jueves, 23 de septiembre de 2010

Leninismo«bienpagao». Por Hermann Tertsch

Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical.

VAYAN haciéndose a la idea de que sean los que fueren los servicios mínimos pactados, los sindicatos verticales desmandados van a portarse como la hija de papá rico a la que se le niega por primera vez el capricho. Es decir, arañará a la doncella, insultará al chófer, romperá los muebles y aterrorizará a todo el que se le acerque. Y que papá, que es el Gobierno, va a tener serias dificultades para impedir que la niñata aterrorice a los hermanos y niños del barrio. Los sindicatos llevan días amenazando a toda la ciudadanía con una tranquilidad y un desparpajo dignos de mejor causa. Esa especie de gracejo mafioso —«por supuesto que queremos parar Madrid»— que les sale ahora a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toxo no es sino un intento malogrado de darle un toque castizo a lo que es un masivo intento de intimidación a la sociedad española en general y a los trabajadores en particular. Esta operación de todo un aparato de funcionarios más o menos paniaguados y privilegiados para atemorizar a los ciudadanos de cara al 29 de septiembre está ya rozando mucho la línea de lo tolerable por un Gobierno cuyo deber es defender la libertad de todos. Cuando anuncian que su objetivo es parar Madrid y todas las ciudades españolas con sus piquetes, dejan claro que no esperan que la capital y todas las demás ciudades queden paralizadas por voluntad propia. Sino obligadas por la santísima voluntad de sus peculiares burós políticos, sus cuadros de liberados sovietizados y sus bandas de matones que llaman piquetes informativos.

Durante tanto tiempo han estado los líderes sindicales jugando a ser ministros que ahora no soportan que los hayan echado de esa enorme casita de muñecas (perdón) y muñecos que es el Consejo de Ministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Le habían cogido gusto a la moqueta. Y nos habían acostumbrado ya al atónito paisanaje español a ver a un personaje como Cándido Méndez explicándonos en una conferencia de prensa los detalles de la política económica del Gobierno. O haciendo disquisiciones sesudas sobre las reformas de las finanzas internacionales. Como aquí estamos curados de espanto, nos consolábamos con la certeza de que no sabrían menos que el presidente estos dos personajes que un día se hacen los abuelotes sabelotodo y otros, comisarios políticos de la checa de Riscal. Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical. Poco tienen que ver con aquel sindicalismo de Nicolás Redondo Urbina y Marcelino Camacho, de líderes que conocieron la cárcel pero apenas hablaban de ellas. Que estaban empeñados en el diálogo social y en paliar la conflictividad en épocas de duras reestructuraciones industriales. Estos no. Ya han desplegado todo su matonismo leninista para amenazar a los españoles con más problemas de los que tenemos, si no nos plegamos a su voluntad. Amenazan con secuestrarnos y presumen de tener bandas dispuestas a ello. ¿No va a hacer nada el Ministerio del Interior? ¿Y la Fiscalía?

ABC - Opinión

Democracia según ZP: tongo y pucherazo en las primarias. Por Federico Quevedo

Si, me voy a meter una vez más, y no será la última, con Rodríguez, así que si a alguien le molesta que se vaya a leer otra cosa, porque yo ya estoy harto de que se cuestione mi derecho a escribir de lo que me de la real gana. Dicho esto, y confiando –con pocas esperanza, es verdad- en que los apóstoles del Pensamiento Único me dejen hoy en paz, vamos a lo que vamos, que no es moco de pavo. El Partido Socialista, ese del que es secretario general Rodríguez Zapatero, espero que por poco tiempo ya, siempre ha tenido muy a gala lo de haber democratizado el proceso de elección de sus candidatos electorales a través de las primarias en las que son los militantes los que eligen a los cabezas de lista.

