sábado, 23 de diciembre de 2006

El Ayuntamiento de Barcelona torpedea que los jóvenes estudien una hora más de castellano

El Gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU aprueban una declaración institucional en contra

Barcelona - ¿Castellano o catalán? El debate lingüístico está de moda entre la clase política catalana. Las razones que han avivado la disputa son el giro catalanista de CiU para seducir a los votantes republicanos descontentos por el pacto con el PSC, la presencia de Ciutadans en el Parlament y el decreto del Gobierno para aumentar las clases en lengua castellana. El Parlament de Cataluña estrenó el primer pleno de esta legislatura con una disputa sobre el idioma y el Ayuntamiento de Barcelona se despidió ayer, en el último pleno antes de las vacaciones de Navidad, discutiendo más de lo mismo. CiU logró que los socios del gobierno tripartito -el PSC, ERC eICV- le apoyaran para tirar adelante una declaración institucional en contra de enseñar una hora más de castellano en Primaria. Resultado: el Ayuntamiento es la primera institución que rechaza el decreto del Gobierno de dar una tercera hora de castellano en las escuelas.

Pese a «haberse criado» en la misma casa, el grupo del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona no comparte la opinión del conseller de Educación, Ernest Maragall, sobre la realidad lingüística. Mientras Maragall se enfrentó con sus socios de ERC por defender que los niños necesitan esta tercera hora de castellano, los socialistas del Consistorio rechazaron de plano la propuesta.

Gracias al voto de los socialistas, el Ayuntamiento aprobó una declaración institucional que denuncia que el decreto supone «una invasión de las competencias educativas de la Generalitat». Añade que todos los estudios indican que el conocimiento que tienen los alumnos catalanes del castellano es «equiparable» a la de los estudiantes del resto de España. Asimismo, rechaza cualquier posibilidad de que el catalán padezca un retroceso en la escuela, algo que podría pasar si se impartiera una asignatura troncal en castellano. La declaración institucional pone de manifiesto también que el proceso de inmersión lingüística , avalado por el Tribunal Constitucional, «es la única garantía que permite que el catalán tenga el mismo grado de conocimiento por parte de todos los alumnos catalanes».

El PP fue el único grupo que votó en contra. El dirigente del PP, Alberto Fernández, denunció que esta polémica no se hubiera producido si en vez de poner una hora más de castellano se hubiera puesto una más de inglés. Fernández, que pronunció parte de su discurso en castellano, negó que el decreto sea una amenaza para el catalán. El popular hizo una lectura contraria a la del tripartito y CiU. Para él, el decreto del Gobierno es «un decreto de mínimos».

Con la aprobación de esta declaración Barcelona se convierte en el primer ayuntamiento en el que CiU tira en marcha la moción. Los de Artur Mas anunciaron el pasado viernes que todos los grupos de CiU en todos los ayuntamientos de Cataluña presentarían en sus respectivos plenos municipales una moción reclamando la derogación del Real decreto de enseñanzas mínimas en educación primaria, impulsado por el Gobierno.

Las razones que pusieron los grupos que apoyaron la declaración fueron las siguientes. La concejal socialista de Educación, Montserrat Ballarín, mostró su apoyo al modelo de inmersión lingüística de la enseñanza en Cataluña porque garantiza la cohesión social. Asimismo, defendió las competencias que otorga el Estatut a las instituciones catalanas y tachó el decreto de «intervencionista». Por su parte, el concejal de CiU, Jaume Ciurana, que fue el encargado de leer la declaración, advirtió de que ésta no es un acuerdo contra el reconocimiento del castellano, sino «a favor de una educación que garantiza el aprendizaje del catalán entre todos los alumnos de los colegios».

Montse Espanyol. La Razón.

¿Una Nochebuena entre rejas?

Si no lo remedia una súbita decisión del juez Del Olmo, un cambio de criterio de la Fiscalía o un milagro económico de última hora, dos policías honrados pasarán este año la Nochebuena lejos de sus familias. El único delito que se les imputa es el de haber hablado con un periodista de EL MUNDO, como seguimos recordando al pie de nuestros editoriales.

