la otra. Nos dicen que España va bien y que continuará yendo bien si siguen gobernándola, aunque convendría que les apoyásemos, para espantar a los especuladores que conspiran contra ella. O sea que hay que ayudarles, para ayudar a España. Cuando la realidad es que las cosas no van nada bien debido a su gestión, y que si siguen gestionándolas como hasta ahora, no saldremos nunca del foso en que nos encontramos. Lo patriótico, hoy, en España, no es apoyar a un gobierno cuyas medidas nos han llevado al borde del precipicio, sino al revés, denunciarlo. Habiendo fundadas razones para sospechar que el súbito patriotismo del equipo Zapatero es tan falso como su programa de gobierno. Si lo quieren en plata: que es un burladero -de burla-, para ocultar sus errores, acusar de antipatriotas a quienes desconfían de ellos y continuar engañando a los ingenuos que aún les creen. Mayor cinismo y antipatriotismo, imposible.

El patriotismo se mide por las compañías. Las de Zapatero son los nacionalistas periféricos y, entre ellos, los más radicales, los más antiespañoles, los independentistas sin careta. ¡Menuda recomendación! En el apuro que se encuentra, sin embargo, busca la alianza con los moderados, si es que hay un nacionalismo moderado. Que se anden con ojo, que ya les engañó un par de veces. Algo se huelen, cuando Erkoreka advierte: «Si nos quiere como palanganeros, que no cuente con nosotros». Aunque quien tiene que andarse con ojo es Rajoy. En eso de engañar, Zapatero le ha ganado siempre. ¿A ver si resulta que le gana a patriota? Cosas veredes, en esta corte de los milagros.


ABC - Opinión

Un documento que debería obligar a reabrir la investigación del 11-M

Las grabaciones de la pericia de la Policía y la Guardia Civil demuestran su sorpresa al hallar en las muestras del explosivo restos de dinitrotolueno, un componente del titadyn que, en cambio, no forma parte de la Goma 2 ECO.

EL MUNDO empieza a publicar hoy una serie de documentos de enorme trascendencia en la medida en que estamos seguros de que cambiarán la percepción de la sentencia sobre los atentados del 11-M de cualquiera que las examine de buena fe.

Lo que relata nuestro periódico básicamente es lo que ocurrió en el laboratorio de la Policía Científica en febrero de 2007 durante las pruebas periciales de los explosivos, ordenadas por el tribunal. Tanto la transcripción de lo que dicen los peritos como las imágenes estáticas de algunos momentos clave son muy expresivas. Pero no hay nada como visionar la filmación que emitirá esta noche Veo7 en el programa La vuelta al mundo para darse cuenta de la fuerza del testimonio.


Estamos convencidos de que estas imágenes captadas el 6 de febrero de 2007, una semana antes del comienzo de la vista oral, habrían cambiado por completo el rumbo del juicio y desembocado en otra sentencia si hubieran sido exhibidas en la sala. El propio fallo del Supremo al examinar los recursos podría haber sido también distinto si alguna de las partes hubiera podido aportar este vídeo.

La sospechosa actitud de Gómez Bermúdez

En este contexto, resulta muy difícil de entender la actitud de Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, que dedicó una sesión durante la vista oral para aclarar las discrepancias y contradicciones en las que incurrían los informes de los peritos. Lo lógico y lo coherente es que Gómez Bermúdez les hubiera pedido explicaciones sobre lo que se ve en esta grabación, que sin duda él conocía.

Más sospechosa resulta todavía la decisión de Gómez Bermúdez de negar a las partes estas grabaciones tras el final del juicio. Luego rectificó, pero ha tardado tres años en entregárselas.

Cuando decimos que las imágenes grabadas a los peritos podrían haber cambiado la sentencia, nos referimos concretamente al momento en el que aparecen en el cromatógrafo de gases restos inequívocos de dinitrotolueno (DNT), un componente que no forma parte de la Goma 2 ECO y sí, en cambio, del Titadyn. Procede recordar que la primera noticia transmitida por los mandos policiales al Gobierno de Aznar en la mañana del 11-M es que lo que había estallado en los trenes era «Titadyn con cordón detonante».

Basta fijarse en las expresiones de los peritos, en su tono de voz y en sus caras de asombro para corroborar que todos ellos se dieron cuenta en ese momento que el explosivo utilizado por los terroristas no podía ser la Goma 2 ECO que tenían los islamistas en el piso de Leganés ni la robada en Mina Conchita.

Hay que subrayar que es la propia espontaneidad de las reacciones que filma la cámara lo que aporta credibilidad a que la versión oficial había quedado gravísimamente dañada por el hallazgo del DNT. De esas reacciones de los peritos se deduce la sospecha flagrante de que los Tedax habían manipulado la investigación. «Esto hay que confirmarlo� Entonces en este caso� puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y a cagarme en la madre que los parió», exclama Alfonso Vega, jefe de la pericia y experto de la Policía Nacional.

