lunes, 17 de enero de 2011

PP. Aznar y Rajoy. Por Agapito Maestre

Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España.

Aznar puso a Rajoy en la presidencia del PP. Siempre lo ha seguido de cerca. Las últimas declaraciones de Aznar comprometen, sin duda alguna, a Rajoy. Aznar ha sido contundente. En efecto, que el modelo autonómico de España es insostenible lo sabe cualquiera con un poco de cabeza; que el endeudamiento creciente de las comunidades autónomas lleva a la quiebra del Estado español también era previsible; pero que todo eso lo reconozca alguien, como Aznar, que no hizo nada en el pasado por plantarle a cara al chanchullo de las autonomías, es digno de atención. Me han gustado sus declaraciones sobre el fiasco del Estado de las Autonomías. Ha llegado tarde a esa corriente de opinión política, pero, por lo menos, ha caído en la sensatez. Nunca es tarde si la dicha llega.

Aznar no lo quiso ver, cuando estuvo en el poder; pero, ahora, además de hacer su autocrítica, está comprometiendo en términos políticos al actual presidente del PP. O Rajoy se suma a esta corriente de opinión crítica contra el Estado de las Autonomías o tendremos que decir que está fuera de juego. Aznar está exigiéndole a Rajoy un compromiso sobre el asunto. Tendrá que vertebrar un discurso sobre un régimen autonómico que gasta, gasta y gasta sin control, y no gestiona nada con decencia y eficacia. No basta con que salga González Pons, vicesecretario del PP, y proponga un pacto con el PSOE para que algunas competencias de las comunidades puedan volver de nuevo al Estado. Es menester que el líder diga, vertebre y cree un nuevo discurso sobre la viabilidad de España como nación. Una vez que el señor Rajoy ya se ha convencido de que no puede confiar en CiU, tiene que decir exactamente qué modelo de nación quiere para España.

La irresponsabilidad en la cayeron más de seis comunidades autónomas, que aumentaron su endeudamiento por encima del 30% durante 2008, no sólo pone en evidencia a esas comunidades sino que deja al pie de los caballos a toda la casta política española. Toda la casta política está inquieta. Ya no puede seguir simulando que el Estado de las Autonomías es la solución de España. Falso. Es el fracaso de España. Ese modelo de Estado, como algunos llevamos diciendo hace más de una década, es inviable no sólo económica y políticamente, sino sobre todo social y culturalmente. La coincidencia en este punto entre Aznar y el PSOE es obvia. El Gobierno de Zapatero, por un lado, trabaja para reducir el gasto autonómico; por otro lado, Aznar está dispuesto a seguir dando la batalla... Así las cosas, nadie interpretaría con benevolencia que Rajoy permaneciese en silencio sobre este trascendental asunto. Más aún, creo que si Rajoy tuviera la tentación de caer en una cierta indolencia, podría ser un motivo suficiente para que algunos le pidiésemos a Aznar que cumpliera su palabra.

Nadie olvide que Aznar ha dicho, más de una vez, que sólo si España está en riesgo, él volvería a la política activa. Creo que el fracaso del modelo de Estado por un lado, y el hipotético silencio del hombre que tendría que poner remedio a ese fiasco, por otro lado, son motivos suficientes para que Aznar terminase postulándose para ser candidato a la presidencia del Gobierno.


Libertad Digital - Opinión

Autonomías. No hay bastante café para todos. Por Emilio Campmany

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles.

Aznar nos lo acaba de recordar en León, nuestro Estado de las Autonomías no es viable. Ya no es una cuestión ideológica ni política, es simplemente económica. No nos lo podemos permitir.

Durante la Transición hubo que dar respuesta a las ansias de autogobierno de Cataluña y País Vasco. Pareció entonces injusto que el resto de regiones de España no pudieran gozar de los privilegios que habría que otorgar a aquellas dos. No obstante, se decidió que habría dos clases de comunidades autónomas, las nacionalidades y las regiones. Las nacionalidades, llamadas, no sé por qué, "históricas", serían Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que luego, tampoco sé por qué, se añadió Andalucía. Y las regiones serían el resto. Al principio pareció que las primeras tendrían un mayor grado de autonomía y luego se dijo que la diferencia sólo estaría en la velocidad en el acceso al autogobierno, pero que las competencias transferidas serían las mismas. Esto es lo que se llamó "café para todos".


