viernes, 15 de julio de 2011

¿A qué?. Por Alfonso Ussía

Después de conocer el procesamiento de la cúpula policial de Pérez Rubalcaba por colaboración con banda armada, me asalta una pregunta: ¿a qué presenta don Alfredo su candidatura? ¿A la presidencia del Gobierno o a la trena? Un procesado no es culpable hasta que se demuestra su delito y es condenado, pero el juez Ruz ha reunido en el auto una docena de indicios más que preocupantes por su gravedad. Preocupantes para los procesados, para los superiores de los procesados –Rubalcaba y Camacho–, para el PSOE y para todos los españoles. Entiendo que el auto de procesamiento del juez Ruz puede resultar inoportuno para los socialistas. De golpe, se han quedado sin candidato. Rubalcaba no puede optar a nada. Se tiene que ir. Y Camacho con él. La gravedad, la vileza de los presumibles delitos que se imputan al ex director de la Policía García Hidalgo, el jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Pamies, y al inspector Ballesteros obligan a Rubalcaba y Camacho a separarse de la política y la acción pública para siempre.

No es imaginable que tres altos cargos policiales hayan colaborado con la ETA por su cuenta. No es imaginable que tres miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonicen semejante traición sin el apoyo de sus superiores. El caso «GAL» nada tiene que ver con el caso «Faisán». También se movía Rubalcaba por ahí. En el «GAL» hubo un ministro que terminó en la cárcel con sobrada gallardía para asumir la responsabilidad y no implicar al entonces Presidente del Gobierno. El «GAL» fue terrorismo de Estado, pero contó con la benevolencia de la mayoría de una sociedad que estaba harta del terrorismo etarra. El Estado mató a asesinos, se equivocó con otros y los fondos reservados enriquecieron a unos cuantos. Eso, el enriquecimiento súbito de algunos de sus principales actores es lo que más escandalizó a los españoles. Barrionuevo no se metió ni una peseta en el bolsillo. El caso «Faisán» representa lo contrario. La Policía avisa a los terroristas para que se pongan a salvo a cambio de una negociación política con la banda impulsada por el Gobierno. La Policía colabora con los asesinos, con los delincuentes, con los terroristas. Semejante podredumbre, tan inmunda porquería, se expande desde el Ministerio del Interior. Rubalcaba y Camacho no pueden permanecer ni un minuto más, por decencia, por ética y estética ni en la candidatura a la presidencia del Gobierno el primero, ni en el Ministerio del Interior el segundo. Si estaban al tanto de los hechos, porque completarían el grupo de los presumibles delincuentes. Si ignoraban las presuntas actividades de sus subordinados, por incompetentes, ineficaces e inútiles. La incompetencia, la ineficacia y la inutilidad no se contemplan como actos delictivos en el Código Penal. Es la mejor salida que pueden encontrar en el laberinto de su situación.

El auto del juez Ruz aniquila, sin mencionarlos, a Zapatero, a Rubalcaba y a Camacho. No es figurable tamaña tropelía ni traición tan deleznable. Si en el juicio se demuestra que tres altos cargos de nuestra Policía han colaborado, cumpliendo órdenes superiores, con la banda terrorista ETA, ni Zapatero ni Rubalcaba ni Camacho van a irse de rositas. La legalización de Bildu es el precio del silencio etarra. Pero ya no es fundamental ese silencio. La Guardia Civil, la Policía y la Justicia han encontrado su voz. Lo siento por los planes socialistas, pero tienen que buscarse otro Alfredo, o una Carmen o un José. El actual ya no sirve.


La Razón - Opinión

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