martes, 6 de julio de 2010

Atajos de Moncloa. Por Valentí Puig

Es inaudito y alarmante que un presidente de Gobierno se ofrezca a buscar atajos a una sentencia.

UNA de las gestas más asombrosas en el periplo del Zapatero gobernante habrá sido ofrecerle a la Generalitat un redondeo de la sentencia del Tribunal Constitucional. A diferencia del cotidiano redondeo del euro, que cuenta con el euro, ese otro redondeo tiene que hacerse totalmente al margen del Tribunal Constitucional. Es decir, al margen de todo. Es inaudito, alarmante y descorazonador que un presidente de Gobierno se ofrezca a buscar atajos a una sentencia que en realidad no tiene que ser sino acatada. Tras la sentencia, la instrumentalización por ley orgánica es como practicarle la cirugía estética a la estatua de Colón.

¿Cómo es posible que Zapatero pueda pensar en vías alternativas que incumplirían los fundamentos de la arquitectura constitucional? Sencillamente: se lo reclama Montilla, al tiempo que se suma a una manifestación de repudio a la sentencia, después de haber ejercido todo tipo de presión para que el Tribunal Constitucional simplemente dijera que sí a todo, a todo lo que quería el tripartito que preside Montilla.

Existe un emocionalismo ciertamente previsible en la respuesta de la política catalana a la sentencia del «Estatut». En el nacionalismo catalán las dosis de sentimentalidad son agitadas periódicamente, incluso en detrimento de aquella racionalidad que es el rasero mínimo del pluralismo. Según la circunstancia histórica, eso luego resultan ser falsas expectativas, brotes fugaces, chascos que se disimulan y un desgaste cuantioso del posibilismo histórico.

Uno de los mitos de tanto emocionalismo es la «unidad de las fuerzas políticas catalanas». Ya se verá que estos estados de ánimo colectivo presuntamente insatisfecho duran lo que duran. Los derrames de emocionalismo, por estricto sentido de la realidad, topan al final con el quehacer de las cosas, con el instinto de estabilidad que en fases de máxima tensión ha acabado por imponerse en virtud de la naturaleza histórica de la sociedad catalana. Esta vez topan con la coyuntura económica, con un deterioro quizás terminal del «Establishment» político catalán, la tentación abstencionista, la pérdida de autoestima y un cierto abandonismo de la capacidad crítica de la opinión pública, singularmente aguzada cuando se trata de España y tan roma cuando lo que falla es la Cataluña política.

De hecho, ¿para qué esperar tanto la sentencia del TC si al final todo podía resolverse con un atajo? Por el camino se han gastado reservas impensables de energía colectiva. La dinamo de la vida pública catalana va a tardar mucho en funcionar como en sus buenos tiempos. Todo eso lleva a pensar que, una vez más, estamos ante un amago, ante una escenificación. Aunque hemos visto de casi todo, las aguas acaban por calmarse. Claro que eso no reduce la irresponsabilidad ingente con que Zapatero ha rematado su faena del «Estatut». La posibilidad de extraviarse en un atajo tiene muchos precedentes. Para evitar eso han existido y existirán las sendas constitucionales. A saber si en uso de esos atajos no acabará Zapatero viendo hundido el socialismo en Cataluña.


ABC - Opinión

Crisis. Por qué puede suspender pagos España. Por Emilio J. González

Al Estado le va a resultar cada vez más difícil atender al pago de los intereses y el principal de tanta deuda como está emitiendo. Los mercados lo saben y por eso exigen tipos de interés cada vez mayores en cada nueva subasta de deuda.

sto no es sólo cuestión de voluntad política, que lo es, sino también, y sobre todo, de números –de esos cálculos que hacen los inversores internacionales–, que llevan a concluir que, en algún momento, España puede suspender pagos por mucho que el Gobierno se desgañite tratando de convencerles de todo lo contrario. ¿Qué hay en la economía española para que el peligro del default sea una posibilidad que preocupe cada vez más a los inversores internacionales? Veámoslo paso a paso, empezando por las cuentas públicas que, en última instancia, es donde está buena parte del meollo de la cuestión.