El problema, no resuelto desde entonces, es que País Vasco y Cataluña, por principio, no quieren la misma autonomía de La Rioja porque, si es un autogobierno que puede otorgarse a una región "corriente", no puede ser bastante para ellos. Por principio, ya digo, catalanes y vascos quieren, y han de obtener, más de lo que se dé a los riojanos. En el País Vasco, esta ofensa de ser tratados como una región cualquiera, se ve compensada por el Concierto Económico, privilegio exclusivo de vascos y navarros, que les permite ser de facto un paraíso fiscal dentro del Estado, que a su vez les garantiza una prosperidad económica superior a la del resto de España. En Cataluña, en cambio, no había nada equivalente hasta la aprobación del último estatuto. Es más, el Concierto Económico del País Vasco y Navarra constituía, y aun hoy sigue constituyendo, un agravio por ser algo de lo que disfrutan otros y ellos no.

Ahora, este Estado de las Autonomías, que no ha sido útil para colmar las ansias de autogobierno de vascos y catalanes y ha servido sólo para despertar las del resto de españoles, no es sostenible. Podemos esperar a que aragoneses, canarios, valencianos, castellanos, gallegos y los demás se convenzan de que hay que renunciar a la autonomía tal y como hoy la conocemos. Pero ¿lo harán vascos y catalanes? ¿Estarán dispuestos éstos a devolver al Estado las competencias que tienen por ejemplo en Educación? No se trata de responder si sería o no razonable que lo estuvieran. Se trata de que, sea o no razonable, no lo van a estar. Así que, si hemos de acabar reformando nuestra organización territorial, hay que ser conscientes de que País Vasco y Cataluña sólo seguirán siendo España si conservan los privilegios que ya obtuvieron. Eso o la independencia. ¿Y los demás estarán dispuestos a devolver competencias que no se les exigirá devolver a Cataluña y País Vasco? Probablemente tampoco.

A lo mejor lo que hay que hacer es un referéndum por comunidades autónomas donde se pregunte a la gente si quieren seguir siendo españoles, en cuyo caso lo serán como ciudadanos de un Estado no tan descentralizado como el Estado de las Autonomías, o si prefieren, en caso contrario, ser independientes, sin admitir soluciones intermedias.

Se ha terminado el pastel y ahora hay que afrontar los problemas que no resolvimos en 1978 y que treinta años de autonomías han agravado extraordinariamente. Valor y al toro.


Libertad Digital - Opinión

Orwell en la España de Zapatero. Por José Carlos Rodríguez

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista.

Las 33 páginas del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación nos llevan, ya desde el tí­tulo, a un mundo orwelliano. sin ironías ni como una denuncia, sino como un objetivo deseable. En el planeta pajinesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.


Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en... bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos"de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.


Libertad Digital - Opinión

Agresiones en Murcia. Por José María Carrascal

En Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí.

¿SE imaginan ustedes la que se hubiera armado si el consejo de Cultura de una comunidad gobernada por el PSOE hubiese sido agredido por tres individuos con «puños americanos», esto es, metálicos, causándole fracturas en la cara y graves daños en un ojo, que obligaron a intervenirle quirúrgicamente? ¿Se imaginan los titulares de la prensa «progresista», las denuncias de las emisoras afines, las acusaciones a la extrema derecha y a la «caverna» del PP por estar, de cerca o de lejos, detrás de la agresión? Más si, como en este caso, formara parte de una larga cadena de violencias contra su partido, sin que las autoridades se hubieran mostrado particularmente activas en investigarlo y frenarlo.

Pues eso es lo que ha ocurrido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, en una céntrica calle de su ciudad, que no es Tucson precisamente. Y si cito a Tucson es para advertir que, salvando la distancia en el número de víctimas a consecuencia del atentado que acaba de producirse allí, la violencia irracional ha sido la protagonista. Es más, en Tucson no sabemos si el agresor estaba movido por la política, en Murcia, en cambio, sí, pues los tres individuos golpearon a su víctima mientras le llamaban «sobrinísimo», al serlo del presidente de aquella comunidad, lo que por, otra parte, hace más fácil su identificación, pues la inmensa mayoría de los murcianos votan PP.


La izquierda, desde que se arrogó la superioridad moral de su ideario sobre todo los demás, se cree por encima del bien y del mal, y tanto justifica las dictaduras de su signo —¿cuánto tardó en condenar el estalinismo, incluso después de haber asesinado a montones de izquierdistas? ¿Cuándo va a condenar el castrismo que está condenando a Cuba a prolongar su miseria, a la vista de todos?—, como convierte la violencia de sus seguidores en arrebatos esporádicos frente a la «opresión secular de las fuerzas conservadoras», en respuestas a la provocaciones de la misma o incluso en «expresiones del ánimo popular en su afán de justicia». Me remito a los asaltos que han sufrido las sedes del PP en momentos críticos.