En sí misma la idea es buena y positiva, y se debería plantear su implantación. Nuestra democracia adolece precisamente de serlo en ese punto en la medida en que tanto las listas son cerradas como lo es la elección de sus integrantes: al menos por uno de esos dos caminos debería de oxigenarse el proceso democrático de elección de nuestros representantes en el Parlamento, bien abriendo las listas, bien abriendo el proceso de elección de los candidatos a través de primarias.


La realidad, frente a lo que el socialismo patrio nos presenta como un éxito democrático, es sin embargo bien distinta. Ayer se cerraron los plazos para presentar candidaturas avaladas que puedan competir en primarias. En Madrid, tanto Tomás Gómez como Trinidad Jiménez han obtenido avales suficientes. Nadie ponía en duda que iba a ser así, pero de entrada el proceso nace con enormes obstáculos para los aspirantes en la medida que se exige un número tan elevado de avales para poder competir que en algunas ocasiones resulta muy difícil conseguirlo, sobre todo si el aspirante no controla el aparato del partido, como le ha ocurrido a Antonio Asunción en Valencia.

Porque, seamos serios, ¿quién va a ser el guapo que avale a un candidato contra el aparato del partido, ante el riesgo de ser objeto de represalias? No hay que olvidar, primera muestra de la poca fe en la democracia interna que demuestra este proceso, que los avales son público y con nombre y apellidos. En el caso de Madrid, dado que a Gómez le respaldaba el aparato regional, y a Trini el nacional, era fácil que ambos consiguieran suficientes avales puesta que los firmantes siempre obtendrán un respaldo en caso de ser objeto de represalias de la otra parte.

Pero no ha sido así en el caso de Asunción, donde se ha puesto en evidencia hasta donde pueden llegar las malas artes y el estalinismo que practica el socialismo zapateril. Para ese viaje, no hacen falta esas alforjas, y el PSOE podría ahorrarse la farsa y la parafernalia de las primarias. Lo que ha ocurrido en Valencia, donde a Asunción se le han robado, literalmente, 200 avales para evitar su candidatura contra Jorge Alarte, a su vez candidato de la Dirección Nacional mandada por Leire Pajín, es un pucherazo en toda regla y la demostración palpable de que la fe en la democracia que tiene el partido de Rodríguez raya en lo obsceno.

Ni Alarte ni Pajín podían permitir que Asunción retara en unas primarias al primero, porque si bien es verdad que a la hora de conseguir avales se ha quedado muy justo, es más que seguro que en una votación secreta e impersonal como la que hubiera tenido lugar el 3 de octubre, el ex ministro hubiera barrido al actual secretario regional de los socialistas valencianos, el hombre que va a permitir, con el apoyo de Pajín, que el alcalde tránsfuga de Benidorm vuelva a las listas del PSOE, haciendo bueno el dicho de que el PSOE es un partido que “no tiene principios, solo tiene fines”.

Al pucherazo de Valencia hay que añadir la sospecha de ‘tongo’ en Madrid donde, inexplicablemente, Trinidad Jiménez ha conseguido en poco más de 24 horas 2000 avales que casi empatan con los presentados por Tomás Gómez. Lo cierto es que Rodríguez no se puede permitir el lujo de que su candidata pierda las primarias del próximo 3 de octubre, y Tomás Gómez ya debería saber a estas alturas que Ferraz va a hacer lo que sea, incluso saltarse a la torera las reglas del juego, para que eso no ocurra.

La sospecha de que, aunque sea con un ‘tongo’ como una casa, Trinidad Jiménez va a abrirse paso como candidata a la Comunidad de Madrid es cada vez mayor, y lo digo yo que hace menos de un mes daba por hecha su derrota. Pero Rodríguez se juega demasiado en ese envite, tanto como para actuar como una verdadera mafia que impida la victoria de Gómez. Dicen quienes de esto saben que cuando le propuso a Jiménez ser la candidata, Rodríguez le dijo: “Tu gana las primarias, que yo me ocupo de que ganes las elecciones en mayo”. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya lo saben: ahí está el Gürtel y otras amenazas de ese tipo, como el hecho de que a partir de ahora el Comisario JAG se haga responsable de las investigaciones que afecten a personalidades relevantes, que ya sabemos de que partido van a ser. Esto es Estado Policial, les guste o no.


