miércoles, 2 de febrero de 2011

Renegar de las autonomías. Por Edurne Uriarte

Al PSOE de Zapatero le pasa con el sistema autonómico algo parecido a lo ocurrido con la economía. Que no se ha enterado o que no se ha querido enterar de la crisis, que ha mirado hacia otro lado, que se ha instalado en un mundo imaginario. Y cuando los hechos, el despilfarro autonómico, la desigualdad, la insolidaridad, el permanente conflicto nacionalista, se han instalado en la percepción social y el debate es inevitable, el PSOE ha respondido con tres movimientos de impotencia en el Manifiesto Autonómico del fin de semana.

El primero, la defenestración de la crítica. Con la identificación de los críticos con opositores al sistema autonómico, con centralistas, con renegados. «No es hora de renegar del Estado de las Autonomías», dice el Manifiesto, en un argumento que equivale a colocar en el bando de los renegados de la democracia a quienes pidan, por ejemplo, una reforma del sistema electoral, una reforma constitucional, o, simplemente, un recorte de gastos de los políticos.


El segundo, la grosera confusión entre sistema autonómico y democracia, como si el primero fuera condición esencial del segundo, enviando así a la hoguera de los autoritarismos o de las democracias imperfectas a todos los países centralizados.

El tercero, la entonación de loas al sistema autonómico completamente aisladas de los hechos y de los datos. Sobre todo, cuando el Manifiesto destaca que tal sistema ha garantizado la cohesión social y territorial de España y ha contribuido a la igualdad de los ciudadanos.

Y todo lo anterior en un momento agónico del socialismo de Zapatero en el que la supuesta magnífica salud del sistema autonómico va a tener su reflejo en una escalada de nuevas reivindicaciones de CIU a las que Zapatero va a decir que sí. Porque fortalecen la «cohesión social y territorial de España» y la «igualdad de los ciudadanos» que diría el Manifiesto socialista.


ABC - Opinión

Autonomías. La verdad siempre duele. Por Pablo Molina

Que somos un país pobre y pequeño que no puede permitirse la existencia de diecisiete bandas de derrochadores es tan evidente que incluso el político español medio, tan proclive a la pereza intelectual, podría entenderlo a poco que se esforzara.

Resulta divertido asistir a los esfuerzos de los políticos profesionales del PP situados en sus mandarinatos territoriales por aparentar que el Estado autonómico no es ningún problema para el conjunto de España. De sobra saben que las autonomías son la losa más pesada para el progreso común y el pecio institucional que lastra nuestras posibilidades de prosperar siendo competitivos con el resto del mundo, pero ante la posibilidad de perder sueldos, regalías y cargos oficiales, todos prefieren cantar la palinodia a la Nicolasa por el acierto de su Título VIII, gracias al cual todos ellos, con sus familias y allegados, evitan los rigores de la crisis que azota a los demás.

El documento de la FAES y el discurso de Aznar sobre este grave problema han sido determinantes para que en las autonomías controladas por el PP, el partido al que supuestamente nutre de ideas esa misma fundación, se haya producido un cierto seísmo institucional tras el cual la valiente infantería del partido ha decidido salir a la palestra a defender sus privilegios.


Con Feijóo de abanderado, los mismos políticos del PP que ayer mostraban orgullosos a las visitas su nacioncitas y apoyaban su reconocimiento como tales en los respectivos estatutos de autonomía, dicen ahora que ha sido todo un malentendido y que las autonomías son muy útiles para preservar la unidad de España (sic). La secretaria general del PP, una voluntariosa María Dolores de Cospedal, no ha perdido tampoco la ocasión de cantar las alabanzas autonómicas exigibles al cargo que desempeña, porque, al parecer, las autonomías vertebran muy bien al país. Es una pena que muchos recordemos, por ejemplo, su insistencia en acabar con el trasvase Tajo-Segura, que permite a las regiones limítrofes sobrevivir con el agua que sobra en Castilla-La Mancha, ejemplo escasamente vertebrador y de una dimensión solidaria ciertamente exigua, a pesar del ataque de homogeneidad territorial que parece haberle sobrevenido al leer los primeros párrafos del discurso de su ex jefe.

