jueves, 16 de diciembre de 2010

Una pequeña unión fiscal. Por Darío Valcárcel

Merkel y Sarkozy no quieren por ahora que un bono europeo aligere la deuda. El Banco Central Europeo sí lo quiere.

ALEMANIA y Francia, eje de la eurozona, rechazan por ahora el bono europeo. Las dos apoyan el euro con todas sus fuerzas. Otra cosa sería impensable. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy acaban de reunirse en Alemania para discutir la creación de ese bono, que respaldaría la estabilidad del euro. Recordemos, los mercados son casi siempre anónimos, no se les ve la cara. Con un bono común, el Banco Central Europeo, BCE, cubriría a los países desestabilizados por compras y ventas masivas.

El ministro de Finanzas italiano, Giulio Tremoti, y el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, creen que es un error: el bono europeo es necesario ya. Pero el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, discrepa: el bono podrá encarecer el coste del crédito a empresas y ciudadanos alemanes. Tremonti y Juncker insisten: Europa debe demostrar a los mercados su compromiso irreversible con el euro. Una Agencia de la Deuda Europea, sucesora del ente que hoy asegura la deuda, reforzaría al euro país por país. Pero hay que tener cuidado, dicen los asesores de Merkel: un mercado de eurobonos podría enviar una señal no de fortaleza sino de debilidad. Frente a la excesiva precaución, un buen comentarista alemán, Wolfgang Münchau, propone en el FT, 13 de diciembre, una modesta y progresiva unión fiscal entre los 16 países de la eurozona. Si se hace, el bono europeo será inesquivable. Si no se hace, será difícil que Europa sobreviva.

Sarkozy (1955) y Merkel (1954) pertenecen a la generación que sigue a la de Helmut Schmidt (1918) y Jacques Delors (1925), herederos a su vez de la generación anterior, Konrad Adenauer (1876), Jean Monnet, (1888) Robert Schuman (1886), Alcide de Gasperi (1881), Altiero Spinelli (1907)... Los dos, Schmidt y Delors, hacen en Le Monde, 8 de diciembre, unas declaraciones de obligada lectura. Los fundadores, dicen ambos, aplazaron sine dielos fundamentos del euro, nacido en medio de divergencias fiscales y presupuestarias mientras la cacofonía de los gobiernos europeos relanzaba la especulación. Desbordados, los padres de la nueva moneda prefirieron confiarla a la clemencia divina. Quizá una caja europea (Delors) podría amortizar parte del déficit de cada estado de la eurozona. Que el nacionalismo francés, alemán u holandés amenazaran el proyecto de integración era esperable, sobre todo a medida que se avanzara hacia un núcleo duro de facto, el núcleo franco-alemán (Schmidt). Mientras tanto, dos capitalismos distintos cruzaban el Atlántico de oeste a este, también de este a oeste: el capitalismo financiero, centrado solo en la sanción del mercado y en la creación de valor en bolsa (de nuevo Delors); y el capitalismo productor de bienes y servicios, creador de riqueza.

Hoy los europeos prefieren aplazar nuevas cesiones de soberanía. Europa ha de construirse ahora con avances modestos pero continuos, sin olvidar una clave: la fuerza del euro es la fuerza de Europa. En esta prueba de fuerza Europa mostrará de lo que es capaz. No estamos ante un contraste solo económico o monetario, sino político. Al terminar la Segunda Guerra mundial, entre 1945 y 1950, los fundadores de Europa, algunos salidos de la cárcel, lanzaban una idea que pronto cobraría formidable impulso, el fin de la guerra en el Viejo Continente. Hasta 2010, en estos primeros 60 años, ese proyecto se ha cumplido.


ABC - Opinión

Crisis. Zapatero y la debilidad del euro. Por Emilio J. González

¿Cuántos millones más de parados nos costaría el decir adiós al euro? Por muy duras que sean las decisiones que hay que tomar, la alternativa de no hacerlo es realmente dantesca.

Hagamos un ejercicio de ficción e imaginemos un mundo como éste, con una crisis como la actual, en el que no existiera la Unión Europea y, no digamos ya, el euro. ¿Cómo actuarían los distintos Estados miembros de la moneda única? Más de uno, Francia, sin ir más lejos, porque así lo dicen muchos comentaristas galos, estaría encantado de poder devaluar su moneda para, de esta forma, trasladar parte de la carga del ajuste a quien ha hecho sus deberes. Y no digamos la España de Zapatero, un presidente del Gobierno que nos está llevando a la quiebra como país por andarse echándole pulsos ideológicos a la UE. Vamos, que la competencia entre los distintos países por recuperar competitividad a golpe de devaluación estaría servida. Y más de uno también, y de dos, y de tres, probablemente seguiría las recetas proteccionistas de Barack Obama pensando que así salvaría su economía y los puestos de trabajo de la misma. ¿Cómo sería, entonces, este mundo de ficción? Pues un mundo de conflictos entre los Estados europeos que, con este tipo de políticas, lo único que conseguirían sería agravar todavía más la crisis, dejando tras de sí legiones de parados y abriendo de par en par las puertas a la miseria, a la inestabilidad política, a las disputas internacionales y, podría ser también, a un nuevo conflicto bélico. Por desgracia, esto no es una exageración; es la historia de la Gran Depresión y sus consecuencias de las cuales, por ahora, nos salvan la UE y el euro. Con todos sus defectos, que los tienen, y muchos, sólo por evitarnos semejante panorama merece la pena que conservemos tanto la una como el otro. Pero no en estas condiciones.

