sábado, 9 de mayo de 2009

UPyD aboga en Barcelona por un Estado federal similar al de Alemania

“Apostamos claramente por el modelo federal. Más concretamente, por el modelo alemán. Por eso exhibo tanto ese modelo”. Son palabras de Francisco Sosa Wagner, candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a las próximas elecciones europeas, en una conferencia pronunciada ayer en Barcelona. No lo dice porque sí, sino porque parte de su formación académica -que incluye 35 años de catedrático de Derecho- proviene del país teutón. Su segundo apellido tiene mucho que ver en eso.

Sosa presentó su programa electoral -en una campaña que cerrará la propia Rosa Díez en la capital catalana- en un ambiente academicista de la mano de Juan Carlos Giménez-Salinas, el que había sido uno de los impulsores de los círculos liberales en los años 80. Bajo el lema España en el edificio europeo, el profesor Sosa habló sobre cuestiones actuales y sobre su programa. “Estamos en contra de la fragmentación del Estado, porque la fragmentación significa un Estado débil”, subrayó. Por eso, puso el punto de mira en el Estado federal. Justamente donde hasta no hace mucho lo ponían los independentistas catalanes. Paradojas de la vida.


La realidad es que Alemania reformó su Constitución hace tres años y de la reforma salió un recorte de las competencias de sus landers, división territorial que aquí se asimilaría a las comunidades autónomas. Y después de esa reforma, sorprendentemente, los soberanistas de Cataluña han dejado de nombrar cada dos por tres a Alemania, tras una década reclamando insistentemente parecerse a este país. “Ellos han comprendido que el Estado representa al conjunto de todos y no puede ser un mero coordinador de los intereses de los landers. ¿Y debemos enseñarles nosotros a los alemanes cómo construir un Estado? Yo no lo intentaría. No me veo capaz”, dijo Sosa Wagner.

Financiación autonómica

El candidato de UPyD se refirió también a la actual negociación de la financiación autonómica. “La idea de la negociación bilateral es una técnica desafortunada -dijo- y nada tiene que ver con los estados federales. En Alemania tienen el mismo problema. Pero en el 2007, se creó una comisión formada por los partidos políticos, las instituciones y los municipios para llegar a acuerdos integradores y a un gran pacto. Además, los ciudadanos pueden tener acceso a los documentos a través de Internet. Este procedimiento no tiene nada que ver con el nuestro, que es muy malo y no entiende de la racionalidad del asunto”. Por eso, está en contra del reforzamiento de las comunidades autónomas en detrimento de las instituciones del Estado.

Sosa dejó claras las prioridades de su actividad en el Parlamento europeo: ahondar en la política de servicios públicos, en la política energética, en la educación y en la cultura. Son las cuatro patas de su banco. Su teoría parte de la base de que las cuestiones que afectan a la vida cotidiana están siendo reguladas, cada día más, desde Bruselas: desde los componentes de los alimentos hasta la tarifa de los móviles o las órdenes judiciales para intervenir en Internet dependen ya de la legislación comunitaria. Y apuesta por que los europeos valoren más las cuestiones que les unen que las cuestiones que les separan.

Pero, además de pretender convertirse “en la tercera fuerza política de España” después de estas elecciones, tras el PP y el PSOE, quiere cambiar muchas cosas: las administraciones públicas (“que son caras e ineficaces”), la estructura interna (“donde hay riesgo de una ruptura del mercado interior”), la toma de protagonismo de instituciones como el Gobierno central o el Tribunal de Cuentas (“que son órganos que están desactivados en el control del resto de instituciones”), la reordenación del sistema, la reforma de la Ley Electoral (“que el Consejo Consultivo ya ha dictaminado hace un mes”) o la aplicación del Tratado de Lisboa, que será un paso importantísimo en la constitución de la Unión Europea. Y rehoye todos los tópicos: “Aquí se acepta la historia sólo cuando interesa”. O a quien le interesa.

el confidencial

Euskadi-Cataluña: PSOE bífido. Por Manuel Morales do Val

Mientras el socialista Patxi López se convertía en lehendakari para desnacionalizar el País Vasco y retirar el euskera como idioma vehicular preferente en las escuelas, otro socialista, José Montilla, patrocinaba una ley que impone la inmersión definitiva de los niños en catalán y la práctica anulación del castellano.

Una actitud de lengua bífida, que habría sido trífida si el PSOE siguiera gobernando Galicia, donde el expresidente Pérez Touriño desairaba a sus coaligados nacionalistas pero obedecía a su exigencia de que el gallego fuera el idioma escolar dominante.


Perdida Galicia, los socialistas dicen ahora que “inmersión en catalán, sí, pero en vasco, no”, actitud bífida o de lengua de doble filo: lo que es blanco en Barcelona, es negro en Vitoria.

Desigualdad y contraste que le facilitarán al nacionalismo vasco presentar su idioma local como víctima de la agresión españolista y castellanista, mientras que en Cataluña se desautorizan los mismos españolismo y castellanismo.

Este es el resultado de un Rodríguez Z. tan débil y oportunista que para lograr el poder se rinde ante algunos nacionalismos en contra de las viejas doctrinas internacionalistas, estatalistas e igualitarias, señas ideológicas del socialismo.

Ahora, aunque los nacionalistas vascos prefieren íntimamente el castellano como lengua vehicular, aprovecharán esta discordancia para tocar la vena “abertzale” o patriótica de sus seguidores, e incluso de quienes no lo son, advirtiéndoles que son víctimas de una ofensiva del imperialismo español para exterminar el espíritu nacional y étnico vasco.

Rodríguez Z creó muchas desigualdades territoriales desde que gobierna manipulando los estatutos autonómicos: su veneno parece extenderse lenta e imparablemente.

Y Patxi López tendrá difícil esconder la lengua bífida de su PSOE y evitar que los colmillos ponzoñosos que la acompañan no se claven también en todo el electorado socialista español.

Crónicas Bárbaras

De la Vega aprueba la 'tasa TVE' tras hora y media de bronca con sus ministros

Una hora y media de discusión a cara de perro necesitó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que el Consejo de Ministros terminara por dar el visto bueno al anteproyecto de ley de financiación de RTVE que amadrinaba. “Todos los ministerios tienen sus clientelas”, explicaban a El Confidencial fuentes conocedoras del cónclave para explicar las reticencias que mostraron algunos departamentos. Es más, fuentes de toda solvencia aseguran que el anteproyecto ni siquiera está redactado en todos sus términos y que se terminará de perfilar hoy sábado entre los diferentes ministerios afectados.

