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«Para que esa "visión de futuro" de la que ahora nos habla Rubalcaba se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo»No por previsible ni lógica, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar por unanimidad el recurso que Batasuna interpuso contra su ilegalización deja de ser una espléndida noticia para los amantes de la libertad, en general, y para los españoles muy en particular. Desde que los principales partidos de nuestro país reconocieron la anomalía democrática que suponía que el Estado español permitiera la representación política y la subvención pública a formaciones políticas que forman parte de un entramado terrorista, no han faltado quienes desde el papanatismo miope o el nacionalismo cómplice han cuestionado la legalidad y legitimidad de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de estos voceros del terrorismo. Pero, como bien acaba de señalar la Corte de Estrasburgo, "un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos".
Dentro de la buena acogida que el Gobierno ha dado a esta noticia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que "una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos, sí debemos concluir con una visión de futuro y es que en nuestro país, en España, no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia. Nunca más". Ciertamente para que esa "visión de futuro" se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo. Y es que, a pesar de estar supuestamente en vigor, la negociación que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la dirección de ETA –o la que mantuvo el PSE con Patxi López a la cabeza con Batasuna–, fue una clara violación de la letra y del espíritu de la Ley de Partidos; como también lo fue su bochornosa condescendencia a que los proetarras del PCTV y ANV tomaran el relevo; como también lo fue llevar la interlocución con ETA al Parlamento Europeo, o como también lo fue que el fiscal general del Estado equiparara por aquel entonces la Ley de Partidos con un "Guantánamo electoral". No hay que olvidar, por otra parte, que al día de hoy, y aunque esté ilegalizado su partido, los proetarras de ANV siguen estando en numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Eso, por no hablar de la condición de legales de la que todavía gozan los proetarras de la Iniciativa Internacionalista de Alfonso Sastre.
Muchos de los que ahora aplauden desde el ámbito político, mediático y judicial la decisión de Estrasburgo, defendían hasta hace nada el "diálogo" con ETA. Bien está que algunos de ellos admitan ahora públicamente su error y que se den cuenta de que la única forma de acabar con ETA está en la fortaleza del Estado de Derecho, en la policía y en la justicia.
Bien está también que el juez Garzón haya llamado a Mayor Oreja para felicitarle y para felicitarse por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Pero no hay que olvidar que, por importantes golpes judiciales que Garzón haya dado a ETA, este juez respaldó públicamente la "paz sucia" de ZP bajo una premisa tan ajena al espíritu y la letra de la Ley de Partidos como la de que "hay que dialogar hasta con el diablo". Pues, no. Con los terroristas y sus voceros no hay nada que dialogar. Hay que ponerlos fuera de la ley, tal y como señala nuestro ordenamiento jurídico y respalda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que ahora no se trata de restregar a nadie su pasado, sino de evitar pretéritos errores e infamias precisamente para que el "escenario de futuro" que ahora nos dibuja Rubalcaba se haga realidad.
Libertad Digital - Opinión
La excepción Aguirre. Por Gabriel Albiac
La corrupción política es, en España, constituyente. Eso la diferencia de un simple cúmulo de delitos. No, no es delictiva, la política. Aun cuando tantas veces lo haya sido. Pero el delito puede perseguirse. Castigarse, incluso. A veces. La corrupción constituyente crea, por el contrario, norma. Y prolifera en ella. No existe modo legal de perseguirla; porque ella es ley; mejor: fundamento de ley. Y ese blindaje ha trocado a la clase política en otra cosa, que nuestra ingenuidad pensaba arcaica: una casta. Hermética, endógama, impermeable a las tormentas exteriores. Y frente a cuyos arrogantes privilegios, nada puede el ciudadano. Decir que eso pudre la democracia aquí, es decir muy poco.
a casta vive envuelta en sombras. Saber cómo se financia un partido, es abordar misterios más ominosos que los del atanor del alquimista. Entender la súbita opulencia de tantísimo alto cargo, es asomarse a un abismo. Lo mejor del tiempo de los representantes transcurre en blindar sus vidas y fortunas al ojo del despreciable representado. Del Presidente al cacique local de menos monta, todo político hace pucheros cuando evoca lo mal que lo están pasando sus pobrecitos electores. Y ni uno renuncia a un solo privilegio: ni a sueldos, ni a phantoms, ni a muchedumbres de escoltas, ni a viajes fastuosos, ni a dietas faraónicas, ni a colocación de prole. Tan imbéciles nos consideran, que ni llega a pasar por sus cabezas que puedan estar cabreándonos.