La aparición del DNT provocó tal estupor que los defensores de la versión oficial tuvieron que recurrir a explicaciones tan inverosímiles como la de que las muestras se habían contaminado en las dependencias policiales pese a estar selladas.

Hay, sin embargo, algo menos aparatoso y espectacular pero más relevante aún que surge de estas grabaciones: los comentarios de los peritos cuando aparecen restos de dibutilftalato en las muestras analizadas de los explosivos.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el dibutilftalato «es un componente de la Goma 2 ECO y no lo tiene ni el Titadyn ni la Goma 2 EC». Esta aseveración es clave porque sobre ella descansa la hipótesis de que los terroristas utilizaron la Goma 2 ECO, sustraída en Asturias.

Pues bien, en uno de los fragmentos de la grabación los peritos afirman justamente lo contrario de lo que se dice en la sentencia: que el dibutilftalato puede aparecer en cualquier explosivo, puesto que se trata de un plastificante muy utilizado por los fabricantes. «Es como una contaminación genérica... del mundo mundial», comentan a dúo el propio Vega y el guardia civil Atoche.

Desmontado el argumento de que el dibutilftalato indicaba la presencia de Goma 2 ECO y tras hallar restos de DNT, pocas dudas podían quedar a los expertos, incluidos los de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de que el explosivo que estalló en los trenes no era Goma 2 ECO y casi con toda seguridad era Titadyn.

La trascendencia de este hallazgo, ratificada por el trabajo posterior del perito Antonio Iglesias, podría permitir pedir la nulidad de la sentencia del 11-M y emprender acciones por falso testimonio contra el perito Carlos Atoche, técnico de la Guardia Civil, que dice en la grabación lo contrario de lo que declaró en el juicio. El propio Gómez Bermúdez se agarró en el juicio al testimonio de Atoche para justificar la versión oficial sobre los ftalatos.

El mérito de la Asociación de las Víctimas

El hecho de que un documento de tanta trascendencia como esta grabación haya tardado tres años en salir a la luz resulta indicativo de la mala fe del tribunal -por lo menos de su presidente- y pone también en evidencia el meritorio esfuerzo de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, sin cuya tenacidad y empeño no habríamos podido conocer la verdad.

Las revelaciones que hoy publica EL MUNDO no sólo suponen un duro varapalo a la sentencia de la Audiencia Nacional sino que además aportan valiosos elementos de juicio para ser utilizados en el procedimiento que se sigue contra Juan Jesús Sánchez Manzano, el ex jefe de los Tedax, acusado de ocultación de pruebas, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos.

La sentencia del 11-M afirma categóricamente en la página 537 que la dinamita utilizada en los atentados era «todo o gran parte de la procedente de Mina Conchita», la misma que había sido hallada en el piso de Leganés tras el suicidio de los islamistas. A la luz de lo que hoy publica nuestro periódico, esa tesis no se sostiene.

Como todo el desarrollo de los hechos que la sentencia da por probados descansa en que los explosivos fueron robados en Asturias y traídos a Madrid y que se trataba de Goma 2 ECO, lo que publicamos hoy exige la reapertura de la investigación del 11-M, que fue cerrada en falso y sobre la que aumentan conforme pasa el tiempo los interrogantes. Mientras eso no suceda, nuestra democracia tendrá una tremenda asignatura pendiente.


El Mundo - Editorial

Fuera de juego en la UE

NADIE pudo imaginar que la transición entre las tradicionales presidencias semestrales y la nueva presidencia permanente del Consejo Europeo sería tan brusca.

Como ha puesto de manifiesto la gestión de la crisis financiera griega, la presidencia española ha permanecido al margen del asunto central del semestre, más preocupada por escapar de las críticas que hacían paralelismos con nuestra economía que por participar en el diseño de la solución de los problemas griegos. El raquítico papel de España en este caso es todavía más patente si se tiene en cuenta que esa responsabilidad de coordinación que corresponde a la presidencia semestral no puede ser ejercida todavía por Van Rompuy, todavía una figura muy débil, lo que ha obligado a Francia y Alemania a hacerse con las riendas de la UE. El temido directorio franco-alemán se ha impuesto porque la presidencia española no está en condiciones de ejercer un liderazgo creíble para gestionar la salida de la crisis financiera. Aunque la situación española esté lejos de ser tan grave como la de Grecia, es indudable que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha granjeado un descrédito tal en los medios internacionales que no le permite estar al frente del equipo que debe imponer a Grecia la rigurosa disciplina que exige la situación.