En estos momentos, España se encuentra en esa situación que los economistas definen como de crecimiento explosivo de la deuda. Esto se produce cuando los tipos de interés reales son superiores a la tasa de crecimiento real de la economía y el déficit público sobrepasa el 1% del PIB. En este caso, el crecimiento económico no es capaz de aportar ni siquiera los recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda, lo cual genera más déficit presupuestario y más emisiones de deuda que incrementan la partida de los intereses y así sucesivamente. En este sentido, cuanto mayor sea el déficit, cuanto mayor sea la deuda acumulada en circulación y/o cuanto mayor sea la diferencia entre los tipos de interés reales y la tasa de crecimiento de la economía, más explosivo es el incremento de la deuda. En España se dan estos tres factores y, además, dos de ellos con especial intensidad. Por un lado, el déficit público estimado para este año por los analistas privados volverá a tener dos dígitos; por otro, se espera una caída del crecimiento económico del 0,6% frente a unos tipos de interés del 2,3% para las letras del Tesoro a un año, lo que, con una inflación prevista para junio del 1,3% da un tipo de interés real del 1%. Si tomamos el bono a diez años, la situación es mucho peor porque su tipo de interés es, en estos momentos, del 4,5% y, en términos reales, del 3,2%. Es decir, que el crecimiento económico dista mucho de proporcionar los recursos necesarios para pagar esos intereses y, encima, la financiación del déficit sigue metiendo más y más presión en los mercados.

En este contexto, lo que habría que hacer es poner en marcha tanto un programa de recorte drástico del gasto público, con el fin de reducir el déficit lo antes y lo más posible, como otro de impulso al crecimiento económico para que la propia dinámica de la actividad productiva, unida al saneamiento de las cuentas públicas, frenen en seco el crecimiento explosivo de la deuda. Este es el primer punto para evitar la suspensión de pagos de España por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que, con la situación descrita en el párrafo anterior, al Estado le va a resultar cada vez más difícil atender al pago de los intereses y el principal de tanta deuda como está emitiendo. Los mercados lo saben y por eso exigen tipos de interés cada vez mayores en cada nueva subasta de deuda. Pero esto tiene un límite porque a partir de cierto punto, es decir, de tipos de interés entre el 5% y el 6%, aproximadamente, los mercados consideran que, por mucho que se esfuerce el país, no podrá atender a esos pagos y, a partir de ahí, los tipos de interés empiezan a subir como un cohete y el Gobierno no puede colocar más deuda. Esto no es sólo una cuestión teórica, sino que es lo que pasó con Grecia, escenario al que España se va aproximando. Y si el Estado suspende pagos, toda la economía española puede ir detrás.

El segundo motivo es que, aunque al menos en un principio no se llegue a esa situación más propia de Argentina que de un país del nivel de desarrollo que había alcanzado España, la financiación de tanto déficit y tanta deuda absorbe casi todos los recursos para la financiación al sector privado, sin la cual difícilmente se recuperará y podrá contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y, a través de ellos, a aportar los impuestos necesarios para atender las obligaciones de pago del Estado español. Por tanto, la solución al problema empieza por sanear las cuentas públicas rápidamente y por tomar las medidas necesarias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, empezando por la reforma laboral. Hechas estas dos cosas, la propia dinámica de la economía permitirá que el sector privado vaya pagando poco a poco sus deudas y, de esta forma, se evita la suspensión de pagos de España.

Dicho todo esto, queda claro que, hoy por hoy, se sabe perfectamente lo que hay que hacer. El problema es cuando llega la hora de aplicar las recetas. El primero que se resiste es el propio Gobierno. Zapatero quiere seguir gastando lo que tiene y lo que no tiene y mientras persista en él esta actitud, no habrá nada que hacer. Si fuera un político sensato, a estas alturas le habría metido al gasto público un tajo de no menos de 60.000 millones de euros entre eliminación de subvenciones y programas de gasto innecesarios y los tímidos recortes que ha puesto en marcha. Pero como él quiere seguir a lo suyo, estamos en la que estamos a pesar de que los números avisan de los riesgos financieros que corre el país. Y lo mismo cabe decir en cuanto a las reformas, por ejemplo la del mercado de trabajo. Y es que, por desgracia, ZP sólo actúa cuando los mercados le meten miedo, pero una vez pasado el susto, se crece y vuelve a las andadas, como acabamos de ver con el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno o con la resistencia manifestada por éste a aplicar los recortes tan intensos en el gasto público que exigía Bruselas a cambio de la ayuda a España por parte de la Unión Europea. Y por si no bastara con ello, encima tenemos los sindicatos que tenemos, demostrándolo con la huelga política y salvaje en el metro de Madrid, y con una clase política enzarzada en la disparatada cuestión de Cataluña, cuando las circunstancias actuales exigen dejarla de lado y concentrar todos los esfuerzos y todo el potencial de este país en superar la grave situación socioeconómica que estamos sufriendo. Por eso no es de extrañar que sean cada vez más los analistas que piensen que, en un momento u otro, España va a suspender pagos. Y es que nuestros políticos y nuestros sindicatos están haciendo todo lo posible para que así sea.


