La sentencia de Bermúdez da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda.
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No por inesperado ha sido menos el estupor que nos ha ocasionado el auto de los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado por el cual se censura el cierre del diario abertzale Egunkaria hace siete años y se absuelve a sus principales directivos. Llega ahora, de un modo extemporáneo poniendo en ridículo a la propia Audiencia, que instruyó un caso totalmente distinto al que se ha terminado juzgando.
El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.
El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.
Pero tras las bambalinas de la Audiencia Nacional, hay un tercer protagonista: la Fiscalía General del Estado que, en un principio, se sumó a la acusación y luego se echó para atrás coincidiendo con la tregua de la ETA. Hay razones fundadas para creer que este de Egunkaria fue la enésima contrapartida que el Gobierno, Gómez Benítez mediante, prometió a los etarras a cambio de entrar en razón. Precedentes no faltan y la errática actitud de Conde Pumpido al respecto sólo lleva a pensar lo peor.
Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.
No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.
El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.
La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.
Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.
No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.
El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.
La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.
Libertad Digital - Editorial
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