miércoles, 8 de julio de 2009

Auschwitz es ahora. Por Gabriel Albiac

«Los asesinos de Auschwitz cercenaron a los judíos de la humanidad y les negaron el derecho a existir»: tal vez sea Emil Ludwig Fackenheim quien mejor haya formulado la dimensión teológica del exterminio nazi contra el pueblo judío. No es lo más aterrador la cifra de los seis millones. Lo es la precisión con la que, antes de ser gaseado, cada uno de ellos debía ser desprovisto individualmente de hasta su último atributo de hombre. De modo que lo aniquilado no fuera una fracción -ni siquiera una fracción criminal u odiosa- de la especie humana. Sino un virus, al cual se fumigaba preventivamente. Así, la logística de la muerte en los Campos era tan moralmente trivial cuanto la desratización en las cloacas. El Ziklon-B fue puesto en el mercado como la última palabra en raticidas. Nada más funcional que usar como laboratorio de su eficacia a los especímenes hacinados en Auschwitz, Dachau, Treblinka...

«No eran humanos», repiten los ancianos alemanes a quienes Goldhagen entrevista en Los verdugos voluntarios de Hitler. Ellos, grises padres de familia en los años treinta, corrieron con las ejecuciones en las zonas rurales. Nada, o casi nada, sabían de política. Se les dio un revólver, instrucciones para no ser salpicados por las astillas que saltan de la nuca al estallar la bala. Cumplieron su tarea con la misma asqueada indiferencia con la que hubieran pisoteado orugas. No eran humanos. Habían sido vecinos suyos hasta dos días antes. Pero aquello debía ser visto ahora como un malentendido; o, más bien, como una conspiración para infectar al pueblo ario. No eran humanos ya, cuando les disparaban. Eran el enemigo de las leyes de la naturaleza y de los hombres. Conforme a lo dictado por Adolf Hitler en 1934: «Al ario y el judío, los opongo mutuamente. Y, si doy nombre a uno de hombre, estoy obligado a buscar un nombre diferente para el otro. Porque están tan separados entre sí, cuanto lo están las especies animales de la especie humana. Y no es que yo esté llamando animal al judío. Está el judío más lejos del animal que nosotros, los arios. Es un ser ajeno al orden natural; es un ser contra natura».

Proliferó, consecuente, la iconografía burlesca del monstruo: nariz rinoceróntica, ropón negro y raído, desaliñados tirabuzones bajo la kipá, ojo aviso... El «judío Süss» de cineastas y dibujantes nazis tenía todos los rasgos de lo repelente. Su mente maquinaba las resentidas perversidades que contra la belleza humana -la moral como la física- le ponían en condiciones de perpetrar su enfermo retorcimiento anímico y su inagotable atesorar dinero ilícito. La eficacia de esa iconografía fue demoledora. Funcionaba así: una encantadora niña aria, rubia y con tirabuzones, se enfrenta al repugnante judío ataviado de cucaracha: «¿Pero cómo pueden los judíos violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales?». Cínicamente indiferente, responde el hombre insecto: «Nuestro buen dinero nos cuesta». El judío es el enemigo de lo humano. Su dinero, sabiamente administrado, borrará a los verdaderos hombres de la tierra.

Setenta y cinco años después, abro el periódico. Viñeta. Una encantadora niña aria, rubia y con tirabuzones, se enfrenta al repugnante judío ataviado de cucaracha: «¿Pero cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales?». Cínicamente indiferente, responde el hombre insecto: «Nuestro buen dinero nos cuesta». Israel es el enemigo de lo humano. La sabia administración de su dinero busca borrar a los verdaderos hombres de la tierra.

Sucedió en Madrid. Hace ocho días. Auschwitz no es aquí cosa del pasado.

ABC - Opinión

Las perchas y el sastre. Por M. Martín Ferrand

LOS trajes que lucen Francisco Camps y sus acólitos políticos Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, sean de pago o de gañote, demuestran que es más importante la percha que el sastre. Si atribuimos su corte y confección a Álvaro Pérez, «el Bigotes», los resultados son muy distintos cuando se observan en cada uno de sus muy notables y polémicos usuarios. Mientras Costa parece una versión actualizada de Beau Brummell, Camps mantiene su aspecto de coadjutor en una parroquia de barrio y Campos y Betoret, pobrecitos, ni fu ni fa. Otra cosa es lo que estos trajes consiguen a la hora de llamar la atención. Ni los de Brioni, la sastrería más cara del mundo, llegan tan lejos cuando los viste Daniel Craig para interpretar a James Bond.

Establecido que el hábito no hace al monje, también se puede concluir que los ropajes del monje pueden afectar, y mucho, el prestigio del convento. Un asunto menor, mal gestionado desde la creencia rajoyana de que el tiempo tiene mala memoria y genera efectos balsámicos puede producir graves daños en un partido que no vive su mejor momento y en el que escasean líderes, como Camps capaces de ganar elecciones por mayoría absoluta.

En numerosas comparecencias públicas, incluso parlamentarias, Camps ha repetido que se pagaba sus trajes. No lo entiende así el magistrado del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana a quien ha ido a parar este ruidoso asunto y sospecha que se trata de dádivas improcedentes. ¿Nos ha mentido Camps? Poco hay que decir sobre el asunto. La judicialización de la vida política a la que ha conducido la escasez parlamentaria, secuestrada por la partitocracia dominante, nos obliga a esperar unos cuantos meses hasta que se pronuncien los tribunales. Es otra vía abierta en la ya muy agujereada credibilidad del sistema.

Los daños pueden resultar crecientes si, para aliviarlos, el PP reacciona como lo ha hecho la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en cuya faldas municipales veló Camps sus primeras armas políticas. No «todos» los políticos son iguales ni es lo mismo regalarle, con publicidad, unas anchoas de Santoña al presidente del Gobierno que aceptar, con disimulo, unos trajes de unos cualificados ganapanes. Entre la deseable solidaridad entre compañeros y el suicidio colectivo hay escalones intermedios. Hasta Mariano Rajoy puede entenderlo cuando despierte de la siesta.

ABC - Opinión

Prohibir los enlaces para salvar los periódicos. Por Daniel Rodríguez Herrera

Lo malo es que todas estas medidas son un ataque a derechos fundamentales, para cuya violación las conveniencias económicas no deberían ser razón suficiente. Y perder eso de vista parece ser desgraciadamente habitual para demasiados de los Chicago Boys.