Libertad Digital - Opinión

La brújula moral. Por Hermann Tertsch

Cada vez está más claro que peor que la incompetencia de este Gobierno es que no tiene brújula moral.

¿POR qué les gustará tanto a nuestros gobernantes socialistas erigirse en abogados defensores de las peores causas? ¿Qué fallo tienen en su brújula moral todos los que desde nuestro Gobierno siempre están dispuestos a defender a tiranías frente a las exigencias de las democracias «normales»? Más aún: ¿tienen siquiera brújula moral quienes, más allá de su fracaso económico y gestor, sólo tienen en la agenda una cultura de la muerte, de exaltación del aborto y la eutanasia, la agitación del odio de unos españoles contra otros y la defensa a ultranza de las peores dictaduras de la tierra? Preguntas pertinentes. Busquemos respuestas. La cultura de la muerte quiere imponer a la sociedad un desprecio a la trascendencia del ser humano que nos despoje a todos de nuestro carácter único como personas, de nuestra percepción de nosotros mismos como criaturas sagradas a los ojos de Dios y de los hombres. Esa es la guerra fundamental, no los crucifijos aquí o allá, contra los principios religiosos y culturales del cristianismo y del judaísmo que nos quieren extirpar. Una sociedad que cree prescindible a todo ser humano que pueda causar una molestia —y lo liquida— es una sociedad de cerviz quebrada. El Estado regala derechos para matar a los más débiles, nonatos o ancianos. Y despoja a sus súbditos de la fuerza moral para exigir el respeto al individuo por su carácter único y sagrado. El aborto puede ser admisible para evitar un drama humano. No la aceptación de la muerte como método anticonceptivo.

Otros hechos dicen mucho de la brújula moral de nuestro Gobierno. El presidente del Gobierno recibía como amigo del alma al presidente de Siria, Bassar el Assad, quien hace unas semanas formó con el venezolano Hugo Chávez una alianza para combatir a EE.UU. e Israel y apoyar al radicalismo antioccidental del presidente de Irán, Ahmadineyad. Como ven, buena compañía. Ayer se quejaban nuestros servicios secretos porque Israel ha dejado de suministrar a España datos para la lucha contra el terrorismo islámico. Cabe pensar que Israel no tiene excesivo interés en compartir los datos con los amigos de España, dictaduras enemigas declaradas de su existencia. Y el ministro Moratinos se nos fue a Cuba. En su vergonzoso papel de abogado de la dictadura ha logrado que la UE le dé tres meses de plazo antes de renovar la política de sanciones —leves— cuyo objetivo es recordar que Europa diferencia entre dictadura y democracia. Que tiene brújula moral. Zapatero y Moratinos están en contra. Moratinos ha anunciado que no visitará al preso Fariñas, que agoniza en huelga de hambre, para evitar «fotografías oportunistas». Náuseas produce la excusa. Allá va Moratinos a ver si se puede apuntar como propio un posible éxito de la Iglesia Católica en negociar la liberación de algunos presos. Más náuseas. Cada vez está más claro que peor que la incompetencia de este Gobierno es que no tiene brújula moral. Y quiere romper la de todos nosotros.

ABC Opinión

Estatuto. Y ahora, la nación de Breogán. Por José García Domínguez

Un 90% de los hijos putativos de Breogán optó entonces por abstenerse; al punto de que Avelino Pousa, histórico dirigente del Partido Galleguista, confiesa en sus memorias que recurrieron al "santo pucherazo" con tal de poder alumbrar la autonomía.