Aguirre es la excepción. Rebajar en un 2% el sueldo de su gobierno tiene el valor de un gesto. Crucial, porque certifica que alguien no está ciego. Que hay, al menos, un político que percibe el destrozo que de la democracia ha hecho el onanista autismo de la casta. Si a alguien le queda un átomo de inteligencia, apostará por ella. Sin más, porque no hay otro.
ABC - Opinión
Sensatez frente a los jueces estrella
LA ESQUIZOFRÉNICA carrera por la notoriedad emprendida por algunos jueces de la Audiencia Nacional puede tener sus días contados. Sus intentos de abrir causas penales en los más diversos rincones del mundo invocando la justicia universal se topa con el nuevo criterio legal, que establece que los magistrados de la Audiencia no son competentes para juzgar delitos ocurridos en otros países salvo que exista una relación directa entre España y esos delitos. Y no hay, como ayer dictó el Pleno de la Audiencia, relación alguna entre nuestro país y el ataque aéreo israelí de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles en Gaza. El juez Andreu tendrá que archivar la causa por crímenes de guerra contra siete altos mandos israelíes. Otro bofetón al vedettismo judicial.El Mundo - Editorial
ETA pierde en Estrasburgo
QUE la ley de Partidos Políticos -impulsada por el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, cuya determinación adquiere hoy un valor singular- respetaba los Derechos Humanos era una certeza que se tenía desde que fue aprobado un texto que ya reflejaba las garantías establecidas por el Tribunal de Estrasburgo para ilegalizar a una formación política. El Constitucional lo entendió así al rechazar el recurso presentado en 2003 por el Gobierno vasco, presidido entonces por Ibarretxe, contra una ley que estaba permitiendo expulsar a ETA de casi todas las instituciones. Por tanto, cuando los dirigentes de Batasuna recurrieron su ilegalización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado, a través del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, tenía ya preparada la respuesta a la ofensiva de la izquierda proetarra contra la ley de Partidos Políticos. Bien es cierto que durante la tregua de 2006 con ETA hubo algún titubeo en la defensa jurídica de las ilegalizaciones, si bien ha pesado más la realidad de las cosas, es decir, la irreversible naturaleza terrorista de ETA, que los erróneos análisis que llevaron a aquel infausto proceso de negociación política con los terroristas.
La sentencia del TEDH no sólo confirma jurídicamente las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, sino que despoja a ETA de uno de sus últimos recursos para trasladar a Europa su estrategia victimista. Su descripción de España como un país que reprime arbitrariamente las libertades ha fracasado por completo. Es importante el dato de que la sentencia del TEDH ha recibido el respaldo unánime de los jueces que lo componen, a diferencia de anteriores resoluciones sobre ilegalización de partidos, dictadas con una clara división interna. Esta es una buena ocasión para que el Gobierno promueva una nueva campaña de deslegitimación de ETA ante la opinión pública europea, más aún si el entramado batasuno pretende recuperar algún apoyo internacional de la mano de su enésima tapadera, Iniciativa Internacionalista. También han fracasado todos los profetas que, incluso desde fuera del ámbito abertzale, anunciaron el desahucio de las libertades y los derechos democráticos en España por la aprobación de la ley de Partidos Políticos. No sólo no ha habido retroceso democrático por la aplicación de esta ley, sino que la democracia española es hoy mucho más digna con ETA fuera de sus instituciones. Los restos de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros y la legalización de Iniciativa Internacionalista por el TC son episodios anómalos -en todo caso, reversibles en cuanto las pruebas lo permitan- de una trayectoria impecable de las instituciones democráticas contra ETA.
