viernes, 11 de diciembre de 2009

Montilla usa chuletas para escribir en Catalán



El bachiller José Montila pillado usando una chuleta para escribir la dedicatória en el Libro de Firmas de Berga. El no sabe escribir en catalán, pero obliga a todos los niños y jóvenes de Cataluña a estudiar en ese idioma. Menos a sus hijas a las que envía a estudiar al Colegio Alemán.

Fiel a su amo. Por Consuelo Galán

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una manifestación en Madrid para el día doce de diciembre. Aunque en principio la cita era abiertamente hostil a los empresarios, un día después de anunciada los convocantes aclaran que “no va contra nadie” y “matizan” que el 12D no es contra la CEOE.

La compañía pública RENFE ha puesto treinta y dos trenes (TALGO-AVE) a disposición de los sindicatos verticales del Estado. Un total de más de 12.000 plazas de alto nivel. CCOO por medio de un comunicado interno ofrece una “pequeña dieta” para los manifestantes. Resumiendo: un día laborable no trabajado que no se descontará de los salarios, un cómodo viaje a la capital, comida incluida, y un paseo por el Madrid monumental. Por supuesto los delegados sindicales serán los primeros en llegar en los trenes. Estas son las manifestaciones que en estos tiempos, después de treinta y cuatro años de monarquía partitocrática, acontecen en nuestra maltrecha nación. Atrás quedaron ya aquellas otras movilizaciones en las que los trabajadores acudían a manifestarse en masa, sin permisos oficiales y siendo conscientes de que más de uno podía llevarse una paliza. Normalmente dichas manifestaciones iban acompañadas de una “huelga salvaje” que seguía a un proceso asambleario de los asalariados.

La manifestación del 12D será otro plato a servir a la oligarquía financiera Mundial. El Presidente del Gobierno podrá mostrar el grado de manipulación y sumisión que ha conseguido en la sociedad civil española para hacerle creer a ella misma que aún hay lucha de clases e ideologías y que él es tan “demócrata” que las manifestaciones corren por cuenta del contribuyente. Cuando la realidad es que el pobre manifestante, ignorante de que su única esperanza de salvación está en la conquista de la Libertad política, acude con su dinero a un acto que va en contra de sus propios intereses como trabajador -o parado- y como ser humano.

República Constitucional

Al Qaeda y los antecedentes de ZP. Por Guillermo Dupuy

La posibilidad de que Al Qaeda se limite a pedir dinero es la más improbable, no sólo por el delirante fanatismo de los terroristas islámicos, sino también por los conocidos antecedentes de ZP que lógicamente no hacen más que excitar su voracidad.

Aunque los terroristas de Al Qaeda no hayan concretado todavía cuales son sus exigencias a cambio de la liberación de los tres españoles secuestrados en Mauritania, el Gobierno de Zapatero tiene dos opciones: acceder a ellas o resistirse al chantaje. Esta terrible e inexorable disyuntiva, de la que fuimos tan conscientes los españoles con ocasión del secuestro de Miguel Ángel Blanco, está ahora siendo diluida por la práctica totalidad de la clase política y de los medios de comunicación. Como botón de muestra, el editorial de un periódico tan poco sospechoso de simpatías hacia el Gobierno como La Razón. Decía este diario el pasado miércoles que "la fórmula que dio tan buen resultado con los piratas de Somalia (sic) en los casos del Playa de Bakio y el Alakrana no servirá de modelo por razones varias, la primera de ellas, que pondría en un brete al Estado de Derecho si el Gobierno accede a pagar a los terroristas".


Aunque cause vergüenza ajena tener que hacer esta aclaración, tan ilegal es pagar a piratas como hacerlo a los terroristas. Lo que La Razón llama "la fórmula que dio tan buen resultado con los piratas" –esto es, sucumbir a su chantaje–, pone en un "brete" al Estado de Derecho tanto si se paga a piratas como si se hace a terroristas. La diferencia estará si los terroristas de Al Qaeda, al margen de exigencias económicas, hacen otras reclamaciones de índole política como puedan ser la liberación de terroristas encarcelados o la retirada de tropas de Afganistán. Naturalmente, satisfacer también estas exigencias supondría doblegar al Estado de Derecho en un grado mucho mayor, pero eso no significa que no se le ponga también en un "brete" en el improbable caso de que los terroristas se limiten a exigir sólo dinero.

