miércoles, 15 de junio de 2011

Crisis judicial. Por José María Carrascal

¿Adónde hemos llegado,a obligar a los jueces a impartir justicia? ¿Qué Estado, que país es este?

LO que nos faltaba. Tenía una crisis económica, una crisis política, y ahora tenemos una crisis judicial. Mejor dicho, teníamos, pero no queríamos verla como tantas otras cosas que no funcionan hoy en España.

De todas nuestras crisis, ésta, la judicial, es la peor, la madre incluso de todas ellas. Un país puede vivir sin economía, como les ocurre a muchos; sin gobierno, como le ocurre a Italia desde hace décadas, y no le va tan mal. Lo que no puede vivir es sin justicia, pues sin justicia la única ley que rige es la de la selva. Y nosotros hemos castrado la nuestra, al ponerla en manos de los políticos. Poner la justicia en manos de los políticos es como meter la zorra en el gallinero, he escrito mil veces. Ahora, uno de nuestros más altos magistrados «se siente como secuestrado» y quiere irse. No es que tenga esa sensación. Es que está secuestrado. Primero, por los políticos, que se los intercambian como cromos. Luego, por el presidente de su tribunal, que le obliga a seguir en el cargo. ¿Qué va a hacer don Pascual Sala si se niega a seguir? ¿Va a enviarle la Policía Judicial para que lo traiga esposado a los plenos? ¿Va a obligarle a votar? Ya sé que los magistrados del Constitucional están obligados por ley a seguir en el cargo hasta que los reemplacen, pero ¿adónde hemos llegado, a obligar a los jueces a impartir justicia? ¿Qué Estado, qué país es este? ¿Va a consentirse que todo el mundo se indigne menos los jueces? ¿Teme el sr. Sala quedarse solo en su sala apoyando las propuestas del gobierno? Esta es la dramática situación a que nos ha conducido un ordenamiento judicial nefasto y un presidente de tribunal patético.


No sé si los tres dimisionarios actúan por hartazgo de tragar política o por mala conciencia al haber contribuido a haber abierto la puerta de la jaula a la fiera de Bildu. Ni tampoco me importa mucho, aunque aplaudo su actitud aunque sólo sea para romper la camisa de fuerza que aprisiona nuestra justicia. Pero sé que no sólo sobran ellos, sino el también el entero Tribunal Constitucional, convertido en muleta del Gobierno —cualquiera que sea— y cortafuegos de los políticos. Con un Tribunal Supremo bastaría. Pero, eso sí, independiente de la política y de los políticos, sin que pueda adivinarse de antemano cómo va a votar cada magistrado, como está ocurriendo ahora, pues eso es jugar con cartas marcadas. ¿Lo veremos? Lo dudo. Cuando los políticos hincan el diente a algo es muy difícil que lo suelten. Por otra parte, tenemos tantas crisis encima que ésta se encuentra en los últimos lugares. Cuando debería estar a la cabeza de todas ellas, pues sin justicia independiente no hay progreso, ni tranquilidad, ni decencia, ni democracia siquiera. Siendo la democracia, tanto o más que las finanzas, lo que se pone en duda hoy en España.

ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. El zapaterismo sigue. Por Agapito Maestre

La provisionalidad del zapaterismo ha llegado a todas partes. Ahora le ha tocado al Tribunal Constitucional, que ha vivido en los últimos años "a salto de mata", dicho en honor a la verdad, con la colaboración del PP.

Muchos se extrañan sobre la provisionalidad, esa sensación extraña de que todo lo que hagamos quizá no valga para nada, que se ha instalado en la vida política, económica y social del país. Pero, en mi opinión, creo que esa es la pauta clave del socialismo de Zapatero desde que llegó al poder. En efecto, el zapaterismo sigue haciendo estragos por todas partes. De Zapatero apenas queda nada, pero los daños del zapaterismo durarán mucho tiempo. Creo que cuando este hombre desaparezca de la escena política, que todo el mundo da por hecho, el zapaterismo será la sombra miserable que perseguirá a los españoles.

¿Qué es el zapaterismo? Fundamentalmente no es otra cosa que la creación de un estado absoluto de provisionalidad en la forma de gobernar. Nunca hay nada fijo. Es la instalación de un régimen de vida política basado en el sálvese quien pueda. Esa sensación de provisionalidad que vive el país no es nueva. Es algo que ha instalado hace mucho tiempo Zapatero en las instituciones políticas. Eso es, en esencia, el zapaterismo: un crimen de guante blanco, es decir, un hacernos perder el tiempo a través de una instrumentalización salvaje de las instituciones para provecho de sí mismo y de su propio partido. El socialismo de Zapatero es no saber a qué atenerse con claridad y precisión. Eso es hoy España.


Creo que cuando este hombre desaparezca de la escena política, que todo el mundo da por hecho, el zapaterismo persistirá, porque nos costará volver a creer en el poder fijo y contundente de las instituciones políticas. El zapaterismo ha conseguido que nadie confíe en el actual sistema institucional. La provisionalidad ha llevado al deterioro a todo el sistema institucional; a veces, el destrozo, la ruina, es de tal envergadura que tenemos duda de que puedan alguna vez recuperarse. Quizá sería mejor empezar de nuevo, por ejemplo, ¿podrá resistir el "sistema" político que los terroristas de ETA-Bildu, es decir, que los propios enemigos de las instituciones democráticas sean ahora sus dirigentes? Seguramente, sí, porque el sistema está muerto, o peor, al servicio de sus enemigos. De la provisionalidad del sistema político hemos pasado a su muerte.

La provisionalidad del zapaterismo ha llegado a todas partes. Ahora le ha tocado al Tribunal Constitucional, que ha vivido en los últimos años "a salto de mata", dicho en honor a la verdad, con la colaboración del PP. En fin, el estado general de improvisación constante del zapaterismo ha llevado al Estado a su paralización general. Parece que incluso se ha instalado en el seno del propio PSOE, pues que cada vez se entiende menos que este hombre no convoque elecciones generales. La prolongación artificial de una legislatura agotada es algo que quizá no interese ya a su propio partido, según reconocen en privado socialista ilustres. Provisionalidad sobre provisionalidad. He ahí nuestro oscuro futuro.