“Por eso antes del Consejo se planteó la posibilidad de abordar el tema pero dejarlo pendiente de resolución”, explican fuentes del sector. Y es que, por ejemplo, finalmente será el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien tenga que lidiar en el día a día con las empresas de telecomunicaciones, las más afectadas por la nueva regulación en tanto en cuanto tendrán que abonar una tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar parte de la eliminación de la publicidad en la televisión pública. Claro que, igual que las empresas se enteraron de que el nuevo modelo les afectaba por los periódicos, lo mismo le pasó al titular de Industria, quien ya vio cómo De la Vega le llamaba al orden por la aprobación de la TDT de pago.

Fuentes del sector aseguran que el Ministerio, hace apenas diez días, perjuraba a las compañías que no tenía ninguna lógica la aplicación de una tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar la televisión pública. “Lo que poco podíamos imaginar es que el ministro, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y la propia Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) también se iban a enterar del nuevo modelo por la prensa. No ha habido secretismo sólo con el sector privado”, explican. Además del caso de Industria, existía inquietud general en el Consejo por la impopularidad que supondrá una subida del precio del teléfono e Internet en cuanto las telecos trasladen el canon a las tarifas.

No se olvidó De la Vega del cine español, al elevar en un 20% la obligación de TVE de invertir en películas nacionales. Además, no se toca el 5% que las televisiones privadas deben destinar de sus beneficios a las producciones europeas, algo con lo que hasta última hora contaban las privadas. De hecho, aunque desde Uteca se aplaudió a rabiar la eliminación de la publicidad en TVE, se incidió en que las televisiones "ya soportan muchas cargas", en relación a la obligación de financiar el cine europeo (5%) y los derechos de propiedad intelectual (6%). No consta que Ángeles González-Sinde abriera la boca en el Consejo.

Miles de millones de beneficio

Ayer la vicepresidenta fue tajante para explicar la tasa a la telecos, aduciendo dos argumentos más que polémicos. En primer lugar, dijo que las de telecomunicaciones “en general tienen unos beneficios muy importantes, de miles de millones". No parece razón suficiente para gravar un sector que ya acumula hasta una decena de tasas, y en el que no todos parecen ganar. “¿Miles de millones? De los más de cien operadores que hay en España, ganan dinero dos: Telefónica y Vodafone”, se argumenta desde una de las empresas. Ono, sin ir más lejos, aseguró a la vicepresidenta en la reunión que mantuvo con Redtel el miércoles que tendrá que acometer más despidos ante el nuevo escenario. "Es verdad que hay alguna que tiene situación de dificultad, y el Gobierno lo contemplará", se limitó a apuntar la vice.

En segundo término, De la Vega consideró razonable que las telecos financien en parte la televisión pública, ya que se benefician del espacio radioeléctrico y de los contenidos audiovisuales y televisivos. Aquí obvió que la cifra de negocio por este concepto es residual. “Se ha hecho en otros países”, dijo refiriéndose a Francia. De acuerdo con ese modelo, además del 0,9% a las telecos, las televisiones privadas contribuirán con el 3% de sus ingresos. En el caso español, se fija una limitación del 10% del presupuesto anual de compras para los eventos deportivos.

Ni la visita el pasado miércoles in extremis del presidente de Telefónica, César Alierta, logró que De la Vega modificara un ápice su posición. ¿Subidas en las tarifas? A ella plim. “El Gobierno siempre velará por los ciudadanos y usuarios. Lo hacemos así y lo hacemos también cuando las empresas se benefician de rebajas impositivas”, puntualizó. Fuentes del sector no están nada convencidos y especulan sobre los conflictos en el Ejecutivo. “No parece que alguien como Sebastián pueda replicar a la vicepresidenta primera en un Consejo de Ministros. Pero ahora hay una nueva vicepresidenta que sí ha podido incidir en los contras de la medida, sobre todo en términos de popularidad”, apuntan más como una esperanza.

Lo cierto es que el aluvión de halagos que está recibiendo De la Vega por parte de las televisiones privadas empieza a ser, como mínimo, empalagoso. Ayer el secretario general de Uteca, Jorge del Corral, aplaudió la disposición del Ejecutivo, pero quiso hacer una mención especial al presidente Rodríguez Zapatero y a la propia vicepresidenta. Un planteamiento no demasiado lejano del que hizo recientemente el presidente de la asociación, Alejandro Echevarría, cuando aseguró: “Estamos muy contentos por las cosas que el Gobierno está haciendo por nosotros. Y sobre todo por lo que está haciendo una persona honesta, que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Y esa persona es María Teresa Fernández de la Vega. Gracias a ella se ha conseguido un diálogo muy fructífero”.

el confidencial

RIDICULO ESPAÑOL ANTE LOS PIRATAS

¿Alguien se ha puesto en la piel de los soldados españoles que trabajan en el Índico en busca de piratas somalíes? ¿Se imaginan la cara de idiotas que se les habrá quedado a los infantes de Marina que se juegan la vida deteniendo a estos nuevos corsarios cuando les hayan dicho que les liberen «por imperativo legal»?

¿Nadie ha calculado el ridículo internacional al que se somete a los soldados allí destacados, a las Fuerzas Armadas españolas en general y al propio Ministerio de Defensa ante sus aliados de la OTAN?


Como afirma Angel Expósito, director de ABC, que después del bochornoso episodio de Playa de Bakio, sólo nos faltaba ahora esto.

¿Se imaginan qué cara va a poner el sargento español al mando de una patrulla, armado hasta los dientes, cuando le ordenen atacar una barcaza con bucaneros?

¿Y la cara de alegría de esos mismos piratas cuando vean que el buque militar que les asalta lleva bandera española y no francesa o norteamericana?

«¡Qué alivio!», pensarán.

«¡Qué ridículo!», pensaremos.

EL JUEZ ORDENA LIBERAR A LOS PIRATAS

La misión de lucha contra la piratería, que la Armada española desarrolla en el Índico, junto a otros muchos países, corre el riesgo de convertirse en un fiasco debido a las discrepancias en el seno de la Audiencia Nacional.

