domingo, 20 de febrero de 2011

Vestir y desnudar santos. Por M. Martín Ferrand

Vestir a una santa, en Albacete, para desnudar a otro, en Valencia, es un raro procedimiento.

AYER, en Albacete, María Dolores de Cospedal fue consagrada como candidata del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Fue uno de esos ejercicios de astucia rajoyana que permiten distintas lecturas y que, al final, solo sirven para que el líder popular monte su labio inferior sobre el superior y, mientras amaga una tímida sonrisa, parezca pensar, como en un bocadillo de dibujo de tebeo: «Mecachis, qué listo soy». La proclamación de Cospedal, que amenaza con romper el socialismo crónico que padece lo que antes era, con Madrid, Castilla la Nueva, es un acto político que, en razón de los juegos de tiempo y espacio que tanto complacen a Mariano Rajoy, sirve para castigarle el lomo a Francisco Camps, propuesto y no proclamado candidato del PP en Valencia. Son, como los pellizcos de los colegios antiguos, castigos sin sentido entre gente adulta; pero, ¿cómo puede hacerse evidente, sino con gestos, el poder de quien lo tiene y no quiere gastarlo en hechos de mayor enjundia?

Cospedal es una buena cabeza. Desde su sólida formación jurídica ha acumulado, en un imposible pluriempleo, una notable experiencia política y, en la medida en que se trate de la número dos del PP, no debiera ser utilizada por su principal para darle collejas psicológicas al inquieto, y muy nervioso, Francisco Camps. Es natural que, más por las formas que por el fondo, los de la gaviota no quieran correr el riesgo de la coincidencia entre la proclamación de su hombre en la Comunidad Valenciana con la sanción judicial por un cohecho impropio; pero el ritmo y los modos con que se ha modulado su proyección pública denotan complejos, indecisión y torpeza. El delito de Camps, si lo fuere, es penalmente menor y políticamente significativo. Calentarlo a fuego lento, sin afirmarle o negarle, es consumir al personaje y mermar sus posibilidades de éxito electoral.

Richard Twiss, uno de los viajeros británicos que recorrieron las tierras de Valencia cuando la Ilustración, quedó hechizado con el vestuario de los hombres del lugar, especialmente el de los agricultores con «pantalones de lino blanco, hasta la rodilla, muy parecidos a los que llevan en las tierras altas de Escocia». Pues seguimos hablando de pantalones y chalecos, de sastrería, en un innecesario desgaste que, sobre hechos que parecen ciertos, han sabido agrandar los socialistas y no han podido acallar, o reducir, los populares. El vestir a una santa, en Albacete, para desnudar a otro, en Valencia, es un raro procedimiento que merece el estudio de los politólogos... y de los psiquiatras. ¿Querrán, de verdad, ganar las elecciones?


ABC - Opinión

La rebelión de los jóvenes. Por José María Carrascal

Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los jóvenes egipcios, iraníes, libios...

NO me refiero a los jóvenes que se manifiestan en las ciudades árabes contra sus gobiernos, sino a otros muchos más cercanos, pero no menos importantes, aunque apenas les hemos prestado atención.

En Bruselas, Amberes, Gante, Lieja, Lovaina y otras ciudades belgas, miles de estudiantes se han manifestado contra el hecho de que su país lleve 252 días sin gobierno, al ser incapaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo. Todo un record, aunque lo más sorprendente es que a ellas asistieron jóvenes flamencos y valones, bajo el lema de «División no es nuestro nombre», opuesto a la tendencia que empuja a la mitad norte del país, neerlandesa, a separarse de su mitad sur, francófila. A los jóvenes belgas, esa viejísima rivalidad, fundada en la lengua, la religión y la historia, les parece no ya anacrónica, sino ruinosa en los tiempos que vivimos, donde no sólo se derrumban fronteras en Europa, sino que se busca la homogeneización a escala planetaria. «No queremos la división, porque los problemas son los mismos a ambos lados de la frontera lingüística. Queremos que un valón pueda elegir a un político flamenco, o viceversa, y que los trabajadores tengan los mismos derechos en Flandes que en Valonia», dijo el estudiante que cerró el acto en Bruselas, ante una pancarta que proclamaba: «La lengua no es el problema. Son los políticos». Lo que ponía el dedo en la llaga. A los políticos «nacionalistas» les interesa mantener la división porque sus posibilidades disminuyen en un escenario nacional, donde la competencia es mucho mayor. Nada de extraño que prolonguen y fomenten las divisiones, aunque sea a costa de tener un país ocho meses sin gobierno, es decir paralizado, con todos los perjuicios que ello trae consigo, como está ocurriendo en Bélgica, donde han tenido que ser los jóvenes quienes salieran a defenderla.


Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los jóvenes egipcios, iraníes, libios y bahreiníes, pese a las enormes diferencias entre sus países: todos ellos están hartos de una clase política más atenta a sus intereses particulares que a los generales del país. Algo que ha calado en la opinión pública de todos ellos y ha hecho descender el prestigio de los políticos a uno de los niveles más bajos de la historia, no sólo en los regímenes totalitarios, sino también en los democráticos.

A las nuevas generaciones, crecidas en internet y la televisión global, las diferencias nacionalistas, religiosas, lingüísticas y demás «hechos diferenciales» les dicen muy poco, sobre todo viendo que frenan el desarrollo de su país y les dejan sin trabajo. En el mundo árabe, su estallido es violento. En Europa, pacífica, de momento. Es España, siempre retrasada, inexistente. Pero todo llegará, aunque tarde como siempre.


ABC - Opinión

Aniversario. El Faisán conecta con el 11-M. Por Gabriel Moris

Ante el lógico deseo de las víctimas por conocer la verdad de los atentados, el monarca les dijo que "lo tenían crudo". No quiero hacer ningún comentario a una frase que se califica por sí misma.

Durante los meses iniciales del año 2011, el faisán o el urogallo cantábrico ocupa casi toda la información sobre la fauna ibérica. El amigo Félix nos habría dado a todos más satisfacciones que los tratadistas actuales.

El chivatazo del bar Faisán, a todos los niveles –judicial, parlamentario e informativo–, ocupa el primer plano de la actualidad en algunos medios de comunicación. Se considera a veces como el asunto más grave ocurrido en democracia. En mi opinión es sólo un caso de la historia de las relaciones de amor y odio entre ETA y algunos partidos políticos de ámbito nacional y regional. Actualmente, esa situación se agrava porque la oposición, salvo actuaciones individuales, mantiene una actitud ambigua o de debilidad calculada. Los jueces, mimetizados con el Ejecutivo, propician la ocurrencia de casos como el aludido. En el ámbito policial quiero pensar que estamos ante casos aislados de personas que claudican por presión o ambición ante políticos sin principios que creen que el fin justifica los medios.


No me atrevo a presagiar el resultado de este incalificable escándalo pero, cualquiera que sea, habrá contribuido a enfangar la ciénaga en que malvivimos desde un 11 de marzo del que se van a cumplir siete años. Afortunadamente, el ave que dio nombre al escándalo seguirá exhibiendo su bonito plumaje para disfrute de todos.

Como cada año por estas fechas, el aniversario de la matanza de los trenes de cercanías ha suscitado comentarios y declaraciones que, sin ser motivo de plena satisfacción, pueden contribuir a sacar del olvido la masacre y a mantener la esperanza de conocer la verdad real y completa de lo ocurrido.

Durante estos días ha habido declaraciones dispersas y deslavazadas de algunos dirigentes políticos sobre el estancamiento de las investigaciones del 11-M: Javier Arenas ha manifestado que está pendiente de investigar la participación de ETA, dado que entre bandas terroristas existe una aceptación del monopolio territorial; González Pons afirmó que del 11-M se investigará hasta la "última molécula"; la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo claramente que había pendientes investigaciones policiales y judiciales; el presidente del PP dijo que su partido aceptaría las resoluciones judiciales sobre el 11-M, pero la Audiencia Nacional permanece inactiva sobre este asunto desde la paupérrima sentencia del juez Gómez Bermúdez.

Sin ser optimista a raíz de las declaraciones citadas, he de manifestar mi extrañeza ante el mutismo que mantienen sobre el 11-M el resto de partidos del arco parlamentario. Resulta más llamativo si lo comparamos con el protagonismo que dan al entorno de ETA en el aspecto institucional e informativo.

