viernes, 26 de junio de 2009

Elena Salgado, una 'pija' que gasta aún más que De la Vega en vestuario

Cada vestido de gala que luce Elena Salgado -la inmensa mayoría de Juanjo Olivacuesta unos 4.000 euros; mil y pico cada traje de chaqueta perfectamente cortado de Alfredo Villalba, de los que tiene decenas. Aunque más elegante y discreta que otras, ¿puede o debe una ministra de Economía llevar vestidos de 4.000 euros cuando estamos al borde de los cinco millones de parados?

Acaba de aprobar una subida de impuestos que amenaza con ser de aúpa, de reconocer que el empleo tardará en crecer, de protagonizar las peores cifras de la historia económica reciente, pero si los españoles no compramos ni en las rebajas adelantadas del 70% y frecuentamos Zara, doña Elena no se ha bajado un peldaño a la hora de vestir, según publica el semanario Época.


Está claro que gana en estilo y elegancia a María Teresa, pero más claro está aún que gasta el triple; nadie da duros a pesetas. Hace muchos, muchos años que la ministra de Economía y ahora también vicepresidenta eligió al diseñador Alfredo Villalba para sus infinitos tailleurs de día.

Este modista que jamás desfila ni muestra la cara lleva más de 30 años instalado en una pequeña tienda de la calle Serrano, pegado a la milla de oro. Su estilo es inconfundible: tejidos de alta calidad, corte clásico, chaquetas con solapas estrechas y alargadas, entalladas y cortas.

“Hace años que es clienta habitual de Alfredo Villalba; se nota por el trato, y allí me la he encontrado muchas veces -porque le encanta esta tiendaprobándose ropa e incluso arreglándose chaquetas de temporadas anteriores”, cuenta Pilar Blanco, jefa de producción de Intereconomía Radio y Televisión.
“Prácticamente todos los trajes de chaqueta con los que la vemos en los medios son de Villalba. Y los tiene por decenas, a unos mil y pico euros cada uno, en tonos pastel, verdes, fucsias, negros, tostados; vamos, de todos los colores. Nunca estampados. El estilo de Villalba no es nada fashionista. Es un clásico renovado y retocado de refinado corte y patronaje que nunca llevarían una Alborch, Carmen Calvo o Trinidad Jiménez".
Para la noche y gala la ministra tira de talonario y de diseñador más caro aún: Juanjo Oliva, del que sólo podemos hacer crítica positiva. Estudió diseño de moda en Madrid y la Parson’s
School de Nueva York y enseguida coordinó desfiles para Helena Rohner, Sybilla y Amaya Arzuaga.

Periodista Digital

Epi, Blas y el presupuesto. Por M. Martín Ferrand

QUIZÁS en tiempos de gran estupidez igualitaria, como los que vivimos, no resulte políticamente correcta la expresión «bailar con la más fea» para dar a entender que alguien debe quedarse con la parte menos atractiva en un determinado asunto. En lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado -esa ley que nunca cumple el Gobierno-, el portavoz de los socialistas en el Congreso, José Antonio Alonso, va a tener que bailar más que Fred Astaire y con las más diversas parejas, algunas horripilantes. La debilidad parlamentaria del Gobierno, la confusión mental que evidencia José Luis Rodríguez Zapatero, la endeblez de Elena Salgado y la intrínseca dificultad del momento le exigirán al añorado ex ministro de Defensa negociar lo innegociable con los grupos y grupúsculos que pueblan la Cámara y que, en razón del enfrentamiento de los dos grandes partidos nacionales, tienen, en los hechos, el poder de decisión.

Ayer, de milagro y con la sospechosa ayuda de Coalición Canaria y UPN, la vicepresidenta segunda -que así quiere ser llamada- consiguió, con la oposición del PP, ERC y UpyD y la abstención de todos los demás, salvar su proyecto de limite para los gastos financieros en los Presupuestos que están por venir. Coincidieron sus oponentes, incluso de manera machacona, en señalar la indefinición de Hacienda en los cambios fiscales para el próximo ejercicio. Debe de ser un efecto de la resaca que sigue a la melopea presidencial cuando, en el plazo de solo unas horas, cambió su pretensión de subir los impuestos a los ricos -¡qué talante más social!- por dejar, de momento, las cosas como están.