Tras haber acordado el jueves su prisión provisional y traslado a España, el juez Fernando Andreu ordenó ayer, obligado por una nueva petición del fiscal, la puesta en libertad de siete piratas que el petrolero español Marqués de la Ensenada rescató el pasado miércoles en aguas del Golfo de Adén, después de que supuestamente intentasen secuestrar a un buque con bandera panameña.

En la misma situación se encuentran los otros siete asaltantes a los que el petrolero capturó el jueves -con dos pistolas y un lanzagranadas, además de abundante munición-, cuando intentaban abordar un mercante maltés, tras realizar disparos intimidatorios para evitar su fuga.

El Marqués de la Ensenada navegaba ayer rumbo a Yibuti, a la entrada del Mar Rojo, con el objetivo de desembarcar a los piratas para que fueran trasladados por vía aérea a España. Según fuentes de Defensa, el helicóptero del buque se adelantó ayer y llevó a dicho país a uno de los piratas, que tenía una herida grave en el abdomen cuando fue detenido, para que fuese intervenido en el hospital militar francés.

El cambio de criterio de la Audiencia produjo perplejidad en Defensa, que tuvo que cambiar los planes sobre la marcha. Fuentes militares explicaron que Yibuti no estaba dispuesto a aceptar a los piratas mas que en tránsito y que la opción más clara sería llevarlos a Somalia, pues se identificaron como somalíes.

El derecho del mar impide dejarlos en un bote en aguas internacionales, donde fueron capturados.

Fuentes de Defensa -citadas por Miguel González y Manuel Altozano en El País- insisten en que los miembros de la Armada española están cumpliendo "con absoluta eficacia" su misión contra la piratería y se encuentran a la espera de "una decisión definitiva de las autoridades" sobre el destino de los detenidos.

Miembros del Gobierno indicaron, por su parte, que en ningún caso serán puestos en libertad en Somalia. Una opción sería desembarcarlos en Kenia como detenidos, si prospera el recurso que probablemente presentará el fiscal, o como deportados, si se mantiene su libertad.

La nueva decisión de Andreu vino obligada por el cambio de postura de la fiscalía, que el jueves había solicitado la prisión provisional -luego acordada por el juez- por delitos tan graves como detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas. Ayer, sin embargo, solicitó que se revocara esa medida, como paso previo para su entrega a Kenia, en virtud de un acuerdo entre dicho país africano y la UE.

El juez rechazó la entrega a dicho país de los piratas y acordó su inmediata puesta en libertad, "por imperativo legal y en absoluta disconformidad" con la medida que tuvo que adoptar. En su auto, Andreu recuerda "la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos [...] la indiscutible competencia de este órgano judicial [...] y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga que concurre en el presente caso".

El problema radica en quién debe juzgarlos. El jueves, juez y fiscal coincidían en que la competencia recaía en la Audiencia, en aplicación del Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ayer la fiscalía reclamó la entrega a Kenia basándose en un canje de notas entre dicho país y la Unión Europea "sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería", detenidas en el marco de la Operación Atalanta de la UE en el Índico. "Procede entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia a fin de continuar el procedimiento judicial", alegó.

Pero Andreu adujo que esa decisión "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías" de los acusados y supondría saltarse la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Extradición Pasiva, que exigen que los tribunales "sigan una serie de trámites procesales que en ningún caso pueden obviarse" para la entrega de detenidos.

Según el juez, el canje de notas con Kenia -firmado el 6 de marzo y pendiente de ratificación por las Cortes- "no puede afectar a personas inmersas en un procedimiento judicial a las que se ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y respecto de las cuales se han adoptado medidas cautelares". Es decir, la prisión provisional.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguraron ayer que el cambio de postura se decidió tras recibir una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se informaba de la existencia del pacto de la UE con Kenia e insistieron en que, al tratarse de un "acuerdo ejecutivo", podría ponerse en práctica al margen del procedimiento judicial. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado aseguró que la responsabilidad de la liberación sería sólo del juez.

El auto de Andreu es, sin embargo, taxativo. Asegura que, debido al cambio de la fiscalía, "no cabe otra medida que acordar la libertad provisional" de los presuntos piratas que, agrega, "será comunicada a la autoridad bajo cuya custodia se encuentran", es decir, el Ministerio de Defensa, "a fin de que se proceda inmediatamente a dar curso a la misma". Sea de quien sea la culpa, los piratas siguen a bordo del Marques de la Ensenada. Ayer mismo, la fragata francesa Nivoise entregó a Kenia a otros 11.

Periodista Digital

PATXI LOPEZ, EL TROVADOR LAICO. Por Tomás Cuesta

PARA ser consecuente con sus convicciones laicas, el señor Patxi López se ha abstenido de «humillarse ante Dios» al convertirse en lendakari de los vascos (y vascas). La iniciativa, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie y, si son muchos los que se han puesto a hacer la ola, los desolados también son unos cuantos. El beaterio progresista festeja el rediseño de un rito anacrónico, cavernícola y rancio contra el que jamás, empero, había protestado. En la otra acera, en cambio, los monaguillos de Sabino Arana lanzan excomuniones a destajo sobre quienes violan la santa tradición y silencian las voces ancestrales. Llegada la hora de organizar el cristo, cualquier excusa es válida y no sería la primera vez que, en esas latitudes, las diferencias se dirimen a cristazos.

Uno -y disculpen la osadía que supone el pretender volar tan alto- se figura que a Dios no le preocupa lo más mínimo que el señor Patxi López se avenga o no a humillarse ante la Cruz y la Palabra. Allá cada cual con su conciencia y con las humillaciones que, por activa o por pasiva, ha ido acumulando de tejas hacia abajo. Hay que reconocer, no obstante, que el nuevo lendakari no se ha tomado el nombre del Creador en vano. ¡Pachasco -dirán algunos- como que ni siquiera le ha nombrado! Y así es, en efecto, pero más vale echarse en cara a un descreído militante que a uno de esos sepulcros blanqueados de espíritu mezquino y comunión diaria.

El problema no estriba en que Francisco López (llamadme, Patxi) se jacte de no encenderle un cirio a Dios, sino en que amague con ponerle uno al diablo. «La madre del pensamiento es el lenguaje». El célebre aforismo de Kark Kraus es la piedra angular de la política en el calvario de las vascongadas. Cuando el señor López, por ejemplo, alude de los que han sido «injustamente asesinados», no es consciente (¿o sí?) de que, apurando el argumento, la justicia y el crimen podrían conciliarse. ¿Y qué cabe esperar de un personaje que aboga por establecer la paz allí donde la guerra es un disfraz del cerrilismo y la barbarie?