Es cierto que esta crisis está provocando muy serios sufrimientos a aquellos países que más están padeciendo sus consecuencias. Pero igual de cierto es, también, que cada uno de ellos está recibiendo lo que se ha buscado durante años. Grecia sufre el castigo de haber engañado a unos y a otros con un ajuste presupuestario que nunca hizo. Irlanda padece las consecuencias de no haber medido sus palabras cuando garantizó al cien por cien los depósitos de los bancos y la solvencia de los mismos con tal de evitar la dureza con que golpea la crisis financiera internacional, cuando sus entidades crediticias son demasiado grandes para un país tan pequeño. Bélgica empieza a pagar las consecuencias de no haber aplicado estrategia alguna para reducir un endeudamiento público que supera el cien por cien de su PIB, lo mismo que Italia, que también tiene que asumir ahora las consecuencias de su desgobierno. España padece todos los problemas propios de una economía socialista que lleva décadas negándose a reformas, por más advertencias que ha tenido de lo que nos podría suceder y por más que las experiencias de otros países confirman una y otra vez que sólo una economía flexible, liberalizada y productiva, que sabe cuándo tiene que sacrificarse para volver a ser robusta, es la única garantía de empleo y prosperidad y el único verdadero amortiguador de los embates de la crisis. Y de Francia, mejor no hablar, porque también está sufriendo lo suyo como consecuencia de una economía hiperprotegida y poco competitiva, mientras muchos economistas galos piden a gritos el poder devaluar. ¿Cuánto tardarán los mercados en fijarse en nuestro vecino del otro lado de los Pirineos y sus serios problemas económicos?

El Pacto de Estabilidad nació, precisamente, para evitar lo que le está sucediendo a estas naciones. Lo malo es que se trata de una regla, no de una institución y, por tanto, carece de verdadera fuerza para imponerse a los países indisciplinados, sobre todo cuando los primeros en saltársela cuando les convino fueron Francia y Alemania. Aun así hay que entender que la pertenencia a un club como el del euro impone una serie de obligaciones implícitas en el hecho de compartir una moneda común, como es el contar con una economía flexible y evitar los disparates presupuestarios. La España de Zapatero, sin embargo, ha hecho justo lo contrario. Cuando llegó la crisis, además de negarla, ZP se aplicó con denuedo a poner en marcha políticas keynesianas de gasto público y déficit presupuestario que nos han llevado al borde de la quiebra. Y ahora que toca apretarse el cinturón de verdad, la actitud de Moncloa es pedir solidaridad a los alemanes y cuando éstos se niegan, por razones más que obvias, acusarles de todo cuando Alemania lleva cincuenta años pagando las facturas de la Unión Europea. Lo que subyace en la actitud de este Gobierno es esa idea socialista de hacer pagar la crisis a los ricos, en este caso a los alemanes, en lugar de reducir el gasto público y el tamaño del Estado, que es lo que hay que hacer pero a lo que se niegan Zapatero y sus adláteres tanto por razones ideológicas como crematísticas. Y si la UE no consigue hacer cambiar de idea al Gobierno, la ruptura del euro es un escenario a considerar.

Ahora bien, el Gobierno debe hacer sus cuentas al respecto porque el posible final de la unión monetaria europea no le va a salir precisamente gratis a España, sino todo lo contrario. Si el euro se rompe, o si nos echan de él, como también puede suceder, la prima de riesgo española se dispararía y los tipos de interés se pondrían por las nubes. Recuérdese que, a finales de 1995, el tipo del bono a diez años llegó a estar en el 15% como consecuencia de la crisis política y económica que azotaba a nuestro país. En circunstancias como aquéllas, ¿cómo vamos a salir del profundo abismo en el que ya hemos caído? ¿Cuántos millones más de parados nos costaría el decir adiós al euro? Por muy duras que sean las decisiones que hay que tomar, la alternativa de no hacerlo es realmente dantesca. Así es que lo mejor que puede hacer este Gobierno, o sus restos, dadas las circunstancias, es dejarse de trampas para seguir huyendo hacia adelante porque ya no hay más espacio que recorrer y, desde luego, dejar de pretender que los alemanes nos salven cuando podemos hacerlo nosotros mismos, porque a Alemania, francamente, le importa un bledo si España está dispuesta a suicidarse económicamente porque le resulta más barato, y más fácil de vender a sus ciudadanos, el dedicarse a ayudar a las entidades financieras germanas con activos españoles que ayudar a un ZP empeñado en echarles un pulso que nunca va a ganar.


Libertad Digital - Opinión

15 de enero. Por Rafael Martínez Simancas

«La aldea está en peligro, necesitamos una nueva marmita de pócima mágica para resistir el avance del César», no es un fragmento de «Astérix y Obélix», es la parte esencial de la declaración de intenciones que recoge la petición de ampliación del estado de alarma. Cámbiese Astérix por Rubalcaba y manténgase al César, (Cabo), como la amenaza que socava los principios de unos galos. Para mayor dramatismo cójase una foto cenital de «Google maps» y rodéese con un círculo rojo el entorno de La Moncloa, ahí aparecerá la aldea, y todo lo que la rodea es el peligroso mundo exterior.

Pero la marmita aunque nos pueda parecer enorme tiene su fondo, la pócima mágica tiende a la extinción cuando se bebe como si fuera refresco isotónico. Nos podemos preguntar qué pasará el día 15 en la aldea monclovita en la que Rubalcaba arenga a las tropas. Él sólo, a decreto desnudo, parece poco para enfrentarse a la amenaza exterior, los demás no le acompañan en la batalla. Allí en la aldea quién no está preocupado porque se le quema el jabalí en el horno, (Obélix-Blanco), teme que el cielo caiga sobre sus cabezas, (Abraracúrcix-Zapatero, apático y cansado de sí mismo). En la aldea si tienes algo de lucidez te mandan a galeras, tal y como le pasó a Solbes-Asurancetúrix al que tenían por el bardo coñazo que siempre tiene que decir la verdad. En momentos de crisis la verdad puede sentar tan mal como el oxígeno puro a un urbanita con pulmones de fumador. Los arqueros del CIS que tendrían que vigilar las torres disparan para adentro.

El 15 de enero, cuando termina el poder extraordinario que otorga un real decreto, es el «non plus ultra» de los cálculos gubernamentales. Más allá existe un horizonte lleno de monstruos que acechan, y lo que no son pensiones son recortes sociales. Sólo el ron puede mejorar la pócima.