La industria discográfica no es la única que se está muriendo por no saber encarar una difícil transición. Los grandes periódicos de papel también están sufriendo lo suyo. Sin embargo, y al contrario que otros afectados por internet, lo cierto es que no pueden culpar a la piratería de sus problemas. Tampoco es que los otros sí puedan, pero al menos es una excusa plausible. En cambio, los diarios se enfrentan a un cambio de hábitos, que ha sustituido el papel por la pantalla, y el notable incremento de competencia que ese mínimo cambio ha traído consigo.


El problema para los diarios no es el cambio de soporte. Al fin y al cabo, cuando bajamos al quiosco pagamos sólo una parte del coste de escribir, maquetar, imprimir y distribuir esos cachos de papel; el resto lo sufraga la publicidad. En internet los costes de impresión y distribución se reducen a la mínima expresión, de modo que los anuncios podrían seguir pagando lo que cuestan los contenidos. Pero claro, al haber desaparecido esos costes, las barreras de entrada a la cosa periodística son ahora ridículas y los periódicos se enfrentan a la competencia de, entre otros, ¡sus propios lectores!

Como siempre que sucede un cambio fundamental, una "destrucción creativa" de esas, las alternativas se reducen a dos grandes grupos: adaptarse o morir. Curiosamente la prensa, mayoritariamente progresista en todo Occidente, parece haber optado por olvidarse de Darwin y hacerse creacionista, con lo que se ríen de los yanquis por eso. Así, en todo el mundo se suceden demandas contra Google News por el pecado de poner a disposición de los usuarios los titulares de las principales noticias y ofrecer enlaces para leerlas en los medios que las publicaron. ¿La razón? Que Google gana dinero y "utiliza nuestros contenidos", según los editores de prensa. Sin embargo, el gigante californiano no hace nada que no hagan los propios periódicos, que se hacen eco (o deberían) de las noticias de sus competidores. Simplemente lo hace de forma automática.

En éstas estábamos cuando Richard Posner entró en juego. Para quienes no lo conozcan, que serán muchos, Posner es un jurista norteamericano de reconocido prestigio (pero de verdad, no al Bacigalupo modo) que al contrario que muchos de sus colegas algo sabe de economía, lo que por otra parte probablemente le haya cerrado las puertas del Supremo. Es un "Chicago boy", con todas las virtudes y los defectos que esa etiqueta conlleva. Tiene un blog que escribe a medias con el Nobel de Economía Gary Becker, en el que ambos exponen semanalmente su visión sobre un asunto. ¿Y cuál fue el de la semana pasada? La muerte de los periódicos.

Mientras Gary Becker lamentaba, básicamente por motivos sentimentales, la suerte funesta de la letra impresa, pero admitía que no había riesgos de muerte de la prensa dada la vitalidad que ofrecía internet, Posner parecía no creer que pudiera existir forma alguna de que pudiéramos tener periodismo sin periódicos. Convencido de que hacerse eco y enlazar a las noticias de otro medio es pernicioso para esos grandes diarios que son los únicos que crean contenidos relevantes, exponía dos soluciones, que mostraban su ignorancia del negocio: prohibir el enlace y la cita a los diarios o prohibir el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor sin permiso de eso, del autor.

Seamos serios, todos los medios en internet quieren que la gente los enlace, porque es la manera de que se los lea más y, por tanto, ganar más dinero con la publicidad y tener suficiente para crear esos "contenidos diferenciales" que tanto le preocupan a Posner. Además, ya está prohibido acceder a las noticias que los medios quieran proteger, como demuestra el Wall Street Journal; otra cosa es que quieran, porque el diario neoyorquino es el único que ha tenido cierto éxito cobrando por parte de sus contenidos.

Pero el problema de Posner es algo más profundo. Al fin y al cabo, podría haber propuesto la obligatoriedad de enlazar con la fuente del contenido, que sería una medida más razonable dentro del entorno de la web, y que podría evitar casos de vampirismo que todos conocemos. Lo malo es que todas estas medidas son un ataque a derechos fundamentales, para cuya violación las conveniencias económicas no deberían ser razón suficiente. Y perder eso de vista parece ser desgraciadamente habitual para demasiados de los Chicago Boys. Es lo que tiene ser "experto" y "tecnócrata", que a veces se pierde de vista lo más importante.

Libertad Digital - Opinión

El listón. Por Ignacio Camacho

SERÍA estupendo que de la noche a la mañana España se hubiese convertido en una democracia escrupulosa llena de celo por los valores formales. Que este régimen subvertido por el caciquismo, la demagogia, el sectarismo y la corrupción descubriese de pronto el valor pedagógico de la ejemplaridad y la decencia. Y que no resultase insólito, desproporcionado y hasta ridículo que a un presidente autonómico le pueda costar el cargo su falta de perspicacia al dejarse regalar cuatro trajes.

Es que en el caso de Camps no se trata de eso. Se trata de que mintió cuando le dijo a Ángel Expósito, y le repitió al juez, que los trajes se los pagaba él.


¿Ah, sí? Pues que yo sepa a Camps no lo han procesado por mentir; eso sólo sucede en Estados Unidos, e insisto en que ojalá empezase a pasar pronto aquí. Y además, como se tenga que ir a su casa todo dirigente español que mienta ya podemos ir preparando para la política a nuestros hijos, porque de la actual generación iban a quedar en activo muy poquitos...

Vamos a dejar clara una cosa: el presidente valenciano se ha equivocado de manera flagrante en todo este asunto. Ha cometido dos errores garrafales, en el supuesto de que sea el juez Flors el que está en lo cierto. Uno, permitir que le regalasen la ropa; incluso en el caso de que la pagase él, fue como mínimo descuidado en el modo en que se dejó trajinar por los amigotes. Y dos, negarse a dar explicaciones y limitarse a decir genéricamente que pagó sin poder demostrarlo. Pero, vamos, que eso acabe resultando letal para su carrera en un país en que la clase dirigente, cuando no roba directamente comete toda clase de abusos con el dinero público, es de risa. De traca. Sin ir más lejos, por el mismo criterio el instructor inicial del caso, el juez Garzón, cometería cohecho impropio cada vez que asiste de gañote a esas cacerías a las que no lo invitan precisamente por su puntería legendaria. Pero es que todos conocemos altos cargos que reciben regalos costosos de bancos y de constructoras, que se suben a los yates y los aviones de los magnates... ¿por qué no le pregunta un juez al Pocero, por ejemplo, sobre sus huéspedes de verano?