Esta última posibilidad, aunque sea la menos indeseable, es la más improbable, no sólo por el delirante fanatismo de los terroristas islámicos, sino también por los conocidos antecedentes del Gobierno de Zapatero que lógicamente no hacen más que excitar su voracidad. Zapatero no es un desconocido para ellos. Lo conocen desde que era líder de la oposición al Gobierno de Aznar, tal y como quedó acreditado en un documento interceptado a una célula islamista un año antes del 2004. Saben que Zapatero es un político que lo primero que iba hacer e hizo al llegar al poder fue dejar en la estacada a sus aliados y retirar las tropas de Irak, tal y como exigían los terroristas islámicos a los que el propio Ejecutivo atribuía la matanza del 11-M.

Los españoles tal vez hayan olvidado –pero seguro que Al Qaeda no– que en septiembre de 2004, coincidiendo con el secuestro de dos ciudadanas italianas a las que se amenazaba con matar si su Gobierno no retiraba sus tropas de Irak, Zapatero hizo unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo en la que el presidente español incitaba precisamente a los aliados europeos a seguir su ejemplo para regocijo de los secuestradores.

Dejo al margen, por ser asunto "doméstico", el historial de Zapatero de cesión ante los terroristas de ETA, con capítulos tan bochornosos como la excarcelación del sanguinario De Juana Chaos. Recordemos –eso sí– que en España hay 64 presos islamistas, y que los secuestradores de los tres españoles pertenecen al mismo grupo que en junio asesinó a un turista británico al no acceder Londres a la puesta en libertad del imán radical de origen jordano Abu Qutada.

Crucemos los dedos para que los terroristas que tienen secuestrados a los tres españoles sólo se fijen a la hora de concretar sus exigencias en los antecedentes de Zapatero como mero pagador de rescates en dinero, y no en otros capítulos todavía más bochornosos de su infame e indigno historial.


Libertad Digital - Opinión

Los cómicos disparan con pólvora del Rey. Por Cristina Losada

Si los cómicos desean involucrar al Rey, pídanle que inste a Zapatero a salir de debajo de la cama ahora mismo. De lo contrario, estamos invirtiendo los términos: Zapatero reina, pero no gobierna y el Borbón, viceversa.

Sentía cierta extrañeza ante los rumores que pregonaban una "rebelión" contra Zapatero entre los domésticos de la farándula. Por esta vez, no erraba la intuición. Los pensionados de la kultura han encontrado la manera de eludir una crítica al Gobierno a cuenta de la activista saharaui en huelga de hambre. Su gran aportación a la justa causa de Aminatu Haidar consiste en una carta al Rey. Le piden que intervenga de forma personal e intransferible para salvarle la vida. Tiran por elevación y se saltan a los responsables de ceder a las presiones del Gobierno marroquí con un argumento estupefaciente: alegan que las gestiones políticas están "agotadas". Lo que no se agota es su voluntad de salvar tanto su cara como la de su querido presidente. Han dado con la fórmula magistral para darle una patadita al Gobierno en el regio culo de Su Majestad.

No fue, sin embargo, el Rey de España quien aceptó la irregular expulsión de Haidar perpetrada por las autoridades de Marruecos, sino el ministro de Exteriores del Gobierno de España. No ha sido Juan Carlos I el que ha llevado los desmadejados hilos de este contencioso, una más de las provocaciones que el reino alauita dirige periódicamente contra su vecino del Norte. Es más, el monarca no dirige la política exterior. No tiene siquiera la potestad de mimarlos con subvenciones. Si los cómicos desean involucrar al Rey, pídanle que inste a Zapatero a salir de debajo de la cama ahora mismo. De lo contrario, estamos invirtiendo los términos: Zapatero reina, pero no gobierna y el Borbón, viceversa. No vaya a ser que el artisteo quiera hacer pagar a otros la factura histórica por todas las traiciones del PSOE al pueblo saharaui.