ABC - Opinión

Los controladores firman el propósito de enmienda. Por Antonio Casado

Los controladores se ponen la piel de cordero con mucho retraso. Si se trata de que los aviones aterricen y despeguen con normalidad durante las fechas navideñas, por ellos no va a quedar. Eso dicen. Su credibilidad es más bien escasa a juzgar por los antecedentes. Pero, en fin, esa es la noticia. Vuelven a pedir disculpas, prometen que se portarán bien, garantizan por escrito la normalidad en el servicio y apuestan por la negociación del convenio colectivo con carácter inmediato.

Aunque fueran sinceros, no habrá frenazo a los mecanismos legales activados al objeto de prolongar el estado de alarma. La maniobra de la USCA -el sindicato de los controladores- está clara. Ponérselo difícil al Gobierno ante la opinión pública y reforzar los argumentos de quienes se oponen a la prórroga. Va a complicar la tarea del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cuando este mediodía afronte la difícil tarea de motivar ante el Congreso la petición formulada el martes por la noche en un Consejo de Ministros: que se prorrogue el estado de alarma porque hechos similares a los del 3 y 4 de diciembre pasados “puedan reproducirse de inmediato”.


Ya era bastante resbaladizo apelar a la “normalidad precaria” como causa de la prórroga del estado de alarma, que a su vez pretende la “normalidad permanente”, según doctrina expuesta el pasado martes por el ministro de Fomento, José Blanco, ante la comisión correspondiente del Congreso. Más resbaladizo será para el ministro Jáuregui cuando hoy suba a la tribuna de la Cámara a proponer medidas excepcionales en una situación que ya no lo es gracias a la militarización del servicio y de sus servidores.
«AENA solo contará con la segunda quincena de enero para pactar un nuevo colectivo con los controladores y resolver lo que originalmente fue un conflicto laboral.»
No lo es pero puede volver a serlo, en opinión del Gobierno y quienes le apoyarán: nacionalistas catalanes (CiU), vascos (PNV) y canarios (CC). Medidas excepcionales con carácter preventivo de incierto encaje legal. Eso es lo que hoy se debatirá, se votará y, con toda seguridad, se aprobará en el Congreso: autorización al Gobierno para que prorrogue el estado de alarma hasta el próximo 15 de enero. Supone, entre otras cosas, que AENA solo contará con la segunda quincena de enero para pactar un nuevo colectivo con los controladores y resolver lo que originalmente fue un conflicto laboral.

Ahora ya no lo es. O va más allá desde el momento en que los propios controladores desbordaron ese ámbito no con una huelga, a la que tienen derecho, sino con el deliberado, calculado y masivo boicot a un servicio público esencial. Y eso también explica que el asunto esté ahora en el Congreso. La sesión, eso sí, no puede estar más devaluada. No habrá cruce entre Zapatero y Rajoy, el titular y el aspirante, sino entre el ministro Jáuregui y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, amén de los demás portavoces.

Respecto a la ausencia del presidente del Gobierno, que asiste al “importantísimo” Consejo Europeo de final de semestre, entiendo pero no comparto la importancia que se le está dando aunque su ausencia también contribuya a devaluar la sesión. Se acusa a Rodríguez Zapatero de no dar la cara por miedo. Es como acusar al Zaragoza, que va el último en la Liga, de no querer salir al campo por miedo a sufrir la enésima derrota.


El Confidencial - Opinión

Alvarez Cascos en Asturias. Por M. Martín Ferrand

Rajoy tiende a prescindir de los buenos y rodearse de los menos buenos con la condición de que sean obedientes.

CON la misma pasión que George Borrow recorrió España, en el XIX, para difundir el Nuevo Testamento en nombre de la Sociedad Bíblica Británica, Francisco Álvarez Cascos, en nombre propio, recorre la cornisa del Cantábrico para poner en evidencia los recortes que, con agravios comparativos, el Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez y José Blanco les han hecho a los proyectos concebidos y puestos en marcha durante su tiempo en ese Ministerio. Las comparaciones no son odiosas, y menos en política. Gracias a ellas, y según escribió en estas páginas el citado Álvarez Cascos, sabemos que AENA, el ojo del huracán que se puede llevar por delante a Zapatero, ha crecido de 9.200 trabajadores, controladores aéreos incluidos, a 15.000 que, además, reciben una retribución media de 85.000 euros anuales. La comparación es ilustrativa.

La semana pasada, en Santander, el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento expuso ante un gran auditorio convocado por Euroconsumo Cantabria la realidad de la merma en alta velocidad ferroviaria que padecerán los cántabros como consecuencia de los recortes y retrasos decididos por el ministro actual y su célebre —celebérrima— predecesora. Ayer, en convocatoria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cascos hizo lo propio en Oviedo —«El AVE en Asturias»—, que es su pueblo. Es bueno, por clarificador, que los ministros salientes ejerzan la crítica sobre el trabajo de sus sucesores. Aclara las ideas de los próximos, aviva las de los distantes y nos brinda a todos elementos de juicio para quitarle pasión —militancia y seguidores— a las decisiones políticas y darles posibilidad de hacerlas inteligentes y analíticas.

Lo que resulta sorprendente, suponiendo que haya algo que no lo sea en nuestra partitocracia, es que sea un ex y no un in el que se tome ese trabajo apostólico itinerante. La máquina de la propaganda y la comunicación no le funciona al PP —¿cómo habría de hacerlo si solo en la calle Génova hay dos oficinas de prensa diferenciadas? Álvarez Cascos es un titán de la política, algo que escasea en todas las formaciones. ¿Cómo es posible que, después de haber conseguido el hastío de Manuel Pizarro y cuando Cascos manifiesta su deseo de volver a la actividad pública no sea ya candidato para las Autonómicas asturianas? Mariano Rajoy, en quien no brillan las luces de la selección de personal, se permite estos lujos y tiende a prescindir de los buenos y rodearse de los menos buenos con la condición de que sean obedientes. Eso, quizá, sea óptimo para organizar un registro de la Propiedad, pero resulta catastrófico en un partido político.