Para colmo, se acaba de hacer público un comentario sobre el 11-M del jefe del Estado. Ante el lógico deseo de las víctimas por conocer la verdad de los atentados, el monarca les dijo que "lo tenían crudo". No quiero hacer ningún comentario a una frase que se califica por sí misma.

Las declaraciones de algunos policías en el caso Faisán han puesto en evidencia que hay algunos servidores del orden que también tuvieron un papel activo en el tratamiento de los atentados del 11-M. Después de lo que antecede, vuelvo a manifestar una vez más mi exigencia de que el 11-M se investigue a todos los niveles. Las declaraciones de unos y los silencios de otros son una prueba evidente de que el 11-M está por investigar y por juzgar.

Estoy convencido de que mi posición ante este asunto no es compartida por muchas personas, incluso por víctimas del atentado, pero, mientras no nos programen la mente y el corazón, seguiré expresando con firmeza lo que pienso y exijo a los que adquirieron libremente el compromiso de salvaguardar nuestras vidas.


Libertad Digital - Opinión

El salario de la corrupción. Por Ignacio Camacho

Lo peor es la obscena fullería ventajista con que urdieron un indecente negocio clientelar de bajas trucadas.

LES han faltado el respeto a los jubilados que después de una vida completa de esfuerzo y mérito malviven con una pensión congelada. Han insultado a los trabajadores maduros despedidos en ERES sin negociar y condenados a estirar la indemnización para que les llegue a rastras hasta el retiro anticipado. Han menospreciado a los jóvenes sin empleo cuya precaria carrera laboral apenas alcanzará alguna vez los veinticinco años. Y se han recochineado de los autónomos asfixiados por la crisis, de los funcionarios con el sueldo reducido, de los pequeños empresarios en dificultades que no pueden aliviarse de cargas, del mermado tejido social andaluz que sostiene con su trabajo inestable el despilfarro de una autonomía hipertrofiada y subvertida. Lo de menos son los parientes y amigotes del partido incrustados de válvula entre plantillas en las que nunca figuraron; lo peor es el negocio tramposo e indecente, la obscena fullería con que urdieron una masiva trama ventajista de bajas trucadas para, con la complicidad deshonesta de los sindicatos, garantizarse un beneficio clientelar de agradecimiento discriminatorio.

Han prejubilado como mineros a tipos que jamás bajaron a una galería. Han convertido a oficinistas de 42 años en veteranos picadores o dinamiteros de explotaciones que llevaban décadas cerradas. Han indemnizado a empleados dados de alta el mismo día del despido. Han disfrazado de personal de una base militar a exconcejales de pueblos vecinos. Han falsificado cientos de vidas laborales para engordar las listas de beneficiarios de su truculenta red de despidos subvencionados. Han pervertido el principio sagrado de la solidaridad social, y lo han hecho de un modo sistemático, organizado, industrial, a base de fondos millonarios ocultos a la transparencia administrativa. Han permitido que comisionistas del partido actuasen como desaprensivos comerciales que ofrecían expedientes de regulación de empleo a los despachos de abogados. Han favorecido arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público. Han trazado un gigantesco mapa ficticio de crisis anticipadas para beneficiarse políticamente de la derrama clientelista y comprar voluntades con el salario de la corrupción.

Y todo eso a espaldas del control presupuestario, con partidas opacas para escapar de la reglamentación europea. Y todo eso en medio de una sensación de impunidad garantizada por el silencio de los beneficiarios de la treta. Y todo eso con un desahogado desdén por la destrucción del tejido laboral por cuya integridad estaban obligados a velar. Y todo eso desde presuntos departamentos, agencias y consejerías… ¡de Empleo! Y todo eso en una comunidad con un millón de parados a las que aún se atreven a vender futuro.