Nuestros arbitristas de todo a cien siempre quieren disparar con pólvora del Rey.
pelan al monarca en razón de su ascendiente sobre el sultán, obviando su propia condición de hijos putativos de Zetapé. Bien harían en emplear sus armas de persuasión, su sensual retórica hueca, con su generoso tutor, patrón, amigo y mecenas. Convénzanle a él. De sobra saben que es más difícil estar a la altura de las circunstancias que au dessus de la mêlée, como su bien amado Rodríguez, perpetuo desaparecido cuando el combate no se dirime con piruletas dialécticas. Para salvar vidas, me temo que no servirán. Eso sí, para buscársela no tienen rivales.


Libertad Digital - Opinión

Premio Nobel con sordina. Por José María Carrascal

POCAS paradojas mayores que ver recoger el Premio Nobel de la Paz a un presidente que acaba de anunciar el envío de otros 30.000 soldados a la guerra. Y pocos galardonados habrán recibido el premio con mayor renuencia que Barack Obama ayer en Oslo. Con buenas razones. Los progresistas noruegos no querían hacerle un favor al concedérselo, sino hacerse un favor a sí mismos, como buenos progresistas. Querían presionarle para que cumpliese lo prometido en su campaña electoral. Cosa que Obama no ha logrado, ni es posible logre.

Cuentan sus ayudantes que desde que se lo concedieron, no ha dejado de pensar en el discurso de aceptación. Se ha leído los de todos los galardonados antes que él, los de Luther King y Mandela, los de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson y George Marshall, los tres estadistas norteamericanos que lo recibieron. Sin que le sirvieran de mucho. Todos habían hecho algo importante por la paz -impulso a la igualdad racial, creación de la Sociedad de Naciones, mediación en la guerra ruso-japonesa, plan de ayuda para reconstruir Europa-, mientras él no ha hecho otra cosa que despertar esperanzas de un mundo mejor. Con palabras muy hermosas, pero sin nada concreto hasta el momento que el envío de otros 30.000 soldados al frente.

Así que Obama se ha refugiado en la humildad, que siempre queda bien, y en su país. Son los Estados Unidos, dijo, quienes merecen este premio, no él. Esos Estados Unidos que a lo largo del siglo XX lucharon contra todo tipo de tiranías, para terminar venciéndolas e intentan hacer lo mismo en el XIX. Pero está resultando mucho más difícil. Tan difícil que los Estados Unidos necesitan la ayuda de las demás naciones amantes de la libertad para lograrlo. Pero necesitan, sobre todo, hacer la guerra. Fue ésta una palabra citada sólo de soslayo en el discurso de Obama en Oslo, aunque presente en todo él: «A veces, para lograr la paz se necesita usar la fuerza». «Los instrumentos bélicos tienen una misión en la paz». «Cabe utilizar los ejércitos en el mantenimiento de la paz». Podía haberse ahorrado tantos circunloquios echando mano del viejo proverbio romano: «Para mantener la paz, lo mejor es estar preparado para la guerra». A lo que podía añadirse: Y estar dispuesto a combatirla.

En este marco, se comprende la mesura del discurso de Obama -casi parecía pedir disculpas por recibir el galardón- y sus prisas por abandonar la ciudad. Nadie mejor que él sabe que la paz por la que le han dado ese premio está muy lejos e incluso puede no alcanzarse. Que lo de Irak y Afganistán empeora. Que Al Qaeda ataca cada vez por más flancos y que su presidencia va a ser más de la guerra que de la paz, si su país quiere, como hasta ahora, defender Occidente. Porque con la Alianza de Civilizaciones, desde luego, no se le defiende. Se le vence.