Que somos un país pobre y pequeño que no puede permitirse la existencia de diecisiete bandas de derrochadores es tan evidente que incluso el político español medio, tan proclive a la pereza intelectual, podría entenderlo a poco que se esforzara. Con un territorio superior a España y un PIB ligeramente mayor que Canadá, el estado de Texas funciona con una cámara compuesta por 31 senadores que se reúne en pleno el tiempo justo para aprobar las leyes de cada legislatura. En España no tenemos exactamente 31 políticos para que gestionen nuestros miniestados sino 2.985 entre parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, miembros de cabildos y consejos insulares, sin olvidar a los imprescindibles 13 consejeros del Valle de Arán, a los que hay que sumar las varias decenas de miles de altos cargos con que cuentan en su conjunto las diecisiete autonomías. Si sólo tuviéramos que pagar su sueldo, dietas y jubilación el problema sería relativo, pero resulta que todos ellos manejan presupuestos elefantiásicos, tanto para nuestra capacidad financiera como para sus merecimientos personales, lo que hace insostenible este estado de cosas por mucho más tiempo.

Los políticos profesionales no van a admitir jamás que el invento autonómico es el motivo de que seamos un país miserable y bastante asquerosito en términos políticos. Los de izquierdas porque no creen en la unidad de España, los nacionalistas porque odian al país al que pertenecen y los centro-reformistas porque tienen miles de ociosos a los que mantener. ¿La solución? Pues naturalmente emigrar a Texas. Antes de que no nos quede ni para pagar el billete de avión.


Libertad Digital - Opinión

El retablo de las maravillas. Por José María Carrascal

De lo que se trata, a fin de cuentas, es de engañar al personal, que asiste resignado al espectáculo.

PRIMERO, lo estropea. Luego, intenta arreglarlo, sin conseguirlo del todo. Lo que no le impide vendérnoslo como un gran triunfo. Esa es la forma de gobernar de José Luís Rodríguez Zapatero, el socialista más brillante de la historia, según José Blanco. Cuanto toca, sea político, económico o social, lo hace polvo. Pero se las arreglará para convertirlo en foto apoteósica, como la que nos venderá hoy en la Moncloa. Así, una y otra vez, repitiendo siempre el mismo truco, incluso con su propia persona. Le habíamos dado por muerto en Zaragoza, con todos los honores de los funerales de Estado, y se nos apareció en TVE, anunciando lo de siempre: que empezará a crearse empleo en la segunda mitad de este año, para aumentar el siguiente. Olvidando que no se crea empleo hasta que la economía no crece más del 2,5 por ciento, lejos de las previsiones para España, a lo que se añaden factores tan negativos como la subida de la inflación, el dispararse de los precios del petróleo y la inestabilidad del mundo árabe, que restarán dinero a los españoles, frenarán las inversiones y aumentarán las desconfianza. Pero ¿qué importa eso a un hombre que nos dice un día que ha comunicado sus planes sucesorios a dos personas, y el siguiente, que ni se plantea la cosa? ¿Qué importa a unos autodenominados «agentes sociales» cuyo principal interés es no perder los privilegios que vienen disfrutando? Lo importante, como dijo Zapatero a Mohamed VI en la entrevista fantasma que tuvieron en la ONU, «es la foto», como la que hoy va a hacerse con todos ellos en Moncloa, y, mañana con Frau Merkel, la ayer perdedora, hoy agasajada.

De lo que se trata, a fin de cuentas, es de engañar al personal, que asiste resignado al espectáculo, mientras discute si la Liga está o no sentenciada, lo único real en este retablo de las maravillas en que maese José Luis ha convertido España, donde todo es farsa.