A Camps, simplemente, le ha tocado. Una serie de factores desgraciados -y no todos casuales: ha sido sometido a un escrutinio casi indecente, además de a un acoso mediático que ha creado presión en el sistema judicial- le ha colocado en el eje de una encrucijada siniestra. Él ha colaborado con su atontamiento inicial, su posterior soberbia y su tendencia final a engañarse a sí mismo pensando que el sumario acabaría en carpetazo. Y puede que todo eso le cueste el puesto. En realidad, así debería ser siempre en una ética social rigurosa. Pero en nuestro cenagal político resulta una paradoja amarga, un sarcasmo tragicómico. Como se generalice ese listón pronto vamos a ver un carnaval en los banquillos.

ABC - Opinión

Las consecuencias de no decir la verdad. Por Pablo Molina

España sigue siendo diferente. Si te regalan cuatro trajes vas a juicio, en cambio si regalas tú una televisión en abierto a los amigos o diez millonazos a la empresa de tu hija ganas las elecciones.

Si todos los altos cargos que han aceptado alguna vez un regalo dimitieran nos quedábamos sin clase política, algo muy higiénico por otra parte dada la calidad de nuestros profesionales de la cosa pública. Pero no serviría de mucho, porque es dudoso que los sustitutos rompieran con la más arraigada tradición de nuestra democracia, en la que la única forma de hacer negocios con la administración es "llevarse bien" con el poderoso.


Lo que llama la atención en el caso de Francisco Camps es que haya sido tan ingenuo como para provocar él mismo la decisión del tribunal de llevarlo ante un jurado popular. El presidente de la Generalidad Valenciana no dijo la verdad cuando fue interrogado por la autoridad judicial, y ningún juez acepta de buen grado que le mientan a la cara. Camps ha sostenido todo este tiempo que él personalmente pagó los famosos trajes de corte italiano, pero hasta la fecha no ha podido demostrarlo. Al contrario, las evidencias recogidas en el sumario indican que jamás lo hizo. Si le hubiera dicho al juez "mire, Señoría, estos trajes me los regalaron, sí, pero esta mañana los he pagado (aquí tiene el recibo) y he ordenado al comercio que devuelva el importe a quien fuera que los pagase, que por cierto no sé quién pudo ser". Todo se hubiera saldado con una multa y Camps se habría dado un baño de multitudes a las puertas del juzgado, con miles de votantes emocionados y agradecidos al primer político de la Historia de España que reconoce un trinque y, además, lo devuelve. Coste económico siete mil euros incluyendo la multa; coste político cero.

Pero como ningún partido político admite que en sus filas haya personajes "regalados", es difícil que el PP, en última instancia una maquinaria de votos como el resto de formaciones, le hubiera permitido semejante acto de honestidad que hubiera evitado el pequeño calvario al que ahora se enfrenta su líder valenciano. Y además con estas temperaturas, bajo las cuales ni la más fina seda italiana te evita el sofocón.

En todo caso, lo más interesante de este asunto es que no se ha producido un trato de favor a cambio del regalo, como el mismo juez reconoce en el auto, por lo que no ha habido cohecho activo ni, en consecuencia, perjuicio para los contribuyentes. Por eso sorprende que en otros casos en los que las arcas públicas sí han sido saqueadas, las fiscalías sean tan remolonas y los jueces tan pacatos. España sigue siendo diferente. Si te regalan cuatro trajes vas a juicio, en cambio si regalas tú una televisión en abierto a los amigos o diez millonazos a la empresa de tu hija ganas las elecciones. Cosas de nuestro hecho diferencial, qué le vamos a hacer.

Libertad digital - Opinión

Represión intolerable

EL país de la «sociedad armoniosa» tiene problemas graves. El estallido de la violencia en la región china de Xinjiang representa un síntoma muy preocupante de la incapacidad de las autoridades del régimen dictatorial de Pekin para afrontar el desafío de una sociedad diversa, con diferentes aspiraciones individuales y colectivas. Ni en el Tíbet, ni mucho menos en esta región musulmana, donde pueden llegarse a implantar peligrosas corrientes extremistas, han sabido dar una respuesta adecuada a los problemas. Al contrario, el régimen de monopolio del Partido Comunista ha intentado desde su origen modelar distintos tipos de súbdito, desde la enloquecida Revolución Cultural a su entusiasta conversión al capitalismo de Estado, pero siempre ha imaginado a los ciudadanos chinos bajo un solo uniforme: mil quinientos millones de personas obligadas a ceñirse a un modelo predeterminado, en ocasiones uniformados hasta en el vestir.

Los gobiernos occidentales han expresado tímidamente su preocupación por lo que está sucediendo en Xinjiang, pero raramente se han producido las condenas que merecería semejante exhibición de violencia por parte de un régimen que está lejos de ser una democracia. Ahora China es lo suficientemente fuerte e influyente para intimidar a las capitales más importantes del mundo, y las condenas que se lanzan implacables contra la diminuta Honduras se vuelven mudas hipócritamente ante el cortejo de víctimas de la represión y del odio intercomunitario en China.
Han pasado veinte años de la matanza de la plaza de Tiananmen, China ha cambiado sustancialmente y, sin embargo, el Gobierno de Pekín sigue utilizando los mismos métodos contra los disidentes. Ahora podemos ver que un mayor énfasis en la defensa y promoción de la democracia en China no sólo hubiera sido bueno para Occidente, sino, sobre todo, para la misma China, que está construyendo una sociedad cargada de tensiones y basada en el mantenimiento de una inmensa mayoría de la población en un estado de semiesclavitud. No sabemos cuánto tardará en producirse, pero es evidente que sólo la verdadera democracia -adaptada a las características específicas de China, pero democracia- puede salvar a ese inmenso país. Ayudar en este propósito puede hacerse a través de las denuncias de los abusos para que el régimen chino aprenda cuáles son las fronteras de lo admisible.

ABC - Editorial

El mal paso de Camps. Por José Luis González Quirós

Historiadores, filósofos y biógrafos nos advierten de que algunas decisiones, aparentemente irrelevantes, llegan a tener consecuencias imprevisibles. Pienso en esto a propósito del lío en que está envuelto Francisco Camps. No tengo ni idea de cuál pueda ser la verdad del caso, pero sí creo que, independientemente de lo que resulte, se puede extraer alguna moraleja sobre el particular.

