miércoles, 16 de junio de 2010

Partido obrero popular. Por Edurne Uriarte

Una cosa es que el PP evite ser el tonto útil del Gobierno en la aprobación de las medidas más impopulares.

Una cosa es que el PP evite ser el tonto útil del Gobierno en la aprobación de las medidas más impopulares. Y otra que, en su entusiasmo opositor, se haga marxista. Lo que no sólo descoloca a los votantes de la derecha, «el PP es el partido de los trabajadores», sino que da lugar a muchos chistes, el PPT que dicen algunos o el POP que proponemos otros. O, lo que es igual, resta credibilidad a la derecha, que tampoco está sobrada de ella. Y no me refiero a la intención de voto, sino a la crisis de confianza en toda la clase política que afecta también al PP a pesar de esos 11,8 puntos de ventaja demoscópica.

Y no es falso que el PP sea el partido de los trabajadores. Lo es casi en la misma medida que el PSOE en estos momentos. Basta con echar un vistazo a la intención de voto según categorías ocupacionales de la última encuesta del CIS. La intención de voto entre los parados es del 24% al PSOE y del 20% al PP. Entre los obreros cualificados, del 24% al PSOE y del 19% al PP. Y entre los obreros no cualificados, del 24% al PSOE y del 20% al PP. Es decir, que una buena parte de los obreros ha dejado el marxismo, por lo que no parece muy inteligente que el PP se haga marxista a estas alturas. Quizá porque a esos obreros el modelo liberal les parece más eficaz que el socialista. Y, sobre todo, porque el voto es crecientemente interclasista. Los obreros como los directivos votan por las alternativas creíbles, por la solidez de las propuestas, por la coherencia de los líderes. Y cada vez menos por viejas identificaciones ideológicas y de clase.

Lo que hace del populismo un arma peligrosa, además de éticamente rechazable. Se entiende que el PP recuerde con temor lo sucedido en las encuestas al candidato Cameron cuando empezó a contar a los británicos las medidas impopulares que pensaba tomar. Pero una cosa es esa y otra hacerse marxista para la campaña electoral.


ABC - Opinión

Reforma laboral. ¿El fin de una era?. Por Agapito Maestre

El Gobierno imposta su posición y la oposición le imita, mientras que los sindicatos y la patronal simulan sus descontentos. Todos son, en efecto, unos impostores.

Mañana, a pesar de los pesares, será efectiva la reforma laboral de Zapatero. Este dato es decisivo para comprender el devenir de España. Muchos lo ocultarán o, sencillamente, harán propaganda política descalificando el decreto. Allá ellos. El asunto de mañana es decisivo para el resto de legislatura. Manejar un país, o simplemente comprender un problema coyuntural de una nación, con el pensamiento es una ingenuidad. Eso es tan peligroso como conducir sin manos. O reconocemos que el pensamiento es menos leal y dócil que las circunstancias económicas y políticas o no entenderemos jamás por qué el Gobierno de Zapatero tiene que aprobar una reforma laboral contra los intereses de su propio partido.

Por eso, precisamente, porque desconfío del primer impulso, o mejor dicho, porque confío en el primer impulso, en el malo, estoy convencido de que este Gobierno acometerá una reforma laboral de cierto calado. No se engañen los críticos a palos del Gobierno sobre los resultados o la contundencia que utilizará el Ejecutivo en determinados asuntos. Lo decisivo es que se han cumplido los trámites, y la reforma se aprobará siguiendo la metodología que al Gobierno le ha impuesto CiU y el PP, o sea, primero un decreto y, después, una ley. La reforma será amplia, exigente y, en principio, irá contra el populismo del propio Gobierno. ¿Y si no fuera así por qué iban a convocar los sindicatos una huelga general? No creo que sea mero teatro la convocatoria de huelga general.

Uno puede adoptar todas las cautelas que quiera con este Gobierno, incluso podrá gritarle a Zapatero que es un mentiroso. Vale. Pero después de conocidos los borradores sobre la reforma, nadie en su sano juicio podrá decir que la reforma no es significativa. Será una reforma substancial. Podría ser más amplia, sí, pero los pasos ya están dados. Habrá una reforma importante en el ámbito de los despidos y las indemnizaciones. Y, por supuesto, la norma primará la firma de convenios por empresas antes que por sectores. Se aprobará, pues, un decreto para que las empresas despidan aún con mayor facilidad a los trabajadores, bajen los salarios y, en fin, cambien las condiciones del mercado.