Libertad Digital - Opinión

El que siempre miente. Por Gabriel Albiac

No es fácil clavar la estaca en el corazóndel jefe. Aunque el jefe esté muerto.

EN política, gana el que mejor miente. Axioma. Pero, ¿cuál es la clave del buen mentir? Que no se note. Nunca. En el siglo XVII, Blaise Pascal daba este irónico ideal de verificación: un sujeto del cual supiéramos que miente siempre, sería infalible criterio de verdad. Bastaría invertir sus enunciados. Y el filósofo se lamenta de que tal sujeto exista sólo por hipérbole. Pero, cuando Pascal, no había Felipe González.

Vivimos en una maraña de ocultaciones. Estamos arruinados; sabemos que nadie podrá sacarnos indoloramente de esta ruina; que se va a requerir una larga paciencia y un gigantesco cúmulo de sabiduría para poner los cimientos de una recuperación sólida. Lo peor aún no ha llegado. Queda por delante una áspera travesía, antes de que la economía española pueda plantarse de vuelta en la casilla cero.

Mientras tanto, todos los que saben mienten. Los políticos más que ningún otro. Porque también el sueldo de los políticos corre riesgo. Y porque sólo un bien protegido engaño los pone a salvo de la ira ciudadana. En la penumbra de los selectos cenáculos a los cuales ningún común mortal puede tener acceso sin ser parte de la casta que prosperó a la sombra del erario público, se juega la serie de partidas cruzadas de un ajedrez cuyas piezas sobre el tablero chirrían como navajas. De esa red de partidas, la más mortífera es la que se está desplegando en el interior del PSOE. Por motivo muy prosaico. Dentro de un plazo máximo de nueve meses, un nutrido ejército de profesionales de la política con carné socialista quedará en la calle. Por primera vez en la vida de buena parte de ellos, el trueque equitativo de afiliación por sueldo perderá vigor. Por primera vez, toda esa gente habrá de buscar trabajo. Sin experiencia laboral. Sin más currículum que el de la perruna sumisión al jefe. Que se trueca en odio homicida, cuando el jefe aparece como principal causante de la ruina propia. Hasta hace nada, Zapatero era el líder amado por quienes en sus favores pacían. Hoy es el blanco a liquidar para salvar —si es que aún se puede— algo de la pitanza.


Rubalcaba —y quienes tras él mueven pieza con sigilo— necesita enterrar deprisa al apestado. Y hacerse con una Secretaría General del partido, sin el control de la cual la inminente derrota en las urnas pondría punto final a su propia biografía política. El preocupante estado mental de Zapatero lo empecina en fosilizarse hasta un final de legislatura, de llegar al cual ha hecho cuestión de honor. Nadie en el PSOE, salvo un presidente ya sin pie en la realidad, ignora que la última fecha electoral para minimizar costes es el otoño, cuando las estadísticas de paro sean las menos malas del año; y que, a partir de ahí, cada mes de prórroga irá reduciendo a arena la cuarteada fortaleza socialista. Pero no es fácil clavar la estaca en el corazón del jefe. Aunque el jefe esté muerto.

Nada es todavía claro. Algo se movió anteayer, sin embargo: Felipe González proclamaba su enfática convicción de mantener hasta marzo a Zapatero. Traducción más verosímil: verano de afilar cuchillos. Y los «idus de marzo» segarán cuello en septiembre. Expresión invertida —¿conocimiento o deseo?— de este raro prodigio: un sujeto que siempre miente.


ABC - Opinión

¿Paz en la orilla del PP?. Por Federico Quevedo

Habrá elecciones en noviembre, e incluso es posible que en octubre si lo que realmente pretende Rubalcaba, y todo hace pensar que es así, es endosarle al Partido Popular la responsabilidad de tener que tomar las medidas más duras del ajuste. Rodríguez se resiste llevado por su tradicional ensimismamiento que le hace pensar más en su papel en los libros de historia que en otra cosa, y no quiere ser menos que Aznar que consiguió agotar sus dos legislaturas. Pero en el Partido Socialista ya no aguantan mas, saben que cada día que pasa la hemorragia de votos es mayor y que de aquí a marzo queda demasiado tiempo y Bruselas y los mercados nos van a poner deberes todavía más difíciles que los que nos han puesto hasta ahora. Ayer, de hecho, la prima de riesgo volvía a dispararse contagiada por el efecto griego, y la tímida reforma de la negociación colectiva no ha servido para calmar a los mercados que esperaban más audacia del Ejecutivo. Y ese es el problema: el PSOE no quiere ver como su electorado se sigue alejando del partido cada vez que el Gobierno acomete alguna de las reformas que nos exige la UE, y ya nos está exigiendo nuevos envites que el Gobierno deberá afrontar a partir de ya. Lo dicho, la estrategia pasa porque sea el PP el que afronte esa tesitura, es decir, los socialistas tiran la toalla, se sienten incapaces de seguir gobernando y solo la contumacia de Rodríguez Zapatero hace que todavía permanezcan en el poder.