Para decidir si reeligen a su presidente, los norteamericanos suelen hacerse la pregunta: «¿Estoy mejor o peor que cuando llegó a la Casa Blanca?» Si los españoles nos hiciéramos esa pregunta, la respuesta sería apabullante a favor de jubilar al nuestro, no importa la cuantiosa e inmerecida pensión que le espera. Pero, o no nos la hacemos o nos ha convencido de que con fotos se arreglan nuestros problemas. De ahí que prefiera otra pregunta, aquella de «¿Compraría usted el coche usado de este hombre?», que aparecía en un cartel con la foto de Richard Nixon. Hay españoles, como José Blanco, Manuel Chaves y Alfredo Pérez Rubalcaba, que comprarían un coche usado a Zapatero, por ser el suyo. El resto se expone no ya a que el coche no arranque, sino que ni siquiera exista.


ABC - Opinión

Magreb. Vísperas egipcias. Por José García Domínguez

Compete al intervencionismo decidido de Occidente, supremo tabú de nuestras plañideras antiimperialistas, evitar la matanza que se cierne en el ambiente: es el único camino, soslayar el respeto hipócrita a las soberanías nacionales.

Inane con tal de explicar ese furor iconoclasta que se ha instalado de la calle árabe, Europa ha dado en echar mano del arsenal de lugares comunes, mentiras piadosas y fantasías quiméricas que siempre guarda en el botiquín para urgencias como ésta, en las que no tiene nada que decir. De ahí que a estas horas atisbemos a los expertos de guardia aferrándose como a clavo ardiente al pretendido efecto insurreccional de Twitter, Facebook y demás juguetes virtuales, al modo de una pandilla de imberbes adictos a las videoconsolas. Así, según nos cuentan, el motor de la Historia ya no es la lucha de clases, sino cualquier chat de internet administrado con el brío pertinente por un quinceañero con el rostro poblado de acné.

Por cierto, papanatismo tecnológico, el suyo, idéntico al que quiso atribuir el triunfo de la Reforma de Lutero a Gutenberg y su imprenta de tipos móviles. Como si aquel fraile díscolo hubiese sido algo más que carne de hoguera sin el amparo del Gran Elector de Sajonia. Simultáneo, el otro mito que condimenta el relato de los enterados es un clásico, el de la revolución. Como si tal leyenda en verdad hubiera acontecido alguna vez. Como si a estas alturas del fin de las ideologías aún no supiéramos que eso que llaman "pueblo" apenas supone mero decorado ornamental en los juegos de poder. Y es que la revolución, aquel viejo sueño decimonónico, ni existe ni jamás ha existido.

Al respecto, en Egipto, igual que en todo tiempo y lugar, las masas son como un ciego con una pistola; huérfanas de una elite dirigente que las conduzca y domine con temple férreo, solo aciertan a provocar desastres. No hace falta haber sido bolchevique para dar fe de ello. Por lo demás, en el carrusel de cleptocracias coronadas por el carnicero de turno que infesta el Mediterráneo oriental únicamente se atisban dos fuerzas organizadas: el ejército y la embajada de los Estados Unidos. Razón última de que competa al intervencionismo decidido de Occidente, supremo tabú de nuestras plañideras antiimperialistas, evitar la matanza que se cierne en el ambiente. Es el único camino, soslayar el respeto hipócrita a las soberanías nacionales y convenir desde el exterior una transición pacífica con los centuriones. Ojalá.


Libertad Digital - Opinión

Sueldo en riesgo. Por Gabriel Albiac

La elecciones autonómicas son la mayor agencia de colocación de este país. Con enorme diferencia.

ARRUINADOS. A la espera de la ayuda de una Europa casi en ruina. Humildes ante el fugaz paso de una Angela Merkel que bastante tiene con convencer a sus conciudadanos de que no suelten a plomo el lastre de esa Europa en la cual España es el mayor peligro. Un endeudamiento imposible, una irregularidad financiera (la de las Cajas) mastodóntica y la ausencia de un Estado moderno al cual suplen diecisiete cosas casi feudales y carísimas, hacen hoy a España inviable. Dentro, como fuera de la UE.