Visto lo que llevamos visto tras la sustitución del muermo polivalente que precedió a Salgado, le ocurre a la vicepresidenta -segunda, naturalmente- lo mismo que a su presidente, afortunadamente único. No estuvieron suficientemente atentos a las emisiones de Barrio Sésamo y desperdiciaron las útiles enseñanzas de Epi y Blas para distinguir entre más y menos, cerca y lejos, arriba y abajo... Ahora somos todos quienes pagamos su indolencia juvenil. Alonso la pagará un poco más cara, cosas del rango y la función; pero, dado que nuestra vida parlamentaria maneja mejor los precios que las ideas, será cosa, en atención al morbo, de ir tasando cada uno de los apoyos que, en todos sus epígrafes, puedan merecer los Presupuestos y sus mentores. Mucho, poco; caro, barato; rico, pobre...

ABC - Opinión

Entre cobardes y leguleyos. Por Emilio Campmany

Jurisdición universal

«Más de la mitad de nuestros políticos son licenciados en Derecho. ¿Es que sólo se dedica a la política lo peor de cada casa? ¿No hay nadie entre tanto diputado, senador, ministro, consejero y demás que sepa redactar una norma con rigor y templanza?»

La malhadada jurisdicción universal de la que nuestros jueces disfrutan en delitos de genocidio, terrorismo y ahora también de lesa humanidad, nos ha dado múltiples disgustos diplomáticos. Pero, hasta ahora, nunca habíamos topado con la Administración norteamericana. En el momento en que Garzón quiso empitonar a altos funcionarios de los Estados Unidos, todo se ha vuelto en contra de la jurisdicción universal. En el Supremo han empezado a admitir querellas contra el juez estrella y a los partidos "serios" les ha faltado tiempo para acordar la reforma y poner sordina a nuestras ansias de justicia planetaria.


Tiene gracia el rojerío. Por de pronto, exculpan a los suyos de todo delito como si ser de izquierdas fuera algo tan moralmente elevado como para justificar cualquiera. Creen que sus dictadores a lo más son responsables de pensar que el fin justifica los medios. Y si no, véase la indulgencia con la que acunan a gente como Fidel Castro o Santiago Carrillo. Y cuando se trata de ir a por los de derechas, resulta que se encrestan como gallos de pelea persiguiendo a un Pinochet senil o a un Franco muerto, pero se rajan como mansos cuando hay que enfrentarse a los amos del universo y asoma la primera protesta diplomática de Washington. Entonces, tiemblan como hojas en otoño y se apresuran a pedir ayuda a la derecha para aprobar una reforma que ponga tasa a tanto desvarío justiciero. Naturalmente, nuestra derecha, en vez de negarse para que se enfrenten a sus contradicciones, acude al rescate satisfecha de que estos frívolos chicos se hayan dado cuenta al fin de que esto de la jurisdicción universal era un disparate.

La cosa no queda ahí. Cuando unos y otros se deciden a actuar, lo hacen atropellando el sentido común. El nuevo artículo 23 que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados apenas añade unas líneas al viejo, pero están llenas de despropósitos. Está bien que nuestra jurisdicción universal se limite a los casos en que existan víctimas españolas. Pero aceptarla cuando "los presuntos responsables se encuentren en España" obliga a los dirigentes extranjeros que nos visiten a calcular qué riesgo corren de ser detenidos al bajar de la escalerilla del avión por orden de Garzón o cualquier otro emulador. Peor aun es mantenerla para el caso en que se constate "algún vínculo de conexión relevante con España". ¿Qué es un vínculo relevante? ¿Que el presunto responsable tenga una tía española? ¿Que el delito se haya cometido en un país iberoamericano? ¿Que las víctimas hablaran español? En Derecho, la imprecisión es peligrosa, pero en Penal es intolerable, pues implica dejar al arbitrio del juez decisiones trascendentales para la vida y la hacienda del reo. Ya verán como no faltarán garzones que encuentren vínculos de conexión relevantes con España debajo de las piedras si el asunto tiene la chicha suficiente como para permitir al juez aspirante a estrella abrir los telediarios de medio mundo.
Más de la mitad de nuestros políticos son licenciados en Derecho. ¿Es que sólo se dedica a la política lo peor de cada casa? ¿No hay nadie entre tanto diputado, senador, diputado autonómico, ministro, consejero y demás que sepa redactar una norma con rigor y templanza? La verdad es que, viendo como hablan desde la tribuna y como se expresan en las ruedas de prensa y en los debates de la televisión, a nadie puede extrañar que a la hora de hacer leyes, las hagan como las hacen.