Si de mí, que soy hijo y nieto de gallegos, dependiera, el inminente Estatuto de Galicia incorporaría a modo de preámbulo aquella canción que Brassens dedicó a todos los idiotas que son felices por haber nacido en algún lugar. Pero los socialistas, que como es fama descienden de André Breton, preferirían consagrar el preambuliño a la gloriosa "nazón de Breogán". Y así lo acaba de manifestar su nuevo cuadillo pedáneo, un Pachi Vázquez al que Dios confunda. De tal guisa, fulminantes, los efectos secundarios de la sentencia del Estatut ya amenazan con desplazan el foco de la acción del drama a la comedia bufa.

Y es que ese asunto podría tener viabilidad lógica como marca de algún sucedáneo del lacón con grelos, al modo de ciertas fabadas asturianas en conserva. Pero en tanto que fuente de legitimidad tribal, la nación de Breogán posee idénticas credenciales históricas que la flauta de Bartolo, la navaja de Ockham o la trompa de Eustaquio. Unamuno, que tan bien conocía el percal celtíbero, solía repetir que el galleguismo es como uno de esos trajes regionales que cuando van desapareciendo los visten los señoritos en Carnavales. E indicio de que no andaría muy equivocado es el apoyo en las urnas que cosechó el primer Estatuto, el de 1936. Un noventa por ciento de los hijos putativos de Breogán optó entonces por abstenerse; al punto de que Avelino Pousa, histórico dirigente del Partido Galleguista, confiesa en sus memorias que recurrieron al "santo pucherazo" con tal de poder alumbrar la autonomía.


Después, en 1980, arribaría un segundo referéndum, el de la anhelada recuperación del autogobierno. Resultado: el setenta por cien de la "nazón" se volvió a quedar en casa. Entusiasmo particularista no muy lejano al actual, por cierto. De ahí que, tozudas, todas las encuestas del CIS certifiquen que más de tres cuartas partes de los gallegos se consideran una simple región de España. Aunque, puestos a aberrar, mejor que transcriban en el BOE lo que el genuino padre del invento, Castelao, sentenciara en Sempre en Galiza: "La teoría de Stalin sobre el problema nacional concuerda, en absoluto, con los sentimientos permanentes de Galicia, traducidos en palabras que el pueblo gallego supo pronunciar por boca de los galleguistas". Sea.

Libertad Digital - Opinión

El arte de perder el tiempo. Por M. Martín Ferrand

Rodríguez Zapatero es un virtuoso del aplazamiento y la dilación. No pierde el tiempo, lo despilfarra

UN hombre de provecho, cabal y responsable, no debe perder el tiempo y ha de tratar de sacarle partido, en el disfrute de sus devociones y en el cumplimiento de sus obligaciones, a todos los minutos del día. Tan sabio principio tiene su excepción en la política, donde nada suele ser lo que parece y todo tiende a parecer lo que no es. José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, es un virtuoso del aplazamiento y la dilación. No pierde el tiempo, lo despilfarra, y esa es la principal herramienta con que construye su permanencia en La Moncloa. Cualquier otro menos dotado para esas mañas ya tendría en la pechera la marca del ex, no hubiera renovado su condición presidencial en las últimas legislativas y estaría hoy, si creyente, en el Císter o, si agnóstico, en el ostracismo.

Estos últimos días han sido fatales para Zapatero. El final de su semestre como presidente de la UE, al que la iluminación de una devota profesional auguró como éxito planetario, aportó el ridículo de un paupérrimo balance y, a mayor abundamiento, coincidió con él la sentencia del TC sobre el Estatut que le pone en evidencia como promotor del problema y elemento disociador del todo histórico del PSOE en, por lo menos, dos fracciones de difícil recomposición. No importa. El prometedor futuro de la Selección Española de Fútbol acudió en su ayuda y, en su condición de «ministro del Deporte», atrajo hacia su propia imagen parte de la gloria que les corresponde a Vicente del Bosque y a sus animosos muchachos.

El aplazamiento del debate político sobre la difícil situación por la que atravesamos, a la que no son ajenos la torpeza gubernamental, su incapacidad para haberla prevenido y su desconcierto para atajarla, le presta al presidente un alivio hasta, por lo menos, el debate sobre el estado de la Nación. Una semana de calma es una eternidad en el proceloso ambiente que, sometido a tensiones centrífugas y huelguistas, marca la situación. Zapatero, que tiende a creer sus propias mentiras, parece estar convencido de que tenemos en marcha, además de una remodelación del sistema de pensiones, una reforma laboral y otra del sistema financiero. Con eso espera salir adelante en su debate pendiente. Como contraste, en cabildeo con los suyos, Mariano Rajoy nos ofrece «sentido de Estado» frente a la «frivolidad» del presidente del Gobierno. Eso está muy bien; pero alguien de su proximidad, de su confianza no parece posible, debiera recordarle que, puestos a perder el tiempo con declaraciones evanescentes, sale ganando —como en el boxeo— el defensor del título. El aspirante ha de esforzarse un poco más.