Tanto el PSOE como el Gobierno han condenado la agresión al señor Cruz en términos inequívocos. Pero en este caso no basta, pues se trata de la agresión a un representante de los ciudadanos, lo que quiere decir, a los ciudadanos mismos, o si lo quieren, a la democracia. Hay que llevar el asunto hasta el final, quiero decir, a descubrir a los agresores y ponerlos ante la justicia. Vamos a ver cuánto tarda el alabado Rubalcaba en hacerlo. Será la mejor prueba tanto de su eficacia como de su imparcialidad para el alto cargo que su partido parece haberle destinado.


ABC - Opinión

Federalismo. El único camino. Por José García Domínguez

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo.

Acusar a los políticos de actuar por electoralismo viene a ser como afearles a los futbolistas que solo piensen en marcar goles: una perogrullada contra natura. De ahí que nada proceda criticar a Aznar por acordarse justo ahora, tras haber morado ocho plácidos años en La Moncloa, de que el modelo de Estado presenta ciertas taras de fábrica. Asunto, ése de las autonomías, que, por lo demás, ha devenido nuestra particular caja de Pandora. Un terreno siempre abonado para quien busque el aplauso fácil del tendido por la vía del tremendismo. Así, el eterno totum revolutum, generosamente condimentado con sal gorda y demagogia a granel, donde se juntan en abigarrado caos la factura del Estado del bienestar, su estructura territorial, vicios mil inherentes a la partitocracia, la desazón ante los nanonacionalismos periféricos y el rutinario juicio sumarísimo al sistema electoral.

Demencial mezcla de churras analíticas con merinas conceptuales que impide el más elemental rigor intelectual en el análisis de cuestión alguna. Y guirigay tras el que, en el fondo, late una fantasía ingenua, a saber, que otro régimen, centralista, hubiese logrado eludir las pulsiones secesionistas en Cataluña y el País Vasco. Enternecedora quimera ante la que conviene recordar aquello de que con la Historia se puede hacer cualquier cosa, salvo huir de ella. Y es que nunca podremos reescribir la del siglo XIX, que es donde en verdad habita el huevo de la serpiente. Se acepte o no se acepte, eso nadie lo va a cambiar. A lo sumo, pues, nos queda la conllevancia, el orteguiano atenuar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica de muy improbable cura.

Nuestra, ésa sí, es la responsabilidad de promover un Estado eficaz y eficiente. Tesitura ante la que no resta más alternativa que recorrer el trecho que aún nos separa del genuino federalismo. Esto es, la mutación radical del Senado, convirtiéndolo en verdadera cámara territorial, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán. Una asamblea formada en exclusiva por presidentes y consejeros autonómicos que, al modo de lo que ocurre en Berlín, socave el romo particularismo castizo, tan caro siempre al populismo provincial, haciéndolos corresponsables de los intereses comunes de la nación. Desengáñense los escépticos: el federalismo (simétrico, of course) no es problema, es la solución.


Libertad Digital - Opinión

Confusos y desconfiados. Por Ignacio Camacho

El desprestigio de la política dibuja a una sociedad olvidada de que cada pueblo tiene el gobierno que merece.

LA democracia es un régimen de opinión pública basado en el principio de que el pueblo siempre tiene razón… incluso cuando no la tiene. El problema es que en la posmodernidad este principio ha derivado en una supremacía del marketing porque los partidos y demás agentes políticos declinan cualquier compromiso de persuasión para elaborar su oferta como un menú a medida del electorado. La hegemonía del zapaterismo, por ejemplo, se ha basado en un depurado conocimiento del mercado sociológico que hacía abstracción simultánea de las dos éticas weberianas —la de la convicción y la de la responsabilidad— para formular una política de gestos de impacto priorizados según demanda. Cuando esa fórmula ha chocado con las exigencias de la realidad derivadas de la crisis se ha vuelto inviable porque la sociedad no estaba advertida de la verdadera dimensión de las dificultades; el Gobierno se había limitado a anestesiarla con promesas optimistas y recetas indoloras.