Libertad Digital - Opinión

Chaves en cinco idiomas. Por Ignacio Camacho

SIETE intérpretes, siete, contrató ayer el Senado para traducir la comparecencia de Manuel Chaves en la Comisión de Autonomías del Senado. El vicepresidente es hombre de lenguaje confuso, con tendencia a la dislalia y a los lapsus -en el Parlamento andaluz aún se mondan de risa al recordar cuando, a propósito de ley de Memoria Histórica, dijo que a la oposición le iba a salir «el tiro por la cuneta»-, pero no tanto como para resultar del todo ininteligible ni necesitar traducción simultánea en castellano. Ocurre que en este país de pobres en el que Cáritas recibe seiscientas mil peticiones de socorro al año y la crisis desborda los planes de ayuda pública, las instituciones aún continúan atando los perros con longanizas y se permiten lujos como el de gastarse siete mil euros en versionar sesiones parlamentarias a las lenguas cooficiales. De este modo los senadores vascos, catalanes, valencianos y gallegos pudieron hacerse en sus respectivos idiomas autóctonos el mismo lío que los demás ante el borroso galimatías chaviano sobre la financiación autonómica, ya de por sí indescifrable en versión original.

La citada sesión políglota del Senado representa toda una metáfora de cómo este país es capaz de plantearse en cinco idiomas problemas que no sabe resolver en ninguno. Lo que allí se trató fue el modo de cuadrar la demanda financiera de unas comunidades que en gran medida exigen dinero para satisfacer necesidades tan artificiales como la propia versión multilingüe en que las expresaron. Hablando en castellano, idioma común de todos los reunidos, el Estado se hubiese ahorrado siete mil euros en traductores, que no son muchos pero sin duda estarían mejor empleados en otros asuntos más perentorios cuya desatención va a provocar que el Estado acabe subiendo los impuestos. La discusión de la financiación autonómica afecta a algunos servicios esenciales, pero también en buena parte a la exigencia caprichosa y voraz de poderes virreinales que mantienen aparatos administrativos tan costosos como superfluos, con un tren de gasto inaceptable en una época de quiebra social y económica.

No se trata sólo de una cuestión de falta de austeridad, sino de una insensible determinación de prioridades. Para nuestra clase -quizá fuese más apropiado decir casta- política, la defensa de los símbolos identitarios prevalece ante la necesidad de economizar recursos generales. De ahí que el debate de la financiación constituya un desaprensivo tironeo entre regiones que sólo puede resolverse mediante una inyección de fondos con cargo al desbordado déficit público. La traducción simultánea del Senado no es más que la parábola absurda de este extravagante desvarío. Por más que, siendo Chaves el orador principal, acaso hubiese estado justificada la contratación no tanto de siete intérpretes como de un gramático.

ABC - Opinión

Bárcenas no es lo mismo que Chaves o Camps. Por Fernando Jaúegui

Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular y senador por Cantabria, debe dimitir. Ya. No puede añadir a las muchas presunciones de culpabilidad o juego poco estético que acumula la hipótesis de que chantajea a su partido con las cosas que ha ido sabiendo en el ejercicio de sus cargos para exigir una protección que Rajoy no puede, ni debe, darle.

Estoy casi seguro de que, al final, su trayecto por el Supremo acabará bastante bien para él. No importa: lo verdaderamente relevante es el daño que pueda hacer a la imagen del PP y a la marcha de su partido hacia La Moncloa. Mariano Rajoy, que es persona sin duda honesta, pero con escaso coraje político, ha de forzar su salida del cargo que ocupa.