Es ridículo, pues, seguir negando que Zapatero lleve a cabo una reforma laboral. Eso ya no es político. Es impostura. He ahí el gran problema. No se trata de que la reforma deje descontentos al propio Gobierno y a la oposición, a los sindicatos y a la patronal. No se trata de que todos sigan enfrentados, porque no hayan conseguido imponer de modo completo sus criterios en esta reforma. No se trata de que lo aprobado sea simplemente provisional. No, no y no es un problema de límites de lo aprobado, sino que nadie cree en la reforma. El Gobierno imposta su posición y la oposición le imita, mientras que los sindicatos y la patronal simulan sus descontentos. Todos son, en efecto, unos impostores. En Europa, para desgracia de los españoles, nadie cree en Zapatero ni en la oposición, y desprecian a los sindicatos y la patronal.

Ese es el gran problema: los mercados no creen en España, porque sus elites políticas, sindicales y patronales son cualquier cosa menos excelentes. La historia reciente del capitalismo, ese proceso de "destrucción creadora" del que hablaba Schumpeter, les ha pasado por encima.


Libertad Digital - Opinión

Una España hemipléjica. Por M. Martín Ferrand

¿Quiénes somos los integrantes de una de las dos Españas para afear la conducta de los de la otra?

CUANDO se proclamó la II República, el espectáculo en España tenía dos nombres máximos: Raquel Meller, actriz y cantante aplaudida en todo el mundo con La violetera, y Margarita Xirgu, que estrenó el repertorio teatral de Federico García Lorca. La primera era monárquica y de derechas y la segunda republicana y (moderadamente) de izquierdas. Ambas, llegada la Guerra Civil, tomaron una prudente distancia. Meller se fue a Buenos Aires y Xirgu a Montevideo. El público que bebía los vientos por ellas y llenaba los teatros en que actuaban, ¿tenía muy clara sus respectivas adhesiones políticas? Como ciudadanos podemos ser conservadores, liberales, socialdemócratas, comunistas o cubrir cualquier otro epígrafe del muestrario político; pero profesionalmente somos, o debiéramos ser, lo que la vocación y la suerte nos depare. ¿Hay nefrólogos de derechas y de izquierdas o los riñones funcionan independientemente del nivel cultural o la dedicación laboral de quienes los transportan?

Tengo respeto, y en la mayoría de los casos admiración y afecto, por los artistas —Javier Bardem, Juan Diego, Miguel Ríos, María Galiana, Pedro Almodóvar...— que han protagonizado un vídeo en el que encarnan, en primera persona, el recuerdo de quince víctimas del franquismo, quince ciudadanos asesinados al calor de la sublevación del 18 de julio del 36; pero, pienso, se equivocan en un gesto del que no cabe dudar de su recta intención. Son los representantes de una España hemipléjica. Para nuestra común desgracia la barbarie y la saña prendieron por igual, cuasi simétricamente, en las dos Españas. ¿Hay muchas diferencias entre el asesinato de Lorca y el de Pedro Muñoz Seca? ¿Es lícito, en nombre de la libertad (?) violar y asesinar a unas piadosas monjitas sacadas a empellones de la clausura de sus rezos?

Como nos enseña el Evangelio, lo mismo a creyentes que a descreídos, a todos cuantos estamos inmersos en la civilización cristiana, «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». Solo la mujer adúltera sabe hasta dónde llega su culpa y conoce su voluntad de redención. ¿Quiénes somos los integrantes de una de las dos Españas para afear la conducta de los de la otra? Muchos españoles de los dos bandos —demasiados— murieron sin juicio ni abogado ni sentencia. El gran mérito de la Transición fue la voluntad de reconciliación nacional que todos, izquierdas y derechas, aportamos para propiciar el insólito transito de una dictadura a una democracia. Va contra ese espíritu, lo traiciona, el volver la vista atrás con saña y centrar la barbarie en unos episodios dramáticamente simétricos de los del bando contrario.


ABC - Opinión

El favor. Por Alfonso Ussía

El último y gran favor que pudo –ya no puede– hacerle Garzón a Zapatero fue sacar de la cárcel a Rafael Díez Usabiaga con la infame justificación de que éste tenía que cuidar a su mamá. Ahora se sabe que apenas visita a su mamá, pero sigue en libertad. Usabiaga está libre porque el socialista (¿) Jesús Eguiguren, ese personaje que nunca ha dicho dónde está, lo necesita para hablar. Eguiguren y Usabiaga se llevan muy bien en las charlitas que mantienen con asiduidad. Zapatero está informado. La vuelta a las instituciones de Batasuna, es decir, el retorno de la ETA al campo político, es imparable con Zapatero en el poder. Eguiguren no es Pachi López, aunque en el pasado los confundieran. Eguiguren es un socialista «abertzale», como Eguíbar un nacionalista batasunero. En todos los partidos existen los extremos. Entre Javier Solana y Leire Pajín hay más separación que entre Katharine Hepburn y Pilar Bardem, por poner un ejemplo con vocación internacional. En el PSOE no todos están de acuerdo con las maniobras, conversaciones y chanchullos que comparten algunos con los dirigentes del terrorismo en su versión política.