El sociólogo Víctor Pérez Díaz, un intelectual riguroso, brillante y honesto, ha dirigido un serio estudio de diagnóstico sobre el perfil de esa sociedad española sacudida por la recesión hasta dejarla en un estado de ánimo que define en tres palabras cargadas de pesimismo: alerta, confusa y desconfiada. El documento retrata un país desconcertado y receloso, apalancado en inercias pasivas, refractario a debates conflictivos y con escaso nivel de entendimiento sobre los mecanismos reales de la economía abierta. Una mentalidad colectiva de fuerte anclaje paternoestatalista, reacia a la competencia y acostumbrada a que le resuelvan los problemas sin implicarse demasiado en las soluciones. Un pueblo refugiado en las redes de apoyo familiar que se queja amargamente de una dirigencia pública enfrascada en sus conflictos de poder. Es decir, la clase de sociedad un poco victimista en la que resulta muy difícil encajar la idea de autorregeneración por el esfuerzo; resulta muy significativo que el desplome de popularidad de Zapatero se haya producido precisamente cuando se ha visto obligado a desdecirse de sus mensajes blandos y emprender reformas antipáticas que implican un margen de sacrificio. El acentuado desprestigio, rayano en la animadversión, de una clase política surgida a imagen de los propios ciudadanos dibuja la realidad sociológica de una nación renuente a aceptar que en democracia todo el mundo tiene el gobierno que se merece.

Ése es el retrato de esta España… y de la que va a heredar el próximo Gobierno, al que le queda una importante tarea de pedagogía social para explicar la necesidad de los inevitables esfuerzos pendientes. Para que el relevo de poder sirva de algo, a esa gente confusa y desconfiada hay que decirle desde ahora mismo dónde está, lo que le espera y para qué. Ha llegado la hora de la ética de la convicción por encima de los oportunismos electorales.


ABC - Opinión

Una agresión política

La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia y colaborador de LA RAZÓN, Pedro Alberto Cruz, es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. El insulto que precedió al ataque delata la intención de los tres agresores: «Sobrinísimo hijo de puta», en alusión al parentesco de Cruz con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Con este atentado a un consejero se ha dado un salto cualitativo en las protestas callejeras que desde hace varias semanas se vienen realizando en la capital murciana contra los recortes del gasto público del Gobierno regional. Este clima de tensión, alimentado por unos dirigentes sindicales que parecen descargar contra los gobernantes del PP la frustración que les producen los recortes sociales del Gobierno del PSOE, es el que ha envalentonado a la ultraizquierda «borroka» y chulesca. Es natural que los dirigentes sindicales murcianos se quieran desmarcar del ataque, pero tendrán que preguntarse si el ambiente de crispación y agresividad que han fomentado contra Valcárcel no habrá servido de coartada a los matones. El mismo interrogante vale para los responsables socialistas y, en especial, para quienes tienen la obligación institucional de velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En este punto, la actuación del delegado del Gobierno, Rafael González, dista mucho de haber sido competente y previsora. Peor aún, hay fundadas sospechas de que desoyó deliberadamente las advertencias y peticiones de más seguridad hechas por las autoridades regionales. Lejos de multiplicar la vigilancia sobre los manifestantes más violentos y de acentuar la protección de los cargos públicos, el delegado González ha desatendido su obligación, a pesar de que ya se habían registrado agresiones a viviendas y amenazas anónimas contra consejeros autonómicos. No sin razón, Mariano Rajoy denunció ayer la pasividad del Ministerio del Interior. Por el contrario, es un sarcasmo que el PSOE pida ahora al PP que «no politice los hechos», cuando es notorio que el delegado del Gobierno ha ignorado o desoído todas las señales de alarma y todas las peticiones de protección. Por lo demás, resulta preocupante el aumento del matonismo de izquierdas, que está pasando de las amenazas a las agresiones directas, sin que los responsables de la seguridad ciudadana parezcan inquietarse lo más mínimo. Ya no se contentan estos comisarios ideológicos de puño americano fácil con haber impuesto su ley en las universidades, donde tras acogotar a unos rectores pusilánimes deciden quién puede y quién no puede pronunciar una conferencia. Se aproximan fechas electorales a las que no son ajenas las dificultades y angustias derivadas de la crisis económica, y la brutal paliza al consejero Cruz podría no ser la última si el Ministerio del Interior no se toma más en serio su obligación de garantizar la seguridad de los responsables políticos, aunque sean de la oposición.

La Razón - Editorial

Una brutal agresión que debería haberse evitado

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo.