Si cada día incluimos esta letanía no es sólo porque consideremos que el magistrado de la Audiencia se ha ensañado con ellos imputándoles sin pruebas, encarcelándoles sin motivo e imponiéndoles una fianza a todas luces desproporcionada. Es, principalmente, por lo mucho que todos nos estamos jugando en este envite. Porque el proceso kafkiano que sufren desde hace 23 días Celestino Rivera y Antonio Parrilla es en su esencia un aviso a todos aquéllos que tengan la tentación de denunciar cualquier irregularidad dentro de la Policía, tenga o no relación con el 11-M. Como en el caso de los peritos, cualquiera que se decida a denunciar tramas de corrupción en el seno del Cuerpo ya sabe que le espera un calvario semejante.

Por si fuera poco el trato vejatorio al que les ha sometido Del Olmo -que pese a haberse inhibido les mantiene la prisión y la fianza-, EL MUNDO ha podido saber que el Ministerio del Interior ha suspendido además de empleo y sueldo a los dos policías. La decisión es un escándalo por sí misma, pero aún más si tenemos en cuenta que los policías condenados por falsedad y detención ilegal en el caso Bono no han sido sometidos por el momento a ninguna medida disciplinaria.

A la luz de tamaña injusticia, conviene recordar lo ocurrido con Vera y Barrionuevo, que fueron indultados parcialmente e in extremis por Aznar en diciembre de 1998 para que pudieran pasar las Navidades en casa. Las diferencias entre un caso y otro son sonrojantes: ni la decisión depende ahora del Gobierno ni Parrilla y Rivera han sido condenados en firme a 10 años por el secuestro de una persona. Por eso es aún más injusto que continúen en prisión y por eso Del Olmo debería reconocer que se equivocó y dejar que puedan pasar la Nochebuena al lado de los suyos.

Editorial de El Mundo, 23-12-2006

Desobediencia

"Si quedara en nuestra anestesiada, mesmerizada, lobotomizada Cataluña el más mínimo rastro de dignidad cívica, las calles se llenarían de rótulos en castellano hasta que se derogara la liberticida norma."

El imperio de la ley es concepto que apunta a quien se zafa por principio de su cumplimiento, o puede zafarse con facilidad: el poder; en especial, el ejecutivo. Que el ciudadano está sometido a las leyes es algo que va de soi. No acrecentaré el fárrago teórico de la desobediencia civil, pero a veces el ciudadano libre, para seguir siéndolo, se ha de plantar.

Sabemos que Sócrates bebió la cicuta siendo inocente, y que lo hacía porque las leyes se deben acatar, más allá de cualquier otra consideración. Conocemos el adagio dura lex sed lex, ley dura pero ley al cabo. Sí. Pero todo tiene un límite: si una trasgresión está hoy más que justificada es la de la normativa catalana que sanciona a los comercios por rotular en castellano.

No sólo no deberían pagar un céntimo los multados. Es que deberían mantenerse en sus trece, no someterse, no aceptar la invasión de su esfera privada, no servir de cordero sacrificial. Es más, si quedara en nuestra anestesiada, mesmerizada, lobotomizada Cataluña el más mínimo rastro de dignidad cívica, las calles se llenarían de rótulos en castellano hasta que se derogara la liberticida norma. Y todos habrían de sumarse –incluyendo a los más recalcitrantes nacionalistas– si mantuvieran una sombra de inteligencia práctica: en una guerra de imposiciones, el catalán sólo puede salir perdiendo.

Ninguna simpatía despertará, ningún atractivo le verá el castellanohablante a la otra lengua oficial si ésta siempre se le aparece excluyendo al castellano con multas y sanciones varias. El catalán es lo bastante importante como para que su aprendizaje y uso le merezca la pena al que no lo conoce desde la cuna. Con la inmersión lingüística de los infantes empieza el gran error: tratar de remodelar una sociedad que goza del privilegio del bilingüismo. Convertirla en monolingüe, a la larga, tras un largo camino de la diglosia.