El TEDH no podía decir otra cosa distinta. Nadie que apoye la violencia tiene espacio en la democracia, porque tampoco es cierto que todas las ideas sean legítimas: las que defienden o disculpan el terrorismo no lo son. La libertad política no es absoluta para quienes no respetan la ajena. Jurídicamente, la ley de Partidos Políticos se ajusta a las exigencias de necesidad, proporcionalidad y adecuación a los valores democráticos que establece el TEDH. Políticamente, ha sido la iniciativa más acertada y eficaz nunca impulsada por el Estado en la lucha contra ETA, fruto de la decisión de un Gobierno, el de José María Aznar, de no aceptar más resignaciones frente a ETA, y de un gran pacto con el PSOE, el Acuerdo por las Libertades de 2000, que nunca debió abandonarse.
ABC - Editorial
Inaceptables maniobras para seguir controlando las cajas que se fusionen
CAIXA Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu alumbraron ayer la primera fusión de entidades financieras recurriendo al Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob). En un proceso similar se hallan inmersas Caixa Catalunya, Caixa Girona y Caixa Tarragona. Todas estas operaciones han sido promovidas por el Govern de José Montilla, quien ayer trataba de justificar su mediación asegurando que «hará lo posible» para que el sector financiero catalán no pierda peso. La reestructuración bancaria es necesaria, por lo que es lógico que las entidades echen mano de ayudas públicas para redimensionar su capacidad productiva y mejorar su eficiencia. Lo que resulta inadmisible es el afán de los gobiernos autonómicos por mantener el control de sus corporaciones y que la lógica financiera aparezca supeditada a intereses políticos. Es sintomático que ninguna de las concentraciones en curso -Caja Sur y Unicaja; Caja Duero y Caja España; o Caja Ávila y Caja Segovia- se realice entre entidades de distintas regiones. Frente a las maniobras intervencionistas de las Comunidades, el ex ministro Jordi Sevilla y el diputado popular Vicente Martínez Pujalte abogan en un libro por aumentar la independencia de las cajas con propuestas para primar la autoridad del Banco de España y disminuir la capacidad de regulación de los Gobiernos autonómicos. Ambos políticos demuestran que un acuerdo entre los grandes partidos para reordenar con sentido común el sistema financiero es posible.El Mundo - Editorial
Franco ha muerto. Por M. Martín Ferrand
MIENTRAS Alberto Ruiz Gallardón, muy astuto, cumplía en La Granja de San Ildefonso con sus compromisos rectores en el PP -¡todo por el centro!-, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, por unanimidad, retirar todos los honores que, en su día, la ciudad le concedió al anterior Jefe del Estado. En un ridículo juego de moviola histórica, concordante con la saña que inspira a José Luis Rodríguez Zapatero, a Francisco Franco ya no le corresponde la Medalla de Oro que le concedió el concejo que presidía Alberto Alcocer, ni la de Honor que firmó el conde de Santa María de Babio. También ha dejado de ser Hijo Adoptivo de Madrid, como proclamó otro pleno presidido por el conde de Mayalde. La iniciativa de arrancarle unas cuantas páginas al libro de la Historia matritense, como cualquiera puede imaginar, la tomó IU, quizá para dar fe de su existencia, y fue secundada con entusiasmo por los concejales del PP y del PSOE, que también estuvieron de acuerdo en negarle a Carmen Polo de Franco el título de Hija Adoptiva, que «mereció», dicho sea de paso, antes que su marido.
Cuando Madrid, según las quintillas de Nicolás Fernández de Moratín, era «castillo famoso que al rey moro alivia el miedo», se alanceaban toros en su Plaza Mayor; pero esto de alancear difuntos, tan zafio e inútil, tiene menos garbo y ninguna gracia. Gallardón no es «el bravo alcaide Aliatar/ de la hermosa Zaida amante...», ni sus ediles merecen el sonar ruidoso, entre solemne y bullanguero, de los añafiles y los atabales. Una capital cuajada de obras insoportables, ensimismada en una tómbola olímpica en lugar de estarlo con un proyecto cívico y urbanístico de más enjundia y menos linimento, no debiera perder el tiempo de su máximo y más representativo órgano rector en darle al pasado pellizcos de monja. Quienes han gestionado, y gestionan, la ciudad más endeudada de Europa -posiblemente del mundo- y llevan amontonado un debe cercano a los 6.000 millones de euros habrían de mostrarse, aunque sólo fuere por guardar las apariencias, más sesudos y equilibrados. En razón de la biología y en aras del sistema educativo, más de la mitad de los madrileños, los menores de 35 años, no saben quién fue Franco y la otra mitad le tenemos tan distante como a Recaredo o Chindasvinto. ¿Hacen falta tanta pompa y tanto gasto, tanta obra y tantísimo boato para tomar razón de que Franco ha muerto?