Arruinados, y sin mover un dedo. Las sucesivas directrices dictadas desde Bruselas al gobierno español han ido siendo pospuestas. Apenas si algo de su retórica se fue filtrando en el angélico discurso del mejor de los mundos posibles, que es el de Zapatero. Pero esas duras medidas quirúrgicas, sin las cuales la gangrena devorará por completo la economía y la sociedad española, siguen sin haber sido ni siquiera planificadas. En lugar de eso, el gobernante (es un decir) partido socialista sólo exhibe una preocupación: quién será su candidato en las elecciones generales de dentro de algo más de un año. Como si al común de los ciudadanos, con un pie en el abismo de la pérdida de su vivienda por impago de hipoteca y otro en la desesperación de no saber qué va ser de su fuente de ingresos el mes que viene, la historia del reparto de prebendas entre caciques del PSOE le importara una higa.


Marcando una sanitaria distancia, el partido de la oposición hace todo para volverse invisible. Está bien, probablemente, si de lo que se tratara fuera sólo de ganar unas elecciones. Pero quien quiera que vaya a gobernar en España durante los durísimos años que vienen, tiene que ser muy claro ante sus electores; no prometer lo imposible, no repetir la burla del futuro luminoso con la cual los socialistas han llevado a España a su peor atolladero de medio siglo. Quien quiera que sea ese que aspire a gobernar en el páramo que dejará tras su salida Rodríguez Zapatero debe explicar ya el amargo coste a pagar por estos ocho años de utopía iletrada. De la ruina no se sale con el cambio de gobierno. De la ruina se sale, en todo caso, a condición de que un gobierno sepa aplicar las medidas más antipáticas: barrido de sectores no productivos, clausura de las ruinosas comunidades autónomas, control de las finanzas de los partidos.

Lo triste es que todos perdamos el tiempo en enigmas de risa. ¿Tiene hoy relevancia saber cuál será el sujeto que haga el papelón de encabezar las listas del PSOE en las elecciones generales? No, ninguna. Lo que se juega, en realidad, en la charada que estos días representan los feudales señores socialistas, es mucho más inmediato. Ni a Griñán, ni a Fernández Vara, ni a Álvarez Areces se les da un ardite el desastre electoral de 2012. Lo suyo —su sueldo y el de su nutrida clientela— se juega dentro de tres meses. La elecciones autonómicas son la mayor agencia de colocación de este país. Con enorme diferencia. Una contabilidad que diera el número exacto de políticos locales que no vivieron nunca más que de eso, dibujaría el mejor retrato de nuestra democracia: empleo. Arbitrario, estable empleo de los peores, de los más sumisos. Empleo suculento, que pagamos todos.


ABC - Opinión

Rubalcaba. El sumario Faisán. Por Ignacio Gil Lázaro

España no se merece un vicepresidente primero y ministro del Interior cercado por la sospecha. El caso Faisán pende sobre su cabeza porque un juez marca ya el camino a recorrer.

La decisión del juez Ruz de incoar sumario por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos por parte de autoridad o funcionarios públicos en el llamado "caso Faisán" supone un triunfo del Estado de Derecho frente a las turbias maniobras de Rubalcaba. El vicepresidente primero y ministro del Interior ha tratado de conseguir por todos los medios que quedara oculta la verdad de lo que sucedió aquel 4 de mayo de 2006 cuando la operación prevista para ejecutar ese día contra la red de extorsión etarra se vio frustrada como consecuencia de un chivatazo dado al recaudador de los terroristas.

Un vil chivatazo por el cual están judicialmente imputados el entonces director general de la Policía, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector. No obstante, es lógico deducir que estas tres personas no pudieron meterse en ese berenjenal sin recibir órdenes superiores. Corrían los tiempos de la negociación del Gobierno con ETA en el marco de aquel entuerto detestable que dieron tramposamente en denominar "proceso de paz". Un engendro vergonzoso que supuso una gravísima marcha atrás en la lucha democrática contra los asesinos, una ofensa sangrante a la memoria de las víctimas y un insulto a la dignidad colectiva de la sociedad española.