No me comparen el caso Bárcenas con el del ex presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, ni con el del president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Las acusaciones que pesan sobre los dos últimos no tienen comparación con las que afligen a Camps o Chaves, y la situación judicial de cada uno es sensiblemente diferente: el "caso Camps", basado en el regalo de unos trajes al líder de los populares valencianos, carece de enjundia, se empeñe quien se empeñe en lo contrario. Y el "caso Chaves" ha sido engordado con evidente ánimo de "vendetta". Otra cosa es que, estéticamente, la actuación de ambos arroje, para ellos, un penoso balance: el poder corrompe aun incluso dentro de un marco de honradez. Ocurre, además, que muchas veces la estética no tiene un correlato penal, y suele ser perdonada por los electores.

Lo de Bárcenas es peor: ha sido incapaz de explicar, más allá del despacho de Rajoy, los movimientos de sus cuentas bancarias. Ha evitado siempre a la prensa y ha rechazado cualquier posibilidad de dimitir, aun cuando el cerco judicial en torno a él se estrecha. Este jueves pasé unas horas en los pasillos del Congreso de los Diputados: no había uno solo en el grupo Popular que no pensase, a micro cerrado y con promesa de respetar el anonimato, que Bárcenas tiene que abandonar su despacho en la sede "popular" de la madrileña calle Génova.

Algunas veces me he permitido opinar que el director del CNI, Alberto Saiz, también tiene que dejar ya su cargo de jefe de los servicios secretos. No porque haya pescado o cazado con dinero particular o público, no porque haya utilizado o no buceadores del Centro para limpiar su piscina: tiene que irse porque el CNI, que vela por nuestra seguridad, está dejando de ser seguro. Pues Bárcenas, respetando también su presunción de inocencia, lo mismo. Ya no es apropiado para el cargo, y en una empresa privada lo hubiesen echado.

¿Hasta cuándo?

Periodista Digital - Opinión

Zapatero y sus incivilizaciones. Por Cristina Losada

«Quien se asocia y se amiga con dictaduras que lapidan a mujeres y ahorcan a homosexuales, nada puede objetar cuando masacran a sus súbditos, que no ciudadanos.»

En España nadie se ha tomado en serio la Alianza de las Civilizaciones. Prueba de ello es que la durísima represión que está ejerciendo el régimen de los ayatolás no ha despertado curiosidad alguna por saber qué dice y hace al respecto ese tinglado que costeamos. No dice ni hace nada y a nadie le importa. No, desde luego, al Gobierno de Zapatero, que asiste en silencio a los acontecimientos, si es que asiste. Unas melifluas palabras de Leire Pajín en nombre de la dirección del PSOE ha sido todo cuanto se les ha escuchado decir a quienes van de paladines de los derechos.


Qué diferencia cuando, meses atrás, Zapatero se sintió tan concernido por un asunto exterior como el conflicto entre Israel y Hamás sobre el que realizó, serio y apesadumbrado, una larga declaración institucional. Hasta reclamó a Rajoy que se "mojase". La población civil de Gaza le preocupaba enormemente al presidente. La de Teherán no merece de él ni un mísero segundo de atención. La Alianza de Civilizaciones envió entonces a su Alto Representante, Jorge Sampaio, para expresar la clásica condena escorada. Ahora, silencio. No vaya a molestarse uno de los pocos socios del chiringuito que tan gloriosa y costosamente conmemora la cúpula de Barceló.

La teocracia iraní ha gozado siempre de las simpatías, más o menos contenidas, de la izquierda radical con la que Zapatero es uña y carne en política internacional y otros ámbitos. Por ese lado del mapa, no hay nada que esperar. Las bocas permanecerán cerradas y las cejas caídas mientras los ayatolás sancochan a los disidentes. En esas latitudes, un enemigo furibundo de Estados Unidos y de Israel es un amigo. Cuanto haga dentro de sus fronteras y aun fuera de ellas, cuenta con su aquiescencia o su indiferencia.