En las actuales circunstancias, en la zona euro nada es más valioso que la estabilidad y la serenidad de los mercados. Incluso la evidencia de que Grecia necesitará ayudas financieras directas está siendo gestionada con cuentagotas, para no transmitir la idea de que la situación pudiera ser más grave de lo que se piensa. ¿Qué podría hacer la presidencia española en este caso para añadir la confianza que la gestión del presidente del Gobierno no ha logrado suscitar? Hubo un tiempo en el que España logró el acuerdo de sus socios comunitarios para ejercer una presidencia plena, a pesar de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. A primeros de año, desde La Moncloa, se pasó a una actitud de cooperación con la presidencia permanente y, en menos de dos meses, la UE está gestionada por el directorio franco-alemán, con España fuera de juego, salvo para acoger los consejos informales de ministros y las cumbres con países terceros, campo en el que al Gobierno tampoco le gustará recordar lo sucedido con la anulación de la visita de Obama.

ABC - Editorial

Las incómodas verdades de Zapatero y Rajoy. Por Antonio Casado

“No le pido a Rajoy que ayude al Gobierno. Le pido que ayude al país a salir de la crisis. Se lo pido y se lo ofrezco”. Palabras del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en su multitudinario mitin de ayer en Málaga. Forman parte del guión elaborado en Moncloa para persuadir a la ciudadanía de que el PP no quiere concertar una salida conjunta del agujero.

Veinticuatro horas antes, en Santander, el líder del principal partido de la oposición y aspirante a la Moncloa, Mariano Rajoy, claveteaba el argumento central del reciente cruce parlamentario con Zapatero: “No negamos el apoyo al Gobierno, si rectifica, como hicimos con la política antiterrorista. Si no hay rectificación, no podemos hacernos responsables”. Estas palabras forman parte del guión elaborado en Génova para persuadir a la opinión pública de que con este amontonamiento de palabras, anuncios, planes y creación de comisiones, el Gobierno quiere camuflar el incumplimiento de su obligación de gobernar y tomar decisiones.


Incluso en la soflama propia de los actos de reafirmación partidista, normalmente reñida con el razonamiento de una posición, se puede rastrear el plan de vuelo de un líder político. En la convención de los populares cántabros, Rajoy remató su discurso con esta coletilla: “No tengo la impresión de que Zapatero vaya a rectificar porque en realidad no sabe lo que quiere”. Craso error, don Mariano. Lo sabe perfectamente. Con esta quimera del pacto, de muy reciente factura, quiere aislar al PP en un frente político contra la crisis económica.

También Mariano Rajoy sabe lo que quiere cuando pregona su pesimismo sobre un eventual plan anticrisis pactado con el Gobierno. Y lo que quiere es marcar distancias para que la crisis económica le siga haciendo el trabajo. Las encuestas le confirman la rentabilidad de esa estrategia. Si apareciese ahora remando junto al PSOE, el PP perdería ese discurso y, según su análisis, esa alta rentabilidad en los sondeos electorales.

El que no corre, vuela. Farsantes unos y otros, si pretenden convencernos de que sus altas miras transcienden a la mera caza del voto. Quedan para verse el jueves, como dos vecinos que viven pared con pared, pero aprovechan las vísperas para incendiarse la casa. A Rajoy le pierde la codicia (Blanco dixit) y lo de la comisión es una pachanga (González Pons). Hay que ver las lindezas que se están dedicando tres días antes de la cita en el palacete de Zurbano.

Cuando Rajoy dice que “el presidente del Gobierno no quiere pactar sino ganar tiempo”, tiene razón. Hasta las piedras saben que Zapatero gobierna en coalición con el calendario. Es una verdad incómoda para él, pero esa es su gran apuesta política: que la recuperación económica se adelante lo suficiente a la fecha de las elecciones.

No menos incómoda que la verdad adosada al discurso de Rajoy, igualmente cautivo del calendario aunque por la razón contraria. Si la fecha electoral se adelanta a la recuperación tendrá la Moncloa al alcance de la mano. Su apuesta, por tanto, no puede ser la de los brotes verdes sino la de la recaída, las dos tesis manejadas ahora por los analistas sobre el futuro de la economía nacional.


El Confidencial - Opinión

Pagar los rescates traerá más secuestros

La buenista idea zapateril de que basta con desarmar nuestros ejércitos y nuestras convicciones para convivir pacíficamente con los delincuentes –incluso con aquellos que pretenden exterminarnos– resulta a todas luces absurda y alejada de la realidad.

Gobernar va más allá de tratar de solucionar todo problema a golpe de chequera, especialmente si esa chequera la integra el dinero público que, pese a los rumores ministeriales, sí es de alguien y si semejante solución da origen a nuevos y mayores problemas.