Así las cosas, la apertura del sumario coloca a Rubalcaba en una posición muy difícil porque ya no puede controlar los acontecimientos procesales subsiguientes ni tiene margen tampoco para seguir diciendo en sede parlamentaria que el chivatazo nunca existió y que hacer referencia a él constituye un insulto a la Policía. Por el contrario, la instrucción sumarial ha de permitir averiguar quién decidió en última instancia que se ejecutara la acción, por qué y hasta si –más allá de los actuales imputados– hubo o no otros funcionarios policiales que jugaron en todo esto un doble papel para servir espurios intereses políticos. Basta pensar en el heroico esfuerzo permanente de miles de hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra para entender que es preciso que penal y políticamente se sustancien todas las responsabilidades de este escándalo.


La apertura de sumario refuerza esa exigencia y esa esperanza. Por ello todos los sindicatos del CNP han respaldado unánimemente la decisión del juez. Que la Fiscalía modifique su criterio y apoye la práctica de nuevas diligencias orientadas a averiguar quiénes eran los usuarios de tres teléfonos adscritos a la Subsecretaría del Ministerio del Interior pone en entredicho a quienes protagonizaron la investigación inicial, dado que ni siquiera mencionaron la existencia de los mismos en su informe. Un extraño olvido que requiere su esclarecimiento absoluto en tanto en cuanto resulta tan inexplicable como inaudito.

En definitiva la mentira tiene siempre un recorrido muy corto y termina por actuarse contra aquél que la promueve. Desde el 14 de octubre de 2009 –casi semana tras semana– Rubalcaba ha intentado desvirtuar los hechos para engañar al Congreso de los Diputados y a la opinión pública. Hasta el momento no ha querido dar explicaciones haciendo gala de una desfachatez sin límite. Sin embargo finalmente el Diario de Sesiones le delata.

España no se merece un vicepresidente primero y ministro del Interior –supuesto aspirante a más dentro del escalafón socialista– cercado por la sospecha. El caso Faisán pende sobre su cabeza porque un juez marca ya el camino a recorrer. En estos momentos el Gobierno no puede dar carpetazo al chivatazo tal y como ha intentado hacer durante los últimos cuatro años. Hoy cabe recordar de qué forma el juez Garzón entretuvo dormido el asunto durante un trienio o cómo el Ministerio Público demostró muy poco celo inquisitivo en ese periodo de tiempo en el que algunos pensaron que todo quedaría sepultado en el olvido. El castillo de naipes se viene abajo. Quizá muy pronto determinados "olvidadizos" comiencen a recuperar la memoria de todo lo que ocurrió. Los imputados en la causa es lo mejor que podrían hacer en su propio beneficio y ante su posible procesamiento. Sería también una manera de saldar la deuda que tienen pendiente con sus compañeros y con España. Ese es el escenario que cada vez más inquieta a Rubalcaba.


Libertad Digital - Opinión

La inspectora. Por Ignacio Camacho

Todos firmes ante Frau Merkel, con los deberes apenas acabados en el clásico arreón final de mal estudiante.

TODOS firmes, que mañana viene la inspectora a pasarle el algodón al reformismo sobrevenido de Rodríguez Zapatero y a escenificar quién manda de verdad en España. Firmes y con los deberes visibles sobre la mesa: la reforma laboral, el retraso de la jubilación, la reconversión de las cajas y ese pacto social cerrado apresuradamente de madrugada como en el clásico arreón del mal estudiante. Banqueros, empresarios y políticos deben presentarse ante Frau Merkel con sus mejores galas, los zapatos lustrados y la lección bien aprendida sin fisuras ni titubeos; la menor vacilación nos puede costar unos puntos de diferencial en los bonos de deuda. Nunca se había visto en España una cosa igual desde que Eisenhower llegó con el cargamento de leche en polvo; ni siquiera cuando Aznar se entregó con rendida solicitud a los planes de los halcones de Washington. Bush no tuvo que venir de inspección, pero él no nos pagaba los cheques.