El mutismo de Zapatero y de su Alianza de Civilizaciones ante la represión en Irán no puede sorprender y, de hecho, no sorprende. A fin de cuentas, parte de reconocer como civilizados a los que no lo son. Y entiende que los derechos humanos, lejos de universalizarse, han de pasar por el filtro de las culturas. Quien se asocia y se amiga con dictaduras que lapidan a mujeres y ahorcan a homosexuales, nada puede objetar cuando masacran a sus súbditos, que no ciudadanos. Cada "civilización" tiene sus propios métodos represivos y la Alianza, con su diálogo intercultural, está ahí para respetarlos.

Libertad Digital - Opinión

Ahmadineyad se enroca

DESPUÉS de lo que ha pasado en estos últimos días en Teherán, ya no es posible mantener relaciones con el régimen iraní como si no hubiera sucedido nada. Un mandatario que desoye a una parte muy relevante de los ciudadanos y que los aplasta violentamente porque denuncian las irregularidades electorales, no gobierna con la legitimidad de los votos, sino por la fuerza. Detener las protestas a base de aterrorizar a la población es propio de dictaduras. Es más, todas las cautelas y paños calientes de las principales potencias occidentales ante el aplastamiento a sangre y fuego de las protestas de los ciudadanos iraníes no han tenido el menor efecto. Si lo que temían era una reacción hostil por parte de Mahmud Ahmadineyad, ya han llegado tarde, porque el dictador iraní ha elegido abiertamente el camino de la confrontación. La respuesta al mismísimo presidente Barack Obama, que tendía la mano al mundo musulmán en su discurso de El Cairo, ha sido compararle con su predecesor y anticipar un periodo de enfrentamiento.

Tampoco para los propios iraníes será posible pasar página como si tal cosa. Aunque la represión haya logrado poner sordina a la protesta, la fractura del régimen ha salido a la luz del día y todos saben que tarde o temprano las venganzas se irán ejecutando, incluyendo a aquellos que han accedido a aparecer en público «confesando» su participación en las protestas, al estilo de las grandes purgas en las peores dictaduras. La sangre inocente que se ha vertido en las calles de Teherán no se desvanecerá y aunque el miedo puede acallar las gargantas de aquellos que piden reformas, la ya antes cuestionada legitimidad del actual régimen de Teherán está manchada para siempre.

En estas circunstancias, los países occidentales tienen que hacer frente a la peor de las alternativas: un Ahmadineyad enrocado en su intransigencia, acosado por sus propios errores, e inclinado hacia la confrontación con el exterior para tratar de distraer las tensiones en el interior. Precisamente pensando en las aspiraciones del régimen de los Ayatolás para dotarse de armas nucleares, cualquier intento de apaciguamiento es un arma de doble filo. Antes de cualquier tentación de legitimar la permanencia de Ahmadineyad en el poder hay que tener en cuenta que la posibilidad de llegar a un acuerdo con él es la misma que la de hacer que reconozca que la elección presidencial no fue justa.

ABC - Editorial

El PP, "perjudicado" por Bárcenas, pero le sigue arropando. Por Antonio Casado

El PP, en sus trece. “Actuaré en conciencia”, dice Rajoy. Pero no sin conocer las acusaciones por los propios autos judiciales, no por los periódicos, según doctrina oficial de Génova. Es ir muy lejos en el arropamiento personal y organizativo a Bárcenas, que ascendió de gerente a tesorero hace un año por decisión de Rajoy. Ahora el PP está pagando un coste político como grupo por las malas prácticas de un determinado dirigente.

Por eso acierta el PP cuando, por medio de su portavoz, González Pons, reclama para el partido la condición de “perjudicado”. Ya es muy notable el daño que Bárcenas le está causando a las siglas. Así que Pons da en el clavo. Pero no actúa en consecuencia si al mismo tiempo apoya al causante del daño. Es de puro sentido común, ¿a quién apunta Pons cuando afirma que el PP está sufriendo un perjuicio? Supongo que ya no se referirá a Garzón, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la Agencia Tributaria o al diario El País, todos ellos recaderos del Gobierno, según doctrina política y mediática del PP.