Cuando hace apenas una semana un loco de Arizona disparó contra una multitud de ciudadanos entre los que se encontraba la senadora demócrata Gabrielle Giffords, ya señalamos que, en contra del execrable uso del atentado que estaba realizando la izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, no había ninguna evidencia en aquel momento que relacionase al Tea Party con Jared Loughner. Por supuesto, no negábamos la posibilidad de que la agitación política mezclada con elementos violentos degenerara en agresiones de tipo político, pero lo cierto es que el Tea Party siempre ha repudiado toda actuación violenta por cuanto en su núcleo ideológico se encuentra el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que empleó entonces la izquierda, parecería consecuente relacionar la agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con la "campaña de odio" que desde todos los medios de comunicación afines al socialismo se dirige de manera persistente contra la derecha y el PP.


Por supuesto, nosotros no caeremos en la misma tentación populista, por cuanto supondría la instrumentalización política de una tragedia, algo que resultaría insultante para la víctima y que va en contra de nuestra vocación de búsqueda de la verdad. Otra cuestión es acotar las responsabilidades y pensar que, tal como cree la policía, la campaña que desde hace un mes ha orquestado la extrema izquierda contra el PP murciano con la excusa de un decreto aprobado el 22 de diciembre que rebajaba los salarios a los funcionarios de acuerdo con lo decretado por Zapatero, sí haya podido servir de inspiradora o ejecutora de la agresión. Sin ir más lejos, el mismo día 23 de diciembre un senador y alto cargo del PP ya resultaron heridos.

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo. Pese a no ser, como decíamos, el primer ataque contra miembros del PP murciano, el delegado del Gobierno en la región no reaccionó para proporcionar los medios necesarios con los que proteger a los militantes y cargos públicos amenazados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Cruz, destinatario con especial inquina del acoso de la extrema izquierda. Rubalcaba llega un mes tarde a la hora de prometer una ayuda que habrá que aún está por ver si llega.

Es urgente detener a los agresores pero también lo es depurar a todos aquellos que con su pasivo comportamiento han facilitado que tuviera lugar este ataque contra un cargo público, contra todos los ciudadanos a los que representaba y, en el fondo, contra la democracia misma. En estos momentos de dificultades, máxime si el PP llega al Gobierno de España e implementa las reformas que el país requiere, lo último que necesitaríamos es que la extrema izquierda usara la crisis para construir, como en Murcia, una campaña de mentiras que cristalizara en forma de violencia política y social.


Libertad Digital - Editorial

Mensajes creíbles y manipulación

Las expectativas electorales del PP no responden sólo al hartazgo hacia Zapatero, sino a su mensaje creíble contra los abusos en muchas autonomías.

TODOS los indicios confirman las expectativas muy favorables para el PP de cara a las elecciones autonómicas y locales. En los comicios de mayo, el centro-derecha podría arrebatar al PSOE todas las regiones en las que ahora gobiernan los socialistas. No se trata sólo del hartazgo generalizado ante la incapacidad de Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. En efecto, hay otros factores que demuestran de forma concluyente que muchos ciudadanos buscan nuevos horizontes frente a una política sectaria y oportunista, cuyo único objetivo es la descalificación del adversario. Así lo demuestra una vez más la reacción desmesurada de determinados dirigentes —incluso algunos habitualmente moderados— ante la razonable propuesta del PP sobre el futuro del sistema autonómico. Como es evidente, nadie ha puesto en cuestión los fundamentos constitucionales del modelo de organización territorial ni pretende de ninguna manera volver al centralismo ya superado. Muy al contrario, se trata de cumplir con rigor lo establecido por el título VIII de la Norma Fundamental y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evitando abusos, despilfarros y distorsiones.

En tiempos de crisis económica se hacen patentes las malas prácticas y los excesos que, con frecuencia, no tienen amparo normativo sino que obedecen a los intereses clientelares de unos y la irresponsabilidad de otros. Cuando se analiza la notoria ventaja del PP en las encuestas, conviene tener presente que estos planteamientos racionalizadores están calando en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando arbitrariedades. La forma de organización territorial establecida por la Constitución exige que Estado y comunidades autónomas desempeñen su papel con eficacia, coordinación y distribución racional de los recursos públicos. No es admisible el Estado «residual» ni son aceptables a estas alturas los egoísmos competenciales que generan desigualdades, corruptelas, desprecio por la austeridad, desmesura en el gasto público y una exacerbación nacionalista e identitaria que a menudo se apacigua con más dinero. Cuando el PP expone con rigor la magnitud real delproblema que representan los abusos del Estado autonómico —no el Estado autonómico en sí—, la respuesta del Ejecutivo consiste en manipular las palabras y las intenciones del adversario. Con esa actitud la magnitud de la debacle electoral que se avecina puede ser todavía mayor.

ABC - Editorial