El espectáculo de pleitesía a las directrices germanas es tan lastimoso como inevitable. Desde mayo pasado España es de hecho una economía intervenida por un directorio. Es Alemania la que dirige, junto a Francia, el concierto europeo con la batuta que le proporciona una férrea política anticrisis capaz de levantar en un año siete puntos de crecimiento (de menos cuatro a más tres). Es Alemania la que sostiene la deuda que nos permite apuntalar la ruina del Estado. Y es Alemania, por tanto, la que impone condiciones de ajuste bajo la amenaza de bajar el pulgar y dictar un calamitoso rescate. El precio de su ayuda es una cesión de soberanía en términos clamorosos, rematada con el humillante estrambote de la oferta de miles de cualificados puestos de trabajo para nuestras clases universitarias, desamparadas por el horizonte cerrado del mercado laboral español. A falta de una auténtica federalización de la política europea se imponen los hechos consumados de la potencia hegemónica. Y la «fracasada» Angela Merkel se desplaza a comprobar in situ los progresos del alumno que hace apenas un año se atrevió a dar lecciones públicas sobre cómo superar la recesión desde la socialdemocracia. Un simple enarcado de cejas de la canciller nos mandaría directamente a la quiebra.

Eso es lo que hay. Quizá pudo haber sido de otra manera menos ignominiosa si Zapatero no hubiese procrastinado en sus obligaciones durante los dos primeros años de la crisis. Si no hubiese menospreciado el alcance de la calamidad. Si no hubiese pactado con los sindicatos para impedir las reformas que al final ha tenido que abordar por las bravas. Si no hubiese emprendido desastrosas derivas de gasto público. Si se hubiese enterado de algo, en fin, de lo que le rodeaba. Ahora toca examinarse de repesca; aprobaremos, a trancas y barrancas, porque a Alemania tampoco le conviene volver a pasar revista en septiembre.


ABC - Opinión

Plaza de la Liberación

La bravura que muestran los egipcios exige una apuesta rotunda de las potencias democráticas

Egipto vivió ayer una de las jornadas más importantes de su historia como país independiente. Según reconoció Mubarak en un discurso de última hora al país, el régimen egipcio no seguirá siendo el mismo después de que miles de manifestantes tomaran la plaza cairota de Tahrir. La república vitalicia no será ya la república hereditaria en que pretendía convertirla Mubarak, tras anunciar que no se presentará a las próximas elecciones. Ante la pasividad del ejército, que calificó de legítimas las protestas, y una decreciente beligerancia de la policía, los manifestantes parecen dispuestos a continuar en la plaza hasta que Mubarak abandone la presidencia.

La formidable convulsión política que vive el mundo árabe obliga a tomar partido entre las aspiraciones de libertad y de progreso de unas poblaciones sojuzgadas y el complejo juego de intereses, tanto internos como internacionales, que han mantenido en el poder a sus tiranos. A favor de Mubarak se han pronunciado hasta ahora aquellos autócratas árabes que ven en su suerte la que podrían correr ellos. También el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el presidente Simón Peres, guiados por una interpretación limitada, cortoplacista y seguramente equivocada de los intereses de Israel. Al menos de manera expresa, no ha sido el caso de Estados Unidos ni de la Unión Europea, que, pese a los temores y las incertidumbres que despierta en sus diplomacias el proceso en curso, han optado por exigir una transición ordenada y la celebración de elecciones libres y con garantías -el presidente Obama le pidió ayer a Mubarak que no vuelva a ser candidato-. Europa ha tardado demasiado en adoptar esta posición, pero constituiría un grave error que, una vez adoptada, no perseverase en ella.


