sábado, 3 de julio de 2010

Estatut. Mucho cura de paisano. Por Maite Nolla

En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida.

Para determinar el verdadero alcance de la sentencia del Constitucional sobre el estatuto, sólo hay que reflexionar un minutito de nada sobre si la misma obliga a los nacionalistas a desandar un paso del camino que Pujol hizo durante veintitrés años y que el tripartit ha hecho durante siete, que desde luego parecen doscientos. En total, treinta años de imposición irreversible por la vía de los hechos en la mayoría de ocasiones, con alguna norma entre medio para disimular. Es posible que el Constitucional les impida ir más allá en algunas cuestiones y darle otra vuelta de tuerca a lo que ya tenían, pero ni la educación, ni la lengua, ni la financiación, ni las embajadas, ni el deporte, sufren el más mínimo menoscabo respecto a su situación actual. Por eso el Gobierno está tan contento. La sentencia no comporta ninguna carga, ni obliga a enfrentarse al gobierno autonómico. Y en el peor de los casos, el Constitucional deja en manos del Gobierno y del gobierno de la Generalitat decidir cómo se ejecuta la sentencia y si interpretan bien lo que sus señorías han declarado interpretable.

Luego están las reacciones de los políticos. Podemos distinguir cinco grupos. Primero están los nacionalistas, indignadísimos y dispuestos a salir a la calle, cuando acaben de hacer cálculos electorales y determinar, aproximadamente, si unas elecciones marcadas por el nacionalismo y no por la crisis hacen subir a ERC e igual permiten repetir el tripartit o no. Por otro lado, el Gobierno satisfecho, como les he dicho. En tercer lugar, el PP, aliviado, que asume como propio este estatuto y así puede hablar sólo de los problemas reales de la gente, es decir, del fútbol. En cuarto lugar está Cospedal que no se entera de nada, para variar, y, finalmente, estamos los que no somos nacionalistas, divididos entre los que vemos esto como más de lo mismo, y los que lo ven como un freno, aunque estemos todos de acuerdo en que las instituciones y la oposición han desertado de sus obligaciones.

Pero lo que plantea un problema de primer orden es lo siguiente: los nacionalistas van a salir a la calle a defender la dignidad del pueblo de Cataluña, PSC incluido. Por otro lado, está Carmen Chacón que como líder del PSC logró un resultado increíble, con casi un millón setecientos mil votos, un millón más de lo que habitualmente saca el PSC en las autonómicas. Carmen Chacón no sólo considera esta sentencia como buena, sino que pasa de ir a la manifestación nacional. Lo que les quiero decir es, ¿qué les hace pensar a los señores del PSC que poniéndose ultra nacionalistas representan más a sus votantes que cuando no lo hacen? En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida. Y a falta de prueba en contrario, los indicios nos dicen que los que pueden votar en Cataluña están más cerca de lo que piensa Chacón que de lo que piensa Montilla. Es como el tipo éste de la Diputación de Lérida que retira la bandera española, aunque gobierna con sólo tres diputados por la vergonzosa deserción del PSC local. Vamos, que no se me ofenda nadie, pero si no representan ni a sus votantes, me da que les falta un poquito para representar a todo un pueblo. Mucho cura de paisano.


Libertad Digital - Opinión

Volvemos a Perpiñán. Por M. Martín Ferrand

Sin la cobertura del «hecho diferencial», los partidos nacionalistas se quedarían en algo menos que nada.

ALGUNOS, por razones generacionales y caprichos dictatoriales, perdimos una parte de nuestra juventud en viajes a Perpiñán, la vieja capital del Rosellón, para ver películas y comprar libros prohibidos en la España de la época. Es posible que El último tango en París, la peor de las películas de Bernardo Bertolucci, y los libros de Jesús Ynfante sobre el Opus Dei, editados por Ruedo Ibérico, le produjeran a ese lugar del sudeste francés, en los sesenta y setenta, más ingresos que cualquiera de los muchos atractivos turísticos del lugar. Toda prohibición política, tanto más cuanto menor sea su fundamento, da paso a una industria derivada de su no observancia y así fue entonces como, lamentablemente, volverá a ser ahora. Los efectos de los nacionalismos son siempre empobrecedores.