El Confidencial - Opinión

Soplar y sorber. Por M. Martín Ferrand

Todo es consecuencia de que el líder planetario no aprendió en su más tierna infancia que «soplar y sorber no puede ser».

ELENA Salgado, más sutil en el vestir que en el decir, anunció ayer en el Congreso que el Presupuesto de 2011 introducirá «un pequeño ajuste para las rentas más altas». Un Gobierno que tiene acreditada su incapacidad para reducir el gasto público en algo más que en el sueldo de los funcionarios no puede hacer otra cosa que subir los impuestos y de eso es de lo que nos previene la vicepresidenta. Además, en alarde del insensato optimismo que inspira José Luis Rodríguez Zapatero a sus ministros, barruntó Salgado que los ricos pagarán gustosos más impuestos. Ignoro en qué fuentes bebe la ministra para llegar a esa conclusión; pero aquí, quienes pagamos, lo hacemos porque no nos queda más remedio. No está prevista, como debiera, una objeción de conciencia fiscal que nos permita a los contribuyentes establecer el depósito judicial de nuestros impuestos para evitar que sean aplicados a gastos que escapan de las competencias naturales del Estado y de sus Administraciones y, resignadamente, costeamos servicios que nos repugna financiar.

También Victorio Valle, director general de Funcas y economista solvente y acreditado, cree que es necesario subir impuestos para contener el déficit; pero, matiza, subirlos solo a los ricos no resolverá el problema de los ingresos y son, solo, «ganas de molestar». También, según el sabio que anida en la Fundación de las Cajas de Ahorros, es una «imbecilidad» la tasa bancaria que Zapatero anunció en Nueva York. Todo es consecuencia de que el líder planetario, el hombre que defiende a los parias de la tierra por la noche y a la mañana siguiente se desayuna con los tiburones de Wall Street, no aprendió en su más tierna infancia que «soplar y sorber no puede ser». O lo uno o lo otro. Mientras la Administración mantenga una doble red de televisiones públicas que nos cuestan un Congo, permita la existencia de millares de liberados sindicales que rebajan la cuota de productividad nacional, financie espectáculos que ni tan siquiera demandan los ciudadanos y, por no alargarnos y al margen de la retribución de funcionarios, esté en condiciones de reducir cerca de un veinte por ciento del Presupuesto sin que se enteren más que sus directos beneficiarios será improcedente subir los impuestos. A los ricos o a los pobres. La mitad de los contribuyentes declaran ingresos anuales de 15.000 euros o menos y solo el 4 por ciento declaran por arriba de los 60.000 euros. Es una vaca que tiene muy poco que ordeñar porque con más de 600.000 euros de ingresos solo hay un 0,1 por ciento que ya aportan más del 4 por ciento del total de la recaudación. Ahora toca soplar, no sorber.

ABC - Opinión

Galicia. El vivero del nacionalismo. Por Cristina Losada

Las escuelas son, desde hace años, el vivero del nacionalismo. Allí intenta moldear las mentes, cultivar a sus alevines y forjar a sus camisas pardas, las fuerzas de choque que intimidan y agreden a los disidentes.

Uno manda a sus hijos al colegio con el fin de que obtengan conocimientos y lo que obtienen es la bandera del BNG y de cuanto grupúsculo mora en la caverna nacionalista. Con ese estandarte, los niños se pasearán por una manifestación o por un correlingua en el curso del cual se representará una obra de teatro que trata de "renegados" a los gallegos castellanohablantes. Los progenitores aún estarán de suerte si sus criaturas no acaban de público en un recital destinado a reclamar la libertad de unos individuos presos por colocar una bomba. De ese tenor son las actividades extraescolares que se llevan a cabo en centro públicos gallegos bajo la comandancia de los Equipos de Normalización Lingüística. Así se observa, sin trampa ni cartón, en la documentación reunida por Galicia Bilingüe.

