viernes, 24 de octubre de 2008

Discriminación lingüística. Por Alberto Fernández (PPC)

«Pretenden que los barceloneses que deseen informarse sobre las actividades municipales, ahora tengan que justificar una circunstancia especial para estar informados en castellano»

EL grupo de CiU encabezado por Xavier Trias ha presentado recientemente una propuesta de Reglamento para el «Uso del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona». Este texto prevé, entre otros aspectos, que el catalán sea la lengua de uso general en todas las tareas y relaciones, así como que todos los cargos municipales se expresen «normalmente» en esta lengua en los actos públicos.

Una nueva vuelta de tuerca nacionalista en el ámbito lingüístico: el documento de CiU pretende excluir el castellano del ámbito público, con el pretexto de promover el catalán. Por eso el PP ha presentado un texto alternativo basado en la libertad y en el reconocimiento desacomplejado del bilingüismo.

La realidad de Barcelona es otra, tal como se constata en el último Barómetro municipal. El castellano y el catalán son por igual la lengua materna de los barceloneses con un 50%, evidenciando que la ciudad es bilingüe. Con la propuesta de los nacionalistas se intenta suprimir una de las características más relevantes del patrimonio cultural de Barcelona, como es el uso del castellano y el catalán con normalidad y libertad.

Este Reglamento tiene una serie de medidas que cuestionan la libertad de elección lingüística: la apuesta por realizar los impresos de información al ciudadano únicamente en catalán como lengua permanente, y solo en circunstancias especiales de forma bilingüe. Es decir, pretenden que los barceloneses que deseen informarse sobre las actividades municipales, ahora tengan que justificar una circunstancia especial para estar informados en castellano. Paradójicamente los partidos políticos que promueven este tipo de Normativas son los mismos que luego no tienen ningún tipo de rubor en usar el castellano para pedir el voto de los ciudadanos en las elecciones.

La exclusión del castellano ya ha tenido sus episodios en Barcelona, como es el caso de las sanciones a comerciantes por parte del Tripartito en la Generalitat, por el simple hecho de rotular sus negocios en castellano. Otro ejemplo son las campañas municipales sobre servicios que en ocasiones se han editado en catalán y otros idiomas extranjeros, pero no en castellano. Eso sí, el Consistorio se convierte en bilingüe para pedir a los barceloneses que paguen sus impuestos o multas. Una doble moral que recibe la bendición de CiU y ERC.

El bilingüismo es un patrimonio a preservar y no una anomalía a corregir como pretenden hacernos creer algunos partidos. Por lo que es necesario que las administraciones den ejemplo de democracia, permitiendo al ciudadano la libertad para poder elegir en que lengua quiere expresarse cada uno, rotular su negocio, o en que idiomas deciden educar los padres a sus hijos.

ABC - Opinión

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