ABC - Opinión

El peligro de Marruecos

La revuelta social que sacude el mundo árabe amenaza con prolongarse en el espacio y en el tiempo. La clave de este movimiento transnacional es que sus raíces son profundas y parten de problemas comunes a los que se han dado parecidas respuestas del todo insatisfactorias. Lo que comenzó como una movilización popular en Túnez, que acabó con el régimen de Ben Alí, y continuó en Egipto para fulminar también a Mubarak, afecta ya a Yemen, Libia, Argelia o Bahréin. Hablamos de un fenómeno equiparable que parte de una población juvenil, muy mayoritaria en estos países, frustrada e insatisfecha por la falta de perspectivas, en el marco de unas sociedades sometidas a la pobreza y a la corrupción del poder mientras una élite se enriquece. Una ciudadanía subdesarrollada además culturalmente que comprueba, gracias a la irrupción de las redes sociales, el auge de los países occidentales de la otra ribera del Mediterráneo.

Este guión está prácticamente calcado en todas las naciones árabes donde han germinado las revueltas. Y, bajo sus peculiaridades, se da también en nuestro vecino Marruecos. Existe ese caldo de cultivo en una nación donde el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la sitúa en el puesto 130, dentro del grupo de países de nivel medio, con indicadores similares a los de Tayikistán, Namibia, Suráfrica, India o Laos, entre otros. Un país, por ejemplo, donde las familias dedican el 63% de su renta a costear los alimentos. Y todo ello bajo una suerte de monarquía teocrática en la que el rey tiene una de las mayores fortunas del mundo.


En ese contexto, hoy están convocadas manifestaciones en una veintena de ciudades en el denominado «Día de la Dignidad». El Movimiento 20 de Febrero, integrado por jóvenes que crearon un grupo en Facebook, reivindica para su país la democracia, la separación de poderes y los derechos sociales. Se trata, por tanto, de un movimiento de base que no ha contado con el respaldo de los partidos políticos del régimen.

Para España es una situación potencialmente peligrosa. El ejemplo de lo sucedido en Túnez y la invasión posterior de la isla italiana de Lampedusa con miles de sin papeles procedentes del país africano nos obliga a estar extremadamente atentos y en alerta a la evolución de los acontecimientos de nuestro vecino del sur, con el que tenemos frontera terrestre. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha insistido durante todos estos días en que no existe riesgo alguno de que la revuelta árabe se extienda a Marruecos, pero esperamos que esa retórica prudente y medida esté acompañada bajo cuerda de los correspondientes planes de contingencia. Que prenda o no la llama en el reino alauí es algo que a España no le podrá coger desprevenido porque nos jugamos demasiado. La inestabilidad en esa región crítica para nuestros intereses exigen del Gobierno y de los resortes del Estado máxima atención. Y hay que exigir también que Occidente y, especialmente, Europa sean capaces de desarrollar una política exterior mucho menos contemplativa que hasta este momento y se esté preparado para afrontar cualquier crisis.


La Razón - Editorial

Ensayo en Bilbao

Que Sortu sea legal no depende de protestas como la de ayer, sino de que pruebe su ruptura con ETA

La manifestación que ayer recorrió el centro de Bilbao reclamando la legalización de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, puede considerarse expresión pública de la estrategia que esa corriente está intentando poner en marcha. Se trata de sustituir la antigua alianza nacionalista de Lizarra, en la que el PNV era la fuerza hegemónica, por un pacto entre fuerzas explícitamente independentistas o soberanistas, que encabezaría Batasuna e integraría a EA, Aralar y otras fuerzas menores, y al que intentarían arrastrar al sector soberanista del PNV, que encabeza su líder en Guipúzcoa, Joseba Egibar, que hace unos días se mostró favorable a una mesa de partidos como la que plantea Batasuna.

En los últimos años ha habido otras manifestaciones, convocadas aproximadamente por los mismos de ayer, contra la prohibición de Batasuna o de actos organizados por ella. Movilizaciones muy anteriores a la presentación de los estatutos de Sortu, lo que significa que los convocantes estaban a favor de la legalización con independencia de que Batasuna hubiera o no rechazado la violencia de ETA. Pero es verosímil que el distanciamiento con la banda haya contribuido a la masiva participación de ayer, y a que entre los asistentes figurasen miembros del PNV, aunque su dirección hubiese rechazado apoyar la convocatoria.