ABC - Opinión

Tertsch. Por Alfonso Ussía

Su primer apellido es una onomatopeya de golpe seco. El segundo, Del Valle-Lerchundi, la confirmación de su antiguo solar vascongado. Con Hermann Tertsch –pronuncien con la libertad que la Constitución les garantiza–, he compartido muchos momentos agradables. Es un excepcional periodista. Cuando, por su decente independencia, fue condenado al exilio de «El País», hice lo posible para traerlo a LA RAZÓN. Pero el entonces director de LA RAZÓN no hizo esfuerzo alguno para conseguirlo. Ya estaba en otras cosas. Hermann Tertsch es además un gran comunicador, vehemente, distinto y sorprendentemente libre. Le importa un bledo el lenguaje políticamente correcto y reconoce a los golfos del pesebre a kilómetros de distancia. Por eso le han fracturado dos costillas con una precisa y profesional patada de kárate a traición, en una calle de Madrid.

Días antes de la agresión, en el programa de La Sexta de un inevitable de los enchufes políticos, habían parodiado a Hermann señalándolo de asesino. El programa lo produce Globomedia, la productora del insufrible Emiliuco Aragón, Miliquito, el payasete, prototipo del «buenismo» oficial desde que triunfara en aquel tostón interminable de «Médico de Familia». Ahora produce otro tipo de programas, según se ha demostrado. Hermann Terstch es fácilmente reconocible por ser el director del «Diario de la Noche», el programa informativo nocturno de Telemadrid. No pretendo acusar al perenne enchufado y al falso bondadoso de ser los autores de la patada por la espalda a Hermann. Pero no creo exagerar si afirmo que comparten una buena parte de responsabilidad. Cuando se crea odio, se señala a un personaje conocido y se le muestra como un asesino, se cae en la inducción a la violencia. Cualquier imbécil fanático de los que ven el programa producido por Globomedia y dirigido y presentado por el eterno favorecido, puede reaccionar de la manera que lo hizo el agresor de Hermann creyendo que hace un bien a la sociedad. El pesebrista mayor del Reino, miembro destacado del Sindicato de la Ceja, aprovecha su programa –me lo han dicho, que uno no puede perder el tiempo–, para herir. Y a Hermann le han herido, no sólo moralmente sino físicamente. Dos costillas quebradas por una patada profesional y a traición, después de haber sido parodiado como asesino.
Menos mal que ha tenido suerte con los médicos. Ya se repone y va a seguir en la brecha escribiendo, informando y opinando desde su verdad. Va a seguir siendo políticamente incorrecto y libre. Va a seguir combatiendo con la palabra y la idea al terrorismo, la corrupción y la Constitución, con su clarísimo concepto de España. Y escribo que ha tenido suerte con los médicos porque no le han atendido los que le señalaron. Ni el falso médico de familia, ni el auténtico médico que se esconde tras la máscara amarga del gracioso oficial del sistema, doctor Monzón, creo que se llama. En ese aspecto ha tenido suerte Hermann Tertsch, a quien le envío desde aquí mi mayor abrazo por haber sufrido y vencido a la perversidad de los amparados por el poder.


La Razón - Opinión

Anatomía de un asesinato (económico). Por Carlos Sánchez

En Anatomía de un asesinato, Otto Preminger plantea un triángulo sugestivo. Una mujer (Lee Remick) es brutalmente violada por el dueño de un bar. Su marido (Ben Gazzara) venga el ultraje asesinando al violador de su esposa, y como no podía ser de otra manera es encarcelado por ello. James Stewart, un gris abogado que antes ejerció como fiscal del distrito, acepta llevar el caso pese a que las probabilidades de éxito son remotas.

Ni siquiera tiene claro que vaya a cobrar los 3.000 dólares que reclama por la defensa, y de hecho el acusado le entrega un pagaré sin valor alguno por falta de garantías. Pese a todo, acepta el caso. Básicamente por una razón. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Logra sus objetivos. Consigue que su defendido sea declarado inocente por enajenación mental transitoria. Y él, por supuesto, no cobra ni un dólar pese a su brillante alegato. Sin embargo, sugiere al final de la película, ha merecido la pena defender a alguien que podía haber acabado en la silla eléctrica.