ABC - Opinión

Catalanismo. Por alusiones. Por José García Domínguez

Consuélese el Nobel, pues, pensando que no fue el único en ignorarlo todo acerca del movimiento catalanista que, según parece, acosó sin tregua al dictador en la Barcelona de los setenta.

Escribo este artículo por alusiones. Y es que he de reconocer que también yo estaba allí, o sea aquí, y tampoco me enteré de nada. Como Vargas Llosa, que acaba de ser severamente amonestado por el emérito Pujol a cuenta de parejo episodio autista. Consuélese el Nobel, pues, pensando que no fue el único en ignorarlo todo acerca del movimiento catalanista que, según parece, acosó sin tregua al dictador en la Barcelona de los setenta. Lo confieso, no supe de tal efervescencia insurreccional hasta mucho después, ya con Franco y su régimen difuntos, cuando lo explicaron en la tele.

Por lo demás, que yo apenas acertase a recordar algunas misas en catalán del beaterío local y una pitada contra el colegiado Guruceta en el Camp Nou como supremas hazañas del nacionalismo, poco significaría. Lo malo es que al presidente de la Generalidad en el exilio vino a ocurrirle tres cuartos de lo mismo. Así, al igual que Vargas y que uno mismo, Josep Tarradellas, otro ignaro, nunca tuvo noticia de aquella arriscada resistencia que mantuvo en jaque al Pardo. De ahí que en diálogo con Iván Tubau acreditase su muy honorable estado de inopia como sigue:

  • Las generaciones que hoy tienen la responsabilidad de gobernar el país son unas generaciones frustradas, han fracasado completamente, no han hecho nada.
  • Hay personas que usted tuvo en su gobierno cuando era presidente y que habían pasado años en la cárcel durante el franquismo.
  • ¿Quién?El Guti [Antoni Gutiérrez Díaz, entonces líder del PSUC], sin ir más lejos.
  • Sí, sí, de acuerdo. Lo aprecio y lo quiero mucho. Hay otro que también pasó dos años en la cárcel: Pujol. Dos. No sé si llegarían a media docena. Pero en este país hay seis millones de habitantes. Lo que pasa es que la gente de este país no quiere saber la verdad, quiere que la sigan engañando. Entonces, claro, yo digo estas cosas y se enfadan conmigo.
Por cierto, quien tampoco sentía mayor interés por conocer la verdad era el editor del Grupo Z, que censuró la entrevista, vetando su publicación con tal de no contrariar a Pujol, enfrascado por entonces en asentar los cimientos de lo que Tarradellas bautizó "dictadura blanca" con premonitoria clarividencia. Y ese Vargas, que aún no ha pedido perdón.

Libertad Digital - Opinión

Candidatos a perder. Por Ignacio Camacho

El ruido de fondo que se oye entre los escombros del zapaterismo sólo es un debate sobre el tamaño de la derrota.

CON dieciocho puntos de ventaja y la marca PSOE en saldo, el PP ha empezado a mirar con estoicismo el fragor de nervios que se ha desatado en las filas socialistas, donde hay abierto un debate sobre quién debe ser el candidato a perder las elecciones. Con su estilo cansino y su baja valoración personal, Mariano Rajoy ha impuesto al trantrán la estrategia de oposición tranquila, al modo de la aznarista lluvia fina; le pongan a quien le pongan delante lo va a liquidar casi inevitablemente porque el cambio ha cuajado en las tripas de la opinión pública. Todo el ruido de fondo que se oye entre los escombros del zapaterismo no es más que una discusión sobre el tamaño de la derrota. Si el candidato vuelve a ser Zapatero se producirá un descalabro abismal, memorable; si es Rubalcaba quizá pueda lograr un resultado decoroso; si sale Carmen Chacón o algún otro —¿Patxi López?— palmará de manera irreversible. Los barones territoriales, que son los primeros que van a dar la cara en mayo ante las urnas, ya no esconden el pavor a una barrida. Y en el Grupo Parlamentario no solo temen la mayoría absoluta del centro-derecha: después del batacazo de Montilla están aterrorizados por el fantasma de los cien diputados propios, que es la frontera simbólica del cataclismo, de la catástrofe.

El problema añadido es que Zapatero, atrincherado en el búnker monclovita tras el parapeto de la co-presidencia, ha perdido el control de un partido en el que nunca tuvo un auténtico liderazgo moral. Su autoridad se cimentaba en las victorias y en la frialdad con que ejecutaba cualquier atisbo de disidencia. Ahora que es marca perdedora, todo el mundo busca salvarse por su cuenta, sin que surjan poderes alternativos sólidos porque cada cual está tomando posiciones para la purificación poselectoral o para unas eventuales aunque poco probables primarias. Nadie parece conocer tampoco las claves del pustchinterno que entregó el Gobierno a Rubalcaba, un movimiento cuyo efecto gaseoso se ha disipado en las primeras encuestas. El día 20 sale en Andalucía un sondeo semioficial que puede resultar demoledor, y no sólo para Griñán; con los resultados que pronostica y los del pasado noviembre en Cataluña, Rajoy entraría en La Moncloa bajo palio. Los socialistas temen perder Barcelona y Sevilla en las municipales, y Baleares y Castilla-La Mancha, incluso tal vez Aragón, en las autonómicas. Cualquier derrota menor en mayo les parecería un alivio, aunque esconde el riesgo de aplazar la catarsis.

Así las cosas, el socialismo vive en auténtico estado de alarma sin necesidad de decreto. Todos miran a Zapatero y encuentran una esfinge cataléptica escondida en el silencio. Quizá Rajoy debería aflojarle la presión porque a día de hoy es, quién lo iba a decir cuando hasta hace bien poco sucedía al revés, su valor más seguro y confortable.