La nueva Ley del Cine en catalán, ya aprobada por el Parlament, obliga a las distribuidoras cinematográficas a doblar, también en catalán, las películas dobladas al castellano que quieran exhibirse en Cataluña. Eso tiene un coste que difícilmente puede absorber la recaudación de las taquillas y, en consecuencia, las grandes películas internacionales, Hollywood incluido, se proyectarán en los cines de Cataluña en su idioma original. Quién quiera, además de verlas, oírlas en castellano tendrán que repetir la ceremonia impuesta por el franquismo: acercarse a Perpiñán y, después de dar una vuelta y admirar la catedral de San Juan Bautista o la Lonja —igualita que la de Valencia—, meterse en un cine para ver, en un idioma cinematográficamente proscrito en las cuatro provincias catalanas, Piratas del Caribe III o cosa parecida.

La Unión Europea sostiene la libre circulación de las personas y los capitales. Un dentista de Frankfurt puede establecerse en Andújar y un topógrafo siciliano irse a trabajar, con su teodolito bajo el brazo, a Copenhague; pero lo que resulta inadmisible para la defensa de la identidad catalana, y así lo entienden el Parlament y el Govern, es ver a Clint Eastwood en Sabadell con la voz prestada por Constantino Romero. Concuerda un despropósito de esa naturaleza con la realidad que, contra el sentir general de la sociedad catalana, tratan de inventar e instalar unos partidos nacionalistas que, sin la cobertura del «hecho diferencial», se quedarían en algo menos que nada. Lo único sorprendente es la falta de reacción social ante semejantes memeces y el disimulo electorero con que se enfrentan a la situación los partidos, especialmente el PP y la franquicia catalana del PSOE, que se dicen nacionales. Tanta Transición y tanta historia para terminar volviendo a Perpiñán a ver películas.


ABC - Opinión

Estatut. Con Carter se complica la independencia. Por Pablo Molina

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos.

En Estados Unidos existe la opinión prácticamente unánime de que Jimmy Carter ha sido el peor presidente en toda la historia del país. De hecho, cada vez más analistas intentan discernir si Obama tiene capacidad para destronar a Carter, aunque todavía es pronto para dar un veredicto definitivo. Como presidente, Carter llevó la imagen exterior de su país a las cotas más bajas nunca vistas con episodios como su contribución a la caída del Sha de Persia y la consiguiente subida al poder de los ayatolás, pero lo asombroso es que no existe ninguna duda de que el vendedor de cacahuetes es el peor ex presidente del Gobierno que jamás han producido los Estados Unidos de América.

Las actuaciones de Carter a lo largo y ancho del planeta han tenido como eje común oponerse diametralmente a los intereses norteamericanos, sea cual fuera el signo político del ocupante de la Casa Blanca, pero en lo que respecta a España y Cataluña, el peligro más evidente de las intromisiones de Carter es que las causas que defiende con su fundación acaban siendo un desastre en la mayoría de los casos.

Y es un motivo serio para preocuparnos, porque con Jimmy apoyando la secesión de Cataluña, es más que probable que la independencia de esa comunidad autónoma se retrase otro siglo más.

Carter se ha deshecho en alabanzas hacia los dirigentes catalanes, no antes de trincar los cien mil dólares correspondientes al premio que le ha entregado Montilla, pero el hecho de que el ex presidente norteamericano hable bien de un dirigente político no es precisamente un mérito que convenga incluir en el currículum. No hay ni un solo tirano contemporáneo que no haya recibido los halagos de Carter ensalzando su preocupación por los derechos civiles y su talla de estadista, desde Caucescu a Kim Jong II pasando por Fidel Castro. Sobre el dictador rumano, sin ir más lejos, dijo "compartir plenamente sus objetivos en política, economía y derechos humanos" y todos sabemos cómo acabaron él y su esposa.

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos. A ver si le dan otro premio mejor dotado económicamente en el otro extremo del globo y se queda por allí unos añitos junto con el staff de su fundación. Con lo cerca que estamos de la secesión, sería una pena que todo se fuera al traste por culpa de un productor de cacahuetes.


Libertad Digital - Opinión

Aroma de Guerra Fría. Por Hermann Tertsch

En la era de internet puede haber más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría.

Fue John Le Carré, uno de los grandes escritores de la novela de espías, el que dijo años después de la caída del Muro que el espionaje clásico se había acabado. Y que en realidad llevaba años siendo un mero juego para la supervivencia de los agentes y las organizaciones. Le Carré erraba. En la era de internet, de la cibernética y de la inteligencia oficial puede haber fácilmente más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría. Tanto en la industria como en los centros de investigación se invierte cada vez más en seguridad para evitar el robo de información. Se trata ya de espías altamente cualificados, expertos en la materia que tratan. Su reclutamiento muchas veces sí obedece a las formas tradicionales, el chantaje por vulnerabilidad u ofertas para satisfacer el afán de lucro. Pero el perfil habitual es ya distinto a los espías del mundo del agente Smiley y su adversario ruso, Karla.