ABC - Opinión
Amigos de ETA y enemigos de la democracia. Por Antonio Casado
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dado con la puerta en las narices a los amigos de ETA. No colaron sus dos solemnes quejas en forma de recurso contra el proceso de ilegalización de Herri Batasuna y sus derivadas, Batasuna y Euskal Herritarrok. Les quedaba el Tribunal de Estrasburgo. Y en él confiaban para blanquearse de nuevo ante la opinión pública internacional. Pero los seis magistrados, más el presidente, Peer Lorenzen, han decidido por unanimidad que la conducta de estos grupos y sus vinculaciones con ETA les convierten en enemigos de la Democracia.
El Tribunal respalda así una brillante operación de Estado que, en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa frente a quienes aspiran a reventarlo, contó con el apoyo de la opinión pública, los grandes partidos políticos, los tres poderes del Estado y el Tribunal Constitucional. Aunque el fruto legal más visible de aquella operación fue la Ley de Partidos (2002), la determinación de excluir de la vida política por medios legales a los amigos de ETA ya se había fraguado en el Pacto Antiterrorista (2.000), firmado por PP y PSOE.
Gracias al espíritu y la letra del Pacto previo y la Ley posterior, la representación de los amigos de ETA ha desaparecido del Congreso de los Diputados y del Parlamento Vasco. Prácticamente todas sus organizaciones están fuera de la ley y muchos de sus dirigentes siguen en la cárcel. Solo tienen una cierta presencia municipal en unos cuarenta ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Y ello, gracias al juego de garantías aplicadas por los poderes públicos, incluidos los altos tribunales, precisamente en aplicación de derechos fundamentales como el de participación, el de expresión, el de asociación.
Esos derechos nunca fueron suprimidos o limitados de forma arbitraria en España. Así se infiere de los 50 folios de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Otro varapalo a los amigos de ETA, porque en realidad a quien han sentado en el banquillo es al Reino de España, al amparo de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. Nada menos. Herri Batasuna y Batasuna, en sus respectivos recursos (25803/04 y 25817/04), alegaban que su ilegalización, al aplicarse la Ley de Partidos Políticos, habría violado los derechos fundamentales a la libertad de expresión (artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos) y a la libertad de asociación (artículo 11).
Respecto al primero, el Tribunal no reconoce en el Gobierno español la voluntad de excluir las opciones independentistas vascas en razón de sus ideas porque “varios partidos considerados separatistas ya coexisten pacíficamente en varias comunidades autónomas”. Pero donde más evidente es el respaldo de Estrasburgo a la operación de legítima defensa del Estado es en los razonamientos de la sentencia sobre la libertad de asociación, reunión y participación en la vida política. Con toda claridad se reconoce al Estado español el derecho a intervenir contra los partidos que se apoyan en la violencia terrorista y ponen en riesgo “la paz civil y el régimen democrático”.
En una bien articulada argumentación, el Tribunal, en fin, reconoce los vínculos entre Batasuna (y sus derivadas) y una banda terrorista: “Teniendo en cuenta la situación existente en España después de muchos años de atentados terroristas, especialmente en la región políticamente sensible que es el País Vasco, esos vínculos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia”.
el confidencial
Gabilondo perdona a Aznar. Por José Antonio Martínez-Abarca
«¿Habrán descubierto los valedores opinativos del proceso que aquello no conducía a ningún lado o, más bien, siempre lo supieron, sólo que ahora no toca?»