Supongamos que Camps fuese inocente por completo. Aunque su actuación, a primera vista, pueda considerarse enteramente lógica, ha obtenido unos resultados pésimos para su imagen, además de exponerse a una condena judicial. Puede verse fuera de la política por su forma imprudente de actuar, dando por sentado que su inocencia podría ser verificada sin duda alguna por el universo mundo. Esa conducta hubiera sido la lógica en caso de poseer los correspondientes justificantes de pago, pero, puesto que Camps no los tenía, como parece ser el caso, su conducta dejó de ser razonable para pasar a ser extremadamente arriesgada.


Camps dio un mal paso al no saber valorar adecuadamente el problema al que se enfrentaba, y escogió una estrategia de máximo beneficio considerando que su posición era inatacable, lo que, como claramente se ha visto, ha constituido un grueso error de consecuencias incontrolables, para él y para quienes le han avalado. Dado que no podría probar el pago de las prendas supuestamente adquiridas, y ya que se había hecho pública, en forma risible, por otra parte, su amistad personal con uno de los implicados, seguramente hubiese sido más inteligente admitir que se trataba de un regalo, y centrarse en mostrar que el obsequio no había tenido especial transcendencia, puesto que, efectivamente no parecería razonable que la tuviera, ni por su importe ni por sus efectos.

En ese caso, Camps habría mostrado una debilidad, habría admitido la comisión de una falta o de un delito leve, pero no se hubiera expuesto a una imputación muchísimo más grave como la que ahora le amenaza: la de haberse dejado corromper por una ridiculez de trajes, pero, sobre todo, la de mentir, la de tratar de imponer su prestigio, su poder y la fortaleza de sus apoyos populares a la marcha implacable de una maquinaria, que por más que pueda considerarse arbitraria en su origen e inspiración, ha de tratar de actuar con un criterio de igualdad implacable, aún cuando resulte evidente que en muchas y notorias ocasiones no la haya hecho.

El verdadero mal paso de Camps ha consistido, por tanto, no en la ligereza de aceptar un regalo comprometedor de parte de personas que debiera haber considerado poco recomendables, sino en suponer que su poder pudiera protegerle de la aplicación de las normas ordinarias de la justicia, en actuar como pudiera hacerlo, por poner un ejemplo cualquiera, un González, un Polanco, un Alberto o un Botín.

Camps ha cometido un error político muy grave al sobreestimar su poder, y al subestimar a sus enemigos. Sea cual fuere su íntima convicción, debiera haber considerado que el terreno de juego está marcado por unas reglas que son enteramente ciegas a lo que pueda haber en el santuario de su conciencia. Ha cometido otro error al no saber valorar el juicio popular.

El público perdona con facilidad al que comete un desliz, quizá sin llegar a los límites de los italianos con su presidente, porque sabe que la impecabilidad es siempre fantástica, puesto que todo el mundo comete en alguna ocasión una falta o un descuido de ese tipo. Una estrategia equivocada le ha colocado a los pies de los caballos y, con él, corre un alto riesgo la honorabilidad del partido que le defiende de manera tan berroqueña como equívoca.

Es evidente que Camps ha podido dar un mal paso, pero más grave es que no haya sabido cómo evitar las consecuencias una vez que se ha visto acusado. La acusación de corrupción se ha convertido en un virus, en algo que ataca de manera impensada y, en cualquier caso, sin ninguna atención a principios de proporcionalidad, equidad, gravedad o evidencia. Los que ejercen un cargo político deben de pisar con pies de plomo y, si se manchan impensadamente, deberían aprender a ser humildes y a pedir disculpas, a no tratar de convencer a todo el mundo de que son impecables, incluso aunque lo fuesen. Son las reglas del oficio que han escogido y no pueden decir que no les gustan. Respecto a la corrupción deberían de pensar lo que Gracián decía de los tontos, “que lo son todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen”.

Más allá de una peripecia llena de enseñanzas, es seguro que no escapará a los electores que alguien maneja los hilos de la Justicia de manera escasamente equitativa y virtuosa. Precisamente por eso, creo que los daños para el PP serán menores, en especial si sus dirigentes aprenden de una vez dos enseñanzas básicas: la nula tolerancia con gentes equívocas, y una buena estrategia para minimizar los costes cuando se pita un penalti injusto, como pudiera ser el caso.

el confidencial - Opinión

China no puede dar carta blanca a la barbarie

Los episodios de Xinjiang muestran las contradicciones del régimen chino, que pretende ser una potencia del siglo XXI pero con viejos parámetros autoritarios.

LOS MÁS de un centenar y medio de muertos, el millar de heridos y los 1.400 detenidos en tres días en la región de Xinjiang son cifras que hablan por sí solas de la magnitud de unos disturbios que vuelven a poner a China en el punto de mira por su falta de respeto a los derechos humanos. Aunque por su gravedad se ha equiparado ya esta revuelta de Xinjiang con la protesta de Tiananmen, de la que se acaban de cumplir dos décadas, la naturaleza de lo ocurrido obliga a comparar estos hechos con el conflicto que vive el Tíbet.


La provincia de Xinjiang, la más occidental de China y la de mayor extensión, es un foco de conflictos desde que Pekín decidió asimilarla a la fuerza con migraciones masivas de individuos de etnia han, la más numerosa del país. El territorio está habitado mayoritariamente por uigures, de religión musulmana y lengua de origen turco, que han visto en las últimas décadas cómo se les marginaba socialmente en beneficio de los han a la vez que se atacaba su identidad, en una política que las organizaciones humanitarias describen como «genocidio silencioso». En Urumqi, la capital de la provincia, la población original es hoy una minoría debido al efecto de la migración.

La política de sometimiento impuesta por el régimen chino en Xinjiang, que tanto recuerda a la del Tíbet, ha ido larvando un conflicto interétnico que estalló el domingo en Urumqi. Los uigures salieron a la calle en protesta por el linchamiento de dos de sus miembros acusados de haber violado a una mujer han. Lo que debía ser una marcha silenciosa se convirtió en un baño de sangre, con graves enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad, a la que los civiles acusan de haber empleado una violencia injustificable.

Se calcula que el régimen ha desplazado a la región a unos 20.000 soldados y policías, lo que no ha impedido el cese de la violencia ni que ayer se dieran imágenes como las que hoy describe nuestro enviado especial de ciudadanos han armados con palos y cuchillos saliendo a la caza de los musulmanes, en una escalada de absoluta barbarie. Una de dos: o hay una flagrante connivencia de las autoridades con los agresores o se les ha ido el conflicto de las manos.

Como ocurre sistemáticamente cada vez que se producen disturbios en China, el régimen ha tratado de forzar el apagón informativo. Internet dejó de funcionar ayer en la región y las comunicaciones se vuelven cada día más difíciles, de tal forma que es complicado conocer qué está ocurriendo en puntos alejados de Urumqi.