Establecer una comparación entre Nicolás Redondo y Jesús Eguiguren es una grosería. Y eso es lo malo. Que Garzón, siempre inmerso en la política, abrió las puertas de la cárcel a Usabiaga para que éste se ocupara de su mamá, y Usabiaga de quien se está ocupando, y mucho, es del socialista Eguiguren, tan favorable al pacto humillante del Estado con la banda terrorista.

Me pongo en el papel del hijo, y no puedo estar de acuerdo con la actitud de Usabiaga. A una madre no se la puede abandonar así como así. Garzón sabía que Usabiaga se iba a pasar la presumible dependencia de su madre por el pitorro de la chapela, pero la militancia es la militancia, y Zapatero manda y yo obedezco. Pero para muchos, que aún creemos en el amor materno-filial, lo que está haciendo Usabiaga con su mamá no tiene perdón de Dios. No me siento decepcionado por el hecho de que existan conversaciones entre Batasuna y el Gobierno. Se veían venir. Es más, ni cuando estaban enterrando a las víctimas del atentado en la T-4 de Barajas, dejaron de cuchichearse. No me siento decepcionado con Eguiguren. Está en lo suyo y en lo que cree. No me siento decepcionado con Zapatero. El día que dijo que jamás volvería a intentar negociar con Batasuna y la ETA, supe que la negociación se mantenía. Es un mentiroso compulsivo. Y no me siento decepcionado con Garzón, porque ya no está, y decepcionarse con quien no está equivale a sentirse cohibido ante la nada. Pero sí me siento y reconozco decepcionado con Usabiaga por su falta de atención a su mamá. Y un bastante con el juez de la Audiencia Nacional que ha heredado la chapuza de Garzón y no ha ordenado todavía la detención y reingreso de Usabiaga en la cárcel, porque Usabiaga no está cumpliendo con el motivo que Garzón utilizó para regalarle la libertad.

Entiendo que si Usabiaga vuelve a la cárcel a cumplir lo que le queda de condena, Eguiguren se queda sin interlocutor y Zapatero con un palmo de narices. ¿Qué le importa a Zapatero un palmo de narices más? No obstante, la ciudadanía empieza a estar alerta, y no creo que acepte una nueva humillación ante los asesinos. Pero si consigue mantenerse en el poder unos meses más, humillación al canto. Insoportable.


La Razón - Opinión

¿A qué llaman sindicato?. Por Gabriel Albiac

Los sindicatos no son hoy más que un ministerio. Regido por quienes nunca trabajaron.

DE todas cuantas corrupciones componen la pésima comedia a la cual llamamos política, la más hiriente, la que más siervos nos hace, es la corrupción del lenguaje. Hablamos. Creemos estar enunciando evidencias. Y, en realidad, el lenguaje que nos ha sido impuesto se burla de nosotros. Cuando creemos hablar, somos hablados. Como pobres monigotes, cuyos labios un ventrílocuo perverso mueve a su placer y beneficio. Decimos palabras muertas. No; decimos turbias palabras que nos van matando sin saberlo.

Titular, ayer, en todos los periódicos: «los sindicatos convocarán la huelga general». Y cada uno de nosotros lo repite. Y hay que hacer un agotador esfuerzo para percibir el engaño, para decir lo elemental: que ese titular no significa nada. Salvo la áspera burla del ventrílocuo que mueve al monigote.


«Sindicato». ¿Qué dice la palabra «sindicato»? En literalidad: autoorganización obrera. O sea, asociación libre de individuos, a los cuales une su relación salarial. Para defender sus intereses de clase. Frente a un enemigo inconciliable: la patronal, sí; pero aún más el Estado, nudo en el cual todas las tramas de la dominación se cruzan. Nadie puede esperar que un enemigo mortal financie su existencia. El enemigo te mata, si tú no lo matas antes. La autofinanciación define al sindicalismo de clase desde su nacimiento en las Trade Unions inglesas del siglo XIX. Y el sindicato, organización de combate contra la burguesía y su Estado, sólo fue tal allá donde sus afiliados lograron alzarlo con el esfuerzo —tantas veces heroico— de sus miembros cotizantes. En la segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del XX, cuando existieron sindicatos de verdad —esto es, autofinanciados—, a aquellas bandas de sinvergüenzas que cobraban de la patronal o del Estado se les daba nombre ominoso: esquiroles. Y se las combatía con la misma dureza con la cual ellas hacían el trabajo gangsteril que su sueldo pagaba.

¿De dónde vienen las finanzas hoy de los llamados sindicatos? Su porcentaje de afiliación es ridículo. Las cifras ingresadas por sus cotizantes, microscópicas. Pero los sindicatos mantienen a un ejército de cientos de miles de «liberados» del cruel trabajo. Pero los sindicatos son propietarios de edificios de valor muy calculable; con la única excepción, eso sí, de la CNT que, siendo la mayor propietaria de inmuebles antes de la guerra, no recibió un duro de compensación, como castigo a su pecado de no afiliación partidista. Pero los sindicatos manejan fondos públicos que el Estado pone a su disposición sin límite. Lo que es lo mismo, fondos públicos que salen de nuestros bolsillos. Los sindicatos, los grandes sindicatos al menos, no son hoy más que un ministerio. Regido por quienes nunca trabajaron. Sometidos a la ley del esquirol: ser fiel al amo que paga.