ABC - Opinión

Recurso contra la Ley del Aborto e hipocresía del PP. Por Antonio Casado

En coherencia con su propia doctrina, el Tribunal Constitucional no dictará la suspensión cautelar de ocho artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, como reclama el PP en su recurso. Por tanto, se impone una larga espera (no tanta como la del Estatut, por favor), hasta el pronunciamiento del alto tribunal. Con lo que no puedo es con la hipocresía: ¿Cómo explicar que la Ley del Aborto, que ayer entró en vigor, atenta más contra el derecho a la vida que la que ha estado vigente desde 1985, incluidos los ocho años del Gobierno del PP?

En la nueva regulación el aborto es prácticamente libre durante las 14 primeras semanas. Verdad. Tan verdad como que en la anterior regulación también era prácticamente libre al amparo de la salud de la madre. Supuesto aplicable sin plazo, en cualquier momento. Cifras cantan. Nada menos que el 96 % de los embarazos interrumpidos a lo largo de 2008 invocaron peligro para la salud de la madre. Salud psíquica en la mayoría de los casos ¿Tantas mujeres había desequilibradas en España hace dos años? El supuesto ni siquiera se recostaba en el verificable desequilibrio mental de la embarazada, sino en el riesgo de contraerlo. Una mujer podía abortar legalmente no por estar traumatizada sino por el riesgo de traumatizarse si se le impedía interrumpir el embarazo.


Los convencidos de que ni el Estado ni la Iglesia son quienes para suplantar el derecho de una mujer, o un hombre, a decir la última palabra en el ámbito de su esfera íntima, podíamos aceptar eso sin mayor problema, conscientes de que era un coladero, a falta de una mejor regulación jurídica de este fenómeno social y sanitario. Lo que no se entiende es que el coladero lo aceptase a sabiendas el Gobierno Aznar, que pertenecía al mismo partido que ahora recurre ante el Tribunal Constitucional por supuestas violaciones del derecho a la vida, la patria potestad y la libertad de conciencia de los médicos.

¿En qué ha cambiado la ley? Básicamente en la implantación de derecho durante las primeras 14 semanas de lo que antes estaba implantado de hecho sin plazo alguno: el llamado aborto libre. Ahora ya se puede interrumpir voluntariamente un embarazo en las primeras 14 semanas sin necesidad de justificarlo. Y antes se podía interrumpir en cualquier momento apelando a la salud psíquica de la madre. Por ese coladero se implantó de hecho el aborto libre. Eso sí, ajustado formalmente a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 que considera al no nacido “un bien jurídico”, que “debe ser protegido por el Estado, aunque no sea titular del derecho fundamental a la vida” (fundamento jurídico número 7 de la sentencia). Sin embargo, la sentencia conjuga todo eso con los derechos de la mujer, frente a los que no puede prevalecer incondicionalmente la protección de la vida del nasciturus.

La última palabra del Tribunal Constitucional sobre el modo de conciliar el fuero de la mujer con el fuero del nasciturus consistió en ponderarlo “en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos” (fundamento jurídico número 9 de la sentencia). Y así fue cómo se llegó a la situación de aborto libre y sin plazos, mediante una ley restrictiva en teoría (los famosos tres supuestos de antes) pero totalmente permisiva en la práctica”, como ha dicho el nada sospechoso José Luis Requero. Pero entonces el PP, en el Gobierno, no dijo ni una palabra.


El Confidencial - Opinión

Estatuto. Caamaño cuenta palabras. Por Cristina Losada

Alegrémonos, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria.

