lunes, 30 de noviembre de 2009

Rajoy con barretina. Por Emilio Campmany

Si tanto necesitan los del PP caerles bien a los nacionalistas catalanes, ¿por qué no se deciden a darles lo que quieren? Al menos sabrían a qué atenerse quienes les votan en Cataluña y en el resto de España.

¡Qué poco dura la alegría en la casa del liberal-conservador! Pareció, aunque quizá fuera un sueño, que el PP volvía de su convención en Barcelona decidido a hacer oposición. Tan difusa, confusa y profusa es la política del Gobierno que hasta pesos medios como Soraya Sáinz de Santamaría pusieron contra las cuerdas a pesos pesados como De la Vega en el ring del Alakrana. ¡Qué digo pesos medios! Hasta un peso gallo como Floriano acorraló al super-pesado Rubalcaba. Fueron unos días vividos en nebulosa, en los que las imágenes nos llegaron como filtradas, deformadas, envueltas en irreales brumas.

Pero, ay amigo, llegó el editorial de los doce y el sueño se desvaneció. Durante unas horas, algunos líderes del PP salieron en defensa de la Constitución y del Tribunal encargado de velar por que se cumpla. Cuando Rajoy se puso de perfil, según la acertada expresión de El País, y dijo aquello de que no tenía nada que decir, todos los barandas del partido se dieron cuenta de qué había que contestar si algún periodista preguntaba sobre las presiones al Tribunal Constitucional: nada.

Al parecer, el oráculo Arriola tiene el asunto muy estudiado. Para ganar las elecciones generales, hay que mejorar sustancialmente los resultados en Cataluña. Y en Cataluña, es imposible que el PP mejore sus resultados mientras siga atacando al nacionalismo y a su estatuto.

Quizá Arriola tenga razón. Quizá sea cierto que el PP jamás podrá ganar las elecciones generales sin hacerse nacionalista catalán, como ha hecho el PSOE. Quizá sea una verdad como un templo que Cataluña es independentista y, mientras forme parte de España y hasta que sus políticos crean llegado el momento de separarse, la única forma de alcanzar el Gobierno en España sea fingiéndose amigo de ellos. Pero si todo esto es el evangelio de la política española, ¿qué hace Rajoy que no retira el recurso contra el estatuto de Cataluña?

El País, al recoger la opinión de un líder popular anónimo (me pega que Lasalle), dice que en el PP reconocen que hoy sería impensable que iniciaran una campaña de recogida de firmas contra el estatuto como hicieron hace tres años. Y tanto que es impensable. Este PP jamás haría tal cosa. Pero, entonces, repito ¿por qué no retiran el recurso? En este absurdo sistema nuestro, en el que el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio para que se vea bien a las claras que está al servicio de los políticos, bastaría que el PP desistiera para que el estatuto fuera constitucional, por arte de birlibirloque, como la rana se convierte en príncipe gracias al beso de la princesa. Si tanto necesitan caerles bien a los nacionalistas catalanes, ¿por qué no se deciden a darles lo que quieren? Al menos sabrían a qué atenerse quienes les votan en Cataluña y en el resto de España.

Cada vez se nota más en España una mayor ausencia de bemoles. El presidente de Gobierno y la ministra de Defensa no se atreven a ordenar disparar contra los piratas que apresan nuestros barcos. Los nacionalistas catalanes no se atreven a reclamar la independencia, por más que no paran de amenazar con hacerlo. Y los del PP no se atreven a defender la Constitución como se merece ni a terminar de abandonarla a su suerte como han empezado a hacer. Entre incompetentes, indeseables e indecisos acabarán con la nación.


Libertad Digital - Opinión

"Habría que matarlos a todos". Por José García Domínguez

Cierto Ramon Bagó ha depuesto lo que sigue ante un auditorio tan necesitado de asistencia veterinaria como el propio orador: "Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos"

El "creciente hartazgo" del que nos alertaba en ecuménico editorial ese Sánchez Mazas del catalanismo que responde por Enric Juliana, acaba de experimentar su plasmación empírica en la figura de un ilustre representante del sector porcino gerundense. Así, cierto Ramon Bagó ha depuesto lo que sigue ante un auditorio tan necesitado de asistencia veterinaria como el propio orador: "Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos".

Por lo demás, siendo un pobre hombre, no parece un hombre pobre, el tal Bagó. Presidente del principal consorcio turístico y hotelero de Cataluña, el Grupo Serhs; director general de Turismo de la Generalidad con Pujol; presidente del Salón Internacional del Turismo con Montilla; alcalde convergente de Calella con los votos de un par de tontos del Partido Popular; Cruz de San Jordi con Fèlix Millet, las atocinadas carnes del inductor Bagó representan el paradigma ético y estético de la célebre sociedad civil catalana. Huelga decir, en fin, que la respuesta de los populares ante su amenaza directa de asesinato ha resultado tan fulminante como implacable.