De la «huelga general», mejor no hablar demasiado. El término fue codificado por Rosa Luxemburgo, como estrategia revolucionaria alternativa a la dictadura partidista rusa. Precede a la insurrección. O bien, no es nada. Nada más que retórica. Irrisoria, en la voz altisonante de quienes viven a costa del Estado. Y, corrompiendo el lenguaje, se dicen sindicalistas para no ser corridos a gorrazos.


ABC - Opinión

Sindicatos. La huelga y el síndrome postvacacional. Por Pablo Molina

En julio no puede convocarse porque la selección puede ganar el mundial, en agosto los liberados sindicales están en el chalé de la playa y a principios de septiembre los esforzados paladines de la defensa del obrero están con el síndrome posvacacional.

Los sindicatos mayoritariamente minoritarios, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de su clientela potencial rechaza sus servicios, han decidido convocar una huelga general que casi con toda seguridad tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre, festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

Podrían haberla convocado en estos dos últimos años, cuando ya era evidente el desastre ocasionado por Rodríguez Zapatero, pero como las subvenciones fluían a buen ritmo hacia sus bolsillos y los subsidios del desempleo no parecían correr peligro, decidieron únicamente convocar una manifestación contra Esperanza Aguirre y los empresarios, aunque no es seguro que fuera del sindicalismo liberado se entendiera bien esta circunstancia.


Por otra parte, los medios de izquierdas ya habían dejado sentado que la culpa de la crisis era de Bush, Aznar, el Papa de Roma y el neoliberalismo salvaje, así que no era plan de culpar a Zapatero, que además ha estado siempre a este lado de la trinchera. Por si eso fuera poco hace un par de meses, en pleno fragor de la recesión, con cinco millones de parados y más de un millón de familias al borde de la indigencia, tuvimos la crisis de Baltasar Garzón, cuyo puesto de trabajo es, hasta el momento, el único que ha suscitado alguna preocupación en los representantes formales del proletariado.

Total, un lío del que ahora parecen haberse liberado, nunca mejor dicho, nuestros sindicalistas de nómina, dispuestos a echarse a la calle ante la amenaza de que la reforma laboral del Gobierno permita a los empresarios crear algún puesto de trabajo, delito de leso sindicalismo que ha de ser castigado en la calle con huelgas y piquetes "informativos" para que no se pierda la tradición.

La decisión de convocar la huelga a finales de septiembre no es más que otro ejemplo de coherencia del sindicalismo. En julio no puede convocarse porque la selección "del estado español" puede ganar el mundial de fútbol, en agosto los liberados sindicales están en el chalé de la playa y los primeros días de septiembre son peor momento aún, porque los esforzados paladines de la defensa del obrero están todos con el síndrome posvacacional y no es cuestión de que los sindicatos contribuyan al agravamiento de una enfermedad profesional.

Veintinueve días después de haberse incorporado a sus tareas sindicales es el plazo que calculan necesario para que los liberados se recuperen de las vacaciones. Son como la Preysler, que se iba de vacaciones para descansar de las vacaciones inmediatamente anteriores pero con una diferencia: la filipina lo hacía con su dinero. Con el de sus maridos, me refiero, pero en todo caso sin meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes. Yogui y Bubu no pueden decir lo mismo y, además, seguro que en las páginas del Hola quedarían fatal.


Libertad Digital - Opinión

Alemania es culpable. Por José María Carrascal

Dejémonos de lamentos y de echar las culpas de nuestros males a los demás, uno de nuestros deportes favoritos.

¿A qué tanto jaleo con lo que difunden el Frankfurter Allgemeine Zeitung y el Financial Times, a qué tanto enfado con las declaraciones de Ángela Merkel, si lo que dicen podemos oírlo, sin conocer alemán e inglés, en nuestro idioma? Francisco González, presidente del BBVA y único banquero español que llama a las cosas por su nombre, acaba de declarar: «Los mercados han retirado su confianza a España. Para la mayor parte de las empresas y entidades financieras españolas, los mercados internacionales de capitales están cerrados». La consecuencia es meridiana: si los mercados internacionales de capitales están cerrados a las empresas y entidades financieras españolas, éstas no tienen más remedio que acudir al Banco Central Europeo para cubrir sus necesidades crediticias. Que es lo que han dicho el y el . Así que dejémonos de cuentos, de lamentos y de echar las culpas de nuestros males a los demás, uno de nuestros deportes favoritos. Aunque el principal de ellos es creer las mentiras que nos cuentan, por ser más fáciles de digerir que las verdades.

