viernes, 20 de agosto de 2010

ETA en Barcelona

La actitud de lavarse las manos ofende a las víctimas porque el Ayuntamiento debería tomar la iniciativa de prohibir el homenaje.

EL Ministerio Público ha expresado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz su criterio favorable a la suspensión del acto de homenaje de una colaboradora de ETA convocado para mañana en Barcelona. Tiene toda la razón el fiscal cuando estima que dicho acto reúne todos los requisitos para que se produzca un delito de enaltecimiento del terrorismo, y es de esperar que el órgano jurisdiccional sea sensible a los argumentos que avalan la suspensión. A mayor abundamiento, los radicales anuncian su intención de utilizar las fiestas del barrio de Gracia para celebrar una marcha de antorchas exigiendo la liberación de dos supuestas «presas políticas» catalanas. Resulta particularmente sangriento el currículum delictivo de una de las integrantes del «comando Barcelona», con varios asesinatos y acciones con coche bomba en su historial, a pesar de lo cual la propaganda distribuida por los convocantes presenta una imagen juvenil e inofensiva de la etarra.

El alcalde de Barcelona se equivoca gravemente con su actitud pasiva y supuestamente «neutral», que deja toda la responsabilidad en manos de la Audiencia Nacional. Jordi Hereu está al frente de una ciudad que ha sufrido reiteradamente los zarpazos del terrorismo. Esta actitud de lavarse las manos ofende a las víctimas y a una gran mayoría social porque el Ayuntamiento debería tomar la iniciativa de prohibir el homenaje, cumpliendo así un deber elemental desde el punto de vista moral y político. Hay múltiples razones jurídicas en virtud de las cuales el juez Ruz debe impedir con su decisión ya inminente la celebración de estos actos intolerables en un Estado democrático de Derecho.

ABC - Editorial

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