A la economía española le comienza a pasar lo mismo que al protagonista de esta historia. No tiene defensa. Da la sensación de que se sigue tirando contra el muñeco como si el desempleo fuera un simple registro estadístico. Varios ejemplos.

En un momento como el actual, en el que el objetivo estratégico es ganar competitividad vía precios (y por supuesto vía innovación), resulta que los poderes públicos afilan sus uñas de cara al 1 de enero, cuando tradicionalmente suben los precios de los servicios públicos regulados. Se ha filtrado que el Ministerio de Industria prepara una subida media del recibo de la luz del 7%. Y hasta la Comunidad de Madrid ha anunciado que el metrobús de 10 viajes subirá un 21,6% a partir del año que viene (de 7,40 a 9 euros). Sin olvidar la subida de dos puntos en el IVA, lo cual tendrá un efecto negativo sobre un sector básico para la economía como el turismo, donde se compite fundamental vía precios.

Devaluar sin que se note

No serán, desde luego, las únicas subidas. En cartera está la revisión de otros precios públicos regulados, lo cual lastra la recuperación económica. Es ridículo pensar que estas subidas no influirán en la capacidad de competir de España como país, y por eso sorprende la ausencia de un debate intenso sobre cómo devaluar sin que se note. O dicho en otros términos, como lograr que la economía sea más competitiva una vez que ya no se puede utilizar el mecanismo de la devaluación, el instrumento favorito de este país durante 40 años.

"Increible, cuando de lo que se trata es de ganar competitividad, suben los precios regulados en un contexto de baja inflación"

Si algo está claro es que ante la atonía de la demanda interna (en particular el consumo de los hogares) el único componente del PIB que puede tirar de la economía es el sector exterior, y por eso sorprende que se hable más de sostenibilidad que de competitividad, que es el verdadero talón de Aquiles de la economía española.

Competitividad interior y no sólo exterior. Aunque en el mejor de los casos, España no pierda cuota de mercado en el comercio mundial, este país continúa siendo el paraíso de las importaciones, precisamente porque no es capaz de producir bienes y servicios nacionales a precios competitivos para el consumo interno. Es lo que tiene el haber cambiado los antiguos polígonos industriales por centros de ocio que no aportan ningún valor añadido y que han convertido a la economía en rehén del consumo privado. Pero claro, para cambiar este escenario es necesario un abogado capaz de jugarse el pellejo por una economía maltrecha. Aunque suponga no cobrar los honorarios o abandonar los despachos oficiales con el sabor del deber cumplido.


El confidencial

Una bomba de relojería para Zapatero

Zapatero parece que no es consciente de lo que se juega en el envite de Haidar, ya que son sus propios simpatizantes los que ahora le niegan su apoyo.

LA FIRME determinación de Aminatu Haidar a seguir su huelga de hambre hasta morir si es preciso y la negativa tajante de Marruecos a admitir su regreso se han convertido en una bomba de relojería para el Gobierno de Zapatero, al que la crisis se le ha escapado de las manos.

La prueba del desconcierto del Ejecutivo es que ayer 200 intelectuales y artistas, casi todos representativos de la izquierda más adicta a Zapatero, avalaron un comunicado en el que se pide al Rey que intervenga ante Mohamed VI para que Rabat acepte la vuelta de Haidar al Sáhara Occidental, dando por hecho que el Gobierno es incapaz de lograrlo.

Ya lo había intentado la semana pasada Cayo Lara, líder de IU, que reveló que la Casa Real le ha contestado en una carta que el Gobierno no considera oportuno por el momento que Don Juan Carlos medie para solucionar el conflicto.

Llama poderosamente la atención una respuesta tan explícita de la Casa Real, que puede ser interpretada como que el monarca se quiere desmarcar de la mala gestión del Gobierno en este asunto. En cualquier caso, según establece la Constitución, el Rey no puede ni debe intervenir sin el consentimiento expreso del Ejecutivo.