¿Recuerdan cuando Zapatero nos decía que la banca española era la más sólida del mundo? Pues ya ven, no encuentra quien le fíe. ¿Vamos a seguir con la cabeza metida en la tierra, como el avestruz, para no ver la realidad que nos rodea? ¿Van los sindicatos a seguir convocando huelgas que no resuelven nada y dañan mucho? ¿Va el Gobierno a seguir posponiendo la toma de medidas claras, duras, tajantes que le piden no ya los mercados y los socios europeos, sino los propios prohombres de su partido, como Solchaga —«la actitud del gobierno de posponer la toma de decisiones hace que la credibilidad de España sea pequeña»— o el propio Felipe González, exigiendo un ajuste «duro y urgente»?

Llega la hora de la verdad y tenemos al frente a un hombre alérgico a ella. El presidente del Gobierno prefiere perderse en la nube de las consideraciones socio-culturales, mezcladas con adjetivos rimbombantes y adverbios terminados en «mente», que en sus labios producen un efecto letárgico. Así hemos pasado dos años y medio, pensando que la crisis no iba a afectarnos demasiado y que empezábamos a salir de ella cada seis meses más o menos, según los cálculos de nuestro timonel. Cuando la realidad era que, pese a los cuatro millones largos de parados, la crisis de verdad no había llegado aún a España.

Es ahora cuando llega, cogiéndonos a todos, Gobierno, sindicatos, empresarios, bancos y común de los españoles, con los pantalones bajados, como vulgarmente se dice. Claro que siempre nos queda la excusa de echar la culpa a los alemanes.


ABC - Opinión

Antifranquismo. Yo, Pedro Almodóvar. Por José García Domínguez

Como veis, soy, por encima de cualquier consideración, un idealista muy español: estoy con el que manda. Siempre.

Me llamo Pedro Almodóvar Caballero, y jamás moví un dedo contra la dictadura del general Francisco Franco. Otros, pobres necios, obtusos doctrinarios, inmaduros inadaptados todos, la hostigaron con ahínco, arriesgando en el empeño libertad, patrimonio, profesión; hasta la propia integridad física, muchas, demasiadas veces. Yo, en cambio, no fui tan temerariamente insensato como ellos. Hubo en aquel entonces quienes, por elemental higiene cívica, se alistarían en las filas del PCE-PSUC, o en las más escuálidas aún del difunto PSP, o en el MC, o en la LCR, o en el PTE, o en la ORT, o en BR, o en la OIC, o en el PORE, o en la CNT... De existir tal espectro fantasmal, hasta en el non nato PSOE pudiera haber recalado algún despistado.

En mi caso, sin embargo, opté por enrolarme en las heroicas milicias nocturnas del J&B, las mismas que rendirían gloriosos servicios a la causa democrática combatiendo el tedium vitae en las barras de los bares y las pistas de las discotecas. He ahí el currículum del que tan orgullo me siento, ése que ahora me impulsa a aleccionar a los jóvenes que nada conocieron de aquello. Podéis comprobarlo, si os place. Nací el 24 de septiembre de 1949. Sabed, pues, que ya había cumplido veintiséis años cuando, por fin, murió el autócrata. Mas no busquéis huella alguna de mi periplo resistente en los archivos de la Brigada Político-Social, ni en cualquier otro registro público o privado de nuestra dignidad colectiva. Creedme, sería perder el tiempo.

Durante la larga noche de piedra que glosó en desolados versos Celso Emilio Ferreiro, acerté en todo momento a conducirme como un súbdito ejemplar. Os lo ruego, renunciad a preguntarme qué es un salto. No sabría responderos, salvo que os refiráis, claro, a alguna especialidad clásica del atletismo olímpico. Ni tampoco me habléis de ese miedo gélido que dicen haber sentido cuantos vivieron la clandestinidad. ¡Qué diantres habría de conocer yo acerca de eso! En cuanto a las vietnamitas, supongo que serán las chicas de la Conchinchina, ¿no? Por lo demás, callé cuando ellos gritaban y grito ahora, tantos años después, cuando ese incomprensible pudor suyo les empuja al silencio. Como veis, soy, por encima de cualquier consideración, un idealista muy español: estoy con el que manda. Siempre.


Libertad Digital - Opinión

Saber y no saber. Por Ignacio Camacho

Las decisiones gubernamentales —erráticas, borrosas e inconsistentes— siembran el caos.