Durísimo, Jordi Cornet, secretario general del PPC, acaba de advertir que emitirán un comunicado de protesta si Bagó no enmienda esas palabras en la forma y plazo que él mismo considera oportunos. Más contundente aún si cabe, Alicia Sánchez Camacho se ha apresurado a manifestar, contra toda evidencia por cierto, que "no se pueden hacer estos atentados a la dignidad de un partido democrático". Tajante réplica que ha querido reforzar, sentenciando, drástica: "Parece que las bromas [sic] tienen que ir siempre contra el PP". ¿Querellas? No, gracias. ¿La Fiscalía? Ni está ni se la espera. ¿La prensa? Ni caso, de tan ocupada como anda en amenazar a su vez los jueces.

Así las cosas, repare por un instante el lector en el desgarro, en la ofensa infinita que, sin saberlo, causa a ese pobre desgraciado cada vez que adquiere cualquier producto del Grupo Serhs tomándolo por español. Y piense en cómo un pequeño esfuerzo, un simple testimonio de solidaridad, de reconocimiento a la sensibilidad criminal de ese Bagó, podría aliviar el inmenso daño que le venimos causando entre todos, al comprar sus mercancías. Medítese en ello. Es de justicia.


Libertad Digital - Opinión

El próximo derby. Por José María Carrascal

NO me refiero al Barça-Madrid, sino al Zapatero-Rajoy. En sus andanzas por el mundo para exponer sus recetas como presidente de la CE, Zapatero se ha acordado de que es también presidente de España y ha convocado a Rajoy para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, y acallar el guirigay armado en torno al Estatuto catalán. Así de sencillo.

¿Cuántas veces ha engañado Zapatero a Rajoy? Tantas como se han entrevistado. En su descargo, Rajoy puede alegar que no es el único en tan embarazosa situación. «Zapatero ha engañado a todo el mundo», dice Pujol con esa mala leche que gasta últimamente. Sin que nadie le contradiga. Zapatero ha engañado a todo el mundo y, especialmente, a Rajoy, del que sólo se acuerda cuando está en un apuro, del que escapa anunciando sonriente después del encuentro que ha llegado a un acuerdo con el líder del principal partido de la oposición, por lo que el problema está solucionado. Para olvidarse del problema y de Rajoy hasta la próxima. Para él, sus promesas como presidente tienen el mismo valor que las electorales: ninguno.


¿Significa esto que Rajoy no debe acudir a la cita? En modo alguno. Eso serviría a Zapatero para culpar al PP del estropicio catalán. Debe ir, por tanto, palpándose la cartera y con una agenda muy corta y muy clara: si Zapatero quiere renovar los cuatro miembros del Tribunal Constitucional pasados de plazo, no tiene más que aceptar los dos propuestos por el PP, a través de la vía correspondiente, el Senado, Francisco Hernando y Enrique López, que obtuvieron más votos en las cámaras autonómicas. Candidatos que el PSOE venía bloqueando. De aceptarlos, el Constitucional podría renovarse en una semana. Si no, tendrá que ser el actual quien decida sobre el Estatut.

Como sabemos con quien nos estamos jugando los cuartos, hay que preguntarse si éste no será el plan B de Zapatero, tras no conseguir que el Estatut pase por el Constitucional con un mero afeite cosmético, como esperaba hasta que uno de los jueces «progresistas» decidiese que lo verdaderamente progresista es no permitir un desafuero por conveniencia política. Y ya que no consigue evitar una poda sustancial del Estatuto, Zapatero puede estar tramando ganar tiempo. Un renovado Tribunal Constitucional podría replantearse el entero caso, lo que supondría retrasar la sentencia hasta después de las elecciones catalanas del próximo año e incluso hasta después de las generales de 2012. Y para entonces, con el Estatut ya a toda máquina, pelillos a la mar. Así que, cuidado, Mariano, que la renovación del Constitucional debe incluir, aparte de los dos candidatos del PP, que el nuevo adopte la entera instrucción del anterior.

Pd. Si nuestro presidente se diera tanta maña en resolver nuestros problemas como en engañar a la gente, España estaría a la cabeza, no a la cola, de Europa.


ABC - Opinión

La insostenible hoja de ruta de Zapatero. Por Antonio Casado

El último Consejo de Ministros dio salida al proyecto de ley de Economía Sostenible, la nueva frontera del reinado de Zapatero. Una hoja de ruta poco sostenible porque nace marcada por la falta de credibilidad. Entre otras cosas, por demorar diez años más unos objetivos ya propuestos en el programa electoral de 2004. Esa es la paradoja de un proyecto que llega con diez años de antelación y cinco de retraso. Muchas de esas medidas ya fueron anunciadas y olvidadas a lo largo del último lustro.