Las necesarias cautelas ante un proceso de incierto desenlace no pueden hacer, sin embargo, que se confunda la opción que merece el apoyo y la que no. Las aspiraciones de los manifestantes no deben ser defraudadas por el hecho de que Hosni Mubarak represente la continuidad de un statu quo con el que la comunidad internacional ha convivido hasta ahora sin hacerse demasiadas preguntas, negándose a ver la trágica realidad que provocaba en Egipto. Miseria, corrupción y falta de libertades no es un precio aceptable a cambio de ninguna cooperación, sobre todo cuando son otros, en este caso los egipcios, quienes deben pagarlo.

Las incógnitas del momento están colocando en el primer plano político a figuras egipcias de reconocido prestigio internacional, como Mohamed el Baradei, Amr Musa o el premio Nobel Ahmed Zewail que, llegado el caso, podrían asegurar la transición hasta unas elecciones. Estados Unidos ya ha comenzado a hablar con el antiguo director general de la agencia de la ONU para la energía atómica. Pero es difícil aceptar que el papel de cualquiera de estas figuras debiera ir más allá de asegurar esa transición, puesto que ni siquiera su relevancia internacional puede sustituir lo que los manifestantes están exigiendo en la plaza de La Liberación y en otras ciudades egipcias: el derecho a elegir a sus gobernantes. Si estas figuras tienen hoy un espacio es, sencillamente, porque Mubarak no goza siquiera de credibilidad para llevar al país al que ha maltratado durante décadas hasta unas elecciones democráticas.

Tahrir, el nombre de la plaza cairota elegida como escaparate por los manifestantes, significa liberación en árabe. Egipto se adentra en un tiempo en que, con Mubarak defenestrado, ese nombre podría convertirse en un símbolo y en una realidad. Que así sea depende de los egipcios, pero también de la posición que adopten las principales potencias. Un error de estas al escoger campo podría resultar fatal, sobre todo si está dictado por una traición a los ideales democráticos que dicen defender.


El País - Editorial

El chivatazo a ETA, desde Interior

Semejante noticia no viene más que a reforzar la lógica y fundada sospecha de que el delito de colaboración con banda armada y el de revelación de secretos perpetrado en el bar Faisan se debió a una orden procedente de las más altas instancias de Interior.

Una de los solicitudes más escandalosamente desatendidas durante la instrucción del "caso Faisán" hasta que, recientemente, se ha hecho cargo de la misma el juez Pablo Ruz, fue la planteada por la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, consistente en identificar a los usuarios de los tres teléfonos del Ministerio del Interior que comunicaron durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los mandos policiales imputados en la causa. Gracias a un auto en el que el juez Pablo Ruz ha ordenado que se practiquen dichas identificaciones, se ha sabido que el usuario de uno de esos teléfonos es, nada más y nada menos, que el del secretario de Estado y número dos de Interior, Antonio Camacho.

Semejante noticia no viene sino a reforzar la lógica y fundamentada sospecha de que el delito de colaboración con banda armada y el de revelación de secretos perpetrado en el bar Faisan se debió a una orden procedente de las más altas instancias del Ministerio de Interior: al presumible interés del Gobierno por evitar detenciones que pudieran desbaratar las negociaciones con la banda, se suma el hecho de que ese mismo Gobierno había redactado unos informes que verificaban un supuesto compromiso de ETA de incluir en su alto el fuego actividades terroristas tales como la extorsión o el rearme mediante robo de explosivos.