Ya no cuela. Ahora es el mismísimo Tribunal Supremo el que aprecia indicios de que el senador y tesorero del PP puede haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho. Por tales supuestos delictivos le llamará a declarar como imputado. Nada se dice de financiación irregular del PP y nunca se dijo en sede judicial. Carece de sentido esa actitud defensiva respecto a una acusación inexistente. Si lo insinuó el El País en línea editorial será un problema de ese periódico. En todo caso, la insinuación no tuvo recorrido por falta de soporte documental o testifical. Razón de más para distanciarse de Bárcenas o pedirle un paso atrás en nombre de la causa.

Cuando ahora el PP sale felicitándose porque se ha demostrado que no había caso de financiación irregular -y es verdad que no lo hay-, traslada la impresión de estar encantado con el hecho de que a su tesorero le puedan acusar solamente de defraudar al Fisco o de aceptar cantidades bajo cuerda de la trama empresarial que pilotaba el tal Francisco Correa, uno de los invitados a la boda de la hija de Aznar. No se entiende el arropamiento de Rajoy a un tesorero que, según la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, puede haber cometido los referidos delitos, porque la honorabilidad de Rajoy y la del PP están por encima de la honorabilidad de Luis Bárcenas cuando ambas están siendo cuestionadas.

En la duda, el buen nombre de la organización y el de miles de militantes honrados que trabajan generosamente por una causa política no puede estar a expensas de la palabra de un dirigente concreto, cuando esa palabra queda desmentida por tan copiosa acumulación de testimonios en su contra.

Es lógica la defensa del PP frente al aprovechamiento del caso por parte del adversario político. Véanse las declaraciones del socialista Antonio Hernando, ayer, cargando contra Rajoy. Pero también tiene sentido defenderse de los desaprensivos que utilizan las siglas del PP para llenarse los bolsillos, como presuntamente habría hecho el tesorero Bárcenas, el diputado Merino y ciertos alcaldes madrileños en relación con el caso Gürtel.

Lo he escrito en varias ocasiones. La última vez en mi comentario del pasado 17 de junio: “Bárcenas debe dar un paso atrás por el bien de su partido”. E insisto. Mientras Rajoy no ponga tierra por medio, las siglas del PP y el propio nombre de su líder sufrirán un desgaste paralelo al de los implicados en términos de imagen pública.

el confidencial - Opinión

Cajas, una reforma con graves vicios

El aspecto más polémico de la reorganización de las cajas españolas es que la ley actual confiere a las autonomías la capacidad de vetar fusiones entre ellas.

MENOS DE un año después de que Zapatero cantara las excelencias de nuestro sistema financiero, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar -seguramente hoy- un decreto por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ascenderá a un máximo de nada menos que 99.000 millones de euros.


Esta considerable suma de dinero servirá para reordenar el sector financiero -en concreto, las cajas de ahorro- mediante un proceso de fusiones que será supervisado por el Banco de España. El Gobierno reforzará la capitalización de las entidades que se fusionen mediante este Fondo, aunque en principio no dispondrá de derechos políticos; es decir, no intervendrá en la gestión.

El aspecto más polémico de la reordenación de las cajas es que el actual marco legislativo confiere a las comunidades autónomas la capacidad de vetar una fusión si la considera lesiva para sus intereses. La vicepresidenta Elena Salgado declaró públicamente que el Gobierno iba a eliminar este veto, pero posteriormente quedó desautorizada por el propio Zapatero.

El presidente del Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por las presiones de Montilla y Griñan -reyezuelos de taifa antes que socialistas-, que se oponían a perder el derecho de vetar las fusiones de sus cajas por miedo a perder el control. Ésta es la tesis que desgraciadamente se ha impuesto.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PP para reformar el sistema financiero, pero el pacto no ha sido posible porque Mariano Rajoy quería acabar con el derecho de veto y, además, desconfiaba de la neutralidad política del Banco de España en la determinación de las fusiones y en la exigencia de responsabilidades a los gestores. Anoche, el Gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que controlará el proceso.

Las suspicacias de Rajoy no son imaginarias. Tienen base en la forma cómo el Gobierno tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha, que se hizo tarde, mal e intentando ocultar en un primer momento la incompetencia de los gestores.

Nadie duda en estos momentos que el sector financiero se encuentra en una situación difícil y, más concretamente, que hay más de una docena de cajas que necesitan capitalización para afrontar sus problemas de liquidez. También es evidente que el proceso de concentración es la solución más racional, teniendo en cuenta que hay un sobredimensionamiento del sector.

