lunes, 9 de noviembre de 2009

'Alakrana': una historia de piratas, jueces y políticos. Por Antonio Casado

Nuestro hombre en Kenia, el embajador Martin Cinto, se entrevistó ayer en Nairobi con el primer ministro de Somalia, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, en relación con el secuestro del Alakrana y sus 36 tripulantes (16 españoles). Desconocemos el resultado del encuentro, cuyo objeto era lograr que el Gobierno somalí se implique al máximo en la liberación de los secuestrados y, en cualquier caso, se comprometa a garantizar su seguridad. Ojalá esta vía diplomática impulsada por el ministro Moratinos sirva para acabar con la pesadilla pero es difícil librarse del estupor que produce la situación.


Le estamos pidiendo al Gobierno somalí que ejerza sobre unos delincuentes la autoridad que no ha ejercido para impedir la comisión de un delito. Me explico. Si no se tiene para lo uno no se tendrá para lo otro ¿Cómo va a influir en los piratas el mismo Gobierno que permite su existencia? La respuesta nos conduce inevitablemente a la situación de hecho. Es a la que hay que atenerse para alcanzar el objetivo común: liberar el barco y traerse a los marineros sanos y salvos. De las situaciones de derecho ya hablaremos después.

Objetivo común, decimos. El de todos: familiares, armadores, políticos y periodistas. No puede volver a ocurrir lo de la semana pasada, a raíz del traslado a tierra de tres de los secuestrados -luego volverían al barco- cuando algunos familiares y algunos dirigentes del PP arremetieron públicamente contra el Gobierno. Unos, por un inesperado subidón de la angustia. Otros, otros por su acreditada falta de finura a la hora de elegir los temas de confrontación política. Fue como si los familiares del enfermo hubieran irrumpido en el quirófano para poner a parir al cirujano mientras el ser querido está siendo operado.

En ese sentido, hemos aprendido. Las declaraciones de Basagoiti y Núñez Feijóo, dirigentes territoriales del PP en el País Vasco y Galicia, las dos Comunidades más afectadas por el secuestro del atunero Alakrana, pusieron las cosas en su sitio y tranquilizaron a los familiares con la misma posición: apoyo al Gobierno mientras la operación esté abierta y ya habrá tiempo para las críticas sobre posibles errores cometidos.

Aparte de la situación de hecho, respecto a la que esperamos novedades de un momento a otro, hemos seguido polemizando sobre las cuestiones de derecho. Especialmente las relacionadas con la causa judicial abierta contra los dos piratas encarcelados en España y cuya puesta en libertad, sin más, es imposible a la luz del principio de legalidad. Lo último es la posibilidad de aplicar una recientísima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (entró en vigor la semana pasada) sobre cesiones de jurisdicción. Podría utilizarse para transferir la jurisdicción española a Somalia por un convenio previo -político, por supuesto- entre los Gobiernos. O mediante la firma del convenio internacional sobre cesión de jurisdicción.

Eso no atentaría contra la independencia de la Justicia española. Y abriría un camino para desbloquear la negociación en términos favorables para los intereses de nuestros compatriotas secuestrados en Somalia. Se supone que este asunto ha estado ayer sobre la mesa en el encuentro del embajador Martin Cinto con el premier somalí.

Aún queda la vía de Kenia, donde también podrían ser juzgados los dos piratas detenidos en España en virtud de un convenio de la Unión Europea con este país africano para este tipo de casos. Es probablemente lo que se debió haber hecho en un principio. Pero no se hizo. Y no por una actuación unilateral del juez Garzón, sino por denuncia previa del abogado del Estado. Garzón se limitó a tramitar la denuncia y, una vez apreciada la jurisdicción española sobre “delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas” (artículo 23 de la LOPJ), ordenó el traslado a España.

El confidencial

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