Pero, ¿qué pasa en Génova 13? Porque lo cierto es que estos días se habla mucho del PSOE, con razón, pero muy poco de lo que ocurre en las filas ‘populares’. El PP, a la ‘chita callando’ prepara su asalto final a La Moncloa, a donde espera llegar instalado en una cómoda mayoría absoluta que le permita, en primer lugar, tomar las decisiones más duras que hay que tomar en los primeros meses de gobierno, que básicamente pasan por un Presupuesto de una austeridad casi espartana, y una exigencia en ese mismo sentido a las Comunidades Autónomas, medidas de choque para combatir la ‘depresión empresarial’ y que animen a la creación de empresas lo cual pasa por recuperar el crédito a PYMES y familias, es decir, por cerrar de una vez la reforma del sistema financiero cueste lo que cueste, una vuelta de tuerca a la reforma fiscal para rebajar impuestos a las empresas, otra a la reforma laboral para mejorar lo hecho por el PSOE y que no ha servido para nada… En fin, eso y mas en un primer envite que va a tener como principal protagonista al gasto, para después centrar la atención en los ingresos. Pero no es lo único. En octubre el PP va a celebrar una gran Convención Programática en la que además de economía se va a hablar, y mucho, de educación y de regeneración democrática, porque Rajoy parece haberse convencido de que mas allá de la crisis económica, el país vive una verdadera crisis que abarca casi todos los espacios de convivencia, y eso no se arregla solo con medidas de corte económico.
«El PP, a la ‘chita callando’ prepara su asalto final a La Moncloa, a donde espera llegar instalado en una cómoda mayoría absoluta que le permita, en primer lugar, tomar las decisiones más duras que hay que tomar.»
Y sabe también Rajoy que para llevar adelante ese programa reformista tiene que solucionar el que hoy es el principal problema del PP, y que el propio líder del partido asume como tal: Valencia. En la sede de los ‘populares’ nadie oculta el enorme malestar y el quebradero de cabeza que supone el hecho de que un día tras otro aparezcan noticias sobre la corrupción del PP en aquella región. Pero lo que más preocupa en Génova 13 es que si finalmente se confirma que las elecciones van a ser en noviembre, la campaña electoral coincida con la vista oral por el asunto de los trajes de Francisco Camps, con lo que eso puede tener de incordio para el PP en la que puede ser una de las campañas más decisivas de su historia. ¿Qué va a hacer Rajoy? Esa es, probablemente, la pregunta más complicada que se le puede hacer al líder del PP y a su equipo, porque realmente nadie lo sabe. Camps ha vuelto a ganar por mayoría absoluta, pero en Génova 13 hacen una lectura menos optimista del resultado en la medida en que el PP allí ha perdido respaldo popular y solo el hundimiento socialista le ha permitido salvar bastante bien los muebles, porque de lo contrario hubiera podido perder la mayoría absoluta. Es decir, incluso con todo a favor, la corrupción pasa factura, por pequeña que esta sea en apariencia, pero solo en apariencia.

Rajoy confía en no tener que tomar una decisión contundente porque antes de eso el propio Camps asuma su responsabilidad y abandone la Generalitat cuando el juez lo llame a sentarse en el banquillo, pero si eso no ocurre el líder del PP sabe que no le va a quedar más remedio que poner al valenciano entre la espada y la pared. Y es que si el PP quiere de verdad ofrecer a la ciudadanía un discurso regenerador y reformista, tiene que empezar por limpiar su propia casa. Rajoy, en privado, valora mucho lo hecho por Bauzá en Baleares como antídoto contra la desafección ciudadana hacia la política, puesta de manifiesto en el último sondeo del CIS, por más que el propio líder del PP considere excesivo ese rechazo. Pero, por fin, entre encuestas del CIS y movimientos 15M, da la impresión de que al menos un político de nuestro país empieza a preocuparse seriamente por el elevado nivel de desencanto político de los ciudadanos. No se si será suficiente, eso lo veremos este otoño cuando de verdad el PP se ponga las pilas programáticas y nos ofrezca a los ciudadanos sus recetas contra esta crisis que va mucho más allá de lo económico. Hasta entonces, supongo que tendremos un pequeño anticipo en el Debate del Estado de la Nación, ese al que Rodríguez Zapatero va a acudir ya como líder en retirada y lastre absoluto para su partido y para el país, y en el que Rajoy quiere presentarse como la alternativa de futuro frente al hombre que siempre aparece cuando se trata de enterrar a los suyos: Rubalcaba.


El Confidencial - Opinión

Dimisiones. Los indignados tardíos del TC. Por Pablo Molina

La soberanía de la nación reside en el pueblo español pero tal exigencia constitucional no parece extenderse a los máximos órganos jurisdiccionales, cuya composición depende de lo que opinen al respecto las cúpulas de los principales partidos políticos.

A los tres magistrados dimisionarios del Tribunal Constitucional les ocurre como a los ex acampados en la Puerta del Sol: la decisión que han tomado está justificada pero llega con muchos meses de retraso, lo que desvirtúa esa pretendida intención de regenerar las instituciones de unos y otros si es que alguna vez fue sincera.

Está bien que los tres indignados del TC dimitan de sus puestos con su mandato más que agotado y bloqueado el mecanismo de renovación, pero exactamente los mismos motivos concurrían antes de la sentencia sobre el nuevo Estatuto de Cataluña y, de forma más evidente aún, en el dictamen que ha permitido a la franquicia terrorista de la ETA alzarse con el poder en muchas instituciones locales del País Vasco. En ninguno de los dos casos los ahora dimisionarios renunciaron a entender de asuntos para los que carecían de la legitimidad que debería exigir la pertenencia al más alto tribunal de una nación, así que sus apelaciones a la pulcritud en su composición y funcionamiento llegan demasiado tarde.


Fruto de esa decisión extemporánea, que evita a los tres protagonistas la vergüenza de seguir perteneciendo a un órgano completamente desprestigiado, comienza ahora el no menos degradante proceso en virtud del cual socialistas y populares, con el aditamento nacionalista exigiendo también su alícuota representación, se disponen a repartirse los cargos que habrán de ser renovados por orden de José Bono antes del último día de este mes.

La soberanía de la nación reside en el pueblo español pero tal exigencia constitucional no parece extenderse a los máximos órganos jurisdiccionales, cuya composición depende de lo que opinen al respecto las cúpulas de los principales partidos políticos y los acuerdos que lleguen en cenáculos extraparlamentarios. El espectáculo es tan infamante que, abandonada la legitimidad de ejercicio con sentencias contrarias al derecho como las últimas que hemos padecido, el Tribunal Constitucional se despoja una vez más de la legitimidad de origen para que la corrupción en el organismo sea completa.