Pero las fusiones no pueden ser abordadas para satisfacer las apetencias de poder de los barones autonómicos sino para fortalecer y sanear unas entidades que se tambalean. Lo lógico y lo coherente sería las concentraciones de cajas complementarias geográficamente, lo que permitiría aumentar su implantación territorial y, por ello, la competitividad del sistema.

Ello choca con las pretensiones de algunos presidentes autonómicos que quieren fusionar cajas de la misma comunidad para reforzar su poder y evitar intrusiones de fuera en detrimento de una mayor competencia. Por citar un ejemplo, Montilla apoyaría la absorción de Caixa Catalunya por La Caixa con ayudas públicas, pero no aceptaría una fusión con Bancaja, que opera en Valencia, ya que ello supondría además difuminar el carácter identitario de su primera entidad financiera.

Parece claro que el proceso de ordenación de las cajas está condenado al fracaso si al final priman los intereses políticos sobre la racionalidad económica. Pero además el Gobierno está dejando pasar la gran oportunidad de modificar su régimen jurídico para profesionalizar su gestión y blindarlas de interferencias políticas.

En conclusión, existe el riesgo de dilapidar unos recursos considerables para perpetuar un sistema que ya ha demostrado su ineficiencia.

El Mundo - Editorial

Sindicatos así no merecen ser escuchados

«El precio a pagar por el despido reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando el despido supone un coste tan alto.»

Los sindicatos han vuelto a mostrar su absoluta incapacidad para entender la economía y, por tanto, hacer un diagnóstico acertado que pueda llevar a una solución que funcione. El secretario general de UGT considera que "la clave para la lucha contra la crisis" consiste en que las empresas no despidan a sus trabajadores. Singular descubrimiento, no cabe duda. En una próxima entrega, suponemos, nos informará de la importancia de que además no cierren.


Cándido Méndez, que jamás ha dirigido otra cosa que un sindicato subvencionado, cree que puede enseñar a quienes se juegan su dinero en el empeño a cómo hacer las cosas. Así, indica que los empresarios deben "retener, reclasificar o reubicar" a sus empleados y no "rescindir contratos". Olvida Méndez que despedir suele ser una mala noticia para un empresario, pues significa en general que su compañía no va lo suficientemente bien o que se equivocó al invertir demasiados recursos humanos en una línea de negocio determinada.

En cualquier caso, las opiniones del sindicalista desvelan un problema más de fondo. Como tantos otros, Méndez pretende que la marcha de la economía puede arreglarse con meros esfuerzos de voluntad, y que si no funciona es porque hay personas poco menos que malvadas que no aportan lo suficiente de su parte. Desgraciadamente, el problema es mucho más profundo, de ahí que sea necesaria una reforma laboral para que España no destruya tanto empleo.

La cuestión es que, como ya empiezan a denunciar incluso los medios afines al Gobierno, a Zapatero le importa bastante menos que los españoles no encuentren trabajo que la mucha o poca impopularidad que pudiera acarrearle las mejoras en el mercado de trabajo. Así que ha condicionado cualquier posible cambio al resultado de un "diálogo social" que, en vista de las opiniones expresadas por el secretario general de la UGT, no puede resultar sino estéril.

Mientras la economía funcionaba, la rigidez de nuestro mercado laboral pasaba más desapercibida, pero pese a ello se creaba menos empleo del que nuestro crecimiento podía hacer pensar; sólo había que comparar nuestra tasa de paro con la de muchas otras economías occidentales. El precio a pagar por finalizar un contrato puede reducir el número de despidos en un momento determinado, pero también reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida, nos enseña la economía, son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando la incertidumbre planea sobre su propio futuro y el despido supone un coste tan alto. Como en cualquier otra inversión –y el empleado es una inversión para el empresario– hay que dotar provisiones para hacer frente a los eventuales riesgos y esas provisiones necesariamente van a suponer un coste que no va a pagar otra persona sino el propio trabajador.