Coincidí hace unas fechas con el periodista José María Calleja en una tertulia de televisión de la periferia. "¿Cómo va lo tuyo con Isabel San Sebastián? ¿Cómo fue aquello que la llamaste, 'antiterrorista de discoteca' o así?", le dije con aire primaveral en el piscolabis previo a entrar al estudio. "Estoy querellado", sonrió sin asomo de preocupación, incluso un poco divertido. "Me habré equivocado seguro en muchas cosas. Pero yo creía que hablando con los terroristas se podía solucionar algo, que era bueno, y por aquello me llamaron amigo de ETA y cosas peores". No supe si estaba cantando la palinodia, pero desde luego había buen rollito, no sé si porque en aquel programa de televisión no pagaban lo suficiente para que a Calleja se le fuera estratégicamente la virgen.
Quien sí la ha cantado, la palinodia, es otro amante incondicional y muy principal del diálogo y del "proceso", Iñaki Gabilondo, quien incluso le concede cierta condición humana a Aznar ("él tenía razón y yo no"), cosa meritoria para quien tiene afirmado que todo lo que tenga que ver con el ex presidente le pone del hígado y le hace perder el desasimiento y el aura. ¿Habrán descubierto los valedores opinativos del proceso que aquello no conducía a ningún lado o, más bien, siempre lo supieron, sólo que ahora no toca?
Porque no ha ocurrido nada que justifique ese cambio de opinión, y nadie le ha hecho aparentemente ninguna putada a Gabilondo para que de repente hable con sentido común, cuando nadie lo espera, ni se le pide. Salvo que hay un Gobierno vasco medianamente distinto, todos están donde solían, si acaso ahora ETA mata un poquito menos y Aznar, por mucha razón que tuviera, es odiado un poquito más por esa parte del país que se lo cree todo, sea una cosa antes y ahora su contraria. ¿Quién le devuelve ahora sus cincuenta y nueve segundos de infamia, que fueron algunos más, a Aznar? ¡Pero si de pronto descubrirán que Jaime Mayor Oreja es algo más que el cenizo caduco con "esa cara de ir a dar siempre el pésame" con la que lo pintaron siendo ministro, de modo que votarle en las recientes elecciones al Parlamento Europeo daba hasta mal fario!
Sería mucho pedir que a los fósiles, los resentidos, los antiguos, los amargados, "los de siempre" que se han venido oponiendo a sentarse con los terroristas a hablar de recetas de cocina también se les extendiese el beneficio de esta interesada rehabilitación de Aznar. No da tiempo a dejar de considerarlos unos meros fachas según la doctrina oficial, porque cuando otra vez toque descubrir que lo mejor es entenderse con ETA no habrá que molestarse en volver a ponerles la etiqueta.
Libertad Digital - Opinión
Justicia gaseosa. Por Ignacio Camacho
DOSCIENTOS días. Eso es lo que ha tardado la justicia americana en dictar sentencia sobre la estafa piramidal de Bernard Madoff y dejar caer sobre la cabeza (¿de turco?) del timador una condena equivalente a la cadena perpetua. Se puede pensar si el reo habría recibido un veredicto tan duro en el caso de haber estafado a gente del común en vez de a una constelación planetaria de millonarios deslumbrados por el brillo del dinero fácil, pero lo que resulta indiscutible es la celeridad ejemplar con que el sistema ha evacuado la depuración del fraude, incluyendo la reparación parcial de los daños causados a la clientela a través de una forzosa negociación bancaria. En los primeros seis meses de un proceso de esa envergadura, la justicia española apenas tendría tiempo para las diligencias previas y los recursos preliminares, y pasarían años antes de que las víctimas supiesen apenas el paradero de sus evaporados caudales.
No es especulación; los clientes de Fórum y Afinsa aún no saben cuánto dinero han extraviado, ni siquiera si han sido o no objetos de estafa. Diluido el efecto mediático del escándalo y disipada la posibilidad de encontrar en él piezas de caza mayor política, el caso parece haber perdido prioridad para descaminarse entre los recovecos polvorientos del kafkiano castillo judicial español, donde yacen amontonados sumarios de corrupción, pleitos indemnizatorios, contenciosos de larga duración y hasta escalofriantes procesos penales. Algunos de esos aletargados expedientes fueron en su día instruidos bajo el irónico epígrafe del procedimiento abreviado.