Los terroristas son «hostis humani generis» -enemigos del común de los humanos- y elevarlos a la categoría soldadesca es un equívoco aberrante. La libertad no guerrea con las ratas, no las extermina a cañonazos. Le basta con usar sin titubeos los pesticidas del estado democrático. Pero la tentación de transformarse en el flautista de Hamelin y pasar a la historia con el salvoconducto de los cuentos de hadas, es algo tan tenaz y tan interiorizado que a ver quién es el manco que levanta la mano presumiendo de que está exento de pecado. Mientras, la ideología continúa pudriendo la sementera del lenguaje. ¿Paz, generosidad, diálogo? Derrota inapelable, compasión si procede y que hablen los tribunales.

El tiempo dirá si el señor López es realmente un hombre de palabra. De momento -dejando a Dios al margen-, ha perpetrado el sacrilegio literario de utilizar los versos de Wislawa Szymborska (la gran sacerdotisa de la lírica polaca) con mañas torticeras y voluntad falsaria. «Nada dos veces», el poema que, en el altar del árbol de Guernica, recitó el lendakari, fue aliñado hasta el punto de que una declaración de amor hizo el apaño de alegato. Sus siete estrofas pasaron a ser tres y gracias, ya que sólo la última transmitía la clave: «Entre sonrisas y abrazos / verás que la paz se fragua, / aunque seamos distintos / cual son dos gotas de agua».

La poesía es un arma cargada de futuro, sostenía el bueno de Gabriel Celaya. Lástima que los ripios estén a la que salta.

ABC - Opinión

ZP imita a Sarkozy y pagan los internautas. Por Antonio José Chinchetru

Ventanas

«Parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos".»

¿Cuéntame cómo pasó le parece la serie más casposa de la televisión desde hace décadas? No importa. Además de con sus impuestos, dentro de poco usted pagará parte de lo que cobran sus protagonistas por poder leer artículos como este. ¿No ha visto jamás, ni tiene intención de hacerlo, el programa presentado por Anne Igartiburu? Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.


No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).

Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.

Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.

Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.

Libertad Digital

LA REBELION DEL IDIOMA. Por M. Martín Ferrand

REINTA años de uso y abuso han dejado la Constitución del 78 hecha unos zorros. No hay más que verla, pobrecita, vaciada del espíritu que la alentó y convertida en un mero recurso retórico para el poder central del Estado. Su Título VIII, tan voluntarioso como ambiguo, ha sido la mecha provocadora de una explosión que ha conseguido vaciar de contenidos un Estado muchas veces centenario y sin consistencia a toda una vieja Nación. Para mayor paradoja, una de las instituciones que más ha contribuido a que así sea, a que la Constitución se convierta en referencia vaga y a que salten sobre ella, y la despiecen, los Estatutos de Autonomía que rompen muchos de los supuestos de la unidad del Estado, es el Tribunal Constitucional.

Estoy pensando en la próxima Ley de Educación de Cataluña que acaba de aprobar la Comisión correspondiente del Parlament. Es el gran fruto de un Govern tripartito y disparatado que, con un cordobés como president y al amparo de una de las muchas zapateradas que ya padecemos, sacó adelante un nuevo Estatut, en vigor, que tres años después de su refrendo por uno de cada tres catalanes, todavía no ha merecido la valoración del TC. Una Ley totalmente rompedora con la letra y el espíritu constitucionales, que establecen que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser «la única vehicular» en la enseñanza. Nada de bilingüismo. Nada de idiomas co-oficiales. El castellano, tras la votación del mes próximo en el Parlament, será en Cataluña un poco menos que el francés, como el inglés: un idioma «extranjero».

Abrumados por las crisis económicas que padecemos y ante el creciente y doloroso problema del paro, no reparamos con la suficiente intensidad en los problemas que, fecundados por el germen confederal de José Luis Rodríguez Zapatero, están resquebrajando el Estado. Cataluña, con la complicidad, activa o pasiva, del Constitucional, en donde parecen esperar que el tiempo alivie los problemas que ellos no quieren abordar con la diligencia debida, se establece por su cuenta en la educación de sus ciudadanos y rompe con el principio del castellano como idioma oficial de España. Es todo un cataclismo previsible y no previsto que pone en evidencia, además de la deslealtad constitucional de la Generalitat, la irresponsable incapacidad del Gobierno de España y del tan pomposo como innecesario Tribunal Constitucional.

ABC - Opinión

SINDICALISTAS DINAMITEROS. Por Pablo Molina

Aguirre

«Si el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial.

Hasta hoy sabíamos que la culpa de la recesión económica era de Franco, Aznar y Bush, no necesariamente por ese orden, pero los liberados sindicales madrileños acaban de sacarnos del error. Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.


Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.

En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".

La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".

Libertad Digital - Opinión

LOS VASOS COMUNICANTES. Por Ignacio Camacho

NO hay tregua. La tensión centrífuga que se ha apoderado de la política española no concede un instante de pausa ante la pasividad de un Gobierno que desconoce o soslaya su responsabilidad sobre la estructura del Estado. No sólo eso: parece como si el zapaterismo se sintiese obligado a alentar siempre un cierto grado de presión sobre las costuras del sistema constitucional. Y cuando consigue abrir en el País Vasco un resquicio a la esperanza frenando la deriva secesionista, permite que Cataluña demarre hacia un programa lingüístico y educativo excluyente que supone de hecho la abolición de la Carta Magna. El presidente siempre tiene un problema para cada solución; es su Partido Socialista -llámese como se llame en cada territorio- el mismo que descabalga a Ibarretxe en Vitoria mientras aplica sus tesis soberanistas en Barcelona en un temerario ejercicio de vasos comunicantes.

Es el marco jurídico, más que la cuestión del idioma, lo que está en solfa bajo la nueva ley educativa catalana. El castellano no corre peligro en Cataluña, aunque a algunos ya les gustaría que así fuese, pero sí la prevalencia de la ley fundamental que preserva la igualdad de los españoles bajo un sistema de derechos y obligaciones comunes. Y ello sucede porque Zapatero no mueve un músculo para impedir el delirio de una clase política dispuesta a consagrar por las bravas la existencia no ya de una nación sino de un Estado dentro del Estado. Y porque el Tribunal Constitucional lleva tres años incurriendo en clamorosa, inmoral dejación de responsabilidades, bloqueado por su propia dependencia política en un escandaloso y cobarde silencio que abre paso a la interpretación a conveniencia de parte de un Estatuto demencial pendiente de convalidación jurídica.