Carod vivió el otro día un momento de lucidez que me recordó a Robert de Niro en Despertares. Soltó, de pronto, que había que despolitizar el catalán. ¿Lo habrían entendido por fin? La respuesta llegó en forma de multa a una tienda de frutos secos. 600 euros del ala por mantener cartelitos en castellano en el interior; los exteriores ya los habían cambiado. Ya los habían –en sentido estricto– corregido: rotular en castellano en Cataluña se reduce al error de no saber dónde se está, de creer que uno vive en España.

Pues eso. Hay leyes superiores que salvaguardan nuestro derecho a tan dulce error. Y aunque no las hubiera. La normativa de marras es totalitaria y es insoportable. No hay que cumplirla, hay que boicotearla. Y los primeros interesados son los defensores del catalán. Pero dudo que lo entiendan.

Juan Carlos Girauta
Libertad Digital, 22-12-2006

Zapatero elige el camino más peligroso

Los peores temores se confirmaron y el encuentro entre Zapatero y Rajoy sólo sirvió para resaltar las grandes diferencias que existen entre el PSOE y el PP a la hora de abordar la negociación con ETA.

Fue sencillamente un fracaso, como las dos partes reconocieron sin molestarse en disimular el distanciamiento, que quedó patente -antes de comenzar la entrevista- en la frialdad de Rajoy al estrechar la mano de un Zapatero que se esforzaba en sonreír. Al término de la reunión, Rajoy aseguró que carece de «la certidumbre» de que el Gobierno esté respetando la legalidad en el llamado proceso de paz.

Sus palabras fueron respondidas por la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que aseguró que el Ejecutivo va a cumplir la legalidad a rajatabla.

Respecto a las cuatro condiciones impuestas por Rajoy para apoyar al Gobierno, De la Vega afirmó que son «innecesarias» y «ficticias». La vicepresidenta argumentó que Batasuna tendrá que cumplir la Ley de Partidos para poder presentarse a las elecciones municipales, que el estatuto de Navarra no está en cuestión, que las decisiones políticas tienen que ser adoptadas por las instituciones aunque se cree una mesa de partidos y que los fiscales y los jueces van a seguir aplicando la ley.

Ojalá las cosas fueran como dice la vicepresidenta, pero Mariano Rajoy tiene fundados motivos para desconfiar a juzgar por la errática trayectoria del Ejecutivo desde que ETA declaró la tregua.

Si existe algún responsable de la falta de entendimiento entre Gobierno y PP, ése es Zapatero. Primero, por su responsabilidad institucional. Segundo, porque fue el PSOE quien rompió el Pacto Antiterrorista. Y tercero, porque Zapatero le engañó al líder del PP en el debate del Estado de la Nación, al ocultarle que el PSE se iba a reunir con Batasuna.

Da la sensación de que Zapatero piensa que cuanto mayor sea su grado de acercamiento al PP, menor son sus posibilidades de pactar con ETA. Expresado con una gráfica metáfora, al tener que cruzar como Ulises con su nave entre Scilla y Caribdis, Zapatero ha preferido el riesgo de estrellarse en los acantilados de ETA antes que dejarse atrapar en la mansa corriente del PP.

La actitud de Zapatero es sumamente cuestionable en unos momentos en los que la banda y la izquierda abertzale intensifican su presión para que el Gobierno haga concesiones que desbordan la Constitución y el sentido común.

Lo que ayer sucedió es muy malo para los demócratas de este país, ya que quedó en evidencia que se han agotado las posibilidades de acuerdo entre el PSOE y el PP en este asunto. Zapatero es el que más tiene que perder, ya que corre el serio riesgo de que ETA le deje en la estacada dentro de unos meses rompiendo el alto el fuego. Ello tendría un devastador coste político para el presidente, que ha elegido la ruta más peligrosa.

Editorial de El Mundo, 23-12-2006