Eso sí, los comienzos de cada causa resultan de lo más prometedores. En esos arranques efervescentes con multitudinarios «paseíllos» de juzgado se arruinan reputaciones, se siembran incertidumbres, se ejecutan sumarísimos veredictos de opinión pública y se aplica a los sospechosos pena de telediario. Luego se va perdiendo el gas en un frufrú decadente de burbujas que acaba en un perezoso desmadejamiento disimulado en trámites garantistas, y al cabo de los años, si es que antes el papeleo no se empantana en archivazo, se presenta ante el tribunal un demacrado montepío de canas en busca de un remedo de justicia tardía. Acaso de esa costumbre dilatoria provenga la afición de ciertos magistrados por remover fosas de la guerra (in)civil y hasta pedir el certificado de defunción de Franco; acostumbrados a su propio ritmo deben de pensar que están desatascando urgencias. Con esta justicia de ultratumba no es improbable que en la vista del presunto fraude filatélico acaben declarando algunos herederos de los inversores que hoy siguen preguntándose por el borroso destino de sus ahorros malogrados. Aquí un tipo como Madoff, que tiene 70 años, necesitaría tres vidas para llegar a sentarse en el banquillo de acusados.
ABC - Opinión
Punto final a Batasuna
El Tribunal de Estrasburgo cierra el círculo de dudas sobre la ilegalización del partido 'abertzale'.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto punto final a cualquier duda jurídica que pudiera todavía albergarse sobre la ilegalización de Batasuna. Se entierran así las esperanzas, no sólo de la formación abertzale, sino también de ciertos medios nacionalistas de que un órgano jurisdiccional europeo e independiente pusiera en entredicho la actuación de la justicia española y condenara al Estado español por vulneración de derechos políticos fundamentales. El jarro de agua fría afecta directamente al PNV y al anterior Parlamento de Vitoria, que confiaban en una sentencia de Estrasburgo desfavorable a la Ley de Partidos a pesar de haber sido avalada también por el Tribunal Constitucional español.
El veredicto del Tribunal de Estrasburgo no puede ser más contundente, no sólo por su unanimidad, sino por sus argumentos: la actuación de la justicia española -tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional-, sustentada en una probada complementariedad política de Batasuna con ETA, no vulnera los derechos a la libertad de expresión ni de asociación política. El revés jurídico para Batasuna es histórico, y sus consecuencias políticas resultan nefastas para sus pretensiones: se corta de raíz no sólo su posible vuelta a las instituciones sino la de sus segundas marcas.
La formación ilegalizada alegó que la Ley de Partidos le había sido aplicada retrospectivamente; que su disolución fue desproporcionada y que el objetivo de la misma fue impedir el necesario debate sobre la izquierda independentista vasca. En definitiva, que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Ninguna de estas quejas tiene acogida: no hubo retroactividad porque los hechos y las pruebas son posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos; la disolución no buscó impedir el debate sobre la izquierda independentista vasca, "ya que otros partidos llamados separatistas coexisten pacíficamente en muchas autonomías españolas", y no fue desproporcionada con los actos y discursos demostradamente antidemocráticos del partido disuelto.
Para Estrasburgo no cabe duda alguna: la ilegalización de Batasuna respondió a una "necesidad social imperiosa". Y llama la atención su sintonía con el Supremo y el Constitucional españoles. Coincide con ellos en que la actuación y el discurso de Batasuna y sus dirigentes "no excluyen el recurso a la fuerza para alcanzar sus objetivos"; forman parte "de una estrategia política contraria a los principios democráticos de la Constitución española" y sus probados vínculos con ETA "pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia". Más claro no puede decirse: un partido así no encaja en una "sociedad democrática". Habría sido admisible incluso, aunque no fue el caso, ilegalizar a Batasuna por no condenar los atentados de ETA: "En ciertas circunstancias las omisiones y silencios pueden equivaler a un apoyo expreso".