ABC - Opinión

Controladores. Estado de irresponsabilidad. Por Cristina Losada

La quiebra del decimonónico concepto de la responsabilidad individual es un fenómeno que no afecta sólo a España. Ha sido alentado por el agrandamiento del Estado, por las ideologías colectivistas y por una tendencia a exonerar al individuo de culpa.

Hay un denso debate sobre la legalidad y la oportunidad del estado de alarma declarado en las torres de control aéreo. Es, sin duda, una discusión necesaria. No se había aplicado nunca esa medida excepcional que permite la Constitución. Los juristas están divididos y la prensa y el público, también. Pero hay una reflexión por hacer, que, mucho me temo, quedará pendiente. Es la que suscita la pregunta siguiente: ¿cómo es posible que unos empleados públicos, a cargo de un servicio esencial, crean que pueden abandonar sus puestos, provocar el cierre del espacio aéreo y hacerlo, además, impunemente? Como los controladores no viven en la Luna, sino en España, hemos de atribuir su conducta al convencimiento de que aquí nadie asume la responsabilidad por sus actos. Y esa idea, la idea de que actuar al margen de la ley sale gratis, tiene, por desgracia, fundamento en la experiencia.

La quiebra del decimonónico concepto de la responsabilidad individual es un fenómeno que no afecta sólo a España. Ha sido alentado por el agrandamiento del Estado, por las ideologías colectivistas y por una tendencia a exonerar al individuo de culpa y a desplazar esa culpa hacia otros: ¡la sociedad! Pero a esa mentalidad se le ha añadido aquí un rasgo específico, visible en numerosas ocasiones. Así, con pasmosa frecuencia, cuando unos trabajadores o unos estudiantes o unos manifestantes vulneraban la ley y hasta recurrían a la violencia, se ha mirado para otro lado. Mejor transigir y ser benévolos, que "reprimir" a los vándalos y "castigar" a los infractores. ¡Mucho cuidado con la "represión"! Y siempre aparece, en tales casos, el recordatorio de los tiempos de la dictadura. Como también, por cierto, ha ocurrido ahora.

Tienen razón quienes señalan estos días el doble rasero gubernamental. De hecho, y por ceñirnos a lo aéreo, cuando unos empleados del aeropuerto de El Prat invadieron las pistas y obligaron a cancelar aterrizajes y despegues, el Gobierno descartó la intervención policial. Los aviones tuvieron que esperar a que los piquetes salieran de las pistas. Con tales precedentes y a la vista de las costumbres imperantes, se entiende que los controladores se aprestaran a realizar su sabotaje confiados en que el Gobierno no se atrevería a "reprimirlos". Es más, podían esperar que la opinión pública se ablandara después, como otras veces, y acabara por echarle la culpa al Gobierno, como es también el hábito. De ahí que su comportamiento no sea, en realidad, el fruto de un mal cálculo o de un delirio pasajero. Es, por contra, el fruto –uno más entre tantos– de un prolongado estado de irresponsabilidad, escaso respeto por el imperio de la ley y desorientación cívica y moral.


Libertad Digital - Opinión

Un proverbio chino. Por José María Carrascal

«El último informe PISA sobre el estado de nuestra educación es malo, muy malo, pues no se corresponde con el potencial humano, económico e industrial de España. A no ser que estemos también en una “burbuja educativa”».

NO exagero los más mínimo al decir que el último informe PISA ha causado más alarma en Estados Unidos que las filtraciones de Wikileaks. A fin de cuentas, estos son cotilleos diplomáticos con un efecto tan ruidoso como pasajero, mientras que el informe PISA, que mide el nivel educativo de jóvenes de 15 años en 65 naciones, es bastante más importante para ellos y para sus países. EE.UU, que venía presumiendo de su educación, ha retrocedido ante el avance arrollador de los países asiáticos y algún europeo del norte y del este. Ya no solo Finlandia figura en los puestos de cabeza, sino que la acompañan en ciencia, matemáticas y comprensión de lectura —las tres disciplinas evaluadas— Noruega y Estonia. Por no hablar de los orientales, Corea, Singapur, Taiwán, auténticos vencedores, con la provincia china de Shanghai acaparando el primer puesto en las tres disciplinas. Si necesitábamos confirmación de que el siglo que empieza va a ser el siglo de China, ahí la tenemos. Algo que ha desencadenado un torrente de editoriales, artículos, comentarios y cartas al director en unos Estados Unidos que notan ya en los foros internacionales que no son lo que eran. La razón puede ser precisamente esa, que pierden puestos en el rango educativo. Por lo que se ha abierto el debate sobre la forma de corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Si los Estados Unidos, todavía por encima de la media mundial en la formación de sus adolescentes, con bastantes de sus universidades entre las de elite, con más patentes registradas y más premios Nobel que nadie, se preocupan por su educación, no quiero decirles lo que tendría que preocuparnos a los españoles el claro suspenso que el último informe PISA nos sacude en las tres piedras angulares de la educación, apareciendo muy por debajo de la media de los países europeos, con desnivel que, en matemáticas, alcanza los 16 puntos; en ciencias, los 13; y en comprensión de lectura, los 12, por detrás de Grecia e incluso Portugal. Sin que valga que hemos avanzado algún puesto respecto al informe de 2006, porque hemos retrocedido respecto al del año 2000, ni decir que hay comunidades, como Madrid, Cataluña y Castilla y León, que pueden rivalizar con alguna europea porque hay otras, como Andalucía, Baleares y Canarias, que figuran a la cola de la clasificación. No tenemos ninguna universidad entre las mejores, y aunque se publican bastantes estudios científicos, apenas se reproducen y citan en las publicaciones importantes. La nota de «bueno» que el ministro de Educación nos ha dado a la vista del informe solo puede atribuirse a que el señor Gabilondo ha dejado de ser profesor para convertirse en político, es decir, alguien que miente por necesidades del cargo. No, el informe no es bueno, es francamente malo, pues no se corresponde al potencial humano, económico e industrial de España. A no ser que estemos también en una «burbuja educativa», es decir, que hayamos creído levantar una amplia y buena educación, y resulte que está hueca, como la inmobiliaria. Lo que nos faltaría.

