martes, 25 de enero de 2011

Austeridad, de palabras a hechos

El nivel de gasto no mide la eficacia del Estado en sus políticas sociales, que es lo que la izquierda defiende como coartada de sus fracasos.

EL Partido Popular convirtió la austeridad de las Administraciones Públicas en uno de los mensajes centrales de la Convención Nacional celebrada el pasado fin de semana en Sevilla, y a partir de hoy lo trasladará al Parlamento. Por un lado, los populares quieren recuperar el rigor de la ley de estabilidad presupuestaria para fijar un techo de gasto a las administraciones autonómicas y locales, después de que el PSOE modificara esa ley para facilitar su endeudamiento, que ahora quiere corregir cerrando cualquier posibilidad de refinanciación. Por otro, el PP en el Senado va a presentar una moción para impulsar la reducción de gastos multiplicados por las diversas administraciones públicas y, en concreto, para facilitar la privatización de las televisiones autonómicas. Es evidente que socialistas y nacionalistas votarán en contra, como ya han anunciado, porque su percepción de lo público está asociada al gasto y no tanto a la gestión. Sin embargo, este debate sobre el coste de la estructura administrativa del Estado es inevitable e imparable. Por eso el PP ha tenido el acierto de asumirlo como propio en un momento crítico para la economía nacional y familiar, en el que los ciudadanos quieren que los esfuerzos que se les están exigiendo tengan su correspondencia en decisiones sobre las administraciones públicas. La izquierda y el nacionalismo se equivocan al replicar al PP con el argumento de la deslealtad al Estado autonómico. Primero, porque el Estado autonómico nunca ha estado más en riesgo que con los pactos del PSOE con los nacionalistas. Segundo, porque la organización autonómica del Estado no está atada a un único modelo político ni justifica el derroche actual de medios económicos. Uno de los rasgos de esta crisis económica es que nada puede ser declarado intocable, ni en el mercado financiero, ni en el laboral ni en la situación de las Administraciones Públicas. Su hipertrofia de gasto y personal no funcionario es un problema que debe ser resuelto en el marco de las grandes reformas estructurales que exige la superación de la crisis económica. Y esto supone para la izquierda y los nacionalismos asumir que los poderes autonómicos y locales no son herramientas para crear servidumbres sociales que los apalanquen a perpetuidad, sino para gestionar con eficiencia las competencias públicas.

El nivel de gasto no mide la eficacia del Estado en sus políticas sociales, que es lo que la izquierda defiende como coartada de sus fracasos. Un Estado más racional, menos expansivo y mejor financiado es lo que realmente garantiza el bienestar de la sociedad.


ABC - Editorial

1 comentarios:

epi dijo...

Hay que recordar al PP… sus consejeros en cajas de ahorros, la leyes lingüísticas en Galicia, Valencia y Baleares. Cospedal apoya el mantenimiento de las CCAA y la nula oposición que han hecho hasta ahora, aparte de repartirse con el PSOE el poder judicial y apoyar la 'Ley Sinde' que reforma la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). El PP no podrá pedir responsabilidades de todo lo ocurrido, por que:

1º.- Hay que tener una justicia independiente.
2º.- Son corresponsables de los hechos.
3º.- Los pesoetas lo tomarían como revancha del PP, no como ejercicio normal de la justicia...y viendo su trayectoria opositora de los últimos años, depondrán por los pantalones abajo.