Los episodios de Xinjiang vuelven a poner encima de la mesa las contradicciones del régimen chino, que trata de dirigir una superpotencia en pleno siglo XXI con viejos parámetros autoritarios. Los límites a los derechos básicos en China, las detenciones sin garantías judiciales y la constante presión de las fuerzas del orden son un anacronismo. La realidad es que, todavía hoy, hay ciudadanos presos por haber participado en las protestas de 1989, y ni siquiera se ha ofrecido una cifra pública de los muertos y detenidos, lo que revela una voluntad de no rectificar y de mantener la política de puño de hierro.

La revuelta de Xinjiang ha llevado a la ONU a pedir una vez más a Pekín que respete los derechos democráticos. China, que se ha convertido por derecho en uno de los ejes sobre los que gira la economía mundial, y que ha sido capaz de mostrar su pujanza y su voluntad de equipararse al resto de potencias con la organización el año pasado de los mejores Juegos Olímpicos de la historia, no puede pretender entrar en la modernidad y ser aceptada plenamente por la comunidad internacional mientras siga actuando como una dictadura.

El Mundo - Editorial

Tras el español, prohibirán los toros. Por José García Domínguez

Como es fama, quienes festejan el Correbou de Cardona, al igual que cuantos participan en esos dos centenares largos de encierros que al año se celebran en Cataluña, todos, sin excepción, resultan ser oriundos de Australia.

Resulta que la secular querencia taurina de Cataluña ha dado en salir del armario a borbotones al socaire de ese cóctel de esnobismo populista y devoción laica que en todas partes suscita José Tomás. De ahí, sin duda, la irritada diligencia con que el Parlament tramita la ley que prevé expulsar a la Fiesta Nacional de la nació por las bravas. Total, si ya han prohibido la lengua impropia ¿por qué no eliminar de paso la tradición impropia, ese bárbaroinjertoimpuesto por Madrit que responde por tauromaquia?


Sin ir más lejos, es decir no yendo muy allá, eso predica la independentista Pilar Rahola, inopinada musa de los nacional-taurófobos domésticos. Así, al ignaro modo, un desencuentro ético a cuenta de humanos y otras bestias ha acabado transmutarse en falsa querella identitaria, otra más. Pues, como es fama, quienes festejan el Correbou de Cardona, al igual que cuantos participan en esos dos centenares largos de encierros que al año se celebran en Cataluña, todos, sin excepción, resultan ser oriundos de Australia. Y es que, desde tiempo inmemorial, los hereus y pubilles autóctonos aprovechan esas fiestas locales para recogerse en sus hogares y profundizar en el estudio de Kant y Schopenhauer en discretos seminarios privados.

Compréndase, pues, la atónita perplejidad que asaltó a nuestra activista ante lo nunca visto: nada menos que una corrida de toros en La Monumental. Llegado "con aires de conquista", "decidido a plantar la bandera de una fiesta cruel y obsoleta", presto a lanzar "un reto a la sociedad catalana", hubo de clamar contra José Tomás la airada republicana desde La Vanguardia del Grande de España. Y pensar que tan pronto como el 25 de julio de 1835 se celebró la corrida más esperada de aquella temporada en Barcelona. Que el festejo resultó un fraude para la afición (los toros, muy flojitos, se caían). Que cientos de catalanes, irritados por la falta de trapío de aquel ganado, se dirigieron entonces al centro de la ciudad y quemaron la iglesia de La Merced, el convento de San José, el de los Carmelitas Descalzos, el de los Dominicos y el de los Agustinos. Que el día acabó con dieciséis curas asesinados... Y que la Rahola aún no se ha enterado.

Libertad Digital - Opinión

Camps y la proporcionalidad penal

AL margen del impacto mediático y la desmesura partidista, la situación procesal de Francisco Camps exige una reflexión sobre los fundamentos materiales del derecho penal y su aplicación práctica. A partir del respeto absoluto a la presunción de inocencia y de la probabilidad de que el presidente de la Generalitat valenciana obtenga el archivo de la causa en instancias sucesivas, la realidad es que -a día de hoy- Camps afronta un posible juicio con jurado por un hecho sancionado penalmente con multa de 2.500 euros. El supuesto delito cometido está tipificado como «cohecho pasivo impropio» en el artículo 426 del Código Penal, un precepto de escasa aplicación y con muy pocos precedentes en la jurisprudencia. El principio de proporcionalidad es un elemento esencial del Derecho sancionador moderno, a partir de la famosa obra de Cesare Beccaria «De los delitos y de las penas», que data nada menos que de 1776. Falta la proporción cuando el castigo resulta notablemente excesivo de acuerdo con el daño causado y la circunstancia personal del autor (presunto, por supuesto, en el caso actual). En términos sociales y políticos, la «pena de banquillo» a la que puede verse sometido el presidente de la Comunidad Valenciana excede con mucho la eventual responsabilidad en que podría haber incurrido, si es que tal cosa llega a establecerse por una sentencia. En la democracia mediática de nuestro tiempo, un líder político de tanta relevancia sometido a juicio con intervención de un jurado popular puede sufrir un deterioro irreparable para su imagen pública, aunque luego resulte absuelto. Debe tenerse presente también que no existe pena de inhabilitación para cargo público en el delito que se le imputa, lo cual refleja claramente la medida muy concreta del reproche penal que el Código atribuye a este tipo de conductas.

En nuestro ordenamiento jurídico, las normas deben ser interpretadas -entre otros criterios- de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Camps sufre ya desde hace meses una fuerte presión que convierte sus apariciones públicas en actos de apoyo -con mucha frecuencia- o bien en oportunidades para ser preguntado una y otra vez sobre el tema recurrente. La carrera política de un líder acreditado por el éxito reiterado en las urnas es un factor que merece protección en términos de proporcionalidad, evitando un juicio paralelo sin garantías y sin defensa posible que se transforma de hecho en un verdadero acoso al personaje público. El presidente de la Generalitat tiene ahora una nueva oportunidad procesal para que se acepte, si así procede en Derecho, su petición de archivo por la sala competente del TSJ de la Comunidad Valenciana. Goza, como es natural, de todas las garantías jurídicas que son consustanciales al Estado de Derecho. En el plano político, habría que preguntarse cuántos altos cargos o incluso funcionarios públicos de menor relevancia podrían verse afectados por el artículo 426 del Código Penal si hubieran recibido hipotéticamente regalos de la misma cuantía. El PSOE persiste en el empeño de utilizar las reglas del proceso penal al servicio de sus conveniencias partidistas, y por ello es muy grave que los intereses coyunturales pongan en riesgo el principio de proporcionalidad que caracteriza al Derecho Penal contemporáneo.