¿Qué es lo que falla en la educación española? El informa PISA apunta ya algunos de sus defectos fundamentales. El primero, que se ha apostado por la cantidad, no por la calidad. Muchos alumnos, pero poco preparados. Y la educación es precisamente preparación, instrucción, capacitación. Algo para lo que se necesita, por parte del alumno, esfuerzo, y por parte de la sociedad, estímulo. Dos cualidades que se han olvidado en escuelas e institutos españoles, donde ha venido imperando el mero pasar curso, incluso con un montón de asignaturas pendientes, y acabar como se pueda, con un título, y si no se conseguía, con un diploma. Ni siquiera en nuestras familias, a diferencia de en las orientales, existe esa preocupación, sino la contraria: que el chico o chica aprueben, no que sepan la asignatura. No siendo extraño el caso de las padres que protestan porque el profesor o profesora es «demasiado duro». Así no se forma a nadie, pues estudiar requiere un esfuerzo, pequeño o grande según la capacidad de cada alumno, pero esfuerzo siempre. Es verdad que, afortunadamente, ya no rige aquello de que «la letra con sangre entra». Pero sigue todavía en vigor que la letra entra con codos. Y lo que viene faltando a los alumnos españoles son codos. Un chico coreano dedica por término medio diez horas diarias al estudio. ¿Cuántas dedica el alumno español?

Pero es que hay más, o mejor dicho, menos. Los planes de estudio españoles, aparte de haber sido cambiados cada poco, lo que ha producido tal desbarajuste en la enseñanza que pocos han acabado sus estudios con los planes que empezaron, no se concentran en las disciplinas básicas de todas las demás —la lengua, las matemáticas, la ciencia—, sino que incluyen desde el judo a la historia o geografía regional, sin conexión con la española y no digamos ya la universal, algo que lobotomiza el saber del alumno. Por no hablar ya de esa asignatura de nueva planta, la «educación para la ciudadanía», que tiene más de orientación ideológica, según el gobierno de turno, que de auténtica formación. La mejor educación para la ciudadanía es la que habilita al chico o chica para entender lo que lee y oye, para estar al tanto de los últimos avances de la ciencia, en la carrera acelerada que esta lleva, y para poder desenvolverse en el mundo abstracto de los números, que es el que rige hoy por todas partes. A ese tipo de ciudadanos es difícil engañarles. Tal vez por eso no se educa a los niños españoles para ello, sino que se les «divierte» con toda clase de actividades periféricas. El simple hecho de que el estudio del español no sea el eje del entero sistema de enseñanza, ya que quien no lo domine no podrá dominar el resto, es la mejor prueba de ello. Dejando aparte las comunidades en las que incluso se le restringe. Cuando, miren ustedes por dónde, más de la mitad de los alumnos norteamericanos de segunda enseñanza que por obligación estudian una segunda lengua eligen la nuestra.

Para ir resumiendo, en escuelas e institutos españoles no se apuesta por la excelencia, sino por la mediocridad, sin promover el nivel de exigencia y respeto a los profesores, elementos imprescindibles para una formación integral. No hace falta esperar al futuro para comprobar los resultados, los estamos ya sufriendo: en estos momentos hay en España 700.000 jóvenes de menos de 34 años sin estudios ni trabajo, resultado de uno de los abandonos escolares mayores de Europa. Todos ellos van a tener enormes dificultades en encontrar empleo por su escasa o nula formación. Únanse a los que el mercado laboral expulsa a consecuencia de la crisis y tendrán el panorama. Es la consecuencia de que aquella filosofía, por llamarla de algún modo, que condenaba los exámenes, minimizaba los suspensos y defendía una «educación creativa», consistente en que cada alumno pudiera, con el pretexto de expandir la creatividad, hacer lo que le diera la gana. O que pudiera estudiar con el ordenador o incluso la tele encendidos.

Como la crisis en el plano económico, el informe PISA nos advierte de que errábamos en el terreno educativo. La naturaleza nos hace iguales, a hombres y países, pero la educación nos diferencia luego, más cultos o menos cultos, más ricos y más pobres. A no ser que se piense, como han creído muchos en España últimamente, que la forma más rápida de hacerse rico es la política. «Quienes descuidan la educación de sus jóvenes —decía Eurípides— condenan a muerte su futuro». Eso por no hablar de que la educación no consiste solo en adquirir conocimientos, sino también en la formación del carácter, al coincidir, sobre todo la secundaria, con los años críticos de la adolescencia, cuando se forma aquel. Y precisamente la segunda enseñanza ha sido laminada en los planes de estudio españoles, haciendo avanzar la primaria y retroceder la superior, con el resultado de que los jóvenes pasan de la escuela a la Universidad sin casi intermedio. Así les va a ellos, y al país. Hay un proverbio chino, que ellos están aplicando, más antiguo aún que el de Eurípides, que dice: «Las escuelas de un país son su futuro en miniatura». Lean el informe PISA y verán el futuro que nos espera.