Por su parte, Haidar -que lleva ya 25 días en huelga de hambre- compareció ante los medios en el aeropuerto de Lanzarote para dejar claro que no abandonará su actitud hasta que Marruecos no la deje volver a su casa. «La carta de mis hijos me ha empujado a ser más dura que antes. Deseo abrazarles, pero con dignidad», afirmó.

Haidar volvió a insistir en que Marruecos y España han vulnerado sus derechos, desmontando las cínicas tesis de la propaganda marroquí, que recuerdan la hipocresía del franquismo cuando pretendía convertir a las víctimas del régimen en conspiradores sin escrúpulos.

El discurso oficial de Marruecos no se sostiene porque resulta inconcebible, además de violar el derecho internacional, que Haidar no pueda volver al país que ejerce la soberanía sobre el Sáhara, sean cuales sean sus ideas, por el mero pecado de haber afirmado su identidad en un impreso.

Pero el Gobierno español sale también muy mal parado por su debilidad frente a Rabat, que le ha llevado a cometer dos gravísimas chapuzas, de las cuales el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, es el principal responsable.

La primera fue aceptar la entrada en España de Haidar tras su expulsión, ya que carecía de pasaporte, requisito legal imprescindible para que una ciudadana de nacionalidad marroquí entre en nuestro país. Sin la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni hubiera podido embarcar en el avión ni las autoridades aduaneras habrían aceptado que traspasara la frontera.

El segundo error fue intentar repatriarla el pasado viernes sin una autorización del Gobierno marroquí, que, cuando se enteró de que viajaba Haidar, prohibió el aterrizaje del aparato, poniendo en evidencia la precipitación de Moratinos.

Conforme pasan los días, la saharaui va ganando apoyos en la opinión pública de nuestro país. Es un fenómeno que empieza a alcanzar ya la intensidad de un clamor que exige que el Gobierno solucione este asunto no obligando por orden judicial a ingerir alimentos a esta mujer sino forzando a Marruecos a cambiar de posición.

Da la impresión de que Zapatero no es consciente de lo mucho que se juega en este envite, en el que sus propios votantes y simpatizantes son los que más le presionan para que Haidar pueda volver libremente a su tierra. Si este asunto acaba mal, el presidente del Gobierno podría sufrir el mayor descrédito de su carrera política.


El Mundo - Editorial

Zapatero y el enésimo fin de la crisis

El gasto público no produce un crecimiento sostenible, sino uno artificial creado a base de deuda. Así, podría tratarse de una crisis en forma de W, en la que el PIB rebota para caer de nuevo una vez agotados los falsos y cortoplacistas planes de estímulo

Resulta difícil creer al presidente del Gobierno cuando anuncia que España crecerá "con carácter inminente", cogiendo un "tren" que "aumentará su velocidad hasta adquirir la necesaria para recuperar la creación de empleo". Al fin y al cabo, en abril aseguró que era muy probable que "lo peor haya pasado ya"; en mayo que "el deterioro de la economía española está tocando fondo"; en junio que "lo peor de la crisis ha pasado ya"; en agosto que "la fase más cruda de la crisis ha pasado ya"; en septiembre que "la fase más aguda de la crisis la hemos dejado atrás" y en noviembre que "lo peor de la crisis ha pasado".

Ignoramos si el Gobierno sigue creyéndose que los mensajes positivos generan confianza en la economía; si así fuera, deberían empezar a pensar que quizá, sólo quizá, la continua repetición de fallidas profecías no es algo que permita mantener mucho la fe en el Ejecutivo. Es posible, en cualquier caso, que el objetivo de esta continua repetición de sucesivos finales de la crisis no sea otro que poder felicitarse luego cuando, por fin, termine acertando.