LA sensación de que este Gobierno no sabe gobernar es algo más que una opinión política: se trata de una cuestión puramente técnica relacionada con el (des)conocimiento del manejo de las herramientas administrativas y los procedimientos jurídicos que dan forma a la gobernación de un Estado. Más allá de la improvisación, la contradicción y la incoherencia, las decisiones gubernamentales carecen a menudo de consistencia legal y dan lugar a amplias lagunas de interpretación que las vuelven borrosas y siembran el caos sobre el modo de ejecutarlas. Bajo el mandato de Zapatero el poder no sólo se ha vuelto arbitrario, errático, caprichoso, inconsecuente y propenso a las ocurrencias impremeditadas, sino que se ha abandonado a la impericia y emite normas y órdenes imprecisas o equívocas que cuando no ofrecen dudas de inconstitucionalidad albergan preceptos confusos y convierten su aplicación en un mareante litigio. Como errores de bisoñez estos desajustes no tienen ya un pase al cabo de seis años, de manera que sólo pueden atribuirse a la simple incompetencia de un equipo que se ha puesto a gobernar sin la capacitación requerida para una tarea cuya complejidad desmiente el desahogado voluntarismo del presidente, capaz de confesarle a su mujer que su trabajo era tan sencillo que cientos de miles de españoles podrían desempeñarlo.

Esta inseguridad jurídica ha alcanzado el paroxismo en la reforma del mercado de trabajo, que después de dos años de perezosos tanteos el Gabinete pretende resolver con las prisas del típico arreón de mal estudiante. Presionado por la urgencia de presentarse con el proyecto en el examen final de Bruselas, Zapatero ha decidido tramitar por decreto lo que luego habrá de ser desarrollado como ley, creando así un limbo al que pueden ir a parar millares de trabajadores afectados por la aplicación inmediata de sus preceptos. Si los nuevos contratos, los plazos y los límites de las indemnizaciones por despido quedarán durante unos meses establecidos en parámetros que pueden ser modificados por la negociación parlamentaria posterior… ¿a quién y cómo reclamarán las empresas y los empleados que actúen como involuntarios conejillos de prueba de esta creativa experiencia de legislación por etapas? ¿Qué validez, qué firmeza tendrán las medidas adoptadas durante el período de transición? El asunto podría ser hasta risible si no se tratase de una reforma que desmantela importantes aspectos de la protección laboral y liquida derechos vigentes especialmente delicados. En una situación de desamparo social como la presente, esta forma de gobernar ya constituye una emergencia crítica; si hay tantos ciudadanos que podrían ser presidentes del Gobierno, es urgente encontrar a uno que lo haga siquiera un poco mejor que éste.

ABC - Opinión

Más ahorro, más seriedad

En medio de la fuerte marejada, Bruselas no da tregua al Gobierno de Zapatero. En pleno debate sobre la reforma laboral, al mismo tiempo que se encarecen las nuevas emisiones de deuda pública y cuando arrecian las sospechas de la Prensa alemana sobre la fortaleza española, la Comisión Europea añadió ayer más presión a la olla de nuestra economía al exigir que el recorte del déficit para 2011 sea al menos de 17.500 millones de euros. Es decir, 7.500 millones más de los previstos por Madrid. El mensaje no puede ser más claro y perentorio: aunque los planes presentados en su día merecen el aprobado, las autoridades comunitarias reclaman más austeridad para que sean creíbles. Si se tiene en cuenta que esta petición se enmarca en el debate de Francia y Alemania para suspender el derecho al voto a los países deficitarios, al Gobierno español no le queda más opción que recoger el guante y ampliar el tijeretazo.

Lo que significa que los Presupuestos para el año próximo serán los más restrictivos de los últimos quince años. Pero no terminan aquí los «deberes» que Bruselas y los mercados han puesto a España para pasar de curso. En estos momentos hay cien mil ojos pendientes de la reforma laboral, de su alcance y profundidad. El Consejo de Ministros de hoy, adelantado para que el jueves Zapatero lleve a Europa su hoja de ruta, aprobará el decreto, cuyo contenido exacto ha estado rodeado de confusión, cortinas de humo e incógnitas. El farragoso y abstruso documento avanzado por el ministro de Trabajo el pasado viernes ha tenido la rara virtud de irritar por igual a sindicalistas, a empresarios y a los grupos parlamentarios, con el agravante de que ninguno de todos ellos se ha enterado con exactitud de qué reforma laboral propone el Gobierno. Al igual que sucedió con el tijeretazo social, cuyo contenido acordado a última hora sorprendió incluso a algunos ministros, existe la impresión de que el equipo de Zapatero actúa a trompicones e improvisadamente, y urgido por el compromiso de llevar a Bruselas un decreto, aunque éste pueda sufrir luego modificaciones en su tramitación parlamentaria. En suma, el Gobierno aplica a esta reforma su peculiar filosofía de hacerla «como sea» para salir del trance. En este contexto, lo de menos es que UGT y CC OO convoquen un simulacro de huelga general para el 29 de septiembre, día que ya estaba reservado por los sindicatos europeos para una protesta genérica contra la crisis. Lo relevante es que los mercados no aceptarán una reforma cosmética y castigarán severamente aquella que no reciba el apoyo inequívoco de los empresarios y de los partidos de centroderecha. De los tres ejes de ataque sobre los que pende la credibilidad de la economía española (déficit público, deuda global y reforma laboral), el del mercado de trabajo es el de más largo alcance y el más sensible para ganarse la credibilidad internacional. Sería sumamente grave que el Gobierno no apreciara la trascendencia que para el futuro de España tiene la reforma laboral y la abordara como un simple trámite de obligado cumplimiento. Por eso, el Consejo de Ministros de hoy debe estar a la altura del reto, que es histórico.