Ahí tienen los paladines de la regeneración democrática evacuados de las acampadas callejeras un motivo excelente para manifestarse a las puertas de las sedes de PP y PSOE. Si fueran sinceros ya estarían allí aporreando perolas de grandes dimensiones. A ver si terminan de acosar a los alcaldes del PP y encuentran un hueco.


Libertad Digital - Opinión

La luciérnaga. Por M. Martín Ferrand

Algo debe de tener Pascual Sala, que tiende a incitar a la dimisión de quienes son sus pupilos institucionales.

ENTRE los poetas españoles del XIX, creo que fue Ramón de Campoamor uno de los que hizo más larga y brillante carrera política. Fue gobernador civil de Alicante, Castellón, Valencia y, además, diputado, director general de Sanidad y, entre doloras y humoradas, no sé cuantas cosas más. He buscado su nombre para, en el afán de entender lo que nos pasa —el derrumbe de las instituciones—, disponer de una voz con experiencia política. Así, entre las brumas de la memoria recuerdo algunos versos que, aunque escritos para glosar la existencia de los manicomios, le vienen como anillo al dedo a este triste fin de fiesta que acompaña el desvanecerse de José Luis Rodríguez Zapatero:

«... en esta santa mansión
ni están todos los que son,
ni son todos los que están».


En lo que se refiere al Tribunal Constitucional, un problema hondo como todo lo que es innecesario y se inscribe en el Presupuesto, Pascual Sala, su presidente, es y está. Y algo debe de tener el hombre, como tienen las luciérnagas capacidad para brillar en la noche, que tiende a incitar a la dimisión de quienes, en tiempo y forma, son sus pupilos institucionales. Hace quince años, aupado por el felipismo a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, vivió la experiencia, en el relevo de un Gobierno del PSOE a otro del PP, de la dimisión en lote de seis consejeros de tan alta y definitiva institución. Javier Gómez de Liaño, que en su momento fue promovido por el PP, Ignacio Sierra y otros tres magistrados próximos al PSOE y otro más, inducido por IU, hicieron entonces y allí lo que ahora y aquí, en el Constitucional, pretenden Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay —dizque progresistas— y Javier Delgado Barrio, conservador según el mismo etiquetaje al uso.

El problema funcional fue entonces similar al presente, el del quórum mínimo para el funcionamiento de tan notables instituciones. Parecido fue también el ropaje con el que los ropones vistieron el problema, el límite de los plazos previstos por la norma para su función, e idéntica es ahora la primera medida para atajar el síndrome de sede vacante que aflige al Tribunal que, seguramente, nunca debió llegar a serlo y mejor hubiera funcionado como Sala especializada del Supremo: un ucase al presidente del Congreso para que quienes deben proveer provean.

La gran diferencia es que las dimisiones de entonces coincidieron con la llegada de un PP triunfal a La Moncloa y los de ahora perturban a un Gobierno más puesto a hacer las maletas para huir de la catástrofe y a un presidente que se mueve grogui por el escenario. Ahora, además, ni están todos los que son ni lo demás.


ABC - Opinión

La renuncia es denuncia: el TC no cumple la Constitución. Por Antonio Casado

Fue en una reunión del Consejo de Estado celebrada el jueves 12 de mayo. Aunque el orden del día anunciaba el preceptivo informe sobre la Ley de Comunicaciones se improvisó un homenaje al recientemente fallecido, Jerónimo Arozamena, que el actual presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente, acabó convirtiendo en un homenaje al primer Tribunal Constitucional. Como si con Arozamena, que fue vicepresidente del alto tribunal (1980-1986) al igual que Rubio Llorente, también hubiera muerto el espíritu fundacional del mismo.

Me cuenta uno de los presentes que tanto Rubio Llorente como Luis Díez Picazo, que había tomado la palabra anteriormente para recordar a Arozamena, se mostraron nostálgicos de aquel primer Tribunal Constitucional sin dejar de mirar al actual presidente del mismo, Pascual Sala, que asistía a la reunión. Especialmente cuando se recordó que entonces los magistrados fueron capaces de rechazar al candidato propuesto por los partidos políticos para ejercer la presidencia.

Esa es la clave de las renuncias unilaterales presentadas ayer por el vicepresidente, Eugenio Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Su renuncia es denuncia. La dimisión no ha sido aceptada pero nos quedamos con la copla. Una rebelión contra la autoridad del Congreso, al que le corresponde elegir a los cuatro nuevos magistrados para sustituir a quienes agotaron su mandato hace seis meses (los tres citados y el fallecido García Calvo). Una reprimenda a la Cámara Baja por incumplir sus deberes constitucionales y burlarse descaradamente del espíritu y la letra de las leyes en materia de renovación de los órganos del Estado.


Ahí está la parte pedagógica del episodio. Si no sirve de nada el persistente clamor contra un Tribunal Constitucional parcialmente caducado (cuatro años llevamos así, aunque ahora la caducidad sólo afectaba a los cuatros antedichos), espero que sirva la espantada de los propios magistrados. La espantada es el mensaje: contra un Tribunal Constitucional que no cumple la Constitución. Parece una aberración pero encaja absolutamente en la realidad. Cierto. El alto tribunal no cumple la Constitución, al menos en lo que se refiere a su renovación, perfectamente tasada en el artículo 159.3 de la Carta Magna: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.
«Los propios magistrados han tirado por la calle del medio. Para vergüenza de los dos grandes partidos, nada ejemplares a la hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución.»
Pues esto se lo pasan por el arco del triunfo los dos principales partidos políticos a partir de las reyertas menores sobre la personalidad de tal o cual candidato que la contraparte rechaza. En este caso, como se sabe, la renovación está empantanada porque los socialistas no aceptan la propuesta de Enrique López, una de las dos que ha de formular el PP en el marco de la obligación que este partido tiene de entenderse con el PSOE porque la Constitución impone la elección por una mayoría de tres quintos en la Cámara.