El País - Opinión
Cuidado con él. Por Alfonso Ussía
El doctor Montes ha experimentado un nuevo revés judicial. Me intriga lo de este hombre. Abundante melancolía se escapa de su expresión. Sus compañeros de profesión le acusaron de mala «praxis», y en lugar de arrepentido, se muestra enfadado. El socialismo y el comunismo de Madrid están con él. Para mí, que el doctor Montes es una victima de la Izquierda madrileña, que necesita un clavo ardiente para agarrarse a él. No tienen a nadie, y al paso que llevan unos y otros, me da por presentarme a unas futuras elecciones y me los paso por la refajera. Sólo me preocupa de Montes su afán de notoriedad. Le encanta salir en la prensa retratado con su bata blanca y su rostro de congoja contenida. Mira mucho hacia el suelo. No es un luchador en solitario contra una supuesta injusticia. Es el instrumento político de unos incompetentes que pierden votos todos los días.
Pero ahí está. Cualquier día Zapatero nos anuncia que el candidato del PSOE para las próximas elecciones autonómicas en Madrid es el doctor Montes. Más gancho que Gómez tiene. Cuidado con él. De cualquier forma, uno intuye al doctor Montes más cómodo en otros ámbitos. El cine, por ejemplo. Su aspecto es distinguido y su permanente desazón ha marcado su rostro con la bella destrucción que produce la perplejidad constante. Interpretaría admirablemente los papeles dramáticos. El del padre de un «maquis» que se une a su hijo en la lucha serrana y renuncia a disparar contra un guardia civil porque se cruza de improviso un precioso venado. El padre del «maquis», buenísima persona y amante de la naturaleza, precursor del ecologismo «sandía», prefiere ser detenido antes que disparar contra el ciervo. El malvado guardia civil, en lugar de agradecerle el detalle, lo detiene y Franco, personalmente, acude hasta el lugar para ajusticiarlo. Un extracto del extraordinario guión, que podría escribirlo la señora González-Sinde, y le brindo la idea.
Montes sería un gran actor. No de comedia, que hasta ahí podíamos llegar. Pero un melodrama lo bordaría. También, en este supuesto, cuidado con él. El doctor conoce todos los trucos para convocar a la prensa, y a los pocos meses de formar parte de «La Cultura», alcanzaría, sin duda alguna, la presidencia del Sindicato de la Ceja. Un diálogo trascendental entre dos personajes representados por el doctor Montes y Federico Luppi nos emocionaría a todos. Dejaría en ridículo a Peter O´Toole y Richard Burton en «Beckett», por poner una muestra brillante.
El transcurrir de la vida cierra unas puertas y abre otras tantas. Sin pretenderlo, el doctor Montes se ha convertido en un encomiable actor. No descarto la posibilidad de que salte el charco y se afiance en Hollywood. En tal caso, le recomendaría que adaptara su nombre y apellido al inglés. No suena mal. Lou Mounts. Triunfaría. Sin saberlo, ha conseguido superar a una buena parte de los malísimos actores españoles.
Sus directores y realizadores sólo le tienen que indicar que actúe con naturalidad, que se mueva ante las cámaras como lo hace en su vida. Sería grandioso. El único detalle triste es que le quitarían la calle a Pilar Bardem para dedicársela a él. «Calle de Lou Mounts». Me gusta.
La Razón - Opinión
Un 'boomerang' jurídico que deja KO a Batasuna
ETA y Batasuna recibieron ayer un varapalo histórico: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de la decisión de ilegalizar a los proetarras.
ETA Y BATASUNA recibieron ayer un varapalo histórico. Los siete magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaron por unanimidad que la decisión de ilegalizar Batasuna en 2004 era «una necesidad social imperiosa», plenamente justificada «para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades».
La sentencia deja sin discurso a la izquierda abertzale y al PNV, que se habían cansado de repetir que la ilegalización de Batasuna era una arbitrariedad del Gobierno y los tribunales españoles y que el Tribunal de Estrasburgo pondría fin a esta vulneración de los derechos de los ciudadanos vascos.
El tiro les ha salido por la culata porque la sentencia dice exactamente lo contrario: que Batasuna es un apéndice de ETA, que su ilegalización es «proporcional» y ajustada a las leyes, que no viola la Convención de Derechos Humanos y que era necesaria para proteger al Estado frente a una organización terrorista.