ABC - Opinión

La torpeza de Camps y las anchoas de Zapatero. Por Antonio Casado

Tiene razón Camps cuando califica la situación que le pone al borde del banquillo de “absurda” y “estrafalaria”. Con su decisiva colaboración. Ha gestionado el culebrón de los trajes con inexplicable torpeza y ahí están los resultados. Tiene todas las papeletas para comparecer ante un jurado popular por un asunto de menor cuantía, gracias a su rara habilidad para darse tiros en el pie: negar las evidencias, fustigar al mensajero, buscar la exculpación en las urnas y remitirse permanentemente a los jueces.

“Solo hablaré ante los jueces”, decía. Ya ha hablado ante los jueces y lo volverá a hacer el próximo día 15. Pero no se apea de su irresistible inclinación a dispararse en el pie. Ahora dice estar a dos o tres escaloncitos de la verdad, en la cuenta atrás hacia el final de la pesadilla. Otro mal paso de Camps. En vez de anunciar el desenlace debería limitarse a reclamar respetuosamente el archivo de la causa a través del recurso de sus abogados contra el auto del magistrado Flors. Sin embargo, se empeña en sugerir la inminencia de su exculpación.

Una forma de tocarle las narices al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Digo yo que está sugiriendo el inmediato archivo de la causa, pues de otro modo no hablaría de los dos o tres escaloncitos que faltan para dejar el asunto en el baúl de los recuerdos. Bonita manera de expresar su respeto por el trabajo de los jueces y la independencia de la justicia ¿O más bien se trataba de impugnar el auto del instructor, cuando Camps hizo estas innecesarias declaraciones ayer, en Algemesí?

Aunque tuviera razón, el presidente valenciano no se hace un favor al criticar, siquiera veladamente, la “estrafalaria” situación creada con las resoluciones del magistrado: imputación por cohecho pasivo y juicio con jurado popular. Eso es cosa de sus abogados. O de los periodistas, que tenemos la obligación de analizar el auto, donde se reconoce que no hay cohecho propiamente dicho (regalos a cambio de concesiones), aunque el juez se siente obligado a salvaguardar los valores sociales. Por ejemplo el deber de un gobernante de ser honorable y de parecerlo.

Es como si el magistrado-instructor, José Flors, hubiera dicho, o pensado: no hay cohecho en su versión más reprobable pero como la Justicia también ha de fomentar los valores públicos, voy a empapelar a Camps, por no haber sido ejemplar en su comportamiento, a la luz de esa figura, “cohecho pasivo”, cuyo reproche penal no va más allá de una multa de 2.500 euros. Según el auto conocido el lunes, no es ejemplar quien se deja obsequiar en razón de su cargo, aunque los obsequios no tiendan a obtener una determinada prestación. Así lo reconoce expresamente en el auto.

En resumen, si el recurso de Camps no prospera, las consecuencias serán mínimas en lo penal y máximas en lo político. La imagen del presidente de una Comunidad sentado en el banquillo no es lo mejor para su carrera personal ni para la causa del PP. Además, la imagen de un gobernante mentiroso. Eso es peor que dejarse regalar un par de trajes y, desde el punto de vista político, casi tan malo como gestionar el culebrón de forma tan torpe como lo ha gestionado Camps.

Lo que le faltaba era la singular aportación de Rita Barberá, que ayer comparó los trajes de Camps con las anchoas que Revilla, el presidente cántabro, le regala a Zapatero. La diferencia, entre otras, es que Zapatero jamás ha dicho que se pagase él las anchoas, mientras que Camps sí ha dicho que se pagaba los trajes ¿O no era verdad que se los pagase?

el confidencial - Opinión

Masiva. Por Alfonso Ussía

Se va a enterar el embajador de China en España cuando abra las ventanas de su residencia y se tope con toda la «cultura» llamándole «asesino»

No alberguen los lectores la menor duda. Dudar equivale a insultar a los grandes defensores de los débiles. No duden que en estos momentos todos los miembros del Sindicato de la Ceja se hallan reunidos en la casa de Pilar Bardem redactando un enérgico manifiesto de protesta por el asesinato de doscientos musulmanes a manos del régimen comunista chino. Casi doscientos muertos y más de mil heridos. Están consternados, y que nadie dude que en los próximos días, todos ellos, sin excepción, se citarán ante la embajada de China en Madrid con toda suerte de pancartas y pegatinas con el fin de exigir a la tiranía comunista el respeto a las minorías y los derechos humanos. Manifestación masiva del mundo de la «cultura» contra los desafueros y crímenes del régimen de Pekín.


Los muy mal pensados afirman que restarán callados aprovechando el calor y la llegada de las vacaciones. No conocen a los miembros del sindicato cejero. Son extraordinariamente justos y valientes. Muchos de ellos, durante años, se han puesto la pegatina con un visible «No a la ETA» en el Festival de Cine de San Sebastián. El problema es que se lo pusieron en la habitación del hotel, y el pegamento no era el adecuado. Por mucho que presionaran la pegatina sobre sus solapas o sus vestidos de noche, el pegamento se diluía a causa de la humedad, y la protesta contra el terrorismo etarra quedaba tendida sobre la alfombra de la «suite» del Hotel María Cristina, inmediato al Urumea y la playa de Gros. A todos les sucedía lo mismo, y lo primero que hicieron los del sindicato de la Ceja fue protestar a la imprenta encargada de confeccionar las pegatinas con el «No a la ETA» para exigirle un pegamento más seguro. Me informan que la imprenta les ha garantizado que en el año 2020 podrán los de la Ceja lucir la leyenda «No a la ETA» sin problemas de súbito desprendimiento hotelero. Por lógica, se deduce que este verano tampoco podrán lucirlas, a pesar de la indignación que sienten por el crimen de Eduardo Puelles. No lo duden. Están todos, si no en casa de la Bardem, en algún chalé con amplio jardín y piscina, redactando entre chapuzón y chapuzón su comunicado de firme repulsa. Aunque el régimen chino sea comunista, ellos no se callan. Tampoco han callado con los asesinatos, encarcelaciones y torturas del castrismo en Cuba. Son ejemplares. Y se va a enterar el embajador de China en España cuando abra las ventanas de su residencia y se tope con toda la «cultura» llamándole «asesino» y exigiéndole responsabilidades por la matanza de musulmanes iugures. Los de la Ceja no se casan con nadie, faltaría más. Y no quedarían mal los de Izquierda Unida y aledaños sumándose a la protesta. Y quizá el Gobierno de España, llamando a su embajador en Pekín para recabar información de lo acaecido en Xinjiang. Es lo menos que puede esperarse de esta gente tan buenísima. Pero lo fundamental es que los de la Ceja están abrumados por la muerte de doscientos islamistas chinos y se van a enterar los comunistas de Pekín de su carácter y su sentido de la independencia y la libertad. Masiva concentración ante la embajada de China. Y las pegatinas en Madrid no se caen como en San Sebastián. Son de otra imprenta.