Y a causa del desencuentro, la casa sin barrer, incluidas otras renovaciones pendientes, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Hasta que los propios magistrados han tirado por la calle del medio. Para vergüenza de los dos grandes partidos, nada ejemplares a la hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mire usted por donde, los tres magistrados que ayer presentaron su dimisión podrían incorporarse con toda propiedad al batallón de los indignados. Sin violencia, por supuesto.


El Confidencial - Opinión

Aquello de la guerra. Por Alfonso Ussía

Resulta curioso que la guerra civil se mantenga anclada en el páncreas o los ánimos de los que no la sufrieron, ni la ganaron, ni la perdieron, mientras sus ya pocos supervivientes tratan aquel período con una sensatez pasmosa. Hace pocos días tuve el privilegio de compartir mesa y mantel con dos veteranos de nuestra guerra. Uno de ellos, oficial del bando vencedor; el segundo, oficial del bando derrotado. Ni un ápice de odio o rencor entre ellos. No entienden lo que pasa. Su conversación la guardo como un tesoro de sabiduría. Y los dos padecieron. Los dos fueron heridos y los dos experimentaron el horror de las cárceles y checas. El oficial nacional se salvó por los pelos de morir fusilado en Paracuellos del Jarama en 1936. El oficial republicano estuvo encarcelado durante dos años en una cárcel del franquismo. Les conté que el gran Chumy Chúmez, donostiarra, comunista evolucionado hacia la izquierda moderada, decía que los mejores años de su vida fueron los de la guerra. Escribió un libro al respecto, genial como casi todo lo suyo. Estaban de acuerdo con Chumy. «Más que la guerra, que no fue nada divertida, lo que añoramos es nuestra juventud». «Una guerra civil son millones de guerras civiles. Cada experiencia personal es una guerra diferente». Y hablaban con sosiego, pausadamente y se reían con las anécdotas. Como la que narra Rafael García Serrano en su «Diccionario para un macuto». Frente de batalla tranquilo e intercambio de productos entre los contendientes. Un escenario como el de «La vaquilla» de Berlanga.

El comandante de la trinchera nacional fue relevado y su sustituto ordenó minar el terreno que separaba a los dos bandos, que se habían hecho amigos. Lo minó pero avisó a los de enfrente. Un centinela republicano no fue puesto al corriente, y mientras hacía su guardia piso una mina y explosionó. Milagrosamente no le sucedió nada, pero se agarró un cabreo monumental y comprensible. Cuando se repuso del susto, y mirando a la posición de los enemigos les gritó: «¡Cabrones!, ¿y ésta es la educación que «sus» da Franco?». En las memorias del general laureado del Ejército del Aire Juan Antonio Ansaldo, el autor detalla sus actividades de un día en San Sebastián. «8.30- Desayuno en familia. 9.30-Despegue hacia el frente. Bombardeo baterías enemigas y ametrallamiento de convoyes y trincheras. 11- Golf rudimentario en Lasarte, inmediato al aeródromo y parcialmente utilizable. 12.30- Baño de sol en la playa de Ondarreta y corta zambullida en el mar.13.30- Mariscos, cerveza y tertulia en un café de la Avenida. 14- Almuerzo en casa. 15-Corta siesta. 16- Segundo servicio de guerra, semejante al matutino. 18.30-Cine. Película anticuada, pero magnífica de Katherine Hepburn. 21- Aperitivo en el «Bar Basque». Buen «Scotch», bullicio, animación. 22,15- Cena en «Nicolasa», canciones de guerra, camaradería y entusiasmo».

El general Ansaldo fue herido en distintas ocasiones y su avión estuvo a punto de ser derribado en diferentes trances, pero su «guerra» no fue comparable a la de un soldado de Infantería. La misma contienda, pero tan diferente. En la aviación republicana el régimen de actividades era similar. Y todo esto lo sonreían esos dos ancianos veteranos de guerra, el vencedor y el vencido, mientras brindaban con un «Rueda» blanco con hielo y se preguntaban por qué los que no han hecho la guerra y han nacido cincuenta años más tarde de su final, siguen empeñados en agrietar la armonía entre los españoles. Y ahí los dejé. A uno en la ribera norte del Ebro y al otro en la del sur. Tranquilamente.


La Razón - Opinión

España. Del odio a los políticos. Por José García Domínguez

O como si el tono medio del periodismo se situase muy por encima de esa triste indigencia intelectual que se achaca a los profesionales de la política. ¿Y qué decir de nuestros empresarios?

Esa estampa castiza de los telediarios, la plebe acosando a los electos, remite a una perplejidad antigua, aquélla misma que manifestó Ortega en España invertebrada, allá por 1922. De dónde, se interrogaba ya entonces, la unanimidad con que las distintas clases expresan su repugnancia feroz contra los políticos. Una ira ecuménica, la de la muchedumbre vociferante, ante la que acaso cabría inferir que los políticos constituyen excepción única a la norma general hispana. Así, frente a una sociedad admirable por el ejemplar cumplimiento de sus deberes, los cargos institucionales encarnarían justo lo contrario: una casta vil lastrada por todas las taras, estigmas y vicios conocidos.

"Diríase", apostillaba, "que nuestra Universidad, nuestra industria, nuestra ingeniería, son gremios maravillosamente bien dotados y que encuentran siempre anuladas sus virtudes y talentos por la intervención fatal de los políticos". Extraña anomalía ésa tan crónica en nuestro país. Una nación ejemplar que, oh fatalidad, se obstina por sistema en ceder la cosa pública a una ristra de rufianes. Raro asunto en verdad. Al respecto, se condena de los partidos su alergia corporativa a la meritocracia. Ese enfangarse en la endogamia de cuyo corolario resulta una selección inversa de las elites: la promoción de los mediocres ante la forzada exclusión de los mejores. Como si idéntica tara no se repitiera, solo que corregida y aumentada, en lo que aún tenemos la humorada de seguir llamando universidad.