El PP ha sacado a relucir los planes quinquenales del fenecido orden comunista como elemento de comparación histórica. También podía haberse referido a los planes de desarrollo del franquismo, aunque ese parangón hubiera dejado muy fácil la réplica de los socialistas. En cualquier caso, ojo, mejor no tocar ahora el viejo asunto del intervencionismo del Estado y las economías planificadas para desautorizar este proyecto de Zapatero. No precisamente ahora, cuando acabamos de darle la bienvenida, como a mister Marshall, al generoso dinero del Estado -o sea, de todos- para el rescate de una economía de mercado libre que a punto estuvo de mandarnos a vivir debajo de un puente.

Otras razones, y no el hecho de que el Estado quiera apadrinar un determinado patrón de crecimiento, nos ponen en la pista de esta insostenible hoja de ruta de Zapatero. De momento, el proyecto nace bajo el peso de ese doble lastre asociado a sus planes de lucha contra la crisis económica. Por un lado, un voluntarismo el insobornable. Por otro, el camuflaje semántico. Leire Pajín, número tres del PSOE, lo clavaba este fin de semana: “Es una ley pensada para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones”.

Catálogo de buenas intenciones de difícil verificación a lo largo del tiempo, con el objetivo declarado de cambiar nuestro modelo económico. Las buenas intenciones frente a la evolución de la economía según sus propias dinámicas: la marcha de la economía internacional, el precio del petróleo, las leyes del mercado libre, el signo de la demanda, etc. ¿Va a quedar todo eso condicionado a una hoja de ruta elaborada en Moncloa?

Por otra parte, me gustaría saber cómo los diseñadores del plan han averiguado que su aplicación costará 20.000 millones de euros y no 32.000, 15.000 o 45.350. Sería interesante conocer la caja negra de esa cifra cuando, al tiempo, el equipo de Zapatero se abstiene de cuantificar, al menos de forma aproximada, los umbrales mínimos de crecimiento, déficit público y empleo, que son los realmente nos indicarían si se están consiguiendo o no los resultados apetecidos. Así que nos quedamos sin referencia fiable para valorar la eficacia de la ley con el paso de los años.

Aparte del voluntarismo, la otra marca de la casa es el camuflaje semántico. No se entiende por qué hay que bautizar con el nombre de economía sostenible la muy tardía supresión de los defectos estructurales de la economía española, como el excesivo peso de la construcción, el déficit educativo –la formación profesional, muy especialmente-, la irritante burocracia oficial o la rigidez del mercado de trabajo ¿Es que no se pueden superar de una vez por todas esas asignaturas pendientes de nuestro sistema productivo sin necesidad de ponerle un nombre a la tarea?


El confidencial - Opinión

Haidar, otra muestra de debilidad frente a Marruecos

La negativa de Haidar podrá ser una estrategia discutible, pero desde luego retrotrae el problema a su origen: la necesidad de un rechazo firme, radical y político por parte del Gobierno a que Haidar fuera trasladada en contra de su voluntad a España.

El Gobierno del PSOE siempre ha cultivado una amistad más unilateral que recíproca con la autocracia marroquí. Numerosas han sido las ofensas que, a lo largo de los años, nuestro vecino del sur ha ido infligiendo a los intereses españoles –con la mirada siempre puesta en la ocupación de Ceuta y Melilla y, por qué no, de Canarias– y que nunca contaron con una respuesta a la altura de las circunstancias, especialmente desde que Zapatero llegó a La Moncloa.

Marruecos sabe perfectamente que las posiciones de la democracia española no se caracterizan precisamente por su firmeza y que los distintos Gobiernos, especialmente los de signo socialista, siempre estarán dispuestos a tragar cualquier sapo con el objetivo de evitar un conflicto diplomático. Por eso recurren constantemente a políticas de hechos consumados que les permitan ganar batallas prácticamente sin haberlas librado. Una vez la monarquía alauí da un paso adelante, España rara vez le hace dar un paso atrás; por lo general, tratamos de buscar un, muchas veces, rocambolesco encaje de la nueva situación dentro de nuestro ordenamiento jurídico (como sucedio incluso con Perejil). Es el modelo de la Marcha Verde que tan buenos resultados le dio a Hassan II y que durante su reinado tan buenos le está dando a su hijo Mohammed VI.

El caso de la activista saharaui Aminatu Haidar es un claro ejemplo de ello. Marruecos tenía pensado desde un primer momento expulsarla a España una vez regresara de Nueva York, donde había acudido a recoger el Premio Coraje Civil 2009. Haidar incomodaba a la autocracia magrebí y decidieron recluirla en España, lejos de la región del Sahara Occidental por la cual se rebela.