La Razón - Opinión

A todos nos duele nuestra lengua. Por Angel López García-Molins

La cuestión lingüística no va bien; ahí está la última polémica sobre la ley catalana. En España, todo el mundo piensa que su idioma materno es maltratado. Lo primero sería cambiar la actitud de los ciudadanos.

A los españoles de hace un siglo, al menos a algunos de ellos, les dolía España. A los de ahora lo que nos duele, sobre todo, es la lengua. Integrados en Europa, con un régimen democrático y con una economía que, pese a la crisis, sigue siendo del primer mundo, ningún ciudadano debería sensatamente tener motivos para el desánimo. Y, sin embargo, los herederos de Miguel de Unamuno y de María Zambrano, de Salvador Espriu y de Alfonso Rodríguez Castelao, tenemos razones más que suficientes para estar preocupados.

La cuestión lingüística en España no va bien; de hecho, va tan mal que ha llegado a poner en cuestión la existencia misma del país en una sucesión de acciones y reacciones, a cual más desgraciada, en la que las culpas se hallan bastante repartidas. No pasa día sin que los medios den noticia de protestas, manifiestos o declaraciones que están continuamente arrojando leña a una hoguera ya crecida de por sí.


Ahora mismo estamos embarcados en la polémica de la llamada ley del catalán, aprobada por el Parlament de Cataluña, lo que, sorprendentemente, no basta para zanjar la cuestión. Hay quienes se obstinan en mirar para otro lado y se niegan a reconocer que el rey está desnudo. Es una suprema irresponsabilidad política: se quiera o no, casi no existe ningún ciudadano español que esté contento con el trato que le están dando actualmente a su lengua. Si esto se aplicase a su cuenta corriente, a su familia o a su lugar de residencia, estaríamos en puertas de una revolución. Y, sin embargo, la lengua nos constituye sentimental y humanamente mucho más que aquellos factores: uno puede cambiar de ciudad, está continuamente alterando su estado financiero y, si se empeña, hasta puede cambiar de familia, pero nunca perderá su lengua.

Una precisión importante: lo que a los ciudadanos les duele en cada caso no es la lengua por antonomasia, de aquí o de allá, es su lengua.

En España, el 40% de la población vive en comunidades bilingües, de forma que a una mayoría le duele el español, pero a una minoría muy relevante le duelen el catalán/valenciano, el gallego o el vasco. Pasa con esto como con las guerras: los políticos y los estados mayores juegan a destrozarse mutuamente, pero lo hacen por persona interpuesta, de forma que las víctimas siempre son soldados y civiles que lo han perdido todo, sin que su condición doliente permita distinguir a los de un bando de los del otro.

¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que se sienten vejados por lo que denuncian como excesos de la aplicación de las leyes de normalización lingüística, lo cual encorajina de paso a muchos habitantes de las monolingües? Sí, es evidente. ¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que sienten que en España -un país que sólo reconoce sus lenguas en el ámbito regional (y además recientemente)- no dejan de estar de visita? Igual de evidente.

No sé a qué conduce mirar para otro lado y hacer de avestruz en este tema tan delicado. Si queremos seguir viviendo juntos, porque nos interesa mutuamente y fuera hace mucho frío, habrá que resolver esta contradicción alguna vez. Y entiéndase que no estoy propugnando ninguna forma de organización política concreta para España. A mí, como iberista convencido, lo que me gustaría es que la dualidad estatal vigente en la península Ibérica se superase con alguna fórmula viable y aceptada por todos, pero éste es otro debate ajeno a la cuestión que nos ocupa aquí.

Lo que sí propugno es la necesidad de replantear radicalmente la cuestión lingüística.

Dicen que este asunto está muy politizado. Desde luego: por acción o por omisión, abierta o larvadamente, los políticos de uno y otro signo no han hecho más que tensar la cuerda en beneficio propio sin sacar al náufrago ni un milímetro de la ciénaga que lo está tragando. Entiendo que lo más importante es cambiar la actitud de los ciudadanos y que sólo cuando haya cambiado será posible plantear medidas efectivas concretas porque ellos mismos las habrán demandado. Lo contrario sería empezar la casa por el tejado.

En el momento presente lo que predomina es una actitud avasalladora que impone en cada caso la lengua dominante con exclusión de las demás. De un lado está la idea de que el español es la única lengua del país (lo que gustan llamar "lengua nacional"), siendo así que no sólo no es el idioma materno de muchas personas, a las que habría que agradecer permanentemente su esfuerzo al usarlo, sino que, además, el catalán/valenciano, el gallego y el vasco han sido igualmente lenguas generales de España desde hace muchos siglos y por razones de las que no me puedo ocupar aquí. De otro lado está la idea de que estos tres idiomas (que gustan llamar "propios") sólo podrán sobrevivir si sus defensores calcan miméticamente la ignorancia y el menosprecio del otro que han caracterizado a los que sólo están interesados en la defensa del español.

En otras palabras: a lo que se aspira, como mal menor es a que las lenguas coexistan, pero sin propiciar su convivencia, es decir, su vivencia compartida. Es lo que en el antiguo régimen se preconizaba para las clases sociales y para los sexos: coexistencia inevitable, sí, convivencia fecunda, no. Mas si algo caracteriza a nuestra época es la superación de estas desigualdades: la de clase, la de sexo, la de religión... todas, menos la de lengua. Y esto constituye una tragedia, y no sólo hoy, en España viene siendo así desde el siglo XVIII.

¿Tan difícil es hacer posible que en el Parlamento, en los medios de comunicación y en la vida diaria de toda España uno pueda expresarse en cualquiera de los tres romances sin que se le insulte, a pesar de que le comprenden perfectamente con un mínimo de práctica?