Ha sucedido con el desempleo y la crisis y, salvando las distancias, vuelve a suceder con los conflictos exteriores a los que se enfrenta el Ejecutivo. Ya advertimos en su momento que la manera de hacer frente a los criminales de todo pelaje –guerrillas, terroristas o piratas– no puede pasar por ceder ante sus pretensiones, sino por hacerles frente. El pago del rescate puede ser un instrumento dentro de una política más amplia para combatir el crimen, pero nunca el final del trayecto.


No se trata sólo de una cuestión moral por la que no se deba premiar a los criminales, sino de un simple problema de incentivos. Si premiamos a cualquier delincuente que en el extranjero secuestre a un ciudadano español, el resultado que obtendremos serán más secuestros.

Primero vino el Playa de Bakio, posteriormente el Alakrana y un poco más tarde los tres cooperantes en Mauritania. En todos los casos, los secuestradores –piratas en un caso, terroristas de Al Qaeda en otro– han obtenido varios millones de euros sin apenas resistencia por parte de las autoridades españolas. Con independencia de que nos felicitemos de que el cautiverio de todos estos ciudadanos españoles haya concluido de una u otra forma, lo cierto es que la buenista idea zapateril de que basta con desarmar nuestros ejércitos y nuestras convicciones para convivir pacíficamente con los delincuentes –incluso con aquellos cuyo primer objetivo no es vivir a costa nuestra, sino directamente exterminarnos– resulta a todas luces absurda y alejada de la naturaleza de los seres humanos.

Por algo y para algo existen ejércitos y cuerpos policiales: porque hay que tratar de proteger al ciudadano honrado y castigar a quien viola los derechos ajenos. En nuestro caso, sin embargo, la protección que brinda el Gobierno a los ciudadanos pasa por pedir perdón y por sobornar a los criminales.

Pero por esta vía sólo se está resolviendo un problema muy inmediato –el secuestro de unos ciudadanos– para generar un problema futuro mucho mayor: convertir a todo español en un blanco muy jugoso dentro de aquellos territorios en los que el Estado de derecho se halle debilitado.

La experiencia parece estar del lado de los secuestradores: en tres casos de tres el Gobierno de Zapatero ha terminado pagando. Pero parece evidente que en algún momento el Ejecutivo tendrá que poner fin a esta política de cesión permanente, pues en otro caso convertirá al secuestro de españoles en una de las profesiones más rentables del planeta.

Convendría, sin embargo, que ese replanteamiento de la estrategia de Defensa no se demorara mucho, pues mientras tanto la Hacienda española está contribuyendo a financiar las actividades de grupos terroristas como Al Qaeda y a colocar a todos los españoles en una situación de riesgo. Mucho nos habríamos ahorrado si desde un principio no hubiésemos pensado que ceder, sonreír y pagar es la solución a todos los problemas.


Libertad Digital - Editorial

Ahora, los funcionarios

LA necesidad de reducir el gasto público en tiempos de crisis económica ha puesto a los funcionarios públicos bajo el punto de mira. Hoy informa ABC acerca de los planes del Gobierno para «examinar» a los empleados públicos en el marco de una racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Según algunos, bajo este eufemismo burocrático se oculta el propósito de cambiar el modelo vigente, cuestionando aspectos esenciales como la permanencia en el puesto de trabajo una vez adquirido «en propiedad». Nadie pone en duda que hay muchos aspectos mejorables en nuestro sistema de empleo público y que convendría afrontar con eficacia y sentido común la reforma de ciertos lastres del pasado. Sin embargo, es imprescindible evitar las generalizaciones interesadas con objeto de que no paguen justos por pecadores. Miles de funcionarios públicos son profesionales bien preparados, que han accedido a sus puestos tras superar unas pruebas rigurosas y que desempeñan con vocación y sacrificio una actividad al servicio del interés público, cuya retribución es -con frecuencia- inferior a su equivalente en la empresa privada. En este sentido, hay que distinguir también entre los funcionarios de carrera y los múltiples asesores y altos cargos que crean los políticos para satisfacer compromisos del partido gobernante y atender a las exigencias de la clientela electoral.

Otra cuestión sustancial hace referencia a las comunidades autónomas. Si es preciso racionalizar la administración del Estado, no hay ningún motivo para que se consideren intocables las administraciones regionales, que reproducen casi sin excepciones todos los defectos que se achacan al sector público. Sería injusto, por tanto, que el proceso que el Gobierno pretende iniciar limite sus efectos al ámbito estatal, cuando una parte sustancial del gasto público y de los recursos humanos corresponde en nuestro país a las administraciones autonómicas. De acuerdo con la Constitución, el acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad, y la Administración sirve con objetividad a los intereses generales, al margen de la coyuntura política. Estos criterios deben inspirar las reformas en marcha que, según denuncian algunos sindicatos, parecen planteadas ante la necesidad de recuperar el tiempo perdido por parte de un Ejecutivo que necesita cuanto antes dar algún golpe de efecto e incluso buscar un chivo expiatorio.

ABC - Opinión