Lo cierto, sin embargo, es que la banda terrorista jamás se comprometió a incluir en su alto el fuego el cese de dichas actividades, tal y como fácilmente se puede comprobar leyendo sus chantajistas comunicados de tregua de aquella época. Lo cierto, también, es que veinticuatro horas después de su primer comunicado de tregua, y coincidiendo con el segundo comunicado en el que los terroristas insistían en negar el carácter democrático a los Estados español y francés, y en exigirles que no pusieran al "proceso soberanista" ningún tipo de "injerencias ni limitaciones", la banda cometía un robo de explosivos en Francia. Lo cierto, asimismo, es que, muy poco tiempo después, empresarios navarros y vascos empezaron a denunciar que les seguían llegando cartas de extorsión de ETA, de las que el Gobierno y el PSOE o bien decían "no tener constancia", o bien las atribuían a un envío anterior al comunicado de "alto el fuego". Lo cierto es que, en una entrevista publicada en Gara poco tiempo después, los propios etarras justificaban esas cartas de extorsión por "razones de financiación" a las que no renunciaban ni siquiera temporalmente.

Con todo, el Gobierno no estuvo dispuesto a que semejantes hechos pulverizaban ese falso espejismo de paz al que tanto había apostado: las silenció tanto como centró la atención pública en unos supuestos "informes de verificación" que tramposamente acreditaban el cese total y absoluto por parte de ETA de cualquiera de sus actividades terroristas. El máximo responsable de la elaboración de dichos falsos informes no era otro que el actual secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

Veremos si el descubrimiento de que los imputados en la causa estuvieron en contacto directo con la cúpula de Interior, antes y después de que supuestamente perpetraran el soplo policial a los "recaudadores" de ETA, provoca nuevas imputaciones. Pero, al margen de ello, es evidente que, por el más elemental sentido de la responsabilidad política, ni Camacho ni Rubalcaba deben seguir siendo los maximos responsables de la política antiterrorista, dada la creciente sospecha de haber sido unos de sus máximos traidores.


Libertad Digital - Editorial

La era Mubarak ha terminado

Este seísmo puede dar alas a organizaciones tóxicas, agazapadas y a la espera de una oportunidad para extender su influencia.

LOS egipcios han cruzado el Rubicón y, aunque un debilitado Hosni Mubarak intente desesperadamente aferrarse al poder, lo que pudiera quedar de legitimidad social en su régimen se ha quebrado definitivamente. Las manifestaciones han marcado el final inapelable de un sistema de más de treinta años de monopolio del poder, y lo único que falta por saber es si este desenlace podrá ser mantenido entre los razonables márgenes de lo que se ha llamado una transición pacífica. El Ejército ha dado su veredicto, ratificado al renunciar a la represión de las multitudinarias manifestaciones de los que reclaman la salida de Mubarak, mientras que los enviados de Washington negocian ya con los sectores más visibles de la oposición. Todavía no es seguro si esa transición va a ser pilotada desde los restos del régimen actual o si habrá otras fórmulas, pero en todo caso el proceso está en marcha y resulta imparable. La era Mubarak —con todo lo que significaba de aparente estabilidad, cargada sobre los hombros de los egipcios— ha terminado en circunstancias que afortunadamente pueden abrir la puerta a nuevas oportunidades de libertad.

Después de este terremoto en Egipto es muy posible que la comunidad internacional deba prepararse para un tsunami político en toda la región, un seísmo que amenaza a los gobiernos más frágiles y que puede dar alas a organizaciones tóxicas, agazapadas y a la espera de una oportunidad para extender su influencia dentro y fuera de Egipto. No es casualidad que el Rey Abdalá de Jordania haya tomado la iniciativa de destituir al Gobierno en pleno, en un intento de curarse en salud, poniendo en marcha las reformas que reclama la sociedad. Israel observa esta secuencia con el mayor interés, teniendo en cuenta que en la frontera que comparte con Egipto, la franja de Gaza, está en manos de los integristas de Hamás, y que en el Líbano otro grupo terrorista, Hizbolá, está en condiciones de manipular el Gobierno del país. La «revolución de Jazmín» en Túnez sorprendió a los gobiernos occidentales, y aunque la revuelta de Egipto podía haber sido previsible, no los sacó de su perplejidad. Sería catastrófico que Occidente siguiera contemplando lo que sucede en el mundo árabe como si fuera un fenómeno meteorológico incontrolable.

ABC - Editorial