Las pruebas son incontestables. Los profesores que imparten la invasiva Formación del Espíritu Nacional no ocultan lo que hacen, sino que lo exhiben, carentes de pudor alguno, en las páginas web de los centros. Cuesta llamarlos profesores. Son indignos de tal nombre y de tal cargo unos funcionarios públicos que utilizan su ascendiente sobre unos menores de edad para inducirlos a comulgar con su ideología y acarrearlos a actos de signo político. No sé a qué espera el gobierno autonómico para abrir una investigación propia y expedientar a tan descarados adoctrinadores. Mejor no saberlo. Dos de los Equipos más significados en la innoble pedagogía del odio recibieron sendos premios de la Consejería de Educación hace poco. Se trata de galardones a la innovación. Incitar al lanzamiento de cócteles molotov, publicitar a grupos filoterroristas o pedir el voto para el BNG son, desde luego, innovaciones, pero de las que pervierten el espíritu y la letra de la enseñanza.

Las escuelas son, desde hace años, el vivero del nacionalismo. Allí intenta moldear las mentes, cultivar a sus alevines y forjar a sus camisas pardas, las fuerzas de choque que intimidan y agreden a los disidentes. La desfachatez, la absoluta normalidad con la que se desarrolla el proceso de adoctrinamiento, indica que sus autores se sienten impunes. Y con razón. Sólo los gobiernos del PP podían rechistarles y siempre tuvieron a bien renunciar. Gracias a la proverbial agudeza política de la derecha, la enseñanza gallega es territorio en poder de los fanáticos.


Libertad Digital - Opinión

Servicios mínimos

Para garantizar el éxito de una huelga general se necesitan tres cosas: piquetes, piquetes y piquetes.

PARA colapsar un país en una huelga general se necesita sobre todo bloquear los transportes, y luego cerrar las escuelas y los comercios. Es decir, resultan imprescindibles tres cosas: piquetes, piquetes y piquetes. No necesariamente violentos —la violencia sería la puntilla del desprestigio sindical—pero sí coactivos y con suficiente visibilidad intimidatoria. Inmovilizando los metros, las redes de cercanías y los autobuses e inyectando silicona en las cerraduras de bancos, colegios y tiendas se consigue el efecto de un cierre completo a primera hora —quizás amplificado con el fundido en negro de Telemadrid y alguna otra tele pública— que permita proclamar desde bien temprano el triunfo de la convocatoria. Lo que ocurra después, la lenta recuperación de una relativa normalidad a lo largo de la jornada, carece de importancia ante la impresión inicial de los informativos, que es la que prevalecerá entre la guerra de cifras y porcentajes propia de esta clase de negocios. Es el impacto primerizo y mañanero en los grandes núcleos metropolitanos lo que garantiza el éxito de un paro de grandes dimensiones.

Las huelgas no son una demostración de convicción argumental sino un ejercicio de fuerza. Lo que los convocantes pretenden mostrar es su musculatura organizativa para detener la vida de un país, y en ese desafío se juegan su razón de ser incluso en una cita tan poco motivada como la del día 29, llena de titubeos, mala conciencia y medias tintas que ponen de relieve la falta de fe de sus promotores y sus dudas ideológicas y estratégicas. Es una huelga de boca pequeña, en la que las centrales no desean la derrota completa del Gobierno amigo y hasta hace unos meses aliado, y éste tampoco está por la labor de propiciar un fracaso sindical absoluto que deje descosida a su principal red de apoyo social. Pero los sindicatos se juegan mucho más que nadie; su predicamento está tan desgastado que una desmovilización patente acabaría con cualquier posibilidad de influencia a medio plazo sobre la vida laboral y política española.