Por eso ha sorprendido tanto la detención hace unos días de once espías rusos que durante más de una década han sido agentes durmientes en EE.UU. Ellos sí son un producto clásico del KGB —ahora SWR— y lo son desde el mismo comienzo de la Cheka bajo su fundador Feliks Dzershinski, tras la Revolución y durante la guerra civil que la siguió. Células durmientes activadas jugaron un gran papel en las estrategias soviéticas en Occidente. Los espías rusos ahora detenidos , contra los que la Fiscalía norteamericana tiene ingentes cantidades de pruebas tras años de investigación, llevaban una década haciéndose pasar por perfectos americanos de clase media. Todos con estudios académicos, un inglés americano impoluto además de otros idiomas, eran espías clásicos en el sentido de que buscaban información y fórmulas de acceder a influencia política. Como clásica fue la forma de espionaje del estonio Hermann Simm, detenido en 2008, que durante años suministró información de máxima seguridad de la OTAN a Moscú. Los espías siguen siendo necesarios. Para quitarle información al adversario o doblegar voluntades en beneficio propio. Siempre lo serán.

ABC - Opinión

Estatut. Los nuevos consensos. Por José María Marco

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

Hay quien se ha preguntado cómo es que un magistrado como Manuel Aragón no ha encontrado capacidad para resistir el envite nacionalista que culmina en el texto del Estatuto de Cataluña. Hay varias razones que permitan comprender esto.

Debe de ser difícil soportar las presiones que se han ejercido –por hablar sólo de las que conoce todo el mundo– sobre los jueces del Tribunal, y más en particular sobre Aragón. A diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Supremo norteamericano, por ejemplo, las instituciones jurídicas españolas no ponen a sus miembros a salvo de la presión política. Los miembros están nombrados por los partidos, los mandatos también dependen de estos... No hay un muro de separación entre la política y la judicatura. Así las cosas, la capacidad de resistencia moral forzosamente habrá de ser limitada, más aún en respetables empleados públicos como son los miembros del Tribunal Constitucional.


Manuel Aragón había sido propuesto para este cargo por el Partido Socialista. A la debilidad institucional del Tribunal, se añade la falta de una tradición intelectual y moral de adhesión al concepto de nación española. Nunca el socialismo español se ha tomado en serio la idea de la nación. Mucho antes que Rodríguez Zapatero dejara esculpido en los anales del Congreso de los Diputados su frase inmortal sobre la idea de nación, "discutida y discutible", el PSOE había descartado siempre la elaboración de un concepto propio de nación.

Para los socialistas, la nación española se ha movido entre la confederación, la federación (a lo Pi y Margall), la mixtificación para engañar al proletariado y la mentira al servicio de los intereses de la burguesía. Rodríguez Zapatero ha añadido a esta tradición un matiz postmoderno, según el cual la realidad no existe: sólo existen convenciones, maneras de ver las cosas que el poder político puede variar a su gusto. En consecuencia, ¿qué es España? Una idea, una perspectiva... no más que lo que nosotros queramos que sea. Como dice Rubalcaba, no ha pasado nada después de aprobada la sentencia. Prueba que la nueva España que funda el Estatuto es sólida, tan sólida al menos como la anterior, que habitaba sólo en los sueños de unos cuantos nostálgicos...

En Aragón se había puesto alguna esperanza porque, más que la tradición socialista, la suya era azañista. Por algo Aragón se había encargado en su tiempo de una reedición de La velada en Benicarló, un texto en el que Azaña lamentaba, por boca de algunos personajes de ficción situados en plena guerra civil, que la idea de nación no tuviese virtud normativa en España, es decir que sirve para poco. Esa esperanza suponía desconocer la auténtica dimensión de la obra de Azaña. Sin duda las frases sobre España, como las que Azaña pronunció en algunos de los discursos de esos años, contienen hermosas y nobles reflexiones acerca de la patria.