La Razón - Editorial

Todavía no es suficiente

Bruselas pide un ajuste adicional en 2011, a pesar de que la austeridad retrasará la recuperación.

A nadie debe extrañar que la Comisión Europea (CE) siguiera ayer estrictamente el guión previsto en la verificación de las medidas de ajuste propuestas por España para reducir el déficit público desde el 11,2% del PIB en 2009 al 9,3% en 2010, el 6% en 2011 y menos del 3% en 2013. La Comisión respalda el plan español de austeridad y frena el procedimiento de sanción abierto por déficit excesivo, pero advierte que las decisiones de ahorro previstas para el año que viene pueden ser insuficientes. Pide que se especifiquen las medidas que limitarán el techo del gasto público para el año próximo, que equivalen a un recorte añadido del 1% del PIB y una reducción adicional del déficit equivalente al 0,75% del PIB. Ni siquiera faltó en la recomendación un recordatorio a la reforma laboral y la llamada a la reforma de las pensiones, que es la cuenta pendiente de España con Bruselas.

La Comisión tampoco se olvidó de desmentir que se esté preparando un plan de rescate financiero para España, un rumor que se extendió el lunes como reguero de pólvora a partir de imprecisas informaciones de medios de comunicación alemanes y que la canciller Angela Merkel no quiso o no acertó a desmentir con rotundidad. La especulación informativa puede dañar irremisiblemente a las economías que atraviesan por dificultades de ajuste coyuntural. El sistema bancario español es más sólido y está mejor provisionado que el británico, el francés o el alemán; las empresas españolas tienen activos sólidos para soportar una recesión; la tasa de ahorro en España es muy superior a los casos de otros países en dificultades, con quien frecuentemente se la compara; el Estado tiene un amplio recorrido de subida impositiva y el plan para reducir el déficit tiene el aval de la CE. No hay razones objetivas para mantener a la economía española en una espiral de reticencias. Sobre todo cuando se observa que España, como otros países de la UE, está atrapada en la contradicción del ajuste obligado que obstaculiza el crecimiento necesario para reducir el déficit.

La evaluación comunitaria de la política española contra el déficit parece ser la resultante de dos fuerzas contrarias. Por una parte, se acepta que la voluntad política de austeridad es auténtica (no habrá trampas contables en su aplicación) y factible; por la otra, se observa una tendencia a la imprecisión en la descripción de las medidas de ahorro y se recuerda la torpeza de enviar a Bruselas un cambio en el periodo de cómputo de las pensiones, crucial para reforzar la solvencia del sistema, que después fue retirado. Las dudas jurídicas del Gobierno sobre la reforma laboral tampoco ayudan: que se tramite a través de un decreto o proyecto de ley no es pretexto para retrasar su aprobación.

La Comisión ha ratificado lo que ya era plausible: el Gobierno tendrá que dar otra vuelta de tuerca al gasto para 2011 y considerar nuevas subidas impositivas. Zapatero tiene la oportunidad de superar el mero recorte y reestructurar en profundidad el gasto de las Administraciones públicas.


El País - Editorial

Los sindicatos la dejan para septiembre

Por mucho que quieran ganar tiempo, estos sindicatos, que tanto silencio han guardado ante la pérdida de millones de puestos de trabajo por culpa de la desastrosa política de Zapatero, carecen de la más minima legitimidad para protestar por nada.

Se supone que una acción de protesta tan extrema como es la celebración de una huelga general se debe ejecutar lo más pronto posible como medio de canalizar el supuesto malestar ciudadano que provoca el hecho que la origina. UGT y CCOO, sin embargo, han retrasado nada menos que para el 29 de septiembre la celebración de su anunciada huelga en protesta contra la reforma del mercado laboral presentada por el Gobierno. Podemos pensar en varios motivos que expliquen algo tan inaudito como que los sindicatos pospongan tres meses y medio la fecha del paro general.

Al margen de acontecimientos como la celebración del Mundial de Fútbol y el inicio de las vacaciones del verano, los sindicatos son conscientes del cada vez mayor distanciamiento que sienten hacia ellos los ciudadanos, quienes los ven acertadamente como privilegiados y subvencionados grupos de presión que no han hecho más que ir de la mano de un gobierno incompetente al que pretenden ahora superar en irresponsabilidad e inconsciencia. Los sindicatos necesitan ganar tiempo ya que saben, y más aun tras el rotundo fracaso del reciente paro de los funcionarios, que su ya escasa credibilidad y legitimidad para convocar actos de protesta pueden suponerles la puntilla si cosechan un nuevo fracaso.