Una crisis significa que la economía debe reestructurarse, desapareciendo compañías –e incluso sectores– que ya no resultan rentables y viendo nacer otras mejor adaptadas a las necesidades de los consumidores. Se trata de un proceso que debe facilitarse y no impedirse u obstaculizarse, porque en caso contrario estaremos alargando la agonía. Incrementar los gastos laborales de las empresas que han de nacer o que podrían crecer es una pésima política para encarar la recuperación.

La propuesta de los empresarios de un contrato de primer empleo para jóvenes con un coste de despido muy reducido, pero que se incrementa con el tiempo, seguramente no sea suficiente. No obstante, tiene la virtud de no atacar "los derechos de los trabajadores", pues está enfocado a emplear a personas que no han trabajado nunca y que, por tanto, no tienen "derecho adquirido" alguno. Pero a esto, como a todo, se niegan los sindicatos. Zapatero debería tomar el toro por los cuernos y obviar la opinión de los autodenominados representantes de los trabajadores... pero no lo hará. Y su incompetencia la pagaremos todos.

Libertad Digital - Editorial

Equilibrios en el Congreso

LO llaman «geometría variable» pero, en la práctica, es una chapuza permanente. Una y otra vez, el grupo socialista hace equilibrios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante las votaciones de acuerdo con el espíritu del «como sea» que inspira muchas decisiones de Rodríguez Zapatero. Ayer, el PSOE sacó adelante el «techo» de gasto público para 2010 de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, gracias al apoyo de Coalición Canaria y UPN y a las abstenciones de CiU, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, es decir, un total de 172 votos a favor a base de pactos heterogéneos y a veces contradictorios. Los reproches de los diversos grupos, incluidos algunos que se abstuvieron a la hora de la votación son muy significativos de la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo inestable y oportunista. La clave ha sido la abstención de CiU, gracias a que el Gobierno rectificó poco antes su giro fiscal hacia la izquierda, tras un pacto con IU-ICV que apenas duró unas pocas horas. Hay que tener en cuenta además que la posición de los socialistas en el Senado es todavía más endeble, de tal modo que nadie está seguro de que este paso previo al gran debate presupuestario del último trimestre ofrezca una mínima garantía de que las cuentas del sector público van a salir adelante en las Cámaras.

Así no se puede continuar, porque no hay manera de poner en marcha una política coherente y razonable frente a la crisis económica para generar la confianza imprescindible en los sectores productivos de una sociedad cada vez más escéptica y desencantada. Rodríguez Zapatero vive al día en términos políticos hasta límites insospechados, porque los aliados de hoy son los adversarios de mañana y, por supuesto, porque la factura por estos apoyos puntuales crece de forma imparable. En último término, los ciudadanos son los que pagan el agujero en las cuentas públicas, como bien demuestra la intención inequívoca del Ejecutivo de subir los impuestos para obtener nuevos ingresos. Su pésima gestión de la crisis sitúa al PSOE en su peor momento desde 2004, como refleja claramente el resultado del 7-J por mucho que el presidente intente minimizar los daños. Con el drama del paro como telón de fondo, es imprescindible una política económica rigurosa y eficaz que el Gobierno se muestra incapaz no ya de desarrollar, sino ni siquiera de proponer de forma coherente ante la eventualidad de tener que dar un paso adelante y otro atrás por exigencias de sus aliados coyunturales.

El más elemental sentido de la responsabilidad exige que el PSOE plantee y consiga algún tipo de pacto estable que otorgue una mínima credibilidad a su política económica y garantice una mayoría solvente para el debate presupuestario. De lo contrario, la legislatura tendrá que ser necesariamente muy breve porque existe un serio peligro de colapso en la actividad política y legislativa. Si no tiene valor suficiente para intentar un pacto de Estado con el PP, Rodríguez Zapatero debe al menos decantarse por uno u otro de los socios posibles con el fin de evitar este espectáculo cotidiano que provoca el desprestigio de la clase política y un daño evidente a la credibilidad de las instituciones. Las cosas deben cambiar, porque la desconfianza de los españoles en un Gobierno ineficaz y oportunista es un impedimento para encauzar la gravísima situación económica.

ABC - Editorial

Ha muerto Michael Jackson

Descanse en Paz