O como si el tono medio del periodismo se situase muy por encima de esa triste indigencia intelectual que se achaca a los profesionales de la política. ¿Y qué decir de nuestros empresarios? ¿Dónde está el Steve Jobs patrio? ¿Alguien lo conoce? ¿Dónde aquí los arriscados innovadores capaces de izar fortunas sin necesidad de untar a un concejal de urbanismo? Para qué continuar. Por lo demás, e igual hoy que ayer, los políticos apenas constituyen mero reflejo de la comunidad que los alumbró. Con las excepciones de rigor, gentes no peores que el resto. En fin, más inquietante que coincidir con la pregunta orteguiana a un siglo vista, es hacerlo con su respuesta. Se les detesta, sostuvo, porque los políticos simbolizan la necesidad de todos los grupos de contar con los demás. "A quienes en el fondo se desprecia o se odia", concluiría.


Libertad Digital - Opinión

Desierto del califa. Por Ignacio Camacho

Requerido de urgencia, Anguita se negó a mediar en el intento de salvarle los últimos muebles al zapaterismo.

LA semana pasada, cuando las bases de Izquierda Unida se amotinaban contra la consigna de sus dirigentes de apoyar a los socialistas para cerrar el paso al PP en los ayuntamientos en que aún era posible, Julio Anguita recibió varias llamadas en su retiro de una Córdoba perdida por los suyos al cabo de treinta años de casi ininterrumpida hegemonía. Los jefes de la coalición pedían su ayuda para convencer a los insumisos. El viejo califa rojo se encogió de hombros y, con la deserción de Rosa Aguilar en la mente, vino a decir que cada cual se atuviese a las consecuencias de lo que se había buscado. Repitió su letanía de «programa, programa, programa» y se negó a mediar en el intento de salvarle los últimos muebles al zapaterismo. Quince años después, el jubilado líder comunista sintió que el tiempo volvía a cargarlo de razones frente al empeño de sus sucesores por apuntalar al PSOE, una estrategia que jamás ha dejado de considerar un suicida complejo de dependencia política.

Alguna razón debe de tener cuando Izquierda Unida apenas ha logrado rentabilizar una pequeña parte del colapso socialista. La dirección actual de la formación no supo sacar rédito del desengaño del electorado y ha protagonizado un espectáculo patético al fracasar en el intento posterior de taponar la hemorragia socialdemócrata. La sumisión faldera de Llamazares y la falta de cuajo de Cayo Lara han difuminado sus posibilidades de alternativa izquierdista, empujando a muchos votantes desapegados de Zapatero hacia la abstención o incluso a UPyD. El propio Anguita ha contemplado de cerca cómo los electores cordobeses preferían la opción de un constructor corrupto de la “operación Malaya”, capaz de saquear la cosecha de IU y del PSOE mientras el PP se disparaba hasta la mayoría absoluta. La rebelión asamblearia de los pactos es la respuesta espontánea contra unas órdenes que ignoraban el profundo hartazgo de muchos militantes en territorios donde el socialismo les ha venido imponiendo durante décadas un feudal criterio de vasallaje.

El fracaso del liderazgo de Lara y Llamazares consiste en su incompetencia para captar con propuestas razonables el apoyo de la clase media y media baja maltratada por la crisis. Se han movido entre el seguidismo gubernamental y los coqueteos antisistema, sin conseguir siquiera en plena revuelta del 15-M una facturación electoral significativa. Se equivocaron de análisis, de estrategia y de mensaje. Y se volvieron a equivocar al tratar de imponer por decreto a su gente quiénes son los adversarios y quiénes los amigos.

Al final, el discurso cansino del veterano califa de Córdoba emerge del pasado como la voz de un profeta desoído. No estaba tan mal encaminado cuando predicaba en el desierto. Para desierto, el de Llamazares en el Congreso. Al menos a Anguita, con la misma ley electoral, le acompañaban veinte diputados.


ABC - Opinión

Más y mejor democracia

En los últimos años la sociedad española ha experimentado una creciente desafección hacia la clase política y, por consiguiente, hacia un elemento central de la democracia representativa. La preocupación por la clase dirigente batió en mayo su récord histórico y superó la marca de mediados de los noventa, los conocidos como los años de la crispación. Los políticos son hoy señalados por el 22,1 por ciento de los ciudadanos como la tercera preocupación de los españoles, un puesto que han ocupado durante 15 meses consecutivos. Se trata de una situación anómala e indeseable que causa un grave perjuicio a la propia democracia y a su estabilidad. La relación entre representantes y representados es la base del sistema, y si esa conexión se resquebraja, el propio régimen de libertades se debilita. Sorprende que ese desapego se haya desarrollado en un ambiente político general de despreocupación y ausencia de autocrítica. En líneas generales, la clase política ha eludido un análisis profundo sobre las causas de ese déficit de confianza de los españoles y tampoco se ha molestado en buscar las posibles soluciones. Ese aparente desinterés se ha traducido en la indefensión de la democracia liberal y de sus incuestionables y grandes ventajas ante los ataques de determinados sectores marginales pero activos que han aprovechado un caldo de cultivo favorable para arrogarse una representatividad de la que carecen y así atacar los cimientos del sistema. Conviene no confundirse, movimientos como el de los denominados «indignados» nunca serán la solución a los problemas del Estado de Derecho, sino un extravío para resolverlos por mucho que algunas de las críticas de fondo no hayan estado exentas de razón. Los políticos tienen la responsabilidad de abrir una reflexión para cerrar la brecha abierta entre gobernantes y gobernados. Y ello debe pasar por que el ciudadano se sienta partícipe de la democracia y no un mero elemento decorativo. Democracias más asentadas que la nuestra han marcado un camino que, al menos, se debería sopesar y evaluar por lo que pudiera tener de beneficioso para nosotros. En este sentido, Esperanza Aguirre dio ayer un primer y decidido paso en ese trayecto regeneracionista tan necesario. Anunció, en el debate de investidura como presidenta madrileña, la reforma de la ley Electoral autonómica para desbloquear las listas y que los ciudadanos puedan excluir de las mismas a los candidatos que no consideren aptos para el cargo. Además, abogó por dividir Madrid en circunscripciones, como ya ocurre en Baleares, Murcia o Asturias, para facilitar que los ciudadanos conozcan a sus representantes y tengan mayor control sobre ellos. El final de las listas bloqueadas quebraría además la absoluta dependencia de los parlamentarios de la disciplina del partido de turno en detrimento de los ciudadanos, lo que sería una cambio saludable. Cualquier iniciativa que favorezca una democracia más abierta y cercana debe ser respaldada. El debate abierto por Aguirre es una oportunidad para enmendar errores y fortalecer el sistema que, hoy por hoy, representa y sirve mejor a los intereses generales.