Por otra parte, los sindicatos padecen una esquizofrenia a la que les conduce su incurable sectarismo ideológico. Así, mientras a Aznar le organizaron en 2002 una huelga general inmediatamente después de que el Gobierno del PP aprobara el decreto ley de reforma del sistema de protección por desempleo, justo en la fecha en la que acababa el periodo semestral de la entonces brillante presidencia de España en la UE, los sindicatos ahora no quieren eclipsar la ya de por sí desastrosa y nada ejemplar presidencia semestral de la UE de Zapatero con una huelga general. En lugar de ello, la difieren a finales de septiembre y la hacen coincidir con una jornada de protesta común a todos los países de la UE en el que el papel de Zapatero como destinatario de la misma quede más diluido.

En cualquier caso, la realidad es la que es, y este mismo martes la Comisión Europea ha reclamado a España un nuevo recorte del gasto del 1,75 % para 2011 que, según el Ejecutivo de Zapatero, llevarán a cabo las autonomías. Precisamente en este terreno del gasto autonómico los ciudadanos han podido presenciar tanto la irresponsabilidad como el sectarismo de los sindicatos. Hasta ahora las únicas protestas que habían hecho estos mal llamados agentes sociales que tanto silencio han guardado ante el despilfarro de una política que nos ha abocado a los cinco millones de parados, se han dirigido contra un gobierno autonómico que como el de Esperanza Aguirre, que es el único en España que se ha ajustado a los limites de déficit fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por mucho que quieran ganar tiempo, estos sindicatos, que tanto se han beneficiado del despilfarro que ahora tenemos que corregir, y que tanto silencio han guardado ante la pérdida de millones de puestos de trabajo, carecen de la más minima legitimidad para protestar contra algo que, por otra parte, tanto requiere nuestra mortecina economía como es una drástica reducción del gasto pública y una no menos profunda reforma de nuestro rígido mercado laboral. Y no creemos que la vayan a recuperar, aunque se dejen la asignatura para septiembre.


Libertad Digital - Editorial

Zapatero se queda sin sindicatos

El saldo de más de cuatro millones y medio de parados, con una tasa de paro del 20 por ciento, es imputable a la pasividad del Gobierno, pero también a la complicidad de los sindicatos

EL Consejo de Ministros aprobará hoy una reforma laboral sumida en las máximas incertidumbres sobre su eficacia y sobre los apoyos —por el momento, ninguno— con los que el Gobierno intentará aprobarla en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta reforma aún no aprobada ya ha producido el divorcio, al menos aparente, entre el Gobierno y los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Sea por oportunismo —lo que es probable— o por coherencia —lo que es dudoso—, estas organizaciones sindicales han dado otro paso para distanciarse de un Gobierno al que han servido fielmente durante dos años, precisamente para legitimar ante los trabajadores con una excusa «social» el empecinamiento de Rodríguez Zapatero en no asumir que el mercado de trabajo estaba hundiéndose y era urgente transformarlo de manera estructural. El saldo actual de más de cuatro millones y medio de parados, con una tasa de paro del 20 por ciento, es imputable a la pasividad del Gobierno, pero también a la complicidad de los sindicatos que ahora anuncian una huelga general para el 29 de septiembre, coincidiendo con una jornada de movilizaciones en Europa.

Este largo plazo que marcan los sindicatos para protestar contra una reforma que se aprueba hoy es una muestra evidente de que necesitan tiempo para reinventarse como organizaciones representativas de los trabajadores y desprenderse del papel de escuderos del presidente del Gobierno. También para poner tierra por medio con el fracaso de la huelga en la función pública. Si no es así, anunciar una huelga con más de tres meses de antelación no tiene sentido. Hay, además, un evidente oportunismo en este calendario, porque hará coincidir la huelga con el ambiente electoral de los comicios catalanes y con las primeras discusiones sobre los presupuestos generales de 2011, que tendrán que ser mucho más restrictivos de lo que desearía Zapatero, a la vista del informe que ayer publicó Bruselas sobre el plan anticrisis del Gobierno socialista. Para rematar el cálculo sindical sobre el momento de la huelga, en otoño se prevé un repunte del paro y podrá conocerse el impacto de la subida del IVA durante el verano. La huelga general no será, desde luego, la respuesta que conviene a España en una situación de grave crisis económica. Incluso para amplios sectores sociales carece de legitimidad tras estos años de asociación idílica entre el Gobierno y unos sindicatos que no supieron velar por los trabajadores mientras estos perdían sus trabajos en masa, ni ahora saben cómo reaccionar para que los recuperen.

ABC - Editorial