¿Tan pernicioso resultaría para la vida social de las comunidades bilingües que los hispanohablantes, que de todas maneras conservarán el español en este mundo de la aldea global, no lo retengan sólo como una variedad oral más o menos vergonzante? Dicho brevemente: ¿acaso no vamos a ser capaces de cimentar la vida de los ciudadanos españoles sobre la convivencia lingüística?

Todo lo que acabo de decir son obviedades, pero soy consciente de que muchas personas lo acogerán con reticencia. Por eso me guardaré muy mucho de proponer que las cuatro lenguas de España sean declaradas oficiales en todo el Estado o que la oficialidad legal de la lengua propia y del español se aplique equilibradamente en las comunidades autónomas bilingües.

Las medidas legales efectivas son las que consolidan un estado de opinión mayoritario -la ley de dependencia, la de igualdad de género-, nunca las que aspiran a crearlo de la nada al estilo de la ley antialcohólica de Estados Unidos en los años veinte. Antes de legislar hay que ganar la batalla de la opinión y de las actitudes.

El tiempo apremia: la herida sigue abierta, y las posibilidades de que se gangrene crecen de día en día. Necesitamos cauterizarla con un gran pacto de Estado: nos va en ello la paz social.

Angel López García-Molins es catedrático de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia.

El País - Opinión

Menores, criminales e impunes

«Un adolescente puede no ser del todo consciente de las gravísimas consecuencias que pueden tener ciertos comportamientos temerarios. Apalear y degollar a una chica no es uno de esos casos.»

En el Juzgado de Menores número 3 de Barcelona ha comenzado este martes uno de esos juicios que ponen en evidencia la necesidad de acometer una profunda reforma de la Ley de Menor que erradique la práctica impunidad de la que gozan los menores de edad por graves y horrendos que sean sus crímenes. Se trata del juicio por el apaleamiento y degollamiento de Maores, una joven de catorce años asesinada el pasado mes de noviembre en Ripollet a manos de Sergio y Luis, dos compañeros de instituto de 15 y 14 años respectivamente. Por lo visto, la joven estaba enamorada de Sergio y había hecho pública su relación con él en internet. Sergio, sin embargo, mantenía otra relación paralelamente, por lo que, según los investigadores, fue con Luis a buscar a la víctima a su domicilio y la llamaron por el interfono en el piso donde vivía con su madre, su padrastro y su hermano, y del que bajó en ropa de estar por casa. La llevaron hasta un descampado donde la chica fue golpeada con un bastón hasta que éste se rompió. Entonces, el autor material pidió a su compañero que le diera uno de los trozos rotos que estaba en el suelo y éste, según el primer joven, le obedeció. Finalmente, la adolescente fue degollada.


Por mucho que el presunto autor material se haya negado ahora a declarar, lo cierto es que ya se había declarado previamente culpable, escudándose en que "oía voces" que le decían que debía matar a la víctima. Así mismo, y por mucho que el otro joven haya declarado que se limitó a acompañar a la pareja pero que luego se alejó sin saber las intenciones criminales de su compañero, lo cierto es que la policía tiene constancia de dos mensajes que ambos se intercambiaron por el "Messenger" antes y después del crimen: en el primero de ellos Sergio decía a su amigo que tenía que matar a Maores y en el segundo, al día siguiente del asesinato, le indica que si la chica no estaba muerta, la próxima vez emplearía "una barra de hierro".

Ante esta frialdad y deliberada voluntad de asesinar, resulta escandaloso que el Ministerio Público pida sólo cinco años de internamiento en un centro juvenil y tres de libertad vigilada para ambos. Esa es, sin embargo, la pena máxima de privación de libertad que contempla la Ley del Menor para los menores de 16 años. Y es que la "reforma" de enero de 2006 apenas modificó los presupuestos de una ley que prácticamente considera irresponsables a unos criminales por el hecho de ser adolescentes. La adolescencia, sin embargo, ni es una enfermedad ni un impedimento para distinguir el bien del mal, más aun en casos tan evidentes y sangrantes como el que nos ocupa. Un adolescente puede no ser del todo consciente de las gravísimas consecuencias que pueden tener ciertos comportamientos temerarios. Apalear y degollar a una chica no es uno de esos casos. Una cosa es que, dada su edad, los adolescentes no estén internados junto a los demás reclusos; otra cosa muy distinta, que sus crímenes se paguen con sólo cinco años de internamiento. Un criminal no se "resocializa" porque deje de ser adolescente o porque se le ponga a los dos días de patitas en la calle.

Ya dijimos en su momento que la Ley del Menor requería una reforma mucho mayor. Hace unos dias, el presidente Zapatero valoraba la posibilidad de una "pequeña modificación" de esta norma para facilitar el traslado de los menores inmigrantes desde Canarias a la Península. Esperemos que el Gobierno no espere a que se produzcan nuevos crímenes como el de Maores para que la reforma sea de mucha mayor envergadura.

Libertad Digital - Editorial

Decencia, please. Por Hermann Tertsch

Llevo unos días esperando a que nuestro presidente del Gobierno le indique a nuestro ministro de Asuntos Exteriores que sería conveniente llamar al embajador español en China a consultas. Como al de Tegucigalpa. Nos hemos enfadado mucho con unas instituciones hondureñas que, de forma muy desagradable y condenable, han derrocado a un golpista amigo del milico Chaves, del pederasta Ortega y del dictador Castro. Y que pretendía seguir los mismos planes que sus amiguetes. Nos hemos enfadado con razón, señor ministro. Esto se lo aplaudo más que su tutela permanente de criminales como Castro y su dictadura. A la gentuza, si ha sido electa como el presidente hondureño hay que quitarle el poder por medios constitucionales. Sacar a los soldados para llevarse al presidente en pijama a un avión no es nada elegante. «Quite unpolite» que diría Chesterton. Aunque sea él el mayor golpista del país. Las botas militares no pintan nada en el debate político. Ni en Honduras ni en Venezuela ni en Cuba. ¿Estamos de acuerdo? Pero llevamos varias jornadas de escabechina en Xingjian, en el oeste de China y nuestro embajador en Pekín se siente tan feliz y cómodo como si estuviera en La Habana. Aquí la vida sigue igual, por Ustedes designada. Pasan los días, cierran las empresas y cada vez más gente honrada se ve obligada a robar en los supermercados. Pero en Xingjan están peor. Allí los soldados chinos están matando a los niños musulmanes a culatazos. Convendría que al menos dijeran Ustedes algo. Por decencia. ¿O es pedir demasiado?

ABC - Opinión