El currículo del ministro Caamaño nos lo presenta como doctor en Derecho, pero hasta ahora desconocíamos que su habilidad jurídica es del mismo tenor que la de aquellos empleados de Correos que contaban las palabras de un telegrama. La tecnología ha puesto esa tarea al alcance de cualquiera que disponga de ordenador y sabemos que el ministro tiene uno, por lo menos. Así, cuando salió el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, don Francisco no tuvo que realizar mayor esfuerzo que acudir al contador de palabras a fin de hacerse con una valoración científica. Contando palabras como quien cuenta calorías, calculó que el texto era constitucional en un 99 por ciento. De 39.000 palabras aprobadas por las Cortes, sólo 350 habían merecido algún reproche, se ufanaba.

Con esa capacidad innovadora que ha demostrado el titular de Justicia a la hora de evaluar leyes y sentencias, parece increíble que no obtuviera la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, cuando se postuló para la plaza. Fueron más sensibles a sus destrezas en la de Valencia. Y fue también sensible, cómo no, Zapatero. Le designó para cepillar al Estatut de cierta cantidad de palabras, contenidas, tal vez, en los 47 folios que ocupan las 62 enmiendas que el grupo parlamentario socialista, Montilla incluido, presentó al texto evacuado por el parlamento de Cataluña.

Caamaño, sin embargo, no sólo es perito en el arte del recuento y se ha atrevido con una interpretación cualitativa de la sentencia. El núcleo de su tesis es que el TC ha dictaminado que no cabe en la Constitución la "visión aznariana" de España. Díganos entonces el ministro cuál era la "visión" a la que respondía el anterior Estatuto catalán, porque nos tememos lo peor. Y es que se deduce de su cogitación, que hasta el instante germinal de este nuevo Estatuto, vivíamos dentro de la visión de España de Aznar –incluso cuando no gobernaba– y fuera de la Constitución. De hacerle caso a Caamaño, tampoco la "visión felipista" de España cabía en la Carta Magna.

Alegrémonos, no obstante, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria. Si se trata de definirse, podemos hacerlo como nos dé la real gana. La "nazón de Breogán" que los socialistas proponen, aconsejados por el finísimo Caamaño, es una intolerable limitación a la fantasía galaica. Total, sólo serán palabras.


Libertad Digital - Opinión

Retorno al pujolismo. Por Ignacio Camacho

Zapatero le ofrece el caramelo a Montilla, pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se coma la golosina.

CUANDO emprendió su incontrolable juego de aprendiz de brujo con el Estatuto de Cataluña, Zapatero buscaba una alianza de poder que le permitiese asentar su ventaja electoral en Cataluña a costa de reformar de tapadillo una Constitución en la que no cree porque la considera una reliquia de un tiempo superado. En ésas sigue después de varios años de enredos cada vez más pertinaces, dispuesto ahora a lograr por la vía de las leyes orgánicas estatales lo que el Tribunal Constitucional le ha vetado hacer a través de una norma de rango autonómico aunque de corte confederalista. La pregunta que queda en el aire es si para ese viaje de ida y vuelta se necesitaban las cargantes alforjas de una reforma estatutaria, que ha complicado de manera sensible una cuestión tan delicada y antigua como el encaje catalán, que ya Ortega consideraba en 1932 imposible de solventar más que a través de una relativa «conllevancia».

La estrategia de concesiones competenciales continuas sin tocar el Estatuto de Sau la desarrolló con habilidad Jordi Pujol en sucesivos pactos con González primero y con Aznar después. Fue Zapatero el que, subido en su frívola carroza de irresponsabilidad, otorgó al proyecto delirante de Maragall unas alas que luego hubo de cortar de mala manera porque había propiciado una escalada soberanista que se le escapaba de las manos. Su intención era mantenerse en el poder a través de un pacto que asentase el tripartito en Cataluña y proporcionase al PSOE los escaños necesarios para consolidar una ventaja electoral decisiva. Pero la torpeza de Montilla, la incompetencia del Gobierno en la crisis económica y la sentencia del TC han reventado ese statu quo y propiciado una crecida del nacionalismo convergente al que también engañó ZP cuando se trajinó a Artur Mas en el pacto del tabaco. Mas se perfila al fin como nuevo presidente de la Generalitat y está al caer un nuevo chivo expiatorio: la cabeza de Montilla pende de un débil hilo que el Maquiavelo de León cortará en cuanto le convenga para volver a los acuerdos que satisfagan la reclamación nacionalista a cambio de apuntalar la precaria mayoría del PSOE hasta el final de la legislatura.