En una circunstancia así, los servicios mínimos son papel mojado porque no ofrecen ninguna seguridad. Si el Gobierno cumple su responsabilidad de hacerlos respetar, sobre todo en los transportes, el paro no alcanzará el 40 por 100 de la población trabajadora, que en su mayoría no parece dispuesta a secundar una iniciativa que no entiende. Si por el contrario el poder consiente el bloqueo de las comunicaciones y hace la vista gorda ante los piquetes permitirá salvar la cara a sus hermanos separados con un día de relativa hegemonía en la calle. Es la hipótesis más probable, un quid pro quotácito, un pacto implícito de no agresión mutua: ni demasiada rigidez por una parte ni excesiva pasión rebelde en la otra. El miércoles será, de todos modos, un día histórico para las relaciones laborales: el único del año en que los liberados trabajen.


ABC - Opinión

Servicios mínimos. Por Ignacio Camacho

IRPF. El impuesto de los ricos. Por José García Domínguez

Los en verdad ricos, al modo de la nobleza y el alto clero de entonces, tornan a estar exentos de contribuir merced a la muy graciosa bula de las Sicav; las manos muertas, rentistas y afines, apenas corren con el preceptivo diezmo, y gracias.

Al fin, parece que el Gobierno se ha decidido a recuperar un clásico de la demagogia populista de cualquier tiempo y lugar: la gabela punitiva contra los ricachones. Mera pirotecnia tributaria, huelga decir. Puro fuego de artificio fiscal sin capacidad recaudatoria efectiva. Apenas simple carnaza retórica al exclusivo servicio del resentimiento social. Aunque por ello mismo, un recurso siempre eficaz en tiempos de zozobra. Al punto de que ni siquiera Franco, el espejo donde ahora se mira Zapatero, sería capaz de huir a sus dulces encantos propagandísticos.

Y es que, una vez desnudo de la charlatanería solidaria de rigor, no otra cosa ha de ser ese nuevo recargo, el que va a gravar a "los más pudientes", en cursi eufemismo tan marca de la casa. Un sucedáneo socialdemócrata, pues, del difunto impuesto de lujo. Recuérdese, aquel peaje a la revolución pendiente que estaban llamados a costear con unas pesetillas cuantos quisieran mercar un yate o un Mercedes en la España del desarrollismo. Al igual que su epígono zapateril, un gesto hacia la galería completamente inane a efectos hacendísticos. Algo muy coherente, por lo demás, con la nueva doctrina impositiva del PSOE, ahora inspirada en una lectura insólita de San Pablo. Al cabo, si el de Tarso sentenció: "El que no trabaje, que no coma", Zapatero, más sensible a los reclamos de la clase ociosa, ordenaría en 2007: "El que viva de rentas, que no pague el IRPF".

De ahí la dualidad moral que rige en el impuesto; a saber, el trabajo, esa maldición divina, se castiga con una escala progresiva susceptible de reptar hasta el 43 por cierto. Sin embargo, las rentas del capital, ingresos limpios de mácula metafísica, resultan premiadas con un tipo del veintiuno. Toda una lección de progresismo en versión Dolce & Gabbana. Curioso viaje de vuelta al Antiguo Régimen con parada y fonda en el despotismo iletrado de Fernando VII. Los en verdad ricos, al modo de la nobleza y el alto clero de entonces, tornan a estar exentos de contribuir merced a la muy graciosa bula de las Sicav; las manos muertas, rentistas y afines, apenas corren con el preceptivo diezmo, y gracias; el tercer estado, en fin, carga con el peso todo del erario. Otra vez. Curioso viaje, sí, a ninguna parte. Y encima con recochineo peronista.


Libertad Digital - Opinión

El cuidador de ETA

Usabiaga fue puesto en libertad cuando volvían a oírse las patrañas de que había que ayudar a los «moderados» del mundo batasuno a hacerse con el control de la izquierda abertzale.