ABC - Opinión

ETA y el aval a Batasuna

De acuerdo con la información que hoy publicamos en LA RAZÓN, es muy posible que la banda terrorista ETA despache este fin de semana un comunicado para anunciar un «alto el fuego permanente, verificable» e, incluso, «unilateral». Parece ser que a los terroristas les urge transmitir este mensaje y no perder más tiempo en facilitar a Batasuna que pueda presentarse a las elecciones locales y forales de mayo sin la ominosa sombra de las pistolas apuntando. De hecho, la publicación del comunicado habría sido retrasada a causa de la declaración del Estado de Alarma el pasado día 4, pues no sólo le restaba protagonismo mediático, sino que además dificultaba una acogida benévola por parte de un Gobierno demasiado atareado en decretar medidas excepcionales por un conflicto laboral. Ahora, sin embargo, todo apunta a que la banda y su brazo político desean acelerar los trámites para alcanzar sus propósitos electorales. Sería estéril y cansino especular con el alcance real de este nuevo panfleto, si la «medida de gracia» incluye la extorsión y el chantaje a los empresarios o si la «kale borroka» queda fuera del «alto el fuego». Nada de lo que pueda decir o prometer la banda terrorista tiene valor alguno. Sólo su disolución y la entrega a la Justicia de sus integrantes es aceptable en un Estado de Derecho. Todo lo demás no son más que maniobras para eludir la derrota inexorable y para colarse de nuevo en las instituciones democráticas con el objeto de financiarse y de perpetuar desde dentro su entramado terrorista. Sin su presencia en los ayuntamientos y las diputaciones, el brazo político de ETA sólo es un cadáver que se arrastra por el filo de la legalidad y termina dando con sus huesos en la cárcel. Sus líderes, empezando por Otegi, lo saben por experiencia propia. De ahí que les vaya la vida en cambiar de estrategia y en que ETA escenifique una suerte de «gesto de buena voluntad». Es de suponer que el Gobierno no caerá otra vez en una trampa tan burda y que de ningún modo aceptará el «alto el fuego» como aval a la candidatura de Batasuna. Después de medio siglo de terrorismo y de casi mil asesinatos, todos los demócratas deberíamos tener muy claro que la cuestión central no es debatir las decisiones de ETA, sino trabajar para su rendición y erradicación. No vale que la partida termine en tablas ni que los pistoleros acuerden tomarse vacaciones: su final sólo puede ser la derrota sin resquicios para que no quepa la más leve duda de que el terrorismo es ineficaz y no sirve para arrancarle cesiones al Estado de Derecho. Que la banda desaparezca pronto es muy importante, pero también lo es la forma en que lo haga: ha de haber vencedores (los demócratas) y vencidos (los pistoleros y sus servidores políticos). La derrota de ETA no es una exigencia vana o un primitivo deseo de venganza, sino una exigencia ética que reafirma la superioridad de la sociedad democrática sobre los pistoleros y dinamiteros. Que ahora éstos, acorralados policial y judicialmente, busquen un respiro para sí y para Batasuna con un «alto el fuego», el enésimo en su sangrienta historia, sólo pueden engañar a los que deseen ser engañados.

La Razón - Editorial

En crisis permanente

La amenaza de Moody's de degradar la deuda castiga el retraso en cerrar la reforma financiera.

Desde 2008, la solvencia financiera de España corre el riesgo de desplomarse ante cualquier opinión, rumor o movimiento contrario del mercado. Ayer, la agencia de calificación Moody's intensificó un poco más la corriente de opinión que duda de la capacidad de España para devolver sus deudas; lo hizo a través de un informe que amenaza con rebajar en un escalón la calidad de la deuda soberana (actualmente AA1) por razones que van desde la elevada necesidad de captar fondos en 2011 (unos 200.000 millones) hasta la falta de fe de los inversores en que las autonomías españolas sean capaces de cumplir sus promesas de reducción del déficit público. A Moody's le falta decir, aunque se nota que lo piensa, que las autonomías no tienen interés en sujetarse a un estricto control del gasto. A cambio, recompensa los esfuerzos de política económica al descartar que España esté amenazada de intervención.

El anuncio de Moody's, recogido con nuevas sacudidas por los mercados, mezcla desprejuiciadamente apreciaciones evidentes, análisis razonables y contradicciones. Acierta al señalar la dificultad de reducir el déficit y el endeudamiento de autonomías y ayuntamientos. Por esa razón hay que exigir al PP, gobernante en autonomías y municipios, que haga honor a sus responsabilidades políticas mediante un respaldo explícito a la política de ajuste del Gobierno. También acierta al subrayar que gran parte de la reticencia de los inversores hacia la deuda española proviene de las dudas que suscita su sistema financiero. Moody's apunta al incomprensible retraso en la reforma de las cajas, que, efectivamente, debería estar ya concluida, es decir, con los compromisos de fusión firmados, los ajustes de costes realizados y las recapitalizaciones realizadas. Es incomprensible que el Gobierno no se dé cuenta de que la demora en esta reforma compromete la credibilidad de la solvencia española más que cualquier otra reforma.

Pero Moody's incurre en algunas inconsecuencias. Está claro que su informe de diciembre es una respuesta a las convulsiones de la deuda en noviembre, que llevaron la prima de riesgo española por encima de los 300 puntos básicos. Cuando menciona que "las crecientes tensiones a las que se está viendo cometida España para financiarse aumentan su vulnerabilidad", olvida que informes como el suyo contribuyen a exacerbar esas tensiones. Por eso es urgente y necesario organizar una agencia de calificación europea.

El paso decisivo para reducir la presión sobre la deuda española es que el Gobierno concluya la reforma financiera, demuestre que puede ajustar el gasto, y cierre las reformas laboral y de pensiones, tras el paso adelante del Pacto de Toledo ayer. Pero el nudo que hay de desatar es el de recuperación económica. Más crecimiento y más empleo revitalizarán las finanzas públicas. Para desatar ese nudo, las apreciaciones de Moody's sirven de bien poco. Desgraciadamente, 2011 tampoco será el año de la plena recuperación.


El País - Editorial

Reducir las pensiones para no cambiar el modelo

A la vista del nada claro "principio de acuerdo" alcanzado en la comisión del Pacto de Toledo, no sabríamos decirles con seguridad si nuestra clase política sigue instalada en no querer ver el problema o sólo pretende parchearlo con reformas insuficientes.