Eso es lo que hay detrás de la promesa presidencial de desarrollar mediante leyes orgánicas los aspectos del Estatuto revocados por el TC. Zapatero le ofrece el caramelo compensatorio al rebotado Montilla pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se acabe comiendo la golosina. Sólo que Mas ya se dejó engañar una vez y como ahora no se fía mantiene la posibilidad de entenderse con Rajoy en la recámara. Al final, después de tantas vueltas, tantos experimentos y tantas traiciones, todo vuelve al principio: el egoísmo nacionalista en el eje de la estabilidad del Estado. Pero sin Pujol y con ZP, menuda diferencia.


ABC - Opinión

Más firmeza con Cuba

Miguel Ángel Moratinos viaja por tercera vez a Cuba en un momento especialmente delicado, con el disidente Fariñas en estado agonizante tras más de cuatro meses en huelga de hambre ante la indiferencia de la dictadura castrista. El titular de Exteriores ha manifestado que no piensa visitar a Fariñas y también ha confirmado que no va a tener contacto alguno con los representantes de la disidencia. Moratinos se escuda en que no quiere ninguna, así lo ha definido, «foto de oportunidad», cuando lo cierto es que sería una instantánea que reflejaría el apoyo y el compromiso, aunque no se esté de acuerdo con los métodos, del Gobierno español con la defensa de los derechos humanos en la isla. Quizá la razón última de esta negativa a reunirse con la disidencia se corresponda al deseo del Gobierno socialista de no «molestar» al régimen castrista, siguiendo así con esa postura condescendiente y tibia que, por ahora, ha dado unos resultados que, siendo amables, sólo se pueden calificar como pobres.

Moratinos dijo ayer que «tengo otros objetivos en mi estancia en Cuba». Éstos –y cabe subrayar que son estimables y no merecen, a priori, una reprobación– pasan por apoyar las gestiones que ha emprendido la Iglesia Católica con el Gobierno cubano. En el último mes, la Iglesia católica se ha apuntado un logro nada baladí, ya que la dictadura castrista ha accedido a liberar a dos disidentes, Ariel Sigler y Darsi Ferrer, y también ha aprobado el acercamiento de una docena de presos políticos a las cárceles más cercanas a sus lugares de origen. Bienvenidas sean estas acciones, pero sin duda tienen un cortísimo alcance. El Gobierno español va a hacer lo que debe: apoyar a la Iglesia católica en su diálogo y sus negociaciones con el régimen pero no debe olvidar que, con esta iniciativa, también se le está dando un balón de oxígeno a la dictadura. Ésta, a cambio de excarcelar a algunos presos de manera simbólica, maquilla también su nula predisposición a encarar reformas de más calado y verdaderamente relevantes para sus ciudadanos.

Poco cabe esperar de este viaje de Moratinos a Cuba. Ni a corto plazo ni a medio plazo. El ministro comete un error al no entrevistarse en la Embajada española con los disidentes. Discretamente si se quiere, pero sus opiniones también merecen ser consideradas y ponderadas. Menospreciarlos como interlocutores es deslegitimarlos aún más frente a la dictadura castrista. Puede que se pierda otra oportunidad para ser más firmes y contundentes en la defensa de los derechos humanos en la isla en la que tan pocos, por no decir nulos, avances ha habido en estos últimos años. La estrategia de suavizar la presión contra el régimen con la esperanza de que éste emprenda las reformas deseables es un fracaso. Es verdad que se está ante una situación compleja que exige prudencia, pero no se puede ir a Cuba con unas objetivos bajo mínimos y sí con un discurso claro y rotundo de defensa de las libertades. El resto, es hacerle el juego al régimen para que siga perpetuándose a costa de la represión de miles de cubanos.


La Razón - Editorial

El Constitucional no puede llegar tarde de nuevo

Es imperativo que el TC paralice de inmediato la aplicación de la ley porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

absoluta de debate, acaba de entrar en vigor una de las leyes más polémicas, innecesarias e inmorales del Gobierno Zapatero. Un Gobierno que ya va por su segunda legislatura y cuya marca de fábrica es impulsar multitud de iniciativas radicales, aprobadas a golpe de decreto y con medio país en contra. Es la otra cara de ese talante del que Zapatero presumía poco después de llegar al poder, una cara amarga que coloca al socialismo dirigente frente al espejo, retratándole certeramente como déspotas iluminados que gobiernan para una minoría radicalizada y para satisfacer sus instintos de ingenieros sociales.