Al fin y al cabo, es muy posible que merced al desaforado derroche de este Gobierno un trimestre de estos la economía deje de contraerse. Ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, dadas las medidas adoptadas por Zapatero, no cabe concluir que estaríamos ante el final de nuestros problemas. El gasto público no produce un crecimiento sostenible, sino uno artificial creado a base de deuda que finalmente habremos de pagar. Así, podría tratarse de una crisis en forma de W, en la que el PIB rebota para caer de nuevo una vez agotados los falsos y cortoplacistas planes de estímulo económico. O, casi peor, podría ser una crisis a la japonesa, en la que tuviéramos un largo periodo de crecimiento cercano a cero que no permitiera crear empleo.

Incluso cabe el riesgo de que suceda la catástrofe de que Grecia suspendiera pagos. ¿Por qué afectaría esto a España? Porque, teniendo una deuda superior a la nuestra, que supera el 120%, padece los mismos problemas que nosotros, con un déficit del 12% y unos planes de reducción del agujero en las cuentas públicas tan poco creíbles como los de Zapatero. Si Grecia cae, los inversores previsiblemente huirían de países con problemas similares, y entre ellos destaca España, que no encontraría forma de financiar su abultado déficit.

Ante esta situación, la única salida de todo Gobierno responsable sería reducir el gasto abandonando todos los planes de estímulo, dejar que se purguen las malas inversiones en lugar de mantenerlas con la respiración asistida del gasto público y liberalizar el mercado laboral. Pero ya conocemos en exceso a Zapatero como para hacernos la ilusión de que pueda llegar a hacer lo que necesita la economía si eso va a reducir su popularidad aunque sea sólo un poco. Tiene razón Aguirre: sólo cuando el actual presidente deje su cargo cabrá alguna esperanza de recuperación. El problema, claro, es que no parece que los actuales dirigentes nacionales del PP estén dispuestos a abordar con seriedad esos mismos problemas que Zapatero esquiva con su insensato optimismo.

España, y de eso sabe algo el PP, ha disfrutado de una época en que el Gobierno llevó a cabo una política de austeridad que condujo a un periodo de prosperidad con pocos precedentes en la historia de nuestro país. No estaría de más recordarlo cada vez que Zapatero vuelva a anunciar el fin de la crisis. Que seguramente sea pasado mañana.


Libertad Digital - Editorial

Un legalismo erróneo en el «caso Haidar». Por Andrés de la Oliva Santos

Los portavoces de varias asociaciones judiciales y la Organización Médica Colegial (OMC) afirman que la alimentación forzosa de Aminatu Haidar no es posible a causa de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, «básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica». Según la prensa, la OMC ha llegado a afirmar que sería delictivo salvar la vida de Haidar contra su voluntad. Pienso que esos magistrados y médicos cometen un grave error, compartido, al parecer, por el Juez competente. Y, con urgencia, explico mi criterio.

Ante todo, es de recordar que, conforme al art. 3.1 del Código Civil, en sede de su Título Preliminar, conjunto normativo al que los juristas reconocemos categoría cuasi-constitucional, «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas». Esos diversos elementos interpretativos no son subsidiarios unos de otros. Todos han de ser tomados en consideración. Y el más importante de todos es el del inciso final, que incluye un adverbio imposible de ignorar: «atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas» (de las normas). Es lo que se denomina criterio teleológico: con qué fin razonable ha sido aprobada cada norma.

Al invocar, como ley aplicable primordialmente al «caso Haidar», la Ley 41/2002, se está olvidando lo que esa misma ley afirma, en sus primeros preceptos, sobre su ámbito y su objeto: En el art. 1 leemos que «tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica». Y el art. 2.1 afirma que «la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica».

Se trata, pues, de una ley sobre aspectos de la asistencia médica y sanitaria a «pacientes» y a «usuarios». Y aquí ya resulta obligado plantearse si Haidar, acostada en el Aeropuerto de Lanzarote, es una «paciente» o una «usuaria», en el sentido de esa Ley. Véase: «paciente» es la «persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud»; y «usuario», la «persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria». (art. 3) Según estas definiciones, Haidar no es ni «paciente» ni «usuaria». Me parece más que dudoso que dejar morir a Haidar venga exigido por la autonomía de la voluntad de los «pacientes» o «usuarios» de centros y servicios sanitarios.