La dirigencia catalana ha emprendido la vía hacia la bilateralidad y el soberanismo porque no encuentra ningún freno en esa carrera. Ni el TC ejerce su función ni Zapatero su liderazgo. Montilla, un gobernante charnego aliado con independentistas radicales, parece preso de un complejo de inferioridad ante el nacionalismo que le empuja a competir con él hasta sobrepasarlo. Pero la responsabilidad de esta fractura a través de hechos consumados no está tanto en quien la promueve como en quien la consiente. La popularidad del presidente entre el electorado catalán se basa en esa frívola complacencia ante el atropello a la Constitución que por dos http://www.blogger.com/post-edit.do#veces ha prometido defender y cumplir. Y no tiene sentido respaldarla en el País Vasco -por cierto, ¿por qué no fue a la toma de posesión de Patxi López?- mientras permite su simétrica deconstrucción en Cataluña. A menos que la agenda real del socialismo sea, retórica aparte, similar en un sitio y en otro.

ABC - Opinión

PEPE Y EL POPULAR. Por Maite Nolla

Montilla y Sirera

«Para barbaridad el estatuto en sí mismo, amén de inconstitucional, antiliberal, intervencionista, antieuropeo, innecesario y chapucero, entre las cosas que se me ocurren, así de repente.»

La gresca entre políticos no me ofende y el intercambio de improperios, de vez en cuando, no está mal y le da vidilla al panorama político aburrido y mediocre que nos gobierna. Pero creo que el presidente de una comunidad autónoma no puede dedicarse a insultar a los que le pagan el sueldo.


Montilla ha vuelto a insultar al PP considerándolo un "enemigo de Cataluña". Yo entiendo que dicha cogitación pudiera llevar la autoría del júligan Zaragoza, del ex vocal del Consejo General del Poder Judicial o del candidato de CiU a las europeas, con los que Alicia Sánchez-Camacho quiere pactar a cambio de nada –por cierto, Alicia, deberías ir pensando en dejarlo, de verdad. Pero que lo diga el president de la Generalitat, éste en concreto, no tiene un pase.

Acusó además al PP de no tener respeto por Cataluña. Lo dice un hombre que después de treinta años aquí, la mayoría de ellos en cargos públicos, se expresa en catalán –mi lengua propia, no la suya– como lo hace. De todas formas, que Montilla sea presidente y no conozca la lengua que dice defender tanto, es un efecto directo de la democracia y yo contra eso no tengo nada que decir; que lo digan en todo caso los que le han votado y los que le apoyan. Pero que siendo quien es, viniendo de donde viene, hablando como habla y haciendo lo que hace, por ejemplo, con la Ley de Educación, se pase el día regalando catalanidades, me daría risa si no me diera pena; la Ley de Educación, a la que los nacionalistas llaman la Lec, cuando yo siempre había creído que la Lec es la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El huracán Alicia ha devastado al PP de Cataluña, pero no del todo y Daniel Sirera le dio una buena a Montilla a costa del insulto. A Montilla le prepararon la respuesta basándose en frases de dirigentes del PP sobre el nuevo estatuto de autonomía, frases que la prensa nacionalista se apresuró en calificar como que "Montilla le recuerda a los del PP las barbaridades que dijeron sobre el estatut". ¿Perdón? Para barbaridad el estatuto en sí mismo, amén de inconstitucional, antiliberal, intervencionista, antieuropeo, innecesario y chapucero, entre las cosas que se me ocurren, así de repente; con lo que cualquier cosa que se diga del tema, es poca. Yo, a diferencia de muchos dirigentes del PP que se arrepienten ahora del recurso presentado porque les fastidia sus nuevos planes, no sólo hice campaña en contra, sino que lo volvería a hacer. Al fin y al cabo, el estatuto de Cataluña es la clave de la política española y de la política catalana. La actuación del Tribunal Constitucional, que debe resolver sobre la cuestión, hasta la fecha es una vergüenza y prepárense para la sentencia cuando llegue, si llega. Sus señorías sentenciaran, como dicen los constitucionalistas, de forma interpretativa, con lo que la aplicación y el desarrollo del estatuto dependerán, otra vez, de las mayorías políticas y de las mayorías judiciales y no de la Constitución, como debería.

La vida te lleva por caminos raros –que dice la canción– y al final, al que le ha tocado defender el honor de su partido y de sus votantes ha sido a Sirera, al que Alicia quiere jubilar; ella está a otras cosas.

Libertad Digital - Opinión

LOPEZ Y LA BANDERA. Por Edurne Uriarte

Nadie ha querido ponerse desagradable en este clima de emoción oficial vivido durante la semana por el cambio en el Gobierno vasco y se ha hecho como que no se ha oído lo que dijo el nuevo lehendakari el miércoles por la noche en televisión. A pesar de su gravedad. En una entrevista en Antena 3.

Y es que Gloria Lomana preguntó a Patxi López si colocará la bandera española. A lo que López, visiblemente incómodo, contestó que...cumpliría la ley. Y que él no le gustan «los fundamentalismos de las banderas». O sea, que más de 30 años de persecución de ETA por sostener y defender esa bandera que López ni siquiera se atreve a nombrar, la bandera española, sólo han servido para que el nuevo lendakari la despache sin nombrarla con una evasiva referencia a la obligación legal. Cuando todo el problema de libertad, desde ETA, y de intolerancia, desde el nacionalismo, se simboliza en la persecución a esa bandera.


Igualmente grave fue que López mentara los fundamentalismos de las banderas, equiparando a los intolerantes de la ikurriña con los perseguidos de la bandera nacional. Lo que constituye una completa tergiversación de una historia democrática con un único fundamentalismo de la bandera. El de la ikurriña. Quienes hemos reclamado la presencia de la bandera nacional lo hemos hecho para colocarla al lado de la ikurriña y no para eliminar la ikurriña, como se ha hecho desde el único fundamentalismo vasco con la bandera nacional.

Y si el lendakari del cambio, el que, se espera, va a traer la igualdad y la libertad al País Vasco, no entiende la diferencia o no le da la gana de reconocerla, nos espera un panorama preocupante. De reproducción de los eternos complejos, de miedo a los nacionalistas, de cesión a sus chantajes. Con un lendakari para el que la bandera nacional es una mera obligación legal.