Esa decisión fue mantenida por Urkullu, presidente del partido, pese al intento de Egibar de que fuera reconsiderada. Urkullu argumentó que aunque el PNV está a favor de la legalización, no compartía su lema: "Legalización para la paz", cuyo mensaje sería que la vuelta de Batasuna a las instituciones es condición para la retirada de ETA. Sin embargo, lo que ha llevado a ese partido hasta el borde de la ruptura con la banda ha sido la resistencia de la democracia a facilitar tal regreso mientras ETA siguiera presente y su brazo político no rompiera claramente con ella. Si basta o no con el rechazo incluido en los estatutos es algo que deberán resolver los tribunales. Los informes policiales presentan como pruebas opiniones, como la de que es una iniciativa "al servicio de ETA", no suficientemente fundamentadas.

La fiscalía ya ha dicho que basará su impugnación en el procedimiento de ejecución de sentencia en lo relativo a los intentos fraudulentos de dar continuidad al partido ilegalizado. Que Sortu intenta sustituir a Batasuna es una evidencia, pero lo que dicen los estatutos coincide con lo que varias sentencias del Supremo y el Constitucional le exigían hacer o le reprochaban no haber hecho para demostrar su desvinculación de la banda. Por tanto, la cuestión está abierta y sería imprudente dar por hecho que los tribunales vayan a respaldar la demanda de rechazar la inscripción.

Pero que Sortu sea legal no dependerá de las manifestaciones, sino de que Batasuna demuestre su negativa a seguir siendo instrumento de ETA. Por ejemplo, diciendo que no participará en ninguna Mesa extraparlamentaria en la que se negocien contrapartidas por el cese de la violencia.


El País - Editorial

La batalla por las cajas se pospone a 2012

Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.

El Gobierno, que ha hecho de la improvisación el eje de su acción política, no iba a actuar de modo distinto en lo que respecta a la reforma de las cajas de ahorro, una de las principales rémoras del sector financiero español y causante principal de la incertidumbre que nuestro sistema económico proyecta hacia el exterior.

Tras varias semanas en las que hemos podido escuchar opiniones para todos los gustos, con los políticos de los distintos partidos batiéndose el cobre para defender sus cuotas actuales de poder, finalmente el Gobierno ha decidido prorrogar hasta marzo de 2012 la obligatoriedad de que las cajas de ahorro españolas comiencen a cotizar en los mercados bursátiles. Mientras llega ese momento, deberán realizar una importante tarea de capitalización con la dificultad añadida de que todas deberán hacerlo de forma simultánea, lo que reducirá de forma importante la posibilidad de que se inyecte nuevo capital privado en sus respectivos balances. La alternativa es acudir al FROB, permitiendo al Gobierno entrar en su accionariado y acelerando el proceso de su conversión en bancos, que es precisamente lo que los políticos autonómicos de todo color pretenden evitar.


El Gobierno es muy dueño de ofrecer todo tipo de excusas para dilatar en el tiempo la privatización de las entidades populares de ahorro, pero la evidencia palmaria es que la decisión de este pasado viernes obedece a las presiones de todo el arco político y sindical, cuyos representantes se niegan a dejar las riendas de unas corporaciones que les permiten manejar ingentes cantidades de dinero sin tener que rendir cuentas más que a la camarilla encaramada a sus respectivos consejos de administración.

Si alguna vez tuvo sentido su existencia, es obvio que, en la realidad financiera actual, las cajas de ahorro son un anacronismo cuya principal función es la de fungir como financiadoras de los delirios de los políticos que las manejan. Lejos de limitarse a operar con prudencia y financiar obras sociales como establecen sus estatutos, todas las cajas de ahorro españolas, sin excepción, han puesto sus recursos a disposición de las castas políticas que las dirigen para alimentar una dinámica urbanística en la que cualquier disparate ha encontrado el oportuno acomodo. Mucha culpa de la devastación actual del sector inmobiliario trae causa precisamente en los dispendios crediticios protagonizados por las entidades provinciales de ahorro, dirigidas no con criterios empresariales, sino exclusivamente políticos.

Es hora de poner fin a un sistema que perjudica notablemente a todos los ciudadanos. Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.


Libertad Digital - Editorial

Por una Fiscalía imparcial

El Ministerio Público se encuentra en su momento de mayor descrédito. Está en juego la legalidad e imparcialidad que proclama la Constitución.

EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.

La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.


ABC - Editorial