EN abril pasado, Garzón puso en libertad al dirigente proetarra Rafael Díaz-Usabiaga porque tenía que cuidar de su madre, en supuesta situación de dependencia. En el auto, Garzón advertía de que se consideraría reincidencia delictiva «cualquier participación o actuación relacionada con el complejo terrorista liderado por ETA». De poco sirvió que todas las evidencias apuntaran a un auténtico fraude procesal y un engaño a la Justicia. Usabiaga fue puesto en libertad cuando volvían a oírse las patrañas de que había que ayudar a los «moderados» del mundo batasuno a hacerse con el control de la izquierda abertzale. ABC trae a portada la prueba de que Usabiaga, cuide o no de su madre, sí ha retomado sus andanzas filoterroristas. En la foto, del día 4 de este mes, aparece en un acto de «Adierazi EH», títere proetarra al que la Audiencia Nacional prohibió una manifestación. Ya está tardando la vuelta de Usabiaga a prisión.

ABC - Editorial

Impuesto electoralista

Al fin parece que el Gobierno tiene decididos los retoques fiscales en los próximos Presupuestos Generales del Estado, después de meses de elucubraciones, amagos y rectificaciones. El Gobierno planea crear un nuevo tramo de IRPF de entre el 45% y el 47% para las rentas superiores a los 120.000 euros, es decir, al menos un par de puntos porcentuales más que el actual tipo marginal máximo del 43%. Rodríguez Zapatero había repetido en varias ocasiones que los españoles con más ingresos deberían hacer un esfuerzo mayor para contribuir a salir de la crisis. La realidad es que la subida del IRPF planteada afectará a unos 170.000 contribuyentes, el 1,14% del total de declarantes, según las estimaciones más recientes de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda . En términos de recaudación, la aplicación de un tipo marginal del 45% supondría un montante adicional de 435 millones de euros. Si el nuevo tipo fuera del 47%, la cifra sería de 990 millones. La utilidad, por tanto, de la subida no se puede calibrar en función de su contribución al equilibrio de las cuentas públicas ni del alivio del ajuste fiscal impuesto por las autoridades comunitarias. A diferencia de lo que predica el Gobierno, no hay un argumento sólido para sostener que esta vuelta de tuerca a las rentas más altas tenga un motivo económico. Es, por supuesto, político. Con una huelga general a la vuelta de la esquina y una sangría de apoyos en sus bases tradicionales por los recortes del Estado de bienestar más importantes de la democracia, el Ejecutivo quiere recuperar terreno por la izquierda con este movimiento táctico que, sin embargo, envía un mensaje nocivo a los mercados y a la sociedad. Las subidas de impuestos disuaden a los inversores, retienen el consumo y traban la actividad económica. No son útiles en momentos de crisis ni desde luego simpáticas, por mucho que la vicepresidenta Elena Salgado esté convencida de que las personas con mayor capacidad están encantadas de realizar un esfuerzo para contribuir a la reducción del déficit, como comentó ayer en el Congreso para recriminar al PP que no se sumara con igual entusiasmo a la subida de impuestos. Pero bromas de ministra aparte, lo cierto es que la política económica del Gobierno socialista sigue arrastrando sus pecados originales, por mucho que se hayan emprendido a regañadientes y bajo la presión de nuestros socios comunitarios y de Estados Unidos unas reformas que son insuficientes. El problema no es que tal o cual medida sea o no progresista, sino que responda con eficacia a un escenario crítico y que dé resultados. No es el caso de la concatenación de parches de este Gobierno, sumido en la improvisación y en la resistencia a asumir la realidad tal y como es. Con el debate de los impuestos, se ha vuelto a generar desconfianza. El PSOE ya los subió y no poco –IVA e impuestos especiales, entre otros– con el resultado conocido, y ahora exprimirá más a unos miles de ciudadanos para que su imagen mejore entre las bases. Se equivocó antes y lo hace ahora. Una economía que arrastra cuatro millones y medio de parados necesita incentivos y estímulos, no lastres ni castigos.