ABC - Opinión

POCA «EDUCASHION» . Por Alfonso Ussía

El educado Anasagasti ha dicho que le da asco la democracia española. Le da asco cuando la suma de los escaños que el pueblo concede le quita el poder

Los del PNV no aplaudieron al nuevo «Lehendakari», Pachi López, en su toma de posesión. Ibarreche estaba en una nube. Zenarruztabeitia, que cada día se parece más a una abubilla (Upupa epops) se antojaba recién salida del taller de taxidermia, perfectamente disecada. Y Azcárraga, el de Eusko Alkartasuna, se subía por las paredes sin paredes por las que subir, lo cual resulta, como poco, extravagante.


Ibarreche le entregó la «makila» a Pachi López con ademanes tan corteses que me recordaron a los de Mobutu cuando sacó a patadas del palacio presidencial a Kasavuvu. Mobutu pertenecía a la etnia que se consideraba más pura en la antigua colonia belga, y Kasavuvu era el advenedizo. También se cargó a Lumumba y a Thsombé, y se quedó con el Congo para él solito. Lo del pasado jueves en Guernica fue algo parecido, pero al revés. Mobutu no tuvo más remedio que entregarle el símbolo del poder a Kasavuvu, pero con retranca de raza superior. Tomaba posesión de su cargo de «Lehendakari» un socialista, un López, descendiente de emigrantes, con los votos sumados de los vascos constitucionalistas y defensores del Estatuto de Autonomía, y ello enfureció a los que se creen propietario de las tierras y las vidas de los vascos. El educado Anasagasti, que va a quitarle el protagonismo a Belén Esteban en los platós cardíacos, ha dicho que le da asco la democracia española. Le da asco cuando la suma de los escaños que el pueblo concede le quita el poder. Cuando el poder lo obtenían con el apoyo de los partidos que amparaban el terrorismo, no le daba tanto asco. Aquí, me figuro, que algo habrá que agradecer a José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, impulsores de la Ley de Partidos Políticos que ha apartado de las instituciones democráticas a los representantes de la banda asesina. A la actitud de los nacionalistas vascos en la toma de posesión del «Lehendakari» López, se le ha llamado siempre «mala educashión» por aquellos predios. Urkullu ni se dignó asistir.

Pero compensaba ver la alegría de las víctimas del terrorismo, la normalidad que supuso la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, la respetuosa solemnidad de una «Ertzaintza» que se siente liberada de manipulaciones políticas. Y el cuidado de la estética del acuerdo por la libertad del País Vasco, dibujada con la asistencia de varios miembros del Gobierno y los principales dirigentes del Partido Popular. Para que todo esto haya sucedido, han sido necesarios treinta años de un sistema que separaba a los vascos nacionalistas de los que no lo eran. Más de doscientos mil vascos han tenido que encontrar su futuro en otros lugares de España, fuera de sus raíces. Mil inocentes no han podido disfrutar, por el sacrificio de su muerte, la alegría de la esperanza. Los obispos vascos repudiarán la fórmula laica de Pachi López. Pues tampoco. Mejor el crucifijo ausente que la Cruz administrada por prelados que siempre han estado más cerca de los verdugos que de las víctimas. Ya llegará el momento de reponer a Dios en su sitio protocolario. Dios prefiere la paz al protagonismo. Lo que me preocupa es el enfado indisimulado de los salientes. Mala, pero muy «mala educashión». Y el roble, encantado. ale.

La Razón - Opinión

TVE, sin anuncios

El nuevo sistema es una medida de estímulo que termina con la doble financiación

La supresión de la publicidad en TVE decidida ayer por el Gobierno es un hito en la historia audiovisual de este país, aunque no se extienda a las emisoras autonómicas, asignatura que queda pendiente. Se acaba así el método de doble sistema de financiación (presupuesto público y anuncios publicitarios) de la televisión estatal, que constituía un privilegio en la competencia con las cadenas privadas.

Esta decisión debería integrarse como parte de la pendiente Ley General Audiovisual, cuya tramitación acumula retraso. La anticipación de esta medida obedece al impacto de la reforma ya realizada en Francia, que persigue idéntico objetivo, y al recrudecimiento de la urgencia derivada de la crisis económica, que afecta de lleno a un sector emergente que crea mucho empleo. Existía ya un consenso sobre la inadecuación del doble sistema de ingresos de TVE: ahora, además, la recesión hace insostenible esta anomalía.


Las voces críticas alegarán que el Gobierno pretende satisfacer intereses privados. Cualquier interpretación interesada de ese tenor en ningún caso desmiente la anomalía. Lo ortodoxo es que los servicios públicos se financien con recursos presupuestarios, o derivados del uso de bienes también públicos. Es cierto que determinados concesionarios de otros servicios públicos, como la educación, combinan distintos sistemas: como la escuela concertada, que puede allegar recursos privados, pero también disfruta de los públicos. Pero ningún ejemplo es comparable con el sector audiovisual, donde desde hace años la posición de privilegio de TVE, a la que se han ido sumando las distintas cadenas autonómicas, se ha convertido en una distorsión insoportable e injusta para el sector privado.

TVE sustituirá los 500 millones de la publicidad con un porcentaje de la tasa por la utilización del espacio público radioeléctrico; una tasa sobre la facturación de las televisiones privadas; y otra sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Es un sistema más ortodoxo que el actual. Las empresas afectadas, concesionarias de bienes públicos, soportarán una modificación al alza del coste de concesión, pero no parece que este coste sea inasumible.

A cambio de garantizar el mismo flujo de ingresos a la principal cadena pública, el Gobierno la obliga a reemplazar las 8.200 horas mensuales producto del "vacío publicitario" mediante producciones propias. Y se propone incorporar a la Ley General Audiovisual nuevas obligaciones que subrayen su carácter público. Acierta también el Gobierno en limitar la capacidad de contratación de derechos deportivos con dinero público, una forma escandalosa de competencia desleal que hincha y distorsiona la oferta.

Lo que no es sensato es la salida de tono de la representación de los anunciantes, acusando a los audiovisuales de "oligopolio", al apreciar la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: argumento falso, pues la competencia entre televisiones es feroz.

El País - Editorial

Cataluña impone su 'Plan Ibarretxe' en la Educación

El mismo PSOE que defiende el bilinguismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Fue Zapatero el que dio alas a esta deriva desde el momento en el que aceptó apoyar el Estatut.