La del aborto, redactada por las feministas al servicio de Zapatero, es una ley más que discutible desde el punto de vista moral y de la fría perspectiva jurídica. El aborto no debe nunca ser un método anticonceptivo, ni una solución de urgencia para parchear una irresponsabilidad cometida por adultos en uso pleno de sus facultades. Tampoco debe ponerse al alcance de las menores de edad ni fomentarse desde el poder como una presunta liberación para las mujeres. La ley que entró en vigor ayer consagra todo lo anterior y lo hace violentando los principios jurídicos que, hasta el momento, han fundamentado todas las cuestiones relativas al aborto.


El aborto no es un derecho, no puede serlo porque eso implicaría entregar todos los derechos a la madre retirándoselos al nasciturus, y la vida de éste está protegida por el Tribunal Constitucional desde hace más de veinte años. O, al menos lo estaba, porque seguimos a la espera de que este mismo tribunal se manifieste sobre los recursos a la ley que han interpuesto desde diversas instancias. Lo que no sea alcanza a entender es por qué el alto Tribunal no ha suspendido cautelarmente la entrada en vigor de la ley hasta que disponga de un veredicto final al respecto. Es imperativo que el TC paralice de inmediato su aplicación porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

En este estado de cosas es comprensible que la Región de Murcia haya decidido esperar por su cuenta a que el Constitucional se pronuncie. Comprensible pero desaconsejable. La autonomía murciana carece de competencias para desobedecer una ley por mucho que la razón y el sentido común le amparen. No se puede reclamar el cumplimiento de la legalidad a la vez que se violenta la aplicación de una ley, por muy injusta o inmoral que nos pueda parecer. Sienta un precedente demasiado parecido al de Montilla que pide que se cumpla es Estatut advirtiendo que va a incumplir lo que dice el Constitucional. La ley no se sirve a la carta, ha de ser la misma para todos o se transforma el papel mojado.


Libertad Digital - Editorial

La peor ley posible

La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista y explica la falta de escrúpulos del Gobierno socialista.

LA ley que implanta en España el aborto libre entró ayer en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si la suspende cautelarmente, como ha pedido el PP en su recurso y como aconseja el sentido común. Las cuestiones jurídicas están, por tanto, planteadas en la sede que corresponde —al margen de la decisión de varias comunidades gobernadas por el PP de obstaculizar la aplicación de una norma que consagra y legitima el asesinato—, porque el aborto libre es, ante todo, una vulneración del derecho constitucional a la vida. Pero sea cual sea la resolución que dicte el TC, esta ley representa un punto de inflexión para la sociedad, en un sentido regresivo y empobrecedor de sus valores. Todos los análisis morales y éticos sobre esta ley, sean a favor o en contra, no deben confundir sobre cuál es el problema de fondo: la banalización de la muerte de un ser humano. Cuando la ministra de Igualdad dijo que no hay base científica para considerar humano a un feto de catorce semanas, asumió el coste de pasar a la historia de la necedad con tal de lanzar el mensaje clave de esta ley, que es la deshumanización del feto. A partir de esta premisa, la eliminación de una «cosa» no humana no debe tener mayor reproche legal ni moral. Sin embargo, la base científica y la simple experiencia cotidiana demuestran que lo que una mujer concibe sólo puede ser un ser humano. La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista, pero explica la falta de escrúpulos con los que este Gobierno se vanagloria de introducir en la sociedad la muerte legal de decenas de miles de seres humanos. Incluso la ministra Aído ha dado un paso más al defender el aborto como un método de planificación familiar para «evitar embarazos no deseados», cuando lo cierto es que el aborto no evita embarazos, sino que los elimina, y que todos los expertos desaconsejan emplear el aborto como método contraconcepctivo.

Esta nueva ley persevera también en la discriminación legal injusta de los enfermos, legitimando la muerte del feto de mala salud, supuesto con innegable sesgo depurador de la raza. Es, en definitiva, una ley de mala intención, que busca el debilitamiento de valores esenciales en toda sociedad, cuales son la vida y la maternidad, y que convierte al Estado en un promotor de abortos, en vez de dar prioridad a la conservación de la vida humana y a una solución positiva de los conflictos que provocan los embarazos no deseados, que es lo que cabe esperar de una sociedad que presume de moderna, asistencial y solidaria.

ABC - Editorial