La Razón - Editorial

Tránsfugas al poder

El aval de los socialistas al alcalde expulsado de Benidorm estimula esta práctica fraudulenta

Los socialistas de Valencia parecen dispuestos a consumar la ruptura del Pacto Antitransfuguismo que el PSOE firmó hace cuatro años con el resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario. El alcalde tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro, ha sido propuesto por los socialistas como candidato a la alcaldía, ahora con la etiqueta de independiente. Le ha dado su aval Jorge Alarte, líder del partido en Valencia, el mismo que hace un año defendió enérgicamente el Pacto Antitransfuguismo y promovió la expulsión de Navarro y los concejales que le auparon a la alcaldía benidormense (entre ellos la madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín).

Este movimiento es de una enorme gravedad. Todos los partidos políticos han sido víctimas alguna vez del transfuguismo. De ahí el acuerdo alcanzado entre ellos en 1998, que se convirtió en un más solemne Pacto Antitransfuguismo en 2006. Pacto no menos solemnemente ignorado luego, destacando en ello el PP, tanto por el número de casos como por el surtido de coartadas empleadas para justificarlo. Precedentes que en ningún caso podrían justificar la actitud de los socialistas en Benidorm con el amparo de más altas instancias.


Ante las críticas por su cambio de actitud, Jorge Alarte ha reclamado la destitución de los alcaldes populares de otros municipios de la provincia que, como Navarro, alcanzaron el puesto con votos tránsfugas. Pero condicionar la decencia propia a la de los demás vacía de sentido el discurso de los socialistas valencianos de que el transfuguismo, además de ser un fraude a los electores, esconde corrupción urbanística. Si los 12 concejales que auparon a la alcaldía a Navarro hace un año merecieron la expulsión por vulnerar el Pacto Antitransfuguismo, ¿no la merecen ahora los que avalan retrospectivamente aquella decisión?

Pero el caso de Benidorm está cargado de simbolismo y su onda expansiva sobrepasa los límites de la Comunidad Valenciana. En este enclave turístico de 70.000 habitantes, especulación urbanística y transfuguismo tienen una larga tradición. A comienzos de los años noventa, el futuro dirigente popular Eduardo Zaplana inició su carrera alcanzando la alcaldía de la localidad gracias a un voto tránsfuga.

El episodio de hace un año ya salpicó a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Sus enemigos la acusaron entonces de haber salvado la cara con unas expulsiones cuyo alcance real se vería cuando llegaran las elecciones. La sospecha de que los 12 serían readmitidos en las listas no se ha verificado, pero el indulto implícito concedido a quien los encabezaba al designarle como candidato indica que aquella indignación era provisional. Si el PSOE imita lo que considera inaceptable en el PP, ambos partidos no solo renuncian a lo que pactaron sino que dejan el camino abierto para que los tránsfugas escalen con impunidad el camino que lleva al poder.


El País - Editorial

Venderse al PNV para endeudar a los españoles

Este apaño con el PNV servirá, para más inri, para sacar adelante unos presupuestos que, con toda probabilidad, nos llevarán a un mayor déficit y endeudamiento.

Lejos de buscar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 mediante propuestas que las demás fuerzas políticas puedan considerar adecuadas para la recuperación económica, el Gobierno de Zapatero ha optado por tirar de chequera cuando ni siquiera ha presentado un esbozo de sus cuentas para el año que viene. Así, el PSOE ya ha cerrado un acuerdo con el PNV por el que, según ha explicado el propio presidente de esta formación separatista, se transferirán 472 millones de euros al País Vasco destinados supuestamente a la gestión de las políticas activas de empleo en las que se incluye bonificaciones a las empresas en sus cuotas a la seguridad social.