Y es que, además, ocurre algo sumamente significativo, a saber: que en toda la Ley 41/2002 no se utiliza ni una sola vez la palabra «vida». ¿Por qué? ¿Porque nunca, durante la elaboración de la ley, pensaron en la vida ni el Gobierno ni las Cámaras legislativas? Es una explicación inaceptable porque resulta altísimamente improbable tamaño despiste mental. Mucho más convincente encuentro entender que, en todo lo que esa Ley regula, la Ley se quiere referir, y de hecho se refiere únicamente a la salud: a la salud y a la enfermedad, no a la vida o la muerte. ¿Cómo se atreven entonces a sostener, con esa Ley en la mano, que la dignidad de la persona incluye legalmente una especie de «derecho al suicidio» y que el respeto a esa dignidad impone contemplar impasibles cómo una persona muere desnutrida y deshidratada? Nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha negado en varias ocasiones la existencia de un «derecho a la propia muerte».

Defiendan, pues, si pueden, su particular idea de «dignidad de la persona», pero no con invocación de esa Ley. No digan que se alza como obstáculo insalvable para evitar la muerte, por voluntaria que sea, en un caso que nada tiene que ver con enfermedad penosa o terminal, con la objeción de conciencia o con el derecho a la libertad religiosa (como los Testigos de Jehová para rehusar transfusiones de sangre). Y cuando esgrimen la «autonomía de la voluntad», sean serios. Esa «autonomía de la voluntad» de la Ley 41/2002 es la «autonomía del paciente». Y la autonomía del paciente, ha de relacionarse con tratamientos relativos a la salud, que es de lo que la Ley trata, pero dejando a un lado el riesgo inminente de perder la vida o el peligro cierto de muerte inmediata. Así, pues, como quiera que a) esa autonomía del individuo no llega a ser «derecho a la muerte»; b) la vida es, según el común sentido y reiterada jurisprudencia del TC, «un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» y un «supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible», etc; y c) muchas personas distintas tienen diversos deberes de protección de la vida, la conclusión es que médicos y jueces deben proceder sin demora a evitar la muerte de Haidar.

La atención a lo que, en tales y cuales casos (distintos del presente), dijeron este y aquel tribunal, una atención que, por lo demás, casi nunca incluye la lectura íntegra y atenta de las sentencias, no debe reemplazar el esfuerzo de interpretar racionalmente las normas, en el conjunto del entero ordenamiento jurídico. Del legalismo miope derivan barbaridades como la de que, ante alguien tendido en el suelo de un aeropuerto, o en la calle, tenemos que esperar a que se encuentre inconsciente y casi muerto para hacer algo en favor de su vida. De ese legalismo deriva también el despropósito de que a un preso sí se le puede imponer la alimentación que le salvará, porque se encuentra en el interior de un establecimiento penitenciario y, en cambio, hay que dejar que muera quien no está privado de libertad (aunque también en un recinto estatal). Al borracho o drogado, que no está en condiciones de opinar sobre sí mismo, se le puede salvar incluso sin buscar, encontrar y recabar de su representante legal el consentimiento informado. Se pretende, en cambio, que si alguien se está dejando morir conscientemente, su libertad (léase «autonomía») y su dignidad personal nos exoneran de evitar su muerte.

Nunca, en nombre del Derecho, que tiene entrañas de razón y de humanidad, aceptaré la degradación de la libertad y de la dignidad que supone la omisión de ayuda, administrativa, médica y judicial, para evitar la muerte. Todos, de sernos posible, y sin necesidad de «consentimiento informado», debemos salvar la vida de la persona que está por arrojarse al vacío desde un puente. No hay «testamento vital» que valga ante una situación como ésa. La libertad de una persona puede incluir, sí, el propio aniquilamiento, pero cuando llega a ese extremo, deja de merecer respeto absoluto y no prevalece sobre los deberes de otras personas.

Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense


ABC - Opinión