sábado, 19 de febrero de 2011

Las cajas, idas y venidas

Es importante que la inseguridad generada sobre el nuevo régimen legal de las Cajas se compense con una gestión política transparente.

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que reforma integralmente el sistema de cajas de ahorros en España, poniendo fin a unas instituciones que han tenido una larga e intensa presencia tradicional en la vida social de nuestro país. La intromisión de los intereses políticos en la gestión de estas entidades y su utilización como fondo de maniobra para los caprichos de gobiernos autonómicos han devaluado, al margen de otros motivos, una función social que ahora es justo recordar, precisamente cuando el futuro al que las cajas están abocadas es el de su reconversión en entidades bancarias, bien porque sean capaces de transformarse, bien porque sean compradas por otros bancos. Es evidente que las cajas de ahorros tenían que ser sometidas a una profunda revisión. Su excesiva dependencia de decisiones políticas y su exposición a la crisis inmobiliaria no permitían dejar las cosas como estaban. Con este punto de partida que concitaba el acuerdo general, el Gobierno ha sometido esta reforma, una decisión tan trascendente para la confianza en el mercado financiero español, a vaivenes y cambios de dirección en los mensajes sobre las condiciones del capital básico que se les exigiría, en los plazos para el cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización o en las vías de entrada del Estado a través del FROB o de cualquiera de los bancos actuales, ya preparados para la tanda de compras de cajas que puede avecinarse.

Finalmente, el Gobierno ha cedido en una cuestión que parecía inexcusable y va a prolongar hasta marzo de 2012 el plazo para que las cajas puedan cotizar en Bolsa. Sin embargo, las cajas tendrán hasta el 30 de septiembre de este año para consolidar un capital básico del 8 por ciento, que será del 10 por ciento si a esa fecha no cuentan con más del 20 por ciento de su capital en manos privadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria entrará en las cajas que no cumplan este requisito, lo que supondrá su puesta en manos de un banco en el plazo de tres meses. Ahora, es importante que la inseguridad generada en estas semanas sobre el nuevo régimen legal de las cajas de ahorros se compense con una gestión política transparente y orientada a las finalidades que interesan, que no son otras que fortalecer el sistema bancario y facilitar el movimiento del crédito a familias y empresas, sin lo cual es ilusorio pretender una recuperación significativa y sostenida de la actividad económica.

ABC - Editorial

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