Al margen de que la cantidad acordada permitirá al País Vasco, con una de las tasas de paro más bajas de España, contar con un capital muy superior al del resto de autonomías que tienen transferidas las políticas activas de empleo (todas salvo Ceuta y Melilla), este apaño con el PNV servirá, para más inri, para sacar adelante unos presupuestos que, con toda probabilidad, nos llevarán a un mayor déficit y endeudamiento. Y esto es así porque Zapatero ya ha demostrado que no va a recortar más el gasto de la administración central, municipal, ni muy especialmente el de la desbocada administración autonómica. En lugar de ello, el Gobierno pretende equilibrar estérilmente las cuentas con nuevas subidas de impuestos. De hecho, la ministra de Economía acaba de plantear una demagógica y contraproducente subida del IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros que tendrá insignificantes efectos recaudatorios, dado el escaso número de contribuyentes que alcanzan esos niveles. Así, esta demagógica medida fiscal no será más que la antesala de una generalizada subida de impuestos, tal y como ya han advertido las Cajas de Ahorro y tal y como ya ha empezado Zapatero a justificar debido a las "circunstancias".

Y es que cuando un gobierno manirroto no está dispuesto a reducir más los gastos de las distintas administraciones ni tampoco a acometer ninguna reforma estructural, empezando por una auténtica reforma laboral que estimule la creación de empleo, la única salida que tiene para tratar de convencer a propios y extraños de que va a equilibrar sus cuentas es anunciando nuevas subidas de impuestos. Una medida que, además, dado su efecto negativo sobre el crecimiento económico, no minorará el déficit.

Y en estas estamos, con un Gobierno que sigue de la mano de los nacionalistas haciendo transferencias en competencias que debería conservar la administración central para sacar adelante unos presupuestos que abocarán a los españoles a una mayor presión fiscal sin evitarles un mayor endeudamiento. Lo que sea por seguir en el poder.


Libertad Digital - Editorial

El per de la memoria histórica

Indemnizar a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico.

LA decisión de la Junta de Andalucía de indemnizar con 1.800 euros a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo entre 1936 y 1950 trasciende cualquier límite establecido hasta ahora en el debate sobre la memoria histórica y reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico. A pocos meses de las elecciones municipales y con las encuestas anunciando un vuelco electoral histórico en Andalucía, el Ejecutivo de José Antonio Griñán se lanza por la pendiente de la demagogia y da otro paso más en la manipulación del dolor de las víctimas republicanas de la Guerra Civil. Es, en efecto, una manipulación por el momento político elegido y por el planteamiento puramente económico de la reparación. Además, consciente del destiempo con que se toma esta medida, la Junta prevé que las humillaciones —corte de pelo al cero, exposiciones públicas, ingesta de ricino...— puedan ser probadas, seis o siete décadas después, mediante declaraciones juradas de la víctima, lo que garantiza conflictos legales e incluso fraudes, pese a la existencia de una comisión que se encargará de valorar las peticiones de indemnización.

La Junta ha actuado en este asunto de manera arbitraria, sin apoyarse en una demanda social concreta que lo justifique, ni falta que le hacía ante la motivación oportunista de la medida. Hay ya suficientes normas sobre la reparación de las víctimas como para amparar en ellas esta medida. El problema no es su coste económico ni las controversias legales que puede suscitar, sino la visión que encierra sobre la sociedad andaluza y su relación con el poder político, una relación sustentada por el subsidio, la subvención y, en general, el gasto público que haga falta para alimentar las redes de dependencia clientelar que tanto han hecho por mantener la hegemonía socialista, ahora en peligro ante el avance del Partido Popular. Es lamentable que la respuesta del Ejecutivo socialista de Griñán ante este desafío histórico que le plantean los andaluces con un probable cambio de gobierno —que tendría en las municipales su primer capítulo— consista en reincidir en métodos que explican el estado político de Andalucía. No es un plan de incentivación del empleo, ni de excelencia educativa ni de lucha contra el fraude en el PER. Lo que se le ocurre a la Junta de Andalucía es poner precio al sufrimiento, como antes se ponía precio al hambre.

ABC - Editorial