LA COMISIÓN de Educación del Parlamento catalán aprobó ayer el proyecto de nueva Ley de Educación, último trámite antes de que el Pleno de la Cámara autonómica lo ratifique. Esta iniciativa supone un desafío al Estado de magnitud equivalente a la del inconstitucional Plan Ibarretxe, puesto que supone de hecho una declaración unilateral de independencia en materia educativa.

La norma desprecia las leyes del Estado, las sentencias judiciales y hasta el nuevo Estatuto y la propia Constitución, en lo que supone un paso decidido hacia el monolingüismo. De entrada, niega -ahora ya por ley y no sólo por la vía de los hechos consumados, como ha venido sucediendo- el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, e impone el catalán incluso en el recreo y en las actividades escolares que se desarrollan fuera del aula.


La nueva norma sustituirá a la ya cicatera Ley de Política Lingüística catalana de 1998 que garantizaba el derecho de los padres -en la práctica incumplido sistemáticamente- a escolarizar a los niños en castellano hasta los ocho años. Más aún, ignora la obligación de garantizar un mínimo de tres horas de clase a la semana de castellano, precepto incluido en la Ley de Educación aprobada por el Gobierno central en 2006. De esta forma, la lengua que comparten todos los españoles pasará a tener en Cataluña una consideración inferior a la lengua extranjera, ya que tendrá menor uso lectivo que el inglés.

Además, la nueva ley catalana incumple la sentencia del Supremo que obliga a la Generalitat a ofrecer la opción de estudiar en español. El Alto Tribunal falló en 2008 que la Administración tiene que ofrecer formularios para que los padres elijan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y velar para que esos derechos «no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Más aún, pese a que el Estatuto establece como «compartida» la competencia en esta materia, los diputados han pasado a considerarla como exclusiva a la hora de legislar. Y todo ello aun cuando -parece una broma recordarlo a estas alturas- la enseñanza en castellano es un derecho básico reconocido en la Constitución.

Las manifestaciones de ayer del diputado de ERC Freixanet tras aprobarse el texto en comisión, en el sentido de que la ley «servirá para la construcción nacional del país», revela hasta qué punto se utiliza la educación como instrumento al servicio de objetivos políticos y no al servicio de los ciudadanos de una sociedad que es bilingüe. Es este mismo proyecto de ley el que incluye entre sus principios, tal y como revelamos hace un mes, que entre el alumnado «se cultivará el sentimiento de pertenencia como miembros de la nación catalana».

Es inconcebible que el Tribunal Constitucional siga sin confirmar, tres años después, que el Estatuto se aparta de la Carta Magna, como resulta obvio en este punto. La negligente, irresponsable e inmoral demora de los jueces a la hora de resolver un asunto capital para el modelo de Estado, de convivencia y de garantía de derechos y libertades, ha sido aprovechada por los nacionalistas para radicalizar la política educativa.

Lo grave es que el mismo PSOE que defiende el bilingüismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas, que no ocultan su intención de caminar hacia el soberanismo a partir del control de la educación. Y qué decir de la histórica torpeza de la necia frivolidad de Zapatero, que dio alas a esta deriva desde el mismo momento en que aceptó que el Estatuto consagrara el catalán como única lengua «vehicular».

El Mundo - Editorial

EL ISLOTE CATALAN

«Cataluña pasará del oasis al islote aislado del resto del mundo: las lenguas dejarán de ser un instrumentos de comunicación para convertirse en objetos de culto colectivo que facilitarán la división coactiva de los españoles»

Que son los individuos quienes tienen derechos y no los colectivos y que precisamente se suele dotar de prebendas a estos últimos como coartada para violar las libertades de los primeros es algo que debería quedar bastante claro con sólo repasar la historia europea del último siglo. En realidad, no habría por qué ir tan lejos, bastaría con que revisáramos someramente la historia democrática de España para darnos cuenta de que la exaltación de la identidad colectiva como base del gobierno ha engendrado los regímenes más represivos de la península.


Si bien algunas regiones españolas han experimentado una cierta migración de su población hacia las regiones más ricas en busca de mayores oportunidades, dos de las regiones más prósperas de España –Cataluña y el País Vasco– han sufrido una intenso exilio ciudadano por motivos políticos, esto es, para evitar el acoso de los poderes públicos supuestamente encargados de proteger sus libertades. El nacionalismo, la invención de un pueblo con derechos propios, autónomos y superiores a los de los individuos que supuestamente lo constituyen, ha sido la mano ejecutora de ese atentado permanente contra las libertades ciudadanas.

La educación, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en este proceso de configuración social nacionalista. No sólo sirve para adoctrinar a las nuevas generaciones que engrosarán la cantera de votantes que apuntalará en el futuro el régimen, sino que también permite justificar desde las aulas los permanentes ataques a los derechos individuales.

Cataluña se ha situado desde los comienzos de la democracia en la vanguardia del adoctrinamiento nacionalista: sus leyes educativas han ido cercenando cada vez una mayor porción de la libertad lingüística de los catalanes. La guinda la va a proporcionar la nueva Ley de Educación, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado por la pertinente comisión del Parlament y apoyado por el Gobierno de España.

Bajo esta nueva normativa, se prohíbe la enseñanza en español dentro de Cataluña, es decir, se relega el aprendizaje de la lengua común de todos los españoles a una asignatura de tan sólo dos horas semanales. No es una situación novedosa que, desde luego, vaya a cambiar radicalmente la situación de agobio que sufren los catalanes que quieran estudiar en castellano, ya que la Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en esta lengua para la enseñanza infantil y primaria.

La nueva ley, por tanto, sirve para dar cobertura jurídica a lo que ya venía sucediendo de hecho. La Generalitat podrá violar los derechos de los catalanes de manera legal, sin tener que disimular o enfrentarse con el Supremo. Cataluña pasará del oasis al islote aislado del resto del mundo: las lenguas dejarán de ser un instrumentos de comunicación para convertirse en objetos de culto colectivo que facilitarán la división coactiva de los españoles.