La Razón - Editorial

Crisis en las instituciones

España no sólo sufre una crisis económica. La inestabilidad en el seno del PSOE y en el Gobierno está propiciando también un severo deterioro en las instituciones. Ayer, tres miembros del Tribunal Constitucional (TC), su vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez presentaron su dimisión, un hecho inédito en la historia del Constitucional y que pone en evidencia que, tras la sentencia de Bildu, la institución está atravesando una situación extrema que se agudiza ante el retraso en la renovación de varios de sus miembros.

Ése es sólo uno de los episodios anómalos que se están viviendo estos días. La bicefalia que se ha instalado en el Gobierno está siendo a todas luces negativa para la propia estabilidad del Ejecutivo y, por ende, también para el país. En el mismo gabinete, existe un presidente y un vicepresidente primero –por tanto, su interlocutor de más confianza dentro del Gobierno– que además ejerce de ministro de Interior, portavoz del Ejecutivo y candidato de facto del PSOE a las próximas elecciones generales. Esta situación está creando importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad. Pérez Rubalcaba debería dar más pronto que tarde un paso al frente y renunciar a sus obligaciones ministeriales si, tal como parece, prioriza sus labores como candidato. A la mayoría de los españoles les parece como mínimo poco estético que, por ejemplo, se puedan utilizar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro para responder a las preguntas que exclusivamente tienen que ver con la candidatura y no con la gestión del Gobierno. El presidente del Ejecutivo tiene que corregir esta situación que puede resultar dañina para la credibilidad, ante la percepción de desorden que reina en La Moncloa.


En este escenario que genera tantas incertidumbres y procura tanta inestabilidad, la convocatoria de elecciones anticipadas sería un ejercicio de responsabilidad política ya que generaría en los mercados y en el conjunto de la sociedad una sensación de confianza y de estabilidad en todas las instituciones, sin obviar que serían ilusionantes para la gran mayoría de los españoles por la regeneración política, social y económica que traería consigo. La convocatoria de elecciones procuraría un Gobierno estable y unido, además de ser un mensaje positivo para los mercados financieros, es la certificación de que la política gubernamental va en la misma dirección y sin distracciones que pueden mermar la buena gobernabilidad.

Tampoco son correctas las filtraciones a las que hemos asistido en los últimos días. Hay que ser más serios. Una misma fuente les ha pasado a dos periódicos de distinto signo la misma información sobre un posible adelanto de las elecciones para noviembre. Ésta era tan similar, que los artículos terminaban con la misma frase: «La decisión final la tomará Zapatero». Es necesario dejarse de juegos y ser más rigurosos. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es afirmar con rotundidad, y sin ambigüedades, si convoca o no convoca elecciones.


La Razón - Editorial

Juegos temerarios

Grecia necesita un plan de rescate creíble para no poner en peligro la estabilidad europea

Agobiados por la urgencia de evitar el impago de Grecia, que llevaría a una crisis sin precedentes del sistema, los ministros de Finanzas de la zona euro buscan desesperadamente una fórmula que permita cerrar la brecha abierta entre los partidarios de que los bancos privados participen obligatoriamente en una quita de la deuda griega (como Alemania) y quienes, como el Banco Central Europeo, proponen una participación voluntaria en la operación, porque entienden que el daño causado a la banca privada por una imposición política podría arruinar definitivamente sus delicados balances. El caso es grave. Grecia se encuentra al borde del impago y cualquier reestructuración de la deuda, tal como propone Alemania, equivaldría a un impago, con el consiguiente desajuste en el equilibrio financiero de la eurozona.

Por tanto, como Grecia no puede quebrar, las opciones disponibles son apenas dos. O se acepta una nueva inyección de dinero, un segundo rescate, de unos 90.000 millones de euros, o se articula una quita voluntaria, que no generaría calificación de impago. Parece inconcebible que Alemania insista en una quita obligada. Su terquedad en este punto indica bien a las claras que el equipo de Gobierno de Merkel ha perdido el sentido de la realidad. No es necesario insistir en el tópico de atribuir la intransigencia alemana a los costes electorales. Incluso contando con el coste de los votos, Merkel y su ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, tienen que admitir que el juego de la reticencia, el aplazamiento y el pulso permanente a la realidad es muy peligroso.


Porque ese juego deteriora poco a poco la credibilidad financiera de otros países que cuentan en los mercados. Como por ejemplo, España. La prima de riesgo española es extremadamente sensible a las vicisitudes de Grecia. Como lo será a las que en el futuro, si la situación no se corrige, afecten a Irlanda o Portugal. Cada paso atrás de Atenas se contabiliza como un aumento del diferencial de deuda en Lisboa, Dublín o Madrid. Con la particularidad de que, cuando se calman los mercados, ese diferencial no vuelve al nivel previo a la crisis, sino que se encasquilla en niveles más altos. Al ritmo que va, cada semana que permanece sin resolverse el caso griego son entre cinco y 10 puntos más de diferencial para España. Si la indefinición se prolonga, la crisis de la deuda puede convertirse en un factor que empuje a un adelanto electoral obligado en España.