Así, a mediados de noviembre, después de llegar a Aaiún, fue remitida a Lanzarote por las autoridades del país; movimiento que contó con la tibia oposición del Gobierno español y pese al cual Marruecos decidió proseguir con la operación. Moratinos habló por teléfono con su homólogo marroquí, pero de poco o nada sirvió. La monarquía alauí volvió a utilizar su política de hechos consumados ante la impotencia voluntariosa del Ejecutivo español. Puede que, al contrario de lo que dice Haidar, el Gobierno español no sea un cooperador necesario por acciones propias, aunque desde luego sí deviene tal por omisión.

Marruecos nos ha convertido en su particular celda de reclusión para Haidar y nos ha forzado a que tengamos que buscar algún tipo de solución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando sea retorciendo nuestro derecho positivo.

En este sentido, el rechazo de Haidar a que se le conceda la nacionalidad española, esto es, a "convertirse en extranjera en su casa", podrá ser una estrategia discutible y de final incierto –especialmente al combinarla con una huelga de hambre que por la desidia del Ejecutivo español ya alcanza las dos semanas y que ha debilitado enormemente a la activista–, pero que desde luego retrotrae el problema a su origen: la necesidad de un rechazo firme, radical y político por parte de las autoridades españolas a que Haidar fuera trasladada y permanezca en nuestras tierras en contra de su voluntad.

Se ha sorprendido Moratinos de que la activista saharaui haya rechazado sus ofertas. En realidad, lo realmente sorprendente es que el Gobierno haya aceptado sin rechistar convertirse en el presidio septentrional de Marruecos.


Libertad Digital - Editorial

Crisis constitucional. Por Gabriel Albiac

POCA solución hay ya. La larga parálisis del Tribunal Constitucional ha desembocado en lo que era previsible: una crisis constitucional de hecho. El Estatuto de Cataluña era casi transparentemente incompatible con aspectos cruciales de la Constitución española. Un rápido esclarecimiento de esos puntos hubiera dado ocasión a corregir lo corregible y, si era preciso, volver a la casilla de partida. No se hizo. Tal vez porque la inercia se ha convertido en la única norma de funcionamiento de la política española y ha acabado por contaminar también a la última instancia de control de garantías. Era, a poco que se pensase en frío, un mal cálculo: la política aborrece el vacío, y el paréntesis -el largo paréntesis- generado por el Constitucional, ha ido siendo llenado por un despliegue institucional de las tesis del Estatuto, que buscaba fijar una situación materialmente irreversible. El doble golpe de la formación de un remedo catalán de Tribunal Constitucional propio y de un manifiesto de uniformidad editorial sin precedente en la prensa española, alza acta de que los últimos envites han sido hechos. Y la expresión del Presidente Montilla, llamando a ir hasta las últimas consecuencias para imponer su vigencia, es cualquier cosa menos retórica.

En sus fundamentos hay algo difícilmente conciliable: la Constitución española pone como sujeto constituyente al pueblo español; el Estatuto otorga esa potestad a la nación catalana. Uno de los dos textos tiene que ser reformado para que el otro exista. Y, dada la preeminencia de la Constitución sobre cualquier otra norma, no queda más que excluir la viabilidad del Estatuto catalán. Al menos, hasta que una sustancial reforma de la Constitución española haya sido llevada a cabo. Sólo entonces, si esa reforma hace desaparecer del texto al sujeto constituyente de la de 1978, la nación española, podrá pasarse a elaborar un Estatuto que otorgue función constituyente a una región concreta, la que sea, del país que se extingue. Sería, pienso yo, abrir una dinámica desastrosa. Pero legal, en todo caso. Porque toda Constitución que sea tal incluye una previsión precisa de los procedimientos mediante los cuales pueda, en su totalidad, ser modificada.

En la Constitución de 1978, esos procedimientos están muy claramente definidos en el Artículo 168, que establece las condiciones de reforma cuando lo que esté en juego sean aspectos axiales del texto:

«1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1.a, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2.Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3.Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Es un procedimiento complejo, pero factible. Puede que haya llegado el momento de aplicarlo. Puede que este pobre país haya llegado a ese confín de su destino que Francesco Guicciardini describe como el drama mayor de un ciudadano: «Todas las ciudades, todos los estados, todos los reinos son mortales... Pero un ciudadano que se halla ante el fin de su patria no debe dolerse tanto de la desgracia de ella cuanto de la suya propia: porque a la patria le ha sucedido lo que en cualquier caso debía sucederle, pero la desgracia es la de aquel al que le tocó nacer en el tiempo en que tal infortunio va a producirse».


ABC- Opinión