Ahora bien, las democracias modernas han incorporado supuestamente mecanismos institucionales destinados a proteger los derechos ciudadanos de las arbitrariedades del Estado. En algunas naciones este control jurídico lo realizan los tribunales de manera desconcentrada mientras que en España, siguiendo el modelo alemán, lo monopoliza el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional ante las reiteradas y flagrantes violaciones del art. 3.1 de la Carta Magna ("El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla")? En efecto, nada. O mejor dicho, ha contribuido a aparentar una apariencia de normalidad y legalidad en una situación abiertamente inconstitucional. Tres años después de la aprobación del Estatuto de Cataluña, en cuyo desarrollo se enmarca la presente ley, el Constitucional sigue sin resolver sobre su encaje en el ordenamiento jurídico español. Como bien ha manifestado Rosa Díez, pocas veces queda tan claro que un organismo público ha faltado a sus obligaciones y que por tanto sus miembros tienen que dimitir en pleno. Al final y al cabo, como también ha denunciado Vidal-Quadras, la Generalitat está legislando amparándose en una norma que si posteriormente fuera declarada inconstitucional generaría un caos jurídico en la región.

Si este Tribunal Constitucional es incapaz de defender los derechos de los catalanes, deberá hacerlo otro. Y si el órgano es tan manifiestamente incompetente como para lograr que imperen los artículos más básicos y esenciales de nuestra Carta Magna, tal vez convenga plantearse qué utilidad cumple esta institución y cuán podridos pueden encontrarse algunos de los pilares de nuestra democracia, a saber, el buen funcionamiento de la justicia y, sobre todo, su independencia real frente al resto de poderes del Estado.

Libertad Digital - Editoral

EL CHIVO EXPIATORIO DE LA CRISIS

LAS violentas protestas de trabajadores ante la sede de la Asamblea de Madrid constituyen un episodio que no debería menospreciarse como coyuntural o aislado. Se trata de una muestra sintomática del acoso obsesivo y cada día más antidemocrático de sectores de izquierda contra el Gobierno popular de Madrid y, en general, de la estrategia de convertir al centro-derecha en el chivo expiatorio de la crisis económica, la destrucción masiva de empleo y el rechazo mayoritario a la gestión del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sólo en este contexto de pura y simple algarada tiene explicación el hecho de que, azuzados por los sindicatos, unos cientos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se concentren ante la Asamblea madrileña y lancen objetos contra su sede mientras en su interior se celebraba un pleno. España es el único país de Europa en que los sindicatos mayoritarios se manifiestan por la crisis contra la oposición, y no contra el Gobierno. Más inexplicable es que, si salen a la calle, como el pasado 1 de mayo, no lo hagan para denunciar la responsabilidad política del Gobierno con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, sino para cargar contra el PP.

El sindicalismo español debe ser consciente de estar actuando como terminal del PSOE, con un claro propósito conjunto de impedir que la crisis económica pase factura electoral al Gobierno socialista. Para lograr este objetivo los sindicatos mayoritarios no dudan en pervertir su función representativa y de defensa de los trabajadores y en manipular los sentimientos de los desempleados, mientras se mantiene intacta su financiación pública. Además, es un despropósito que se obcequen en atacar al Gobierno de una comunidad autónoma que, como Madrid, tiene una tasa de paro cuatro puntos por debajo de la media nacional. Con este rasero, ¿qué deberían hacer entonces los sindicatos en aquellas autonomías gobernadas por el PSOE donde la tasa de desempleo supera de forma endémica el 20 por ciento?

La convergencia de esta táctica de agitación sindical con los intereses electorales del PSOE -ahí está la cita de las elecciones europeas- es cada día más patente y el riesgo es que se incremente a medida que se agrave la crisis. Ante el debate sobre el Estado de la Nación y los comicios europeos, a la izquierda le viene bien que la tensión social, aunque esté teledirigida, cargue contra la derecha. Rodríguez Zapatero pidió «cariño» a UGT, pero lo que la clase sindical le está dando es mucho más. Es el encubrimiento del fracaso político del Gobierno ante los insuficientes, por no decir nulos, resultados de sus medidas de estímulo del empleo. En justa correspondencia, los diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid abandonaron el pleno que estaba siendo boicoteado con insultos y amenazas por parte de trabajadores invitados al acto. Los parlamentarios socialistas exhibieron así su predisposición a instaurar la bronca extraparlamentaria como método de oposición a un gobierno autonómico al que se ven incapaces de doblegar en las urnas. Si esta tentación extremista se convierte en hábito, el PSOE contraerá una responsabilidad directa por la degradación del sistema democrático y hará evidente su doble rasero moral cada vez que reclame al PP que «arrime el hombro», mientras secunda o disculpa, según convenga, actos de coacción contra este partido, algo inadmisible en una sociedad moderna.

ABC - Editorial

LEHENDAKARI NEGRO. Por Manuel Morales do Val

Hace una década el cocinero Arguiñano produjo una película gamberra con personajes inesperados como un lehendakari negro, pero negro de verdad, no como Barack Obama, que solamente es mulato.

En España ya no se dice mulato porque, siguiendo la imposición estadounidense del “african-american”, es políticamente incorrecto medir la negritud.

El nuevo lehendakari, Patxi López, de nacimiento Francisco López Álvarez, aparece en los medios informativos como el “Obama de Portugalete”, cuando para un nacionalista vasco no es mulato como Obama, sino maketo sin una gota de sangre históricamente euskérica. Por tanto, negrísimo, como el lehendakari de la película Air Bag.


Es que el PSOE quiere exhibir a Obama hasta en el árbol de Guernica, tanto, que el Partido Demócrata norteamericano ha protestado al comprobar que los socialistas lo presentan como uno de los suyos en la campaña electoral europea.

“Obama no es socialista”, advierte contundentemente la representante de ese partido en España.

El lehendakari Francisco, alias Patxi, que como tanto dirigente socialista dejó los estudios por la política, es un negro que va a gobernar a blancos que fueron negros, como los demás españoles, hasta que un racista llamado Sabino Arana los convenció de que siguiendo sus ideas se convertirían en semidioses: el cuento del sapo que era príncipe.

Ahora, muchos de estos portentos rechazan ser gobernados por hijos de esclavos llegados a su territorio alguna generación atrás: sintiéndose únicos dueños de Euskadi, temen que los maketos destruyan su “identidad nacional”.

La virginidad identitaria tratará de mantenerla el Ku-Klux-Klan local, Batasuna y similares, preparado para atacar a los negros con más ahínco que antes, aunque esta organización la formen también negros ocultos bajo pasamontañas.

La película se vuelve realidad. Francisco, que se nacionalizó poniéndose Patxi, nombre sabiniano, deberá rodearse de air bags.

Crónicas Bárbaras