Los siete magistrados desmontan todos y cada uno de los argumentos de los abogados de Batasuna en un demoledor fallo de 39 folios que concluye que un Estado de Derecho no puede permanecer indefenso ante las amenazas de una banda que asesina y siembra el terror entre la población. En sus fundamentos jurídicos, los magistrados apuntan que la ilegalización de Batasuna, brazo político de ETA, por parte del Supremo estaba plenamente justificada porque había pruebas indiscutibles de un respaldo activo del partido político a los actos violentos del grupo terrorista.
El Tribunal considera que esta asociación de Batasuna y ETA era un motivo legal de disolución y que el Supremo aplicó correctamente el artículo 9 de la Ley de Partidos, aprobada en el verano de 2002. Va incluso más lejos al mencionar que todas las decisiones adoptadas por el Parlamento y los tribunales españoles se encuadran en el marco legal europeo de lucha contra el terrorismo, subrayando que no hay violación alguna de la Convención de Derechos Humanos, como argumentaba la izquierda abertzale.
La sentencia deja, pues, sin discurso a Batasuna, que siempre había afirmado que los jueces españoles estaban politizados y que una instancia judicial independiente como el Tribunal de Estrasburgo les daría la razón. Pues bien, no solamente no se la da sino que sostiene que Batasuna es un partido supeditado a ETA y que ningún Estado democrático toleraría una formación que se dedica a hacer apología del terrorismo. ¿Ahora qué van a decir Otegi y sus compañeros? ¿Van a proclamar que son víctimas de una conspiración en Europa o que los siete magistrados no saben nada de Derecho?
La realidad es que el recurso de Batasuna se ha convertido en un boomerang que les ha dejado noqueados internacionalmente. En cambio, el fallo del Tribunal de Estrasburgo supone una reivindicación de la Ley de Partidos, del Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE y de la política que se hizo en aquellos años y se ha reactivado ahora.
Merece la pena destacar que el ministro de Interior e impulsor de la ley era entonces Ángel Acebes, que el presidente del Gobierno era José Mª Aznar y que el líder de la oposición que apoyó la iniciativa se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres tienen motivos para sentirse satisfechos, pero lo más importante es que, como dijo ayer Rubalcaba, la sentencia proporciona cobertura jurídica para que los proetarras -sea con su marca, con otra nueva o con listas blancas- no vuelvan a estar representados jamás en las instituciones democráticas.
El Mundo - Editorial
Fin del sortilegio. Por Hermann Tertsch
Emocionado y conmovido estoy ante la frase que hoy no acababa de creerme ver pronunciada por el gran hombre bueno del buenismo. Ha dicho que José María Aznar no se equivocaba. Y que ETA es un problema policial. Quienes siempre hemos luchado con la idea de la existencia de Dios estamos probablemente más cerca de la afirmación. Si Iñaki Gabilondo dice que Aznar tenía razón en algo, nadie debiera tener problemas en aceptar el mucho vino en las bodas de Canaa, ni los panes y los peces en la fiesta campestre ni la propia Santísima Trinidad. Toda la progresía hundida de golpe, caída del más inmenso caballo ante la puerta de Damasco, como cuando Milovan Djilas reveló la obviedad de que Josip Broz Tito y sus comunistas eran una banda de hipócritas, ladrones y puteros. Cierto que Gabilondo no espera como Djilas serias represalias, seguirá bien pagado y escuchará la Novena de Brückner como si el drama no fuera con él.
¡Pero qué bonito es escuchar una enmienda tan rotunda! Una enmienda a la totalidad que conlleva muchas más de las que pretende su autor. Si el gran pope del sectarismo izquierdista, el adalid del odio personal casi patológico que se ha generado desde el poder y sus aledaños contra el ex presidente en los últimos años dice que Aznar tenía razón en algo, se ha roto un sortilegio. Si Gabilondo dice que Aznar tuvo en algún momento razón, está diciendo que Zapatero y sus palanganeros de bajo coste como Enric Sopena y otros tantos, no la tenían ni tienen. Y da por hecho que su propia enmienda revela que la incapacidad de hacerla del resto de los fabuladores demuestra cómo todos ellos se aferran a la mentira.
ABC - Opinión