miércoles, 15 de julio de 2009

¿Quién teme el federalismo fiscal?. Por Carlos Sánchez

«Ningún Gobierno, ni este ni el anterior, ha tenido coraje político para avanzar hacia un modelo federal en el que no haya asimetría entre lo que gastan las CCAA y lo que recaudan»

A principios de los años 70 -en pleno deshielo de las relaciones entre China y EEUU- un grupo de periodistas occidentales visitó Pekín. El viaje incluía un encuentro con Chu En-lai, por entonces primer ministro y mano de derecha de Mao desde los tiempos de la Larga Marcha. En un momento de la recepción, uno de los plumillas se acercó al dirigente chino y le preguntó: ¿Qué piensa el Partido Comunista Chino de la revolución francesa de 1789? Se cuenta que Chu En-lai le miró a los ojos y le contestó con cierta parsimonia: “Se trata de un hecho demasiado reciente. Todavía no tenemos un perspectiva histórica suficiente para pronunciarnos sobre la Revolución Francesa”.


Probablemente no haya que esperar tanto tiempo para sacar conclusiones sobre cómo ha funcionado el modelo autonómico que diseñó la Constitución de 1978, pero no parece un análisis apresurado aventurar que el sistema está agotado y que no da más de sí. Y para llegar a esta conclusión sólo hay que analizar lo que ha sucedido en las últimas semanas a cuenta del nuevo modelo de financiación autonómica, que refleja una ceremonia de la confusión y un oscurantismo sin parangón en un país que presume de ser de los más descentralizados del mundo y con mayores cotas de autogobierno.

El espectáculo ha sido tal que la ciudadanía ha visto como todas y cada una de las comunidades autónomas se pasaban por caja -en este caso Hacienda- para preguntar cómo va lo mío. Y el resultado no ha sido otro que el esperado: algunas comunidades –léase Cataluña y Andalucía- han salido la mar de contentas, aunque otras del ámbito socialista están obligadas a decir que sí para no romper la disciplina de partido (Baleares); mientras que las del PP juran en arameo mascullando que va a ser duro llegar a final de mes si no aceptan un modelo que actúa a modo de contrato leonino: O todo o nada.

Al contrario de lo que piensa una corriente cada vez más importante en la opinión pública española (de ahí el nacimiento de fenómenos como UPyD), los fallos detectados en la negociación del nuevo modelo de financiación no deben relacionarse con que se haya llegado demasiado lejos en las transferencias del Estado. Es probable que algunas competencias autonómicas tuvieran que revisarse (urbanismo o comercio interior), pero lo cierto es que los fallos tienen más que ver con un problema de diseño más que de exceso. Tienen que ver con el hecho de que el modelo autonómico sigue sin cerrarse casi treinta años después. Y de esos polvos vienes estos lodos, que dice el saber popular.

Coraje político

El problema de fondo es que ningún Gobierno, ni este ni el anterior, ha tenido el suficiente coraje político para avanzar definitivamente hacia un modelo federal en el que haya correspondencia entre lo que recauda cada región y lo que gasta, lo que permite a las comunidades autónomas disparar con pólvora del rey. Saben que antes o después alguien tendrá que pagar la factura. Detrás de esta asimetría se encuentra el origen de todos los problemas, y eso explica que la financiación autonómica se haya convertido en una subasta en la que el maestro de ceremonias (el presidente del Gobierno de turno) sabe de antemano quien va a ser el ganador. Si gobierna el PP; las comunidades autónomas de su influencia política; y si gobierna el PSOE, justo lo contrario.

El problema radica, por lo tanto en que las comunidades autónomas tienen gran capacidad de gasto, pero sus recursos son muy limitados, precisamente porque se ha avanzado escasamente en la corresponsabilidad fiscal efectiva, que no es exactamente lo mismo que aumentar los porcentajes de cesión de tributos con tanto impacto recaudatorio como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales. La corresponsabilidad fiscal tiene más que ver con la creación de tributos propios con potencia recaudatoria real, lo cual aumentaría la transparencia fiscal. Cada ciudadano sabría cuánto aporta a las arcas regionales para el mantenimiento de los servicios públicos.

Tanto el vigente sistema como el que le sucederá desincentivan la utilización de la capacidad normativa. Básicamente porque todos los actores que participan en esta obra bufa saben que el Gobierno central –tarde o temprano- saldrá en su ayuda al cabo de cierto número de años. Es decir, que prefieren que el primo de zumosol les resuelva los problemas antes de tener que subir impuestos o de tener que recortar el gasto de forma drástica.

Es por eso que los problemas no se solucionarán hasta que los parlamentos regionales utilicen sus propios tributos para financiarse, mientras que los estatales deben tener que atender una doble función: cubrir las necesidades de la nación (defensa, política exterior o justicia) y dotar de medios económicos suficientes a las regiones que no tengan suficiente capacidad de recaudar recursos para financiar los servicios públicos esenciales.

Es curioso que algunas comunidades que sacan pecho sobre su nivel de autogobierno -caso de Cataluña- reivindiquen siempre más dinero del Estado en lugar de explorar lo que debería ser más razonable en un Estado federal: la existencia de recursos propios con verdadera capacidad recaudatoria. En su lugar, ya se sabe, se tira de victimismo y se echa la culpa a Madrid de que no haya dinero. Y como Madrid necesita votos, la jugada es perfecta: más recursos sin coste político alguno. Negocio perfecto.

El Confidencial - Opinión

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