Es urgente que las autoridades alemanas (y Bruselas) recapaciten y entiendan que el modelo vigente de rescates ha fracasado. Grecia necesita otro plan de ayuda no solo porque sus cuentas públicas sean desastrosas y porque proliferen los fraudes a la seguridad social, sino porque los préstamos concedidos son onerosos, las exigencias de ajuste pesadas y los plazos de reducción del déficit perentorios. Los planes de rescate deben permitir también la recuperación. En caso contrario, los países periféricos del euro están condenados a una crisis financiera perpetua.


El País - Editorial

Aguirre: libertad para hacer posible lo deseable

Aguirre ha vuelto a dejar de manifiesto en su discurso de investidura que tanto su ideario como sus propuestas para hacer que las cosas mejoren pasan por dotar a los ciudadanos de mayores cotas de libertad individual.

Algunos tratadistas de la ciencia política han distinguido entre dos clases de políticos: los de demanda y los de oferta. Los primeros se limitarían a gestionar el statu quo haciendo lo que piensan que demandan los votantes y dejando que las cosas permanezcan más o menos como están. Los "políticos de oferta", sin embargo, serían aquellos que anuncian lo que hay que hacer para que las cosas mejoren, se esfuerzan en explicar su ideario a los ciudadanos y plantean las etapas para llegar al objetivo y las desarrollan contra viento y marea. Los "políticos de oferta" articulan su programa de gobierno en torno a unas ideas y unas propuestas que, si bien pueden desafiar aspectos básicos del statu quo político, cultural, social y económico vigente en un momento determinado, terminan siendo aceptadas por la mayor parte de la población y de esta forma dan lugar al nacimiento de un nuevo consenso o paradigma, que condiciona durante un largo período de tiempo los contenidos de las ofertas programáticas, de las fuerzas políticas, con vocación de convertirse en gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a dejar de manifiesto en su discurso de investidura que es y aspira a ser, todavía en mayor medida, un ejemplo de esta última categoría de políticos. Tanto su ideario como sus propuestas para hacer que las cosas mejoren pasan por dotar a los ciudadanos de mayores cotas de libertad individual. Ese es el transfondo y el denominador común de muchas de sus propuestas, tales como la de desbloquear las listas electorales para que los ciudadanos tachen a los candidatos que no consideren aptos, la austeridad en el gasto público, el equilibrio presupuestario, las reducciones de impuestos o la libre elección de colegio. Aguirre ha vuelto a mostrase fiel a sus ideas y principios liberales, convencida de que son perfectamente compatibles con su compromiso de "gobernar para todos" y con su oferta de "diálogo" a la oposición para abordar la difícil situación económica.

No le ha faltado al discurso de Aguirre una valiente crítica al ministro del Interior y a los desmanes del movimiento del 15-M por la "coacción" sufrida en la constitución de los ayuntamientos celebrada el pasado sábado. Si Aguirre ha reprochado a Rubalcaba que olvidara "el juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes" al no actuar contra quienes acudieron a las casas consistoriales con "ánimo" de torpedearlas, a estos les ha dicho que "quienes primero deslegitiman la democracia" y después "toman la calle" no son otros más que "los precursores de los sistemas totalitarios".

Y es que, frente a una falaz apelación a una "democracia real" y a una "indignación" que, al traducirse en violencia y en violación de elementales normas de convivencia, nada tiene de democrática, Aguirre ha vuelto a mostrar que la libertad es el medio para hacer posible lo deseable, incluido el de tener una democracia digna de su nombre y libre de falsos apellidos.


Libertad Digital - Editorial

Expropiación a los profesionales

La pensión es un derecho del ciudadano, y quien cumpla las condiciones legales para recibirla no tiene por qué verse privado de ella.

EL objetivo de reducir el gasto público ha llevado al Gobierno a cometer un grave error que afecta a cientos de miles de profesionales que, simultánea o anteriormente al ejercicio de su actividad liberal, han cotizado a la Seguridad Social. Según una orden del Ministerio de Trabajo, publicada en mayo pasado, un profesional no podrá cobrar su pensión pública y, al mismo tiempo, ejercer su profesión, como sucedía hasta ahora. Esta incompatibilidad de ingresos implica la expropiación temporal de un derecho económico adquirido por estos profesionales, que legítimamente aspiraban a percibir una renta de jubilación junto con los ingresos ganados en su actividad privada. El planteamiento del Gobierno no puede ser más equivocado ni injusto. Es equivocado porque, por lo general, la actividad liberal de estos profesionales supone para el Estado unos ingresos fiscales asegurados, por IVA o, en todo caso, renta de las personas físicas. La experiencia demuestra que estas dedicaciones profesionales por personas de amplia trayectoria tienen valores añadidos en los sectores a los que se dedican y propician contrataciones de profesionales más jóvenes. Es injusto, por otro lado, porque pone a estas personas en una disyuntiva que no deberían sufrir, después de una larga vida profesional y laboral. La pensión es un derecho del ciudadano, no es una concesión del Estado, y quien cumpla las condiciones legales para recibirla no tiene por qué verse privado de ella. Menos aún si la excusa es que el afectado sigue trabajando como profesional liberal, no con cargo al Estado.

El Gobierno da bandazos para recortar su déficit y desprecia los efectos de rebote que tienen sus decisiones. Lo que suponga de ahorro en pensiones para los que sigan trabajando se perderá, en más o en menos, por los ingresos fiscales que dejen de percibirse por quienes renuncien a mantener su actividad profesional. O por quienes lo sigan haciendo a escondidas de la administración tributaria. Es un nuevo ejemplo del sentido intervencionista del Gobierno y de falta de confianza en los resortes de una sociedad moderna, que no puede fiar su empleo a la contratación precaria en el sector de la hostelería, mientras, al mismo tiempo, se disuade a buenos profesionales bien de percibir la pensión por la que legítimamente han cotizado durante décadas, bien de continuar con una actividad profesional —rentable para ellos y rentable para el Estado— para cuyo ejercicio se encuentran en las mejores condiciones.

ABC - Editorial