La gente no puede llamarse a engaño: todos los organismos, estudios e informes coinciden en que si el actual sistema público de pensiones no se reforma quebrará antes de 2025. El porqué es muy simple: cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas) por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados. Ante este horizonte, caben dos posibilidades: hacer el avestruz y negarse a ver el problema, o bien afrontarlo. Claro que el problema se puede afrontar, a su vez, de dos maneras diferentes.

Por una parte están los que pretenden hacer sostenible el actual sistema público de reparto, para lo cual no hay más remedio que sacrificar a pensionistas y cotizantes con mayores impuestos, una menor cuantía de las pensiones, un retraso en la edad de jubilación o una combinación de ambas cosas.

Por otra, estamos los que abogamos por la paulatina pero decidida transición de un sistema público de reparto a un sistema de capitalización privado, cuya sostenibilidad no pasa, a diferencia del anterior, por el persistente perjuicio de sus supuestos beneficiarios.


A la vista del nada claro "principio de acuerdo" alcanzado este miércoles por la comisión del Pacto de Toledo, no sabríamos decirles con seguridad si nuestra clase política sigue instalada en no querer ver el problema o sólo pretende parchearlo con insuficientes reformas que, no por reducir las pensiones de los futuros jubilados, van a lograr hacer sostenible el ineficiente, colectivista y coactivo sistema de reparto. Lo decimos porque el único cambio que se han atrevido a anunciar –sin cuantificar– es la ampliación del periodo de cálculo del importe de las pensiones, que no es otra cosa que una rebaja encubierta de la inmensa mayoría de ellas. Y esto es así porque casi todos los trabajadores alcanzan sus mayores retribuciones y, por tanto, sus mayores cotizaciones, al final de su vida laboral. Hasta ahora, para calcular la pensión se tomaban en cuenta los últimos quince años de trabajo, pero al ampliar el periodo a 20 ó 30 años –hay quien habla de toda la vida laboral– las pensiones sufrirán una rebaja media no inferior al 10%.

Por otra parte, no hay que olvidar que, aunque se trate de un secreto a voces, en Bruselas ya se ha llegado a la conclusión, y desde hace meses, de que no sólo es necesario ampliar el periodo de cálculo de las pensiones para poder rebajarlas, sino también retrasar la edad de jubilación por lo menos hasta los 67 años. Sin embargo, el Gobierno sólo se ha atrevido a deslizar esa posibilidad, sin que nadie se atreva a defenderla claramente por el coste electoral que ello conllevaría. Y en esas estamos: sin que nadie se atreva a defender lo que en cualquier caso no son sino parches para sostener un sistema ineficiente que rehúye la auténtica solución que no es otra que la transición a un sistema competitivo de capitalización individual. A diferencia del actual y obligatorio modelo colectivista de reparto, en el modelo de capitalización individual, propio de los planes de pensiones privados, el dinero que cualquier contribuyente –mejor dicho, cliente– aporta a su plan de pensiones no es utilizado para pagar a los que ya están jubilados. El dinero aportado por cada cliente está a su nombre, invertido en lo que él elige, y el día que se jubile su pensión procederá de ese dinero que ha ido aportando durante su vida laboral más los rendimientos que les ha generado.

Se trata sin duda de una transición que ha de ser necesariamente paulatina y compleja, puesto que hay que respetar los derechos adquiridos, pero eso no debe ser impedimento para acometerla, vistos los exitosos resultados que se han alcanzado en los países que se han atrevido a llevarla a cabo. Lo que no podemos es sacrificar en el altar de la falsa sostenibilidad del sistema público de pensiones el bienestar de los futuros pensionistas. Es el sistema el que ha de estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del sistema.


Libertad Digital - Editorial

Presidente menguante

Si el PSOE está dispuesto a cambiar de líder, debería hacerlo de inmediato. Es hora de tomar decisiones y de explicarlas a los ciudadanos.

MUCHOS ciudadanos se preguntan, entre perplejos e irritados, por qué se esconde a día de hoy el presidente del Gobierno en una aparente dejación de sus responsabilidades que resulta inaceptable en términos políticos y jurídicos. Hace tiempo que la sociedad española vive en situación de emergencia económica, y el Gobierno acaba de tomar medidas drásticas que exigen explicaciones al más alto nivel. Por primera vez desde que se aprobó la Constitución, está declarado el estado de alarma, a punto de ser prorrogado si así lo acuerda el Congreso de los Diputados. El escenario actual exige al presidente una presencia activa ante la opinión pública, muy lejos del perfil bajo que mantiene Rodríguez Zapatero, que ni siquiera está dispuesto a explicar en el Congreso las razones que podrían justificar la prolongación de una situación de anomalía. Una vez más, cabe sospechar que hay razones de partido —y no de Estado— que determinan el silencio injustificable de un presidente en fase menguante, tal vez ya políticamente irreversible.

La Constitución establece un modelo parlamentario que realza la figura presidencial muy por encima de los vicepresidentes o los ministros. El jefe del Ejecutivo es el único que obtiene la confianza de la Cámara a través de la investidura, y no puede por ello escudarse en sus colaboradores a la hora de ofrecer la imagen de liderazgo que imponen las circunstancias. Tal vez el PSOE prefiere reforzar la figura de Pérez Rubalcaba con vistas a un eventual recambio a corto o medio plazo. Pero, una vez más, no es lícito confundir las cuestiones de Estado con los intereses coyunturales del partido. Si Rodríguez Zapatero no está en condiciones de seguir, tiene que dejarlo de inmediato para que alguien tome las riendas de un equipo ministerial que hace agua por todas partes. Es el momento de reiterar la urgencia de una convocatoria electoral, porque España no se puede permitir una agonía de año y medio, que puede resultar nefasta. En el peor de los casos, si el PSOE está dispuesto —como parece— a cambiar de líder, debería hacerlo de inmediato porque es hora de tomar decisiones y de explicarlas directamente a los ciudadanos, sin intermediarios ni coberturas para salvar la imagen de un político incapaz de levantar el vuelo.

ABC - Editorial