No se busque más, sin embargo. Azaña tampoco elaboró nunca una idea política de la nación. Su especialidad fue la destrucción, la devastación mediante la palabra, instrumento que utilizaba como pocos. Las reflexiones de sus últimos años, como las de La velada en Benicarló, son un último intento para no dejar sólo ruinas de su paso por la política española. No sirven –como en este aspecto no sirve nada de su obra anterior– para construir y continuar la historia de España. La tragedia de Azaña, por así llamarla, sintetiza la naturaleza del republicanismo en España, de índole nihilista. Así que tampoco por este lado Aragón tenía mucho dónde agarrarse.

Menos aún lo tenía si, como tal vez se confirme con el tiempo, la sentencia sobre el Estatuto cierra la etapa de ruptura de los grandes consensos que el Partido Socialista abrió durante la segunda legislatura de Aznar. La sentencia parece inaugurar un nuevo consenso, propuesto por los partidos nacionalistas, promocionado por los socialistas y ahora aceptado por el PP. El Estatuto traza el diseño de la nueva Constitución española, plasmada en los diversos estatutos "de segunda generación", no todos impugnados ante el Tribunal Constitucional.

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

(Ni que decir tiene que para los nacionalistas hay todavía demasiada España).


Libertad Digital - Opinión

Qué objetivo. Por Eduardo San Martín

El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado.

Ah, pero ¿había un objetivo? Y si lo había y se ha cumplido, entonces ¿el objetivo era esto? El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado; las comunidades autónomas lanzadas a una subasta imposible; media Cataluña cabreada con el resto de España; la aparición como actor político relevante de una opción independentista hasta entonces marginal. ¿Era ese el objetivo que se ha cumplido? Y si no lo era, ¿a qué se refería Zapatero? Los designios del presidente del Gobierno son inescrutables. Sobre todo para él mismo.

Concedámosle, pues, el beneficio de la duda. Lo que no le deja en mejor lugar. Ni él mismo sabía a dónde iba. Había, sí, un objetivo de partida. Prestar cobertura política al candidato Maragall, que no había encontrado mejor discurso para acabar con la hegemonía nacionalista que arrebatarle la antorcha del agravio. Maragall y el PSC habían sido decisivos en la elección de Zapatero como líder del PSOE. Así que nobleza obligaba. La reunión de Santillana del verano de 2003 trató de enfriar el calentón de Maragall; de fijar límites y poner orden en una hipotética revisión territorial. Ni caso. El estrambótico dirigente catalán se llevó a Zapatero atado de su ronzal («Apoyaré cualquier estatuto que apruebe el parlamento catalán»). Después vino todo lo demás.

Pero no había un propósito final, más allá de unas cuantas vaguedades sobre la España plural. Se equivocaban quienes atribuían a Zapatero pérfidos propósitos; la ruptura de España y toda esa cantinela. Ni siquiera eso. El propio presidente presumía de no saber hasta dónde se podía llegar. Se hacía camino al andar. La negociación y la transacción, no como método, sino con fin en sí mismo. Como en tantas otras ocasiones. Lo importante era abrir el melón. Y ha sido el TC quien se lo ha tenido que cerrar. De mala manera. Una víctima más.


ABC - Opinión

El Estatut bien vale cinco millones de parados

Mientras Zapatero le siga siendo útil a la casta nacionalista, ésta no propiciará su caída, por mucho que su nefasta gestión deteriore la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– a ritmos acelerados.

Un sector muy importante de la sociedad española tiende a considerar a CiU como una especie de partido responsable depositario del seny catalán. Un nacionalismo "moderado" que, pese a todo, posee una cierta visión de Estado y sabe sacrificarse en nombre del bien común.

Desde luego, los dirigentes de CiU han sabido cultivar esa imagen fuera de Cataluña, pretendiendo ser, como ya lo buscara Cambó, Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. La convalidación en el Congreso del tijeretazo de Zapatero, al que todos los otros partidos se opusieron, supuso un nuevo espaldarazo a esta visión de los convergentes como serios estadistas que sabían anteponer los intereses de la nación ante Europa sobre el revanchismo cortoplacista que podía suponer derrocar a Zapatero. Muchos incluso han llegado a proponer al líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como eventual presidente de un gobierno de concentración en la España postzapateril.


Y, sin embargo, al final resulta que esa pose de responsabilidad no era más que un humo que, como siempre han hecho desde tiempos de Pujol, se han encargado de vendernos muy caro.

Lo que no ha facilitado CiU con un Estado al borde de la quiebra, cinco millones de parados y un Zapatero totalmente desacreditado, amenaza ahora con provocarlo porque el presidente del Gobierno no ha mostrado el más secesionista de los discursos posibles al afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut "garantiza el máximo autogobierno posible para Cataluña".

Ha advertido Artur Mas, líder de ese partido tan moderado que acudirá a la próxima manifestación contra la legalidad constitucional del próximo 10 de julio, que Zapatero debe "medir" sus palabras, pues en caso contrario "forzará su caída". Pocos deberían dudar ya de cuáles son las prioridades de los "nacionalistas moderados". Si hasta ahora han venido sosteniendo al Gobierno socialista apoyando las reformas decisivas que llevaba a la Cámara Baja, no es porque creyeran en la bondad y necesidad de las mismas, sino porque Zapatero les sigue resultando de utilidad para sus objetivos independentistas.

Zapatero no sólo abrió el melón soberanista concediendo a los nacionalistas –y en especial a Artur Mas– un estatuto que en muchos sentidos convertía al resto de España en una colonia de Cataluña, sino que presionó activamente a los miembros del Tribunal Constitucional para que obviaran los aspectos que de un modo más flagrante contradecían nuestra Carta Magna. Pero tampoco les bastó con eso y Zapatero ya se ha puesto a negociar con Montilla cómo hallar una solución a las pequeñísimas trabas que el Constitucional le ha puesto al desarrollo estatutario.

Mientras Zapatero siga siendo útil para los intereses de la casta nacionalista, parece claro que ésta no propiciará su caída, por mucho que a causa de su nefasta gestión la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– sigan deteriorándose a ritmos acelerados. Como siempre, sus privilegios son más importantes que los derechos y la prosperidad de la ciudadanía. Lo cual, por desgracia, no impedirá que los mismos de siempre sigan repitiendo las mismas sandeces sobre la moderación y responsabilidad de CiU a las que ya nos hemos acostumbrado.


Libertad Digital - Editorial

Caliente y frío. Por Ignacio Camacho

Si no se legisla en caliente, el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ideas que estaban mejor en el frigorífico.

CUANDO algún violador reincidente o un menor de precoz encono criminal cometen alguna fechoría más o menos impune o se cuelan por las rendijas de un sistema legal agrietado, la clase política suele responder al clamor de la indignada opinión pública con el prudente consejo de enfriar los sentimientos antes de abordar cualquier reforma legislativa. No es bueno legislar en caliente, dicen los dirigentes interpelados por las lagunas de las normas que están obligados a perfeccionar. Pero como las pasiones suelen tender a desbordarse entre los ciudadanos menos propensos a la gelidez temperamental, siempre sucede algún otro desmán clamoroso antes de que se templen los ánimos, y la corrección de las leyes que los permiten se queda en un país tan tórrido como el nuestro al albur de un hipotético e imposible enfriamiento de la irritación colectiva. Para reparar ciertos resquicios jurídicos o dar amparo suficiente a las víctimas habría que vivir en Suecia o Noruega, y tampoco es seguro que así ocurriese porque, como muestran las novelas escandinavas en boga, en los países nórdicos también se recalientan los instintos letales.

Ahora han sido los sindicatos los últimos en incorporarse a la demanda de una refrigeración térmica de la temperatura social… que ellos han puesto a hervir con sus huelgas montaraces. Hay que legislar en frío sobre los conflictos colectivos, dicen al pairo de la demanda de una regulación pendiente desde la Transición democrática. De acuerdo, camaradas, pero empezad vosotros a refrescar el ambiente, y no os olvidéis del asunto cuando esté en la nevera de la agenda pública. Porque una cosa es enfriar y otra congelar, y la Ley de Huelga lleva más de treinta años escarchada. Quizá sea a las propias centrales a quienes más convenga meterla en el microondas legislativo, porque se podrían afinar esos servicios mínimos que suelen considerar desmedidos. Es cierto que para debatir en un clima adecuado se necesita cierta paz de espíritu incompatible con la indignación general ante un sabotaje; sólo que el sindicalismo español ha tenido seis años de pacífico idilio exento de conflictividad y no se ha acordado de regular una cuestión que le compete tan de cerca. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y la tormenta de estos días promete emociones fuertes. De momento, se han calado dos millones de usuarios del Metro de Madrid, y los comerciantes de Vigo y el País Vasco. Cuando llegue el «otoño caliente», otra reliquia de la Transición, a ver cómo atemperamos la atmósfera.

Porque ocurre, además, que si no se legisla en caliente sobre asuntos de urgencia el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ciertas ideas —el estatuto catalán, el aborto, la memoria histórica, etcétera— que estaban mucho mejor en el frigorífico.


ABC - Opinión