Las expectativas electorales del PP no responden sólo al hartazgo hacia Zapatero, sino a su mensaje creíble contra los abusos en muchas autonomías.
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TODOS los indicios confirman las expectativas muy favorables para el PP de cara a las elecciones autonómicas y locales. En los comicios de mayo, el centro-derecha podría arrebatar al PSOE todas las regiones en las que ahora gobiernan los socialistas. No se trata sólo del hartazgo generalizado ante la incapacidad de Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. En efecto, hay otros factores que demuestran de forma concluyente que muchos ciudadanos buscan nuevos horizontes frente a una política sectaria y oportunista, cuyo único objetivo es la descalificación del adversario. Así lo demuestra una vez más la reacción desmesurada de determinados dirigentes —incluso algunos habitualmente moderados— ante la razonable propuesta del PP sobre el futuro del sistema autonómico. Como es evidente, nadie ha puesto en cuestión los fundamentos constitucionales del modelo de organización territorial ni pretende de ninguna manera volver al centralismo ya superado. Muy al contrario, se trata de cumplir con rigor lo establecido por el título VIII de la Norma Fundamental y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evitando abusos, despilfarros y distorsiones.
En tiempos de crisis económica se hacen patentes las malas prácticas y los excesos que, con frecuencia, no tienen amparo normativo sino que obedecen a los intereses clientelares de unos y la irresponsabilidad de otros. Cuando se analiza la notoria ventaja del PP en las encuestas, conviene tener presente que estos planteamientos racionalizadores están calando en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando arbitrariedades. La forma de organización territorial establecida por la Constitución exige que Estado y comunidades autónomas desempeñen su papel con eficacia, coordinación y distribución racional de los recursos públicos. No es admisible el Estado «residual» ni son aceptables a estas alturas los egoísmos competenciales que generan desigualdades, corruptelas, desprecio por la austeridad, desmesura en el gasto público y una exacerbación nacionalista e identitaria que a menudo se apacigua con más dinero. Cuando el PP expone con rigor la magnitud real delproblema que representan los abusos del Estado autonómico —no el Estado autonómico en sí—, la respuesta del Ejecutivo consiste en manipular las palabras y las intenciones del adversario. Con esa actitud la magnitud de la debacle electoral que se avecina puede